Un punto principal en el análisis del tema, es que el mercado electrónico está en plena expansión y que su potencial de crecimiento es inmenso aún. En contrapartida del crecimiento de la comercialización electrónica sin barreras, las legislaciones no han avanzado lo suficiente para dar una adecuada protección al consumidor.
En el mundo más desarrollado el crecimiento es muy importante, pero es más el potencial de expansión en los países de economías emergentes. Uruguay, mi país, por ejemplo, está a la vanguardia del tema en la región y está liderando esta revolución en Sudamérica. En esto se conjugan varios aspectos: por un lado es el único país de todas las Américas con un sistema telefónico 100 por ciento digitalizado. En segundo término, es uno de los países del mundo con mayor índice de penetración telefónica per cápita.
Además, un 4,5 % de la población tiene un P.C., lo que es el índice más importante de la región.
Por otra parte, Uruguay tiene el índice de acceso a Internet más alto de América Latina.
En todo esto se conjuga que la difusión y facilitación de acceso a Internet ha sido tomada como política de Estado y fomentada desde el mismo, con la incorporación de tecnología de punta y apoyo al desarrollo del sector privado.
Asimismo, Uruguay tiene ahora la tarifa de acceso a la red más baja de la región.
Mientras esto sucede a nivel de los usuarios, ha sido muy escaso el desarrollo de la oferta comercial local a través de Internet. Más que nada la presencia de empresas uruguayas en la red está centralizada en la presencia institucional con páginas WEB. Son aún muy escasas las ofertas de venta electrónica local. Se destacan sobre todo las ofertas de libros e insumos de informática.
Las compras de los uruguayos en Internet son prácticamente marginales y no tienen un peso significativo aún en el total del comercio.
Pese a esta contradicción entre el alto nivel de desarrollo tecnológico y un escaso nivel de ventas transadas en Internet, la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor ha identificado un importante nivel de fraudes y situaciones engañosas que afectan el comercio en la Red, en especial provenientes de proveedores extranjeros.
Los tipos de fraude más reiterados están vinculados a ofertas de paquetes turísticos con promociones y regalos orientados a obtener números de tarjetas de crédito y desembolsos económicos de los consumidores ante ofertas y oportunidades supuestas.
También se han detectado situaciones de entrega de mercadería dañada, defectuosa o sin garantía. Asimismo, se ha verificado el envío de productos que no correspondían con las especificaciones presentadas en las páginas WEB del vendedor.
También se han constatado reclamos por existencia de loterías y casinos falsos, así como otros sistemas de premios y apuestas.
Entre otros fraudes detectados se destacan la oferta de subscripción a revistas inexistentes, supuestas oportunidades de negocios para las que es necesario aportar fondos, la oferta de trabajos falsos, la oferta de tarjetas de crédito engañosas, etc. etc.
Se verifican asimismo múltiples expresiones de publicidad engañosas y contraria a legislaciones nacionales.
La clave es que estamos ante un mercado virtual sin ley y sin regulaciones.
Pese a que a diversos niveles se está trabajando para llevar adelante directivas y códigos de conducta comercial, o la aplicación de leyes locales a situaciones de comercio electrónico, la solución al problema parece aún lejana y cada vez más difícil.
Los consumidores necesitamos una ley en este territorio virtual, pero esto parece difícil por ahora. Son necesarios además mecanismos seguros de pago, algo en lo que se está en camino. También requerimos recursos tecnológicos apropiados para la protección de la información y para impedir la intromisión en la privacidad de las personas.
Existe además una fuerte polémica, en la que se conjugan aspectos sociales y morales, en lo que tiene que ver con el acceso de los niños a ciertos contenidos presentes en la autopista de la información.
Pese a que tenemos herramientas como los conocidos ” PICS ” o plataformas para la selección de los contenidos en Internet, los sistemas de clasificación con métodos de bloqueo son aún imperfectos.
Los defensores de la libertad absoluta en la red piensan que el mejor camino es el de la ciudad virtual sin ley, pero los consumidores tenemos claro que son mecanismos de control adecuados, los abusos, los fraudes y las actividades delictivas en general no tendrán freno.
Uno de los caminos propuestos para mejorar el sistema pasa por la información apropiada de los usuarios de la red para advertirles de sus peligros. En esta misma línea se está avanzando con sistemas de registros de lo que podría denominarse como ” páginas seguras “, ” confiables ” o ” registradas “. Este sistema de registros es sin duda un camino que no limita la libertad de la red, pero que a su vez ofrece ciertas garantías a los usuarios y consumidores. También es importante el avance tecnológico en cuanto a los sistemas de registro previo para realizar compras, de forma tal de evitar la circulación en la red de datos confidenciales, números de tarjeta y otros aspectos.
En la Coordinadora Internacional de Consumidores en la Red creemos que una de las cosa que podemos llevar adelante es la de encarar la creación de una red virtual a nivel de organizaciones de consumidores, en la que se registran las empresas ” confiables “, las que aceptan normas jurídicas apropiadas en países definidos y que manejan sistemas de compensación, mediación y seguridad apropiados para los consumidores, así como una ética de negocios.
El crecimiento de la red mundial es impresionante y los consumidores y usuarios estamos frente a uno de los retos más importantes, con muy escasas herramientas legales para obtener protección. En tanto no se avance en tal sentido, una vez más la respuesta es que :” los consumidores y usuarios unidos y bien informados, están mejor defendidos”.
Presidente de la Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor
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