Fabricantes, importadores y proveedores de productos defectuosos: análisis de los «sujetos responsables» en el régimen de responsabilidad civil por el producto en el Derecho español

Sumario: I. Preliminares: de la Ley 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, al Texto Refundido 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. II. Concepto legal de «productor». 1.- Diferencias formales y sustanciales entre su primitiva y su nueva regulación. 2.- El fabricante. Referencia particular al llamado fabricante  «aparente». 3.- El importador de productos. III. El proveedor del producto defectuoso. 1.- Modificación de la terminología legal: del «suministrador» al «proveedor». 2.- Supuestos de responsabilidad del proveedor. a) Su carácter taxativo y excepcional. b) Responsabilidad por el suministro de productos de fabricante o importador no identificados. c) Responsabilidad por el suministro de productos a sabiendas de su carácter defectuoso. IV. Solidaridad de los sujetos responsables

I. Preliminares: de la Ley 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, al Texto Refundido 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Ante la notable dispersión y la heterogeneidad que, de forma creciente con el tiempo, han venido a caracterizar a la normativa existente en España en materia de protección de los consumidores, ha sido reivindicación constante de nuestra doctrina civilista[1] (y también mercantilista) la de paliar esa indeseable fragmentariedad por la vía de compilar sistemática y armónicamente las múltiples y dispares disposiciones legales consumeristas. Sensible a esa necesidad, y dando así cumplimiento al mandato contenido en la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios[2], el Gobierno español procedió a finales del año 2007 a la ardua y compleja tarea de refundir la legislación de consumo en un único texto: a través del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, fue aprobado el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, el TR), que entró en vigor el 1 de diciembre de 2007.

La Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos (en adelante, LRCPD) fue una de las leyes objeto de dicha refundición[3], por lo que, en consecuencia, actualmente se halla derogada (Disp. Derog. única del RD Leg. 1/2007), habiéndose integrado su contenido dentro del Libro Tercero del TR sobre «Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos»: así, pues, y además de la aplicabilidad de las «Disposiciones comunes» del Título I (arts. 128 a 134)[4], dicho régimen de responsabilidad se rige hoy por los arts. 135 a 146, constitutivos del Capítulo I («Daños causados por productos defectuosos») del Título II sobre «Disposiciones específicas en materia de responsabilidad».

Sin entrar aquí en la discutible legitimidad y oportunidad de que el alcance de la refundición de la normativa de consumo se haya extendido a dicha Ley 22/1994[5], ante el hecho consumado de su incorporación al TR de 2007 se impone una valoración sobre los vigentes preceptos reguladores de la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. Pese a que algún autor haya manifestado que en esa materia “el nuevo texto se ciñe de forma prácticamente literal al anterior”[6], un examen comparativo y paso a paso entre el articulado de la primitiva Ley 22/1994 y la actual disciplina de dicho régimen de responsabilidad conduce a constatar que, si bien es verdad que en ciertos puntos el TR español se limita a reescribir preceptos de la derogada LRCPD, en otros muchos introduce cambios de terminología, redacción y sistemática que no siempre se reducen a puras modificaciones formales sino que implican reformas de más hondo calado; cambios, de mayor o menor enjundia según los casos, que merecen ser objeto de minuciosa atención para estar en condiciones de predicar su acierto y oportunidad o, por el contrario, de efectuar los reproches y objeciones que resulten procedentes.

Bajo la perspectiva apuntada, y lejos de limitarme a ofrecer simplemente unas meras pinceladas generales y apresuradas sobre la nueva regulación de la responsabilidad civil por productos defectuosos en el TR de 2007, el objeto de estas páginas es centrar la atención en un aspecto muy concreto de dicho régimen: los sujetos responsables. Ciñéndonos de forma exclusiva a este tema, trataremos de mostrar las similitudes y diferencias entre la antigua y la nueva normativa, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, en orden al ámbito subjetivo de la responsabilidad por el producto. Este análisis comparativo –con el que se espera ofrecer una exposición pormenorizada del vigente marco jurídico español y un punto de partida para elucubrar sobre los futuros derroteros por los que previsiblemente discurra a escala comunitaria este régimen de responsabilidad civil- será abordado a la luz de la nutrida experiencia judicial en la aplicación de la hoy derogada Ley 22/1994 y tomando en especial consideración las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[7] sobre la interpretación de la Directiva 85/374/CEE en la que hunde sus raíces nuestro sistema de responsabilidad por el producto[8], así como los Informes que periódicamente ha ido emitiendo en torno a la misma la Comisión Europea[9].

II. Concepto legal de «productor»

1.- Diferencias formales y sustanciales entre su primitiva y su nueva regulación.

La regulación específica de la responsabilidad civil por productos defectuosos –actualmente contenida en el Cap. I, Tít. II, Libro Tercero del Texto Refundido de 2007- se abre con un «Principio general», enunciado en el art. 135, conforme al cual “los productores serán responsables de los daños causados por los defectos de los productos que, respectivamente[10], fabriquen o importen”. Similar declaración en orden a fijar quiénes son los principales sujetos responsables[11] era también el pórtico del articulado de la hoy derogada Ley 22/1994, cuyo art. 1 comenzaba, no obstante, imputando esa responsabilidad (objetiva o sin culpa)[12] no a “los productores” -como hoy hace el art. 135 TR-, sino a “los fabricantes y los importadores”[13].

El referido cambio terminológico -el reemplazo de la alusión conjunta al fabricante y al importador por el término único de “productor”-, lejos de ser algo privativo del art. 135, se aprecia también en otros múltiples preceptos del Texto Refundido reguladores de la responsabilidad civil por el producto: concretamente, en el art. 140 cuando recoge las causas de exoneración de responsabilidad[14]; en el 141 donde se establecen la franquicia a deducir en los daños materiales y el límite global de la responsabilidad por daños personales[15]; en el 146 al contemplar uno de los supuestos de responsabilidad del proveedor –que más adelante será estudiado-; y, por supuesto, como enseguida examinaremos con detalle, en el art. 138 donde precisamente se regula el concepto legal de productor.

Según la justificación de esos cambios que genéricamente ofrece el propio preámbulo (parte III) del RD Leg. 1/2007, con ellos se pretende “aproximar la legislación nacional en materia de protección de los consumidores y usuarios a la legislación comunitaria, también en la terminología utilizada”. Ciertamente, por lo que respecta al régimen de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, la Directiva 85/374 emplea a lo largo de su articulado la palabra “productor”, y no la de fabricante, y declara al tiempo que el importador “será considerado como productor” (art. 3.2)[16], con lo que la opción del Texto Refundido español de adoptar esta nomenclatura viene a satisfacer el referido propósito de acomodar la terminología de nuestro Derecho interno a la de la normativa comunitaria[17]. Por otra parte, tal modificación terminológica es también loable en aras de la economía legislativa, que a todas luces desaconseja hablar cansinamente de fabricante e importador, como se hacía en la Ley 22/1994, cuando ambas categorías son jurídicamente equivalentes a efectos de responsabilidad. E igualmente es plausible desde el prisma del rigor técnico pues, como la doctrina venía llamando la atención en relación con dicha Ley, la preferencia por el vocablo “productor” se había hecho más patente, si cabe[18], tras la extensión del régimen de responsabilidad civil por el producto a los productores agrarios; reforma operada por obra de la Ley 14/2000[19], que acentuó el desacierto del término “fabricante” utilizado el legislador español, pues sólo muy forzadamente podía aplicarse para designar a los productores de materias primas agrarias y ganaderas no transformadas industrialmente o a los de productos de la caza y la pesca en estado natural[20].

Tal como antes anticipábamos, es el art. 138 TR el que hoy establece el concepto legal de productor. Tanto la estructura como la letra de dicho precepto han experimentado diversas variaciones en relación con el art. 4 LRCPD; variaciones que, aunque en su mayor parte no entrañan modificaciones de fondo significativas, algunas de ellas, por el contrario, implican cambios realmente “curiosos”, de los que es harto probable que los redactores del Texto Refundido no fueran conscientes. Amén de su diferente encabezamiento -de «Concepto legal de fabricante e importador» se pasa a hablar de «Concepto legal de productor»-, si el antiguo art. 4 estaba compuesto por tres puntos (el primero, referente al fabricante; el segundo, al concepto de importador; y el tercero, a la responsabilidad del suministrador), en cambio el vigente art. 138 consta sólo de dos, el primero de los cuales alude tanto al fabricante como al importador, mientras que el segundo de ellos sigue contemplando uno de los supuestos en que es responsable el suministrador (ahora denominado proveedor). Posponiendo esta última cuestión para más adelante, fijémonos ahora en el punto 1 del art. 138 TR, donde se dispone que “a los efectos de este capítulo[21] es[22] productor, además del definido en el artículo 5, el fabricante o importador en la Unión Europea de: a) Un producto terminado. b) Cualquier elemento integrado en un producto terminado. c) Una materia prima”.

Como punto de partida para su estudio, debe repararse en que, a tenor de dicha norma –que habla expressis verbis de “además”-, a ese concepto de “productor” específico para el campo de la responsabilidad por productos se suma el concepto general de “productor” ofrecido por el art. 5, donde se establece que “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 138, a efectos de lo dispuesto en esta norma se considera productor al fabricante del bien o al prestador del servicio o su intermediario, o al importador del bien o servicio en el territorio de la Unión Europea, así como a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación, o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo”. Pues bien, a mi juicio, se queda corto CAVANILLAS cuando comienza considerando “chocante o, al menos, poco elegante” que, junto a la definición de “productor” del art. 5, el propio TR contenga en el art. 138 otra definición distinta a los efectos de la responsabilidad civil por productos defectuosos[23]. En verdad, no es sólo cuestión de elegancia o estilo a la hora de legislar, sino que la crítica ha de ir más allá. A poco que se fije la vista en el art. 5 se observa que en él se tiene por «productor» a, entre otros, el “prestador del servicio o su intermediario”, al “importador del… servicio en el territorio de la Unión Europea” y “a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el… servicio su nombre, marca u otro signo distintivo”. Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el art. 138.1, también estos sujetos habrían de ser considerados productores a los efectos del régimen específico de responsabilidad por productos defectuosos, lo que en principio, y asumido sin matices, representa una incongruencia con la esencia de ese régimen de responsabilidad civil y constituye un error de bulto[24], al ser sobradamente sabido que dicho régimen no se aplica a los servicios[25]. Además, ello vendría a plantear un conflictivo solapamiento de regímenes jurídicos en relación a los prestadores de servicios (y asimilados), en cuanto que su responsabilidad por los daños causados por los servicios defectuosos, sin perjuicio de ser aplicable a la misma una serie de disposiciones también comunes a los daños por productos (arts. 128 a 134 TR), ya recibe en el Texto Refundido el tratamiento particular que le dispensan los arts. 147 y 148. Así las cosas, es lógico que el citado autor, si bien apunta una posible explicación a la alusión al «prestador de un servicio» dentro del concepto general de productor del art. 5[26], termine atinadamente poniendo en evidencia que, aparte del dudoso sentido de la referencia de dicho artículo al «intermediario» (del fabricante o del prestador de un servicio)[27], la remisión expresa del art. 138.1 TR al art. 5 supone la novedosa introducción –seguramente no querida por el legislador- de considerar responsable en los términos de los arts. 135 y ss. al prestador de servicios[28] (en particular, al “prestador de un servicio que emplea un producto defectuoso”)[29].

Conscientes, pues, de esa gruesa deficiencia de técnica legislativa en la redacción del art. 138.1 TR, pasemos seguidamente a examinar su contenido.

2.- El fabricante. Referencia particular al llamado fabricante «aparente».

Ciñéndonos de momento a la figura del fabricante, cabe observar que el art. 138.1 TR continúa ofreciendo, como ya lo hacía el derogado art. 4.1 de la Ley 22/1994 (aunque con distinta letra, según antes vimos), un concepto amplio de “fabricante” que, a los efectos del régimen específico de responsabilidad civil por productos defectuosos, incluye, además de al llamado fabricante «final» del producto acabado[30], también al habitualmente denominado fabricante «parcial»[31] de elementos integrados en productos terminados y al de materias primas empleadas en su fabricación[32].

Ahora bien, una lectura rápida del nuevo art. 138.1 TR conduciría a apreciar una reducción en el espectro de sujetos englobados dentro de la noción de “fabricante”, al echarse de menos en dicho precepto una referencia expresa al comúnmente conocido como fabricante «aparente»[33], que sí era contemplado en el hoy suprimido ap. d) del art. 4.1 LRCPD. Esa primera impresión, sin embargo, se desvanece de inmediato si se detiene la atención en que el art. 138.1 ofrece un concepto de productor para el campo particular de los daños por el producto (“a los efectos de este capítulo”, dice), pero agrega –como ya vimos y en gran medida criticamos- que ese concepto, comprensivo del fabricante, es “además del definido en el artículo 5”, lo que obliga inevitablemente a integrar ambas normas y, en consecuencia, a entender que también se considera productor a los efectos del régimen de responsabilidad por productos defectuosos “a cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien, ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación,… su nombre, marca u otro signo distintivo” -tal como indica en su inciso final el citado art. 5 TR, en términos parecidos a los del art. 4.1.d) de la derogada Ley 22/1994-.

Ahondando algo más en este tema, es preciso recalcar que la redacción de ambas normas es “parecida”, pero no exactamente igual, ya que esa última parte del actual art. 5 presenta algunas variantes, que pueden concretarse en las siguientes[34]. Por un lado, se simplifica nominalmente el elenco de indicaciones que permiten hablar de productor o fabricante «aparente»: si en el antiguo art. 4.1.d) se enumeraban el “nombre, denominación social, su marca o cualquier otro signo o distintivo”, en el art. 5 del TR 1/2007 sólo se mencionan el “nombre, marca u otro signo distintivo”[35]; omisión de una alusión expresa a la “denominación social” –que tampoco figura en el art. 3.1 de la Dir. 85/374- que no parece que haya de valorarse como una exclusión de la misma en la nueva norma, pues si bien no encaja exactamente en la categoría mercantil de los signos distintivos (“otro signo distintivo”), presenta en la práctica importantes coincidencias funcionales con ellos, y hasta cabría considerar que puede quedar subsumida dentro del “nombre” al que sí sigue refiriéndose el vigente art. 5.

Igualmente debe entenderse que no implica cambio material alguno y que carece de mayor relevancia el que, en relación con dichas indicaciones, antes se dijera “poniendo… en el producto” alguna de ellas y ahora se hable de “al indicar en el bien…” algunas de las mismas. De una parte, la sustitución del término “producto” por la palabra “bien” deriva de la propia ubicación sistemática del art. 5 en sede de «Disposiciones generales» del Texto Refundido (Cap. I, Tít. I, Libro Primero) y no en la regulación específica de la responsabilidad por productos defectuosos. De otra parte, el cambio en el verbo –“poner” por “indicar”- viene, a lo sumo, a clarificar algo que ya se asumía sin discusiones bajo la anterior redacción; y es que, naturalmente, no es necesario que sea el productor aparente quien haya procedido materialmente a “poner” su nombre, marca u otro signo distintivo, sino que basta que esto venga “indicado” en el producto (aunque el signo distintivo en cuestión haya sido materialmente puesto, por ejemplo, por el fabricante real siguiendo las instrucciones de aquél)[36].

Asimismo puede observarse que, mientras el art. 4.1.d) de la Ley 22/1994 entendía por fabricante “cualquier persona que se presente al público como fabricante…”, el art. 5 TR omite la locución “al público” -igualmente ausente en la Directiva- considerando productor a “cualquier persona que se presente como tal…”. La supresión de dicha expresión tampoco conlleva una alteración del significado de la norma, puesto que ya en el propio término presentación cabe entender implícito el que la misma ha de hacerse naturalmente ante el público (adquirentes del producto, consumidores,…). Por esa misma razón, aunque la desaparición nominal de la referencia expresa “al público” podría parecer que viene a poner en entredicho la discutida justificación de la responsabilidad del llamado fabricante aparente en la apariencia jurídica[37], no resulta suficiente para sortear por completo las críticas dirigidas por algunos autores[38] contra la literalidad del primitivo art. 4.1.d) al reclamar que tal sujeto “se presente al público como fabricante”; críticas que, centradas en la exigencia con tal formulación de “que el comercializador se haga pasar por fabricante para atribuirle la responsabilidad” (pareciendo con ello ser necesaria su intención o propósito deliberado de hacerse pasar como el auténtico fabricante), se traducían en objetar que, de aferrarnos a esa dicción textual, la aplicación de tal norma sería prácticamente nula al dejarse precisamente fuera de ella los frecuentes supuestos en que una empresa comercializadora, que no coincide con el fabricante, incorpora su marca en un producto, pero sin atribuirse la condición de fabricante real, sino indicando la identidad de éste (aunque normalmente en letra más pequeña)[39]. Por razón de tal paradoja, que cabría entender subsistente en la letra del vigente art. 5, in fine del TR 1/2007, es preciso proponer -como hacía ese sector doctrinal crítico- una interpretación amplia de la norma en virtud de la cual se tenga por productor (aparente) a toda aquella persona que, sin serlo realmente, sin haber intervenido en el proceso productivo, se presente objetivamente como tal al venir colocado su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo en el producto (SAP de Barcelona de 17 diciembre 2001 [JUR 200284388])[40]; y ello con independencia de que se haga pasar o no por el verdadero productor, es decir, al margen de que en el producto no aparezca mención alguna a su fabricante real (SS. AAPP de Barcelona de 13 marzo 2007 [JUR 2007244380] y Madrid de 17 abril 2007 [AC 20071131])[41] o aunque, por el contrario, sí se advierta en él que el fabricante material es un tercero y figure perfectamente identificado (SAP de Barcelona de 30 mayo 2002 [AC 2002/1211]).

3.- El importador de productos

Además de al fabricante, el art. 5 del TR 1/2007 alude también al importador, otorgándole igualmente la consideración de “productor”. Ahora bien, para tal calificación, dicho artículo reclama que se trate de un “importador del bien… en el territorio de la Unión Europea”; exigencia que, establecida ahí con vocación de generalidad para todo importador a los efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido, aparece también reiterada para el campo particular de la responsabilidad civil por el producto en el art. 138.1, al incluir este precepto dentro del concepto legal de productor a los efectos específicos de ese régimen de responsabilidad al “importador en la Unión Europea”[42]. De tal manera, y aunque con una letra distinta a la del art. 4.2 de la primitiva Ley 22/1994 -que consideraba importador a “quien… introduce un producto en la Unión Europea”-, el TR sigue negando la condición legal de tal, en cuanto productor, al importador nacional de productos fabricados dentro de la UE; lo que, por otra parte, y en lo que concierne al régimen de daños por productos defectuosos, era obligado al tratarse de una restricción impuesta por la propia Dir. 85/374 con el fin de impedir la creación de trabas a la libre circulación de mercancías en el mercado común[43] (SAP de Barcelona de 29 noviembre 2004 [AC 2004/2017][44]).

Así las cosas, es más que previsible que la antedicha exigencia continúe exenta de polémica en las decisiones judiciales que en un futuro hayan de pronunciarse sobre la responsabilidad civil del importador por los daños causados por los defectos de los productos que importe; tónica que, salvedad hecha de muy escasas excepciones[45], fue la que imperó en la aplicación por nuestros tribunales del primitivo art. 4.2 LRCPD (SS. AAPP de Barcelona de 29 de noviembre de 2004 [AC 2004/2017] y Granada de 31 de marzo de 2006 [JUR 2006/184688])[46]. Aun así, no es descabellado pensar también que a nivel doctrinal, frente a la opinión mayoritariamente favorable al necesario carácter extracomunitario de dicho sujeto[47], algunos autores sigan manifestando sus recelos al respecto[48] y, resistiéndose a acatar la letra de la ley, entiendan que importador es igualmente quien introduce en un país de la Unión un producto que procede de otro país de la Unión[49] o que, al menos, le sería aplicable por analogía el mismo régimen de responsabilidad por productos que se establece para el importador extracomunitario[50].

Frente a la comentada exigencia de que la importación sea de productos fabricados fuera de la UE –exigencia que se mantiene sustancialmente inalterada en el TR de 2007-, conviene observar, sin embargo, que el nuevo art. 138.1 prescinde de reproducir el concepto legal de importador que, con cierto lujo de detalles, ofrecía el art. 4.2 de la Ley 22/1994 cuando -en términos similares al art. 3.2 Dir. 85/374- disponía que, a los efectos del régimen de responsabilidad civil por el producto previsto en dicha Ley, “se entiende por importador quien, en el ejercicio de su actividad empresarial, introduce un producto en la Unión Europea para su venta, arrendamiento, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución”.

Con todo, y no obstante la omisión de ese concepto expreso, creo, en primer lugar, que también con el Texto Refundido el importador habrá de venir desarrollando su actividad de importación con carácter “empresarial” y dentro del ámbito de su ejercicio profesional[51]; lo que, por otra parte, podría inducirse con meridiana claridad de lo dispuesto en el art. 2 TR, en conexión con el 4[52]. Asimismo, en segundo lugar, no cabe duda de que dicha actividad de importación o introducción de productos extracomunitarios habrá de seguir estando encaminada a la distribución de los mismos y también parece que esta distribución continuará admitiendo idéntica variabilidad de modalidades a la que, en forma de numerus apertus, se establecía en el antiguo art. 4.2 (“venta, arrendamiento, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución”); todo ello, a pesar de que su especificación no figure ni en la referencia al importador que efectúa el art. 138.1 TR ni tampoco en la alusión a dicho sujeto que contiene con carácter general el art. 5.

Al hilo de lo que acaba de indicarse, no está de más recordar que la expresa exigencia por el primitivo art. 4.2 de la Ley 22/1994 de que la importación del producto se realizara con fines de “distribución” del mismo llevó a algún autor a plantearse si acaso podría significar la inaplicabilidad al importador de lo establecido para el fabricante cuando aquél lo fuera de algún elemento defectuoso (o alguna materia prima defectuosa) de un producto final, “puesto que el importador de alguno de los elementos, aunque en cierto sentido los distribuye, no los ´coloca` en el mercado, sino que sus relaciones se limitan exclusivamente a los profesionales”[53]. No obstante el interrogante apuntado, si ya bajo la vigencia de dicha Ley cabía apostar por la responsabilidad del importador de una parte integrante (o materia prima) de un producto acabado -al darlo así por sobreentendido su art. 6.2[54]-, con el Texto Refundido de 2007 la referida duda ha quedado explícitamente despejada a través del propio art. 138.1. En contraste con la simplificación que, en comparación con el antiguo art. 4.2, hemos visto que ha experimentado la letra de aquel precepto (respecto a las exigencias de la actuación empresarial del importador y del fin de distribución de los productos importados), el nuevo art. 138.1 TR sí se preocupa de advertir de forma expresa que, a los efectos de la responsabilidad civil por productos defectuosos, es importador no sólo el de un producto terminado, sino también el de cualquier elemento integrado en un producto terminado o el de una materia prima; idea que, bajo la Ley 22/1994, si bien era también puesta en evidencia por la mejor doctrina[55] y admitida implícitamente por la jurisprudencia (SAP de Barcelona de 29 noviembre 2004 [AC 2004/2017])[56], sólo podía inferirse a través del citado art. 6.2 y por analogía con lo previsto específicamente para el fabricante por el art. 4.1, pues en rigor ni este primer punto aplicaba dicha extensión al importador ni el art. 4.2 sobre el importador recogía dicha ampliación. 

III. El proveedor del producto defectuoso

1.- Modificación de la terminología legal: del «suministrador» al «proveedor»

Si anteriormente examinamos la aglutinación formal de los vocablos “fabricante” e “importador” en el de “productor”, es momento ahora de señalar que no es ése el único cambio terminológico que ha llevado a cabo el Texto Refundido español de 2007 en relación con los sujetos implicados en el régimen de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. También el término “suministrador” que utilizaba la Ley 22/1994 ha pasado a ser desplazado por el de “proveedor”; sustitución que se efectúa de forma directa en el art. 146 TR -homólogo de la primitiva Disp. Adicional de la LRCPD- e indirectamente en el art. 138.2 -en cuanto que el antiguo art. 4.3 aludía a “quien hubiere suministrado o facilitado el producto”-. Conviene observar, no obstante, que, si bien la pretensión de “aproximar la legislación nacional… a la legislación comunitaria… en la terminología utilizada” era razón válida, como en su momento vimos, para explicar la opción del TR por el término “productor” –que, de hecho, es el efectivamente empleado por la Dir. 85/374-, tal argumento ofrecido por el preámbulo (parte III) del RD Leg. 1/2007 para justificar los cambios de nomenclatura que realiza no se ajusta tan directamente al caso del reemplazo del término “suministrador” por el de “proveedor”, pues es aquel término, y no éste, el que utiliza el art. 3.3 de la Directiva comunitaria[57].

En cualquier caso, entiendo que la modificación terminológica que nos ocupa -permítaseme la expresión- ni quita ni pone. Ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que el art. 7 TR, ubicado en el Libro Primero en sede de «Disposiciones generales» (Cap. I, Tít. I), ofrece un «Concepto de proveedor», al que define como “el empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución”. A la luz de esta definición -que, repárese, es general y unitaria para la totalidad del Texto Refundido, sin que exista previsión particular alguna al respecto en el Capítulo específico sobre responsabilidad por productos defectuosos-, parece clara la irrelevancia de la sustitución en este campo del término “suministrador” por el de “proveedor”, pues los verbos “suministrar” y “distribuir” que para definir al último utiliza el referido art. 7 permitirían seguir hablando también de suministrador, como hacía la Ley 22/1994 (o incluso de distribuidor, vocablo que asimismo guarda sinonimia con ambos). Es más, la equivalencia entre los términos “proveedor” y “suministrador” se refleja a nivel europeo, no sólo de forma implícita –al hablarse indistintamente de uno u otro tanto en las SS. del TJCE de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006/3) y 23 de noviembre de 2006 (asunto C-315/05; TJCE 2006340), como en el Libro Verde de 1999 sobre la Responsabilidad civil por Productos Defectuosos y en el Segundo Informe de 2001 emitido por la Comisión en torno a la Dir. 85/374-, sino también incluso explícitamente, pues la Resolución del Consejo de 19 de diciembre de 2002 relativa a una enmienda de dicha Directiva (LCEur 2003/250)[58], amén de emplear también la palabra “intermediarios”, vino a declarar que cualquiera de estos términos “se refiere a la persona que opera en la cadena de distribución”.

Por otro lado, y si bien el art. 7 TR reclama expresamente que el proveedor –también el de un producto defectuoso a que se refieren los arts. 138.2 y 146- tenga la condición de “empresario” (conforme conceptúa a éste el art. 4), debe reconocerse que, aunque tal precisión no esté de más, tampoco parece que ello deba reputarse como un cambio radical en relación con el suministrador de la Ley 22/1994, en cuanto que ya para éste se presuponía su carácter ordinariamente profesional[59] y la actuación del mismo en el marco de su ejercicio comercial de distribución[60].

Igualmente interesa poner de relieve que el citado art. 7 del TR admite expresamente la cualidad de proveedor del producto “cualquiera que sea el título o contrato en virtud del cual realice dicha distribución”. Y abundando en ello, explica el preámbulo (parte III) del RD Leg. 1/2007 que “el concepto de proveedor es el de cualquier empresario que suministra o distribuye productos en el mercado, distinguiéndose del vendedor, que, aunque no se define, por remisión a la legislación civil es quien interviene en un contrato de compraventa, en el caso de esta ley, actuando en el marco de su actividad empresarial”. Pues bien, de una parte, ya bajo la Ley 22/1994 era perfectamente asumido en la doctrina[61] que el suministrador no siempre había de identificarse con el vendedor y que aquél podía distribuir los productos en el mercado no sólo por venta, sino también mediante contratos distintos del de compraventa[62]. De otra parte, aunque el concepto de “suministrador” solía a menudo ser referido al suministrador final, en puridad no sólo el minorista o detallista, sino cualquier eslabón de la cadena de distribución del producto, podía ser considerado suministrador[63], tal como nítidamente evidenciaba el art. 4.3 de dicha Ley cuando -en términos similares al actual art. 138.2 TR- exoneraba de responsabilidad al suministrador si facilitaba al perjudicado la identidad de la persona que “le hubiera suministrado o facilitado” a él el producto[64]. Con todo, aun siendo cierto lo anteriormente dicho y sin que quepa oponer objeción alguna a las mencionadas declaraciones del preámbulo del RD Leg. 1/2007, nada impide obviamente que el “proveedor” sea precisamente un “vendedor”, en cuanto modalidad concreta, englobada dentro de aquella más amplia y genérica categoría, en que la distribución del producto –defectuoso, en lo que a nuestro estudio interesa- se lleva a cabo necesariamente por un contrato de compraventa; supuesto que, por otra parte, ante la evidencia de que se trata del negocio de provisión de bienes por excelencia, ha sido, de hecho, y cabe vaticinar que siga siendo el de mayor frecuencia en la práctica (SS. AAPP de Madrid de 9 de octubre de 2007 [JUR 2007352689] y de Barcelona de 7 de mayo de 2008 [AC 2008/1093] y 9 de julio de 2009 [JUR 2009417878])[65].

Una vez realizadas las precedentes consideraciones sobre la sustancial similitud entre el primitivo “suministrador” y el “proveedor” del que hoy habla el Texto Refundido, es momento de abordar la responsabilidad de ese sujeto en la vigente regulación del régimen de daños causados por productos defectuosos.

2.- Supuestos de responsabilidad del proveedor

a) Su carácter taxativo y excepcional

A la hora de examinar las posibilidades tasadas que para responsabilizar al proveedor de un producto defectuoso brinda actualmente el TR 1/2007, es obligado recordar que ése fue uno de los puntos donde el legislador español de 1994 -siguiendo las pautas de la Dir. 85/374- dio un giro copernicano respecto de la situación legal y jurisprudencial anteriormente existente[66]: a partir de la Ley 22/1994 pasó a entenderse, al margen de la valoración más o menos positiva que ello pudiera merecer[67], que el suministrador de un producto -quien la mayor parte de las veces nada tiene que ver con los defectos del mismo, al escapar habitualmente de su esfera de control[68]– no podía ser etiquetado como un responsable al mismo nivel que el fabricante y el importador, por lo que, salvedad hecha, obviamente, de que dicho sujeto fuera al tiempo productor (SAP de Madrid de 9 febrero 2004 [JUR 2004231035])[69], su responsabilidad por los daños causados por los productos defectuosos que distribuyese debía tener “carácter excepcional”[70] y había de limitarse a los casos legalmente previstos.

Esa responsabilidad excepcional y tasada del suministrador fue además confirmada a nivel comunitario tras la evaluación del tema iniciada con el Libro Verde de 1999, en cuanto que el Informe de la Comisión Europea de enero de 2001 sobre la Directiva vino a concluir que, en principio, no resultaba necesario modificar la regulación al respecto[71]. Con posterioridad a esa fecha, también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas rechazó expresamente la facultad de los países de la UE de establecer en sus ordenamientos internos un régimen de responsabilidad del suministrador de productos defectuosos distinto al de la Dir. 85/374. Así, en respuesta a una cuestión prejudicial formulada por el celebérrimo Auto del Juzgado de 1ª Instancia núm.5 de Oviedo de 13 de abril de 2000 (AC 2000/653) –donde se aducía, entre otras cosas, que el régimen de responsabilidad del suministrador en la Ley española 22/1994 era menos beneficioso para el perjudicado que el que de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de 1984-, la S. del TJCE de 25 de abril de 2002 (TJCE 2001/141) dejó bien claro que la Dir. 85/374 no era de mínimos y que, en consecuencia, los Estados miembros carecían de margen alguno de apreciación en la incorporación de la misma, a excepción de las materias concretas que en ella se especificaban –entre las que no se encontraba la responsabilidad del suministrador-. Pero es más, en otra sentencia de la misma fecha (TJCE 2002/139) (asunto C-52/00), igualmente fundada en el carácter no de mínimos de la Directiva[72], el Tribunal de Justicia condenó a la República francesa por haberse desmarcado de lo dispuesto en el art. 3.3 de aquélla en relación con la responsabilidad de dicho sujeto; en concreto, por declarar en el art. 1386-7.1º del Code que el vendedor o cualquier otro proveedor profesional será responsable por los defectos de seguridad del producto en las mismas condiciones que el productor. Esta equiparación de la responsabilidad de ambos sujetos, aun cuando inicialmente incrementaba la protección de las víctimas, constituía una defectuosa trasposición que infringía el Derecho comunitario[73], pues no prevista en la Dir. 85/374 -concluyó el TJCE- implicaba alterar los equilibrios establecidos por la misma[74].

No puede eludirse que juristas de gran talla han repudiado enérgicamente esa decisión del Tribunal de Justicia[75], y también debe destacarse que, con posterioridad a dichas Sentencias, el propio Consejo de la Unión Europea -concretamente, en su Resolución de 19 de diciembre de 2002 relativa a una enmienda de la Directiva sobre la responsabilidad derivada de los productos defectuosos[76]– propuso la necesaria evaluación de esta Directiva al objeto de sopesar la oportunidad de modificarla en el sentido de permitir que las legislaciones nacionales pudieran regular la responsabilidad de los proveedores basándose en el mismo sistema de responsabilidad objetiva que el establecido para los productores[77].

Sin embargo, de nuevo en la S. de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006/3) (C-402/03)[78] el TJCE volvió a reafirmarse en su precedente doctrina y, a fin de dar contestación a cinco cuestiones prejudiciales en torno a la responsabilidad del suministrador que habían sido planteadas por un tribunal danés[79], declaró de forma explícita que la Directiva 85/374, en tanto pretende una armonización completa, “se opone a una norma nacional según la cual el proveedor debe asumir, en otros supuestos además de los enumerados taxativamente en el art. 3.3 de la Directiva, la responsabilidad objetiva que ésta imputa al productor”[80]; argumento que llevó a esta Sentencia a concluir que el art. 10 de la Ley danesa núm.371 de 7 de junio de 1989 no se ajustaba a la Directiva por haber ampliado injustificadamente el círculo de responsables contra los que el perjudicado tiene derecho a ejercitar una acción con arreglo al sistema de responsabilidad objetiva previsto en ella[81].

En esa misma línea, y tan sólo dos meses después, el Tribunal de Justicia se reiteró una vez más en su interpretación del régimen comunitario de responsabilidad del suministrador. Y lo hizo a propósito del recurso por incumplimiento interpuesto por la Comisión Europea contra la República francesa por razón de la nueva redacción que, a través de la Ley núm.1343 de 9 de diciembre de 2004, había dado al art. 1386-7.1º del Code; versión modificada a tenor de la cual “el vendedor, el arrendador, con excepción del arrendador financiero o de un arrendador que pueda equipararse a éste, y cualquier otro suministrador profesional sólo serán responsables por los defectos de seguridad de sus productos en las mismas condiciones que el productor cuando éste no pueda ser identificado”. La Comisión entendía que con esta reforma no se había dado plena ejecución, en lo concerniente al art. 3.3 de la Dir. 85/374, a la antes comentada S. de 25 de abril de 2002; concretamente porque el legislador francés continuaba considerando en el nuevo art. 1386-7.1º CC que “el suministrador de un producto defectuoso es responsable por el mismo concepto que el productor, cuando este último no pueda ser identificado, incluso en el supuesto de que el suministrador haya informado al perjudicado de la identidad de la persona que le suministró el producto dentro de un plazo de tiempo razonable”. Sobre esa base, y acogiendo la petición de la Comisión, la S. del TJCE de 14 de marzo de 2006 (TJCE 200673) acordó condenar a Francia a pagar “una multa coercitiva de un importe de 31.650 euros por cada día de retraso en la adopción de las medidas necesarias para la ejecución íntegra y cabal de la sentencia de 25 de abril de 2002 (TJCE 2002/139), antes citada, a partir del momento en que se pronuncie la presente sentencia y hasta que tenga lugar la plena ejecución” de aquélla[82].

Sin cambiar de orientación, ha de destacarse finalmente que el Tercer Informe de la Comisión Europea de septiembre de 2006 sobre la aplicación de la Dir. 85/374 “no considera necesario, en esta etapa, presentar una propuesta de modificación” acerca de la responsabilidad de los proveedores; conclusión que -proyectada en concreto sobre la propuesta efectuada por la Resolución del Consejo de 2002, a la que anteriormente nos referimos, de ampliar el régimen de responsabilidad objetiva a dichos sujetos- la Comisión Europea apoyó manifestando, en los mismos términos que había sugerido el Estudio Lovells de 2003, que “si se aplicara efectivamente dicha Resolución, ello constituiría una desviación respecto del objetivo de la Directiva de armonizar la legislación sobre la responsabilidad derivada de los productos defectuosos”[83].

b) Responsabilidad por el suministro de productos de fabricante o importador no identificados

Siendo el único caso en que la Dir. 85/374 responsabiliza al suministrador de los daños causados por los defectos de los productos que suministre, el art. 138.2 del TR español de 2007 mantiene, como no podía ser de otro modo, la responsabilidad de ese sujeto cuando el productor no pueda ser identificado[84] (porque, por ejemplo, el producto se comercializó sin marca[85]) y, dentro del plazo de tres meses, el proveedor no “indique al dañado o perjudicado la identidad del productor o de quien le hubiera suministrado o facilitado a él dicho producto”. Cuando concurra tal hipótesis de falta de identificación absoluta del productor[86] “será considerado como tal el proveedor del producto”; regla que, dirigida a facilitar la reclamación de la víctima y a salvaguardar la efectividad del ejercicio de su derecho a instar la indemnización de los daños sufridos[87] (SAP de Baleares de 28 de diciembre de 2006 [AC 2007/155])[88], resulta también aplicable si es el importador del producto en la Unión Europea quien no puede ser identificado –concretamente, en el “caso de un producto importado, si el producto no indica el nombre del importador, aun cuando se indique el nombre del fabricante”-[89] (SAP de Barcelona de 6 de mayo de 2008 [JUR 2008267415])[90].

Mientras que este segundo punto que el art. 138.2 TR dedica al caso particular del desconocimiento del importador de productos extracomunitarios está formulado con una letra absolutamente idéntica a la del art. 4.3 de la derogada Ley 22/1994, en cambio, el primer punto del precepto difiere formalmente de su primitiva redacción en el reemplazo del originario término “fabricante” por el de “productor”[91] y en la introducción del vocablo “proveedor” en lugar de la antigua locución “quien hubiere suministrado o facilitado el producto”; cambios terminológicos que, sin embargo, no entrañan ninguna variación de contenido, tal como anteriormente señalamos. En consecuencia, ello da pie a replantear frente a la nueva norma los mismos interrogantes acerca de algunos de los presupuestos para su operatividad que ya suscitaba el art. 4.3 LRCPD; señaladamente, la actitud subjetiva del proveedor en su falta de identificación del productor[92] (SAP de Madrid de 9 de octubre de 2007 [JUR 2007352689])[93]. La sustancial igualdad entre ambos artículos permite también extrapolar al actual art. 138.2 del TR 1/2007 críticas paralelas a las que se dirigieron contra ciertos aspectos del viejo precepto, especialmente por contemplar la posibilidad del proveedor de liberarse de responsabilidad no sólo proporcionando el nombre del fabricante o, en su caso, del importador, sino también el de la persona que le suministró a él[94] el producto, y así sucesivamente[95] (SAP de Barcelona de 20 de febrero de 2008 [JUR 2008130314])[96]. Y asimismo, es posible reproducir respecto al vigente 138.2 las mismas alabanzas por haber concretado en “tres meses” el incierto “plazo de tiempo razonable” de que hablaba la Directiva europea[97], pero también idénticas consideraciones a las que en su día vertió la doctrina y empleó la jurisprudencia para colmar las lagunas del primitivo art. 4.3 de la Ley 22/1994; lagunas entre las que siguen sobresaliendo la que recae sobre los concretos datos identificativos del productor (o del importador o intermediario anterior) que ha de facilitar el proveedor a la víctima para no responder[98] y, sobre todo, la que se aprecia en relación al dies a quo del plazo trimestral[99] de que a tal fin dispone aquél para indicar al perjudicado la identidad de alguno de esos sujetos[100] (SS. AAPP de Barcelona de 13 de marzo de 2007 [JUR 2007244380] y de Madrid de 3 de julio de 2007 [JUR 2007308798] y 31 de marzo de 2009 [JUR 2009247315])[101].

c) Responsabilidad por el suministro de productos a sabiendas de su carácter defectuoso

Junto al supuesto que se acaba de analizar -el único, insisto, en que la Directiva 85/374 hace responsable al suministrador-, el TR español de 2007 establece en su art. 146, bajo el rótulo «Responsabilidad del proveedor», que “el proveedor del producto defectuoso responderá, como si fuera el productor, cuando haya suministrado el producto a sabiendas de la existencia del defecto”[102].

En ese precepto viene a transcribirse el contenido de la Disposición Adicional única de la hoy derogada Ley 22/1994 (salvedad hecha del reemplazo del originario término “suministrador” por el de “proveedor” y de la fusión de los vocablos “fabricante” e “importador” en el de “productor”). Por tal razón, siguen siendo de plena actualidad las duras críticas y objeciones lanzadas en su día por la doctrina frente a dicha disposición: calificada como una norma inútil y perturbadora[103], debe reconocerse que un proveedor que “a sabiendas”[104] ofrece un producto inseguro a sus clientes es efectivamente responsable. Y ello porque en tal supuesto, sin necesidad de que el actual art. 146.1 TR lo repitiera[105], ya con arreglo al Código Civil respondería por dolo[106] -como ha señalado de forma explícita la jurisprudencia (STS de 24 de septiembre de 1999 [RJ 1999/7272])[107]– o, como mínimo, por culpa[108]; más aún, cuando en esta materia de daños causados por productos defectuosos las reglas generales de la responsabilidad civil (tanto contractual como extracontractual) quedan expresamente a salvo por virtud de lo dispuesto en el art. 128.2 del TR.

Con todo, no puede perderse de vista que, ante la nada sencilla prueba -a cargo del perjudicado[109]– de que el proveedor sabía que el producto suministrado era defectuoso, es previsible que, tal como ha venido aconteciendo en la praxis judicial en torno a la primitiva Disp. Adic. de la Ley 22/1994, sean contados los casos en que en la práctica llegue a imputarse responsabilidad a dicho sujeto al amparo del art. 146.1 del TR de 2007[110].

Además de la apuntada inoportunidad de este precepto por pecar de redundante, ha de ponerse igualmente en evidencia la dudosa justificación del derecho de repetición que se sigue reconociendo al proveedor que suministró el producto a sabiendas de su carácter defectuoso; derecho que le otorga el vigente art. 146 en su segundo punto, al disponer que “en este caso, el proveedor podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor”[111].

Como claramente se intuye tras todo lo dicho, sólo un juicio severo puede emitirse sobre la norma que nos ocupa; aunque, para obrar en justicia, tampoco debe omitirse el único “mérito” -puramente formal- que cabe predicar de la misma tras su refundición en el vigente art. 146, y es que, al menos, se halle recogida dentro del articulado del Texto Refundido, quedando así desplazada la curiosa y más que discutible técnica legislativa que había empleado el legislador de 1994 al incorporarla como Disposición Adicional única de la Ley de Responsabilidad Civil por Productos Defectuosos[112].

IV.- Solidaridad de los sujetos responsables

Es el art. 132 del TR –precepto ubicado en el Título I del Libro Tercero sobre «Disposiciones comunes en materia de responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos»- el que regula el tema de la solidaridad de los sujetos responsables al disponer que “las personas responsables del mismo daño por aplicación de este libro lo serán solidariamente ante los perjudicados. El que hubiera respondido ante el perjudicado tendrá derecho a repetir frente a los otros responsables, según su participación en la causación del daño”.

El examen comparativo de este precepto con el primitivo art. 7 de la Ley 22/1994 -igualmente encabezado por la rúbrica «Responsabilidad solidaria»[113]– permite observar, en primer lugar, que, por razón de la antedicha colocación sistemática de la nueva norma, su ámbito de operatividad no se halla circunscrito solamente al régimen de responsabilidad civil por el producto, sino que también rige en el campo de los daños causados por otros bienes y servicios defectuosos (en consonancia con el derogado art. 27.2 de la LGDCU de 1984)[114], lo que, a su vez, conlleva el lógico cambio de redacción consistente en reemplazar la referencia que hacía el art. 7 de la Ley 22/1994 a las personas responsables del mismo daño “por aplicación de la presente Ley” por la alusión en el art. 132 TR 1/2007 a los sujetos responsables “por aplicación de este libro”.

Dejando de lado la indicada “modificación” formal derivada del hecho mismo de la refundición, el primer punto del vigente precepto únicamente difiere de la letra del derogado art. 7 en tanto que aquél viene a especificar que los responsables del mismo daño lo serán solidariamente “ante los perjudicados”; apostilla que, por obvia, y aun no siendo estilísticamente desafortunada, tampoco parecía necesario añadir[115]. De cualquier forma, tal régimen de solidaridad, en lo que concierne a la responsabilidad por productos defectuosos, regirá, en su caso, las relaciones entre, por ejemplo[116], el fabricante y el importador[117], entre el auténtico fabricante y el fabricante aparente[118], entre el productor de un producto terminado y el de alguna de sus partes integrantes[119] (SAP de Barcelona de 23 de abril de 2008[120] [JUR 2008170752])[121], o entre el productor final de un producto y el de la materia prima de la que éste se nutre (ya en su totalidad, ya en alguna de sus partes)[122] -si bien ha de reconocerse que para la víctima será más fácil identificar al primero de ellos-.

Por otra parte, será también aplicable la regla de la responsabilidad solidaria al productor y el proveedor de un producto defectuoso[123], ya sea este último sujeto responsable con base en el art. 146 TR –supuesto en que su responsabilidad por haber suministrado el producto a sabiendas del defecto no es subsidiaria sino principal, por lo que responde aunque estén identificados el fabricante o el importador[124] (SAP de Madrid de 9 de octubre de 2007 [JUR 2007352689])-, o incluso en el caso de que sea responsable con arreglo al art. 138.2, ya que, si bien aquí la responsabilidad del proveedor es subsidiaria o de segundo grado (SAP de Barcelona de 9 de julio de 2009 [JUR 2009417878])[125] y a tenor de dicha norma podría parecer que ese sujeto es siempre el único responsable al responder sólo en defecto de las personas obligadas a título principal, cabe encontrar alguna hipótesis en que su responsabilidad no sea exclusiva, como, por ejemplo, cuando se trate de un producto defectuoso importado[126]: en efecto, el último inciso del art. 138.2 del TR obliga al proveedor a identificar al importador del producto aunque esté identificado el fabricante, de manera que, si el proveedor no identifica al importador, deberá responder frente al perjudicado, pero lo hará solidariamente con el fabricante[127] si la víctima, de conocer su identidad, llega a demandarlo[128].

Aparte de lo anteriormente apuntado, interesa observar que, mientras que el art. 7 de la Ley 22/1994 concentraba la totalidad de su contenido en lo que hoy es el punto primero del art. 132 del TR, este nuevo precepto incorpora un punto segundo en el que se reconoce a aquel de los responsables solidarios que hubiere respondido por entero ante el perjudicado un derecho de repetición contra los demás responsables, conforme a su respectivo grado de participación en la causación del daño. Esta “adición”[129], ahora bien, nada aporta en relación con el primitivo art. 7, puesto que –atendiendo a que en la propia Directiva 85/374 el posible derecho de regreso entre los responsables solidarios es remitido expresamente al Derecho nacional de cada Estado[130]– en el ordenamiento español tal derecho de repetición ya vendría dado, sin necesidad de que el Texto Refundido de 2007 lo proclamara, por las reglas generales del Código Civil que rigen la dinámica de la solidaridad pasiva en orden a las relaciones internas entre los codeudores solidarios (art. 1145 CC y concordantes)[131]. De hecho, ya bajo la vigencia de la Ley 22/1994, y pese a no preverse expresamente en su art. 7 dicha acción de repetición, su existencia era indiscutida y, con cierta frecuencia, los tribunales hicieron hincapié en ella reconociéndosela, por ejemplo, al fabricante final frente al del componente defectuoso del producto acabado[132] y declarando que “la responsabilidad solidaria que dicho precepto imputa a todos los que tengan la consideración de fabricantes, bien de un particular elemento, bien del producto final,… en nada impide que quien atiende a la obligación resarcitoria pueda repetir contra el resto o dirimir las responsabilidades internas que puedan derivar”[133]. 

Finalmente, no está de más recordar que, según antes vimos, para el caso particular del proveedor responsable por haber suministrado un producto a sabiendas de su carácter defectuoso[134] el art. 146.2 del TR –al igual que hiciera la Disposición Adicional de la Ley 22/1994- dispone de forma explícita, por más que las razones para ello puedan ser materialmente discutibles, que dicho sujeto “podrá ejercitar la acción de repetición contra el productor”[135]. Y asimismo, tampoco cabe desconocer que el otorgamiento de la acción de regreso que hoy contempla el art. 132 que nos ocupa aparece ya presupuesta en el art. 143.1 TR cuando fija el plazo de prescripción de la misma en el campo específico de la responsabilidad por productos defectuosos; precepto que, sin perjuicio de las críticas que pueda merecer[136], establece, en iguales términos a como lo hacía el art. 12.1 de la primitiva Ley 22/1994, que “la acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de la indemnización”.

Informações Sobre o Autor

Pilar Gutiérrez Santiago

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada como Catedrática), Universidad de León/España