Acciones y excepciones

Capítulo I. Acción

A. Concepto de acción

Del latín actio, movimiento,
actividad o acusación, dicho vocablo tiene un carácter procesal. La acción
procesal es concebida como el poder jurídico de provocar la actividad de
juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos.

B. Antecedentes

La acción procesal tiene orígenes
remotos. En Roma se le estudia dentro de los tres diversos períodos del procedimiento civil romano:

– La
época de acciones de la ley (754
a.C. hasta la mitad del siglo
II a.C.).

– La
época del procedimiento formulario (segunda mitad del
siglo II a.C. hasta el siglo III de la era cristiana).

– El
procedimiento extraordinario (siglo III d.C. hasta Justiniano y su
codificación, 529 a
534 de nuestra era).

En el estadio primario la acción se dice
que eran declaraciones solemnes, acompañadas de gestos rituales que el
particular pronuncia y realiza ante un magistrado con el fin de proclamar un
derecho que se discute o de realizar un derecho plenamente reconocido. De allí
que las acciones se dividieran en declarativas (legis actio sacramento, per
judicus arbitrive postulationem y per condionem) y ejecutivas (legis
actio per manus iniectio y per pignoris capionem).

Posteriormente, en el período formulario,
las fórmulas antes exclusivas del conocimiento del
Colegio de los Pontífices se divulgan, se multiplican y se desposeen del
rigorismo formulista previo, para ser adaptadas a las necesidades crecientes de
un explosivo pueblo romano. Sin embargo, es la más conocida y longeva
concepción de Celso la que ha tenido mayor impacto y permanencia en la
elaboración de la definición de acción procesal, así el derecho de perseguir en
juicio lo que se nos debe.

En el período extraordinario una de las
corrientes más difundidas sobre la naturaleza jurídica de la acción procesal,
es la doctrina tradicional, que tiene entre sus destacados sostenedores al
fundador de la
Escuela Histórica de Derecho, Federico Carlos de Savigny,
quien estima a la acción como el derecho que nace de la violación de un derecho
subjetivo y como el ejercicio del derecho material
mismo.

En la época contemporánea muchas
exposiciones más han intentado fundamentar la naturaleza jurídica de la acción
procesal, entre las que sobresalen las de Chiovenda: la acción como derecho
autónomo potestativo; Kohler: como un derecho de personalidad; Couture: como
una forma del derecho constitucional de petición;
Kelsen que sobrepone la acción al derecho subjetivo; Coviello: facultad de
invocar la autoridad del Estado para la defensa de un derecho con dos estadios
(potencialidad y actuación).

Las más modernas y sólidas concepciones de
las acción procesalse inclinan a calificarla como un derecho abstracto de obrar
procesal de carácter público, cívico, autónomo, para pretender la intervención
gubernamental a través de la prestación de la actividad jurisdiccional y lograr
una justa composición del litigio planteado
(Carnelutti, Rocco, Liebman, Calamandrei).

Por su parte, el doctor Arellano García,
concibe a la acción como la conducta dinámica que el sujeto realiza para
ponerse en movimiento e impactar al mundo que lo rodea. En la omisión hay una
inactividad, una abstención de conducta, una paralización de su hacer, es un no
hacer, no actuar.

C. Clasificación de las acciones

1. Acciones reales y personales

Este criterio clasificativo atiende al tipo
de derechos que sirven de fundamento a la acción respectiva, si la acción se
funda en un derecho real se tratará de una acción real. Si se apoya en un
derecho personal se tratará de una acción personal.

Las acciones reales tienen por objeto
garantizar el ejercicio de algún derecho real, es decir, aquellas que ejercita
el demandante para reclamar o hacer valer un derecho sobre alguna cosa, con
plena independencia de toda obligación personal por parte del
demandado.

Las acciones personales son las que tienen
por objeto garantizar un derecho personal, es decir, se deducirán para exigir
el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no
hacer determinado acto.

2. Acciones de condena, declarativas, constitutivas,
cautelares y ejecutivas

Este criterio clasificativo toma en cuenta
las diferentes especies de prestaciones que suelen reclamarse.

a) Las acciones de condena son aquellas que
pretenden del demandado una prestación de dar, hacer o
no hacer. Con ellas se pretende la ejecución inmediata del
derecho declarado por la sentencia judicial; su fin esencial es la ejecución
del fallo.

b) Las acciones declarativas son aquellas en
que el actor pretende terminar con una situación de incertidumbre que gira
alrededor del derecho que le sirve de fundamento a la
acción. El órgano jurisdiccional se limitará al reconocimiento oficial del derecho en la forma reclamada por el demandante. Es
decir, estas acciones consisten en hacer cierto el derecho y no en exigir del demandado una prestación determinada.

c) Las acciones constitutivas son aquellas que
se dirigen a obtener la creación, modificación o la extinción de un derecho o
una obligación, o una situación jurídica.

d) Las acciones cautelares, preservativas o
preventivas son aquellas que tienen como objeto conservar la futura efectividad
de una acción definitiva en la persona o en los bienes del
demandado.

e) Las acciones ejecutivas son aquellas que
derivan de un documento con cualidades específicas que permite, desde que se
ejercitan, antes de la sentencia definitiva, afectar provisionalmente el
patrimonio del deudor.

3. Acciones nominadas e innominadas

Este criterio clasificativo atiende al
hecho de que el legislador haya previsto expresamente en la legislación un
determinado tipo de acción e incluso le haya atribuido una determinada
denominación.

a) Las acciones nominadas son aquellas en que
el actor podrá mencionar su denominación legal y le serán aplicables todas las
disposiciones que rijan a ese tipo de acción, pues la denominación es útil para
identificarla con todas sus consecuencias legales procedentes.

b) Las acciones innominadas son aquellas que
el legislador no les previó una denominación determinada pero, que intentada no
habrá razón para no considerarla y se procederá al desempeño de la función
jurisdiccional aunque sólo se aplicarán las reglas legales aplicables a las
acciones en general, pues, no habrá reglas específicas que deriven de una
categoría especial de acción.

C. Las acciones que derivan del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal

Los artículos primero al trigésimo cuarto, del capítulo primero, del título primero, del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal establecen todo lo referente a las acciones
contenidas en este ordenamiento.

1.
Acciones reales

a) Acción reivindicatoria (art. 4). Esta acción tiene caracteres
combinados de acción de condena y de acción declarativa, según se desprende del artículo 4º del código al establecer: La reivindicación
compete a quien no está en posesión de la cosa, de la cual tiene la propiedad,
y su efecto será declarar que el actor tiene el dominio sobre ella y se la
entregue al demandado con sus frutos y accesiones en los términos prescritos
por el Código Civil. Se trata de una acción cuyo
titular ha de ser el propietario de la cosa y no un simple poseedor. Se debe
apuntar que en ocasiones la acción reivindicatoria será también una acción
constitutiva cuando se reclame la nulidad del título
que, con menores merecimientos, tenga el demandado. Establece el artículo 5º
que esta acción previene la posibilidad de que el demandado le asigne a un
tercero la responsabilidad de un juicio.

Asimismo, el artículo 6º indica que el poseedor que niegue la posesión
la perderá en beneficio del demandante. El artículo 7º
determina que pueden ser demandados en reivindicación,
auque no posean la cosa, el poseedor que para evitar los efectos de la acción
reivindicatoria dejó de poseer y el que está obligado a restituir la cosa o su
estimación si la sentencia fuere condenatoria.

b) Acción posesoria (art. 9). Al adquirente con justo título y
de buena fe le compete la acción para que, aun cuando no haya prescrito, le
restituya la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4º, el poseedor de mala fe, o el que teniendo
título de igual calidad ha poseído por menos tiempoque el actor. No procede
esta acción en los casos en que ambas posesiones fuesen dudosas o el demandado
tuviere su título registrado y el actor no, así como contra el legítimo dueño.
En esta disposición hay una equiparación a la acción reivindicatoria en lo que
se refiere a los efectos de la acción, ya que indica que se obtendrá la
restitución de la cosa con sus frutos y accesiones en los términos del artículo 4º (acción reivindicatoria). El beneficiario de
la acción debe ser aquel poseedor que tenga justo título y actuar de buena fe,
y además, en situación de prescribir la cosa. Tendrá el carácter de demandado
el poseedor de mala fe, o el que teniendo título ha poseído por menos tiempo
que el actor. El objeto de la acción es la recuperación o la restitución de la
posesión del bien mueblo o inmueble.

c) Acción negatoria (art. 10). Esta acción se recoge en el artículo 10º en donde el titular de la acción no es
necesariamente el propietario, pues, puede intentar la acción el poseedor a
título de dueño o que tenga derecho real sobre el bien inmueble. Esta
acción sólo es procedente en relación con bienes inmuebles. El objeto de esta
acción es el de obtener la declaración de libertad o la de reducción de
gravámenes de un bien inmueble, la demolición de obras o señales que importen
gravámenes, la tildación o anotación en el Registro Público de la Propiedad: Conjuntamente
se podrán reclamar el pago de daños y perjuicios y en forma contingente se
podrá también reclamar que el demandado caucione el respecto de la libertad del inmueble.

d) Acción confesoria (art. 11). Esta acción compete al titular del derecho real inmueble y al poseedor del predio dominante
que esté interesado en la existencia de la servidumbre. Se da esta acción
contra el tenedor o poseedor jurídico que contraría el gravamen (reo). El
objeto de esta acción es obtener el reconocimiento de la existencia del gravamen, declarar los derechos y obligaciones que giran
alrededor del mismo y obtener el pago de frutos, daños y perjuicios, así como
también hacer cesar la violación del gravamen y, en caso de sentencia
absolutoria, el actor puede exigir del reo que afiance el respeto del derecho.

e) Acción hipotecaria (art. 12). Esta acción tutela el derecho
real de hipoteca. Tiene el carácter de demandante el acreedor hipotecario si la
acción se endereza al pago o a la prelación del
crédito que la hipoteca garantiza. No obstante también tendrán el carácter de
actor, cualquiera de los sujetos que tienen derecho a que se constituya una
hipoteca necesaria ya que este mismo artículo permite que la acción hipotecaria se intente para construir una hipoteca. Con el
carácter de demandados pueden fungir: el deudor con carácter de poseedor a
título de dueño del fundo hipotecado, los otros
acreedores si la acción hipotecaria se ejerce para construir, ampliar o
registrar una hipoteca o si se trata de una prelación de créditos, y el
tercero, nuevo dueño o poseedor jurídico que adquiera el inmueble después de
anotada la demanda en el Registro Público de la Propiedad. El objeto
de la acción hipotecaria es construir, ampliar y registrar una hipoteca y,
obtener el pago o prelación del crédito que la
hipoteca garantiza.

f) Acción de petición de herencia (arts.
13 y 14). Esta acción tutela el derecho del heredero a
que se le reconozca en justicia su derecho a los bienes del de cujus. Se confirma su carácter de acción real puesto que está
encausada a la obtención de bienes, que deberá entregar la parte demandada con
sus accesiones. Tiene el carácter de titular de la acción el heredero
testamentario intestamentario. El carácter de demandado le corresponde a el
albacea, el poseedor de las cosas hereditarias con el carácter de heredero o
cesionario de éste, el sujeto que no alega título ninguno de posesión del bien hereditario o dolosamente dejó de poseerlo. El
objeto de esta acción es el de obtener la declaración de heredero (el actor),
obtener la entrega de los bienes hereditarios y de las accesiones a los bienes
hereditarios, obtener indemnización y rendición de cuentas.

g) Acción del
copropietario
(art. 15). Existe copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen
pro-indiviso a varias personas. Pues bien, en el supuesto de que la propiedad
común que se afecte en alguna forma y que el copropietario quiera ejercitar alguna
acción tendiente a la tutela adecuada de su derecho de copropiedad, aunque el
copropietario no es propietario total del bien
afectado, se le da la esta acción para proteger su derecho. El copropietario
puede deducir las acciones relativas a la cosa común,
en calidad de dueño, salvo pacto en contrario, o ley especial. No puede, sin
embargo, transigir ni comprometer en árbitros el negocio, sin consentimiento
unánime de los demás condueños.

h) Acción interdictal de retener la
posesión (arts. 16 al 20). Esta acción interdictal
y posesoria previene una defensa del poseedor contra
actos de perturbación procedente de terceras personas. La perturbación consiste
en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a
impedir el ejercicio del derecho. Es titular se esta
acción el poseedor jurídico o derivado de un bien inmueble ya que no se concede
al poseedor de bienes muebles. Tendrá el carácter de reo el perturbador, el que
mando la perturbación (autor intelectual), el que se aprovecha de la
perturbación, el sucesor del perturbador. El objeto del interdicto consiste en poner término a la perturbación,
indemnizar al poseedor, afianzamiento por el demandado de que no volverá a
perturbar, conminar con multa al demandado o arresto para el caso de
reincidencia.

i) Acción interdictal de recuperar
la posesión
(arts. 17 y 18). Es titular de esta acción el tenedor de la posesión jurídica
originaria o derivada de un bien inmueble. Tienen el carácter de poseedor
originario y además quien posee la posesión útil, el propietario, mientras el carácter de poseedor derivado lo tiene el arrendatario, el
usufructuario, el comodatario y el poseedor en virtud de un derecho de
habitación. Tendrán el carácter de sujetos pasivos. el
despojador (quien privó de la posesión al demandante), el que ha mandado el
despojo (autor intelectual), aquel que se aprovecha del despojo, el sucesor del
despojante. El objeto de esta acción es que el actor recobre la posesión y,
complementariamente: se le indemnice de los daños y perjuicios, obtener que el
demandado afiance su abstención, conminar al demandado con multa y arresto para
el caso de reincidencia.

j) Acción interdictal de obra
nueva (art. 19). Para los
efectos de esta acción se entiende por obra nueva, no solo la construcción de
nueva planta, sino también la que se realiza sobre edificio antiguo,
añadiéndole, quitándole o dándole una forma distinta. Constituyen el objeto de
esta acción, la suspensión de la conclusión de la obra nueva perjudicial al
poseedor de predio o derecho real sobre el mismo, la
demolición de la obra nueva, la modificación de la obra nueva y restitución de
las cosas al estado anterior de la obra nueva. Pueden ser sujetos
actores en esta acción el poseedor del predio afectado
por la obra nueva, el poseedor del predio afectado por la obra nueva o el
vecino del lugar si la obra nueva se construye en bienes de uso común. Es
sujeto pasivo de la acción, quien mandó construir la obra nueva, sea poseedor o
detentador de la heredad donde se construye. En esta interdicto se puede
producir una medida inmediata por parte del juzgador
quien puede decretar consiste en la suspensión de la construcción hasta que el
juicio se resuelva.

k) Acción interdictal de obra peligrosa
(art. 20). esta acción se da al poseedor jurídico o
derivado de una propiedad contigua o cercana que pueda resentirse o padecer por
la ruina o derrumbe de la otra, caída de un árbol u otro objeto análogo. Su
finalidad es la de adoptar medidas urgentes para evitar los riesgos que ofrece
el mal estado de los objetos referidos, obtener la demolición total o parcial
de la obra o la destrucción del objeto peligroso.
Pueden ser sujetos actores aquellos que tengan derecho privado o público de
paso por las inmediaciones de la obra, árbol u otro objeto peligroso. En esta
acción como en la anterior se toman providencias suspensivas antes de la
sentencia.

l) Acciones de terceros (arts. 21 a 23). Esta acción consiste
en la intervención de terceros, con derecho propio, en un juicio seguido por
personas diferentes. No solo incluye la intervención de terceros para que
ejercite las acciones que tengan respecto al problema
debatido en un juicio determinado, sino que también se les llama para que les
traiga perjuicio la sentencia que se dicte en un juicio en el que se elucidan
cuestiones vinculadas con sus derechos y sus obligaciones. Existen diversas
hipótesis en que podría un tercero ejercer derechos de acción en juicio a los
que sea llamado o en los que, él ha acudido para deducir derechos propios.

2.

Acciones de Estado Civil (art. 24)

Estas
acciones tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción,
matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela,
adopción, divorcio y ausencia, o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. En
estas acciones, ha de partirse del supuesto de que, se
trata de un procedimiento contencioso dirigido contra quien vaya a tener el
carácter de demandado que, normalmente será la persona que está vinculada con
el actor en el estado civil de que se trate.

a) Acciones
personales

Acción
de enriquecimiento sin causa
(art. 26). Tiene el carácter de actor el perjudicado por un enriquecimiento sin
causa. Será demandado quien se enriqueció con detrimento de otro. El objeto de
esta acción será exigir una indemnización que se cuantificará con la medida en
la que parte demandada se enriqueció.

Acción
de otorgamiento de título
(art. 27). La falta de título legal en el actor, da pábulo al ejercicio de esta
acción para que se le otorgue dicho título. Será actor el sujeto que carece de
título legal y que , por ese hecho es perjudicado.
Será demandado la persona que está obligado a extender el título que ha
omitido. Es objeto de esta acción que el obligado extienda el documento
correspondiente.

Acción
de jactancia.
En esta acción el actor es obligado a ejercer su derecho procesal de acción, y que a nadie puede obligarse a intentar o proseguir una acción
contra su voluntad excepto cuando alguno públicamente se jacte de que otro es
su deudor, o de que tiene que deducir derechos sobre alguna cosa que
otro posee. La acción de jactancia ejercita una acción para obligar al sujeto
reo a ejercitar, a su vez, una acción. Por lo tanto, es objeto de esta acción
obligar al jactancioso a deducir la acción que afirme tener dentro del plazo que le señale el juzgador, apercibido de que, si
no lo hace, se le tendrá por desistido de la acción que haya sido materia de la
jactancia. Es sujeto demandado en esta acción la persona que
públicamente (notoriamente) se jacte de que otro es su deudor, o de que tiene
que deducir derechos sobre alguna cosa que otro posee. Es sujeto actor o
demandante en esta acción, el poseedor de la cosa respecto de la cual se ha
indicado por el jactancioso que se deducirán derechos o la persona a la que se
ha imputado ser deudor del jactancioso.

Acción
forzada
(art. 32). En esta acción, como en la anterior, el actor no ejerce
voluntariamente el derecho de acción, sino que se ve compelido a ello. A nadie
puede obligarse a intentar o proseguir una acción contra su voluntad excepto:
cuando por haberse interpuesto tercería ante un juez menor por cuantía mayor de
la que fija la ley para los negocios de su competencia, se hayan remitido los
autos a otro juzgado y el tercer opositor no concurra a continuar la tercería;
cuando alguno tenga acción de otro, a quien pueda exigir que la deduzca, oponga
o continúe desde luego, y si es citado para ello se rehusare, lo podrá usar
aquel. El objeto del primer supuesto es el de que se
continúe la actuación del tercero en la tercería y no se detenga el juicio que
espera la devolución de los autos. El objeto del
segundo supuesto es excitarlo para que la deduzca, oponga o continúe.

D.

Acciones que derivan del Código
Civil para el Distrito Federal

1. Acción para la división de cosa común
(art. 939). Quienes se hallan bajo un régimen de copropiedad no están obligados
a permanecer indefinidamente pro-indiviso. A los que por cualquier título
tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo
indiviso, sino en los casos en que, por determinación de la ley, el dominio es
indivisible. Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división
y los partícipes no se convienen en que se adjudicada a alguno de ellos, se
procederá a su venta y a la reparticipación de su precio entre los interesados.
La facultad de división de cosa común ha de ser planteada ante el juez, y el
objeto de la acción será establecer una división equitativa de la cosa común.
Son aplicables a la división entre partícipes las reglas concernientes a la
división de herencias.

2. Acción de nulidad .
Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés
público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. El
contrato puede ser invalidado: por incapacidad legal de las partes o de una de
ellas; por vicios del consentimiento; porque su
objeto, o su motivo o fin sea ilícito; porque el consentimiento no se haya
manifestado en la forma que la ley establece. La acción de nulidad la ejercerá
la parte del acto jurídico que resulte afectada por la
irregularidad del mismo y la parte demandada será la parte que derive
prerrogativas del acto nulo. El objeto de la acción será que se declare la
nulidad del acto y se le prive judicialmente de sus
efectos y, en su caso, que se vuelvan las cosas al estado que tenía antes del
acto nulo y, de no ser posible, se condene al pago de daños y perjuicios.

3. Acción de simulación (art. 2180).
Suele acontecer que un acto jurídico aparentemente válido pero, afectado de
nulidad por simulación, se le pretenden dar efectos como si fuera real por lo
que, se ha establecido la acción de simulación para precaverse de él. Es
simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en
realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas. La simulación da lugar a la nulidad. La nulidad de los actos
simulados puede ser solicitada por los terceros perjudicados con la simulación,
o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en transgresión de la ley o en
perjuicio de la hacienda pública. es objeto de esta
acción, además de la declaración de nulidad, la restitución de la cosa o del
derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere.

4. Acción de nulidad por actos en fraude
de acreedores (art. 2163 al 2179). Esta acción protege el interés de los acreedores en
contra de los actos que su deudor realiza para defraudarlos. También conocida
como acción pauliana, encuentra su aplicación cuando los bienes del deudor han sido vendidos, sin haber sido pagados
íntegramente los acreedores. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de
su acreedor pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la
insolvencia del deudor, y el crédito en virtud del
cual se intenta la acción es anterior a ellos.

5. Acción de rescisión (art. 1949 y
1950). Ante una situación de incumplimiento del sujeto pasivo de la relación jurídica, optativamente,
tiene derecho el sujeto pretensor o sujeto activo, a escoger entre esta acción
de rescisión o la acción de cumplimiento. La facultad de resolver las obligaciones
se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los
obligados no cumpliere lo que le incumbe. El perjudicado podrá escoger entre
exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resentimiento
de daños y perjuicios en ambos casos. También podrá
pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

6. Acción de cumplimiento forzado
(art. 1949). En la situación de incumplimiento de una obligación por uno de los
sujetos de la relación jurídica sustantiva, ya se establecido en la acción
anterior que, el sujeto pretensor puede elegir entre exigir el cumplimiento o
la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos. Por supuesto que no podrá intentar ambas
acciones por ser contradictorias pero, sí podrá pedir la rescisión del contrato después de haber optado por el cumplimiento
forzado, si éste resultare imposible. El objeto de la acción será obtener el
cumplimiento forzado de la conducta debida más el resarcimiento de daños y
perjuicios.

7. Acción redhibitoria (art. 2142).
Esta acción tiende a la resolución de la venta y a la restitución íntegra del precio con sus intereses. Una denominación moderna de
esta acción sería la de acción de rescisión por vicios ocultos ya que en los
contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los
defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que
se la destina, o que disminuyan de tal modo este usa,
que de haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría
dado menos precios por la cosa. Esta disposición es más amplia que la simple
compraventa de cosas con vicios ocultos pues abarca otros actos jurídicos en
los que se transmita el dominio de una cosa que posteriormente a la transmisión
del dominio aparezca con vicios ocultos. La
consagración de las dos acciones derivadas de la existencia de vicios ocultos
cuando no se produce la excepción asentada consisten en que puede el adquirente
exigir la rescisión del contrato y el pago de los
gastos que por él hubiera hecho, o que se rebaje una cantidad proporcionada del
precio, a juicio de peritos.

II. Excepción

Concepto de excepción