Régimen jurídico del daño en la responsabilidad civil por productos defectuosos: su regulación en la vigente legislación de consumo española de 2007

Sumário: I. Introducción: La derogación de la Ley 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, y su refundición con la legislación de protección de los consumidores. II. Cambios de sistemática en el régimen jurídico del daño. III. Daños personales causados por un producto defectuoso. 1. La muerte y las lesiones. 2. El límite cuantitativo de la responsabilidad por daños personales. 3. La exclusión del daño moral. IV. Daños materiales causados por el carácter defectuoso o inseguro de los productos. 1. La exclusión de los daños en el propio producto defectuoso. 2. La exigencia del destino y uso o consumo privados del bien dañado. 3. La franquicia por daños materiales.

I. Introducción: La derogación de la Ley 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, y su refundición con la legislación de protección de los consumidores.

En cumplimiento del mandato contenido en la Ley 44/2006 de mejora de la protección de los consumidores y usuarios[1], el Gobierno español procedió a finales del año 2007 a refundir la legislación de consumo en un único texto: a través del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, fue aprobado el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, el TR), que entró en vigor el 1 de diciembre de 2007[2]. De esa manera, y sin que pueda perderse de vista lo arduo y complejo de la tarea acometida, vino a reorganizarse sistemáticamente -con mayor o menor fortuna, según los casos- la dispersa y heterogénea normativa existente hasta el momento en España en materia de protección de los consumidores, colmándose así una necesidad sentida desde hace años y que, de hecho, era incesantemente puesta en evidencia por autorizados juristas que reclamaban una solución a esa fragmentariedad y proclamaban el deseo de que fueran compiladas armónicamente las múltiples y dispares disposiciones legales consumeristas[3].

Una de las leyes objeto de la refundición fue la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos[4] (en adelante, LRCPD); ley que, en consecuencia, ha quedado derogada –tal como expresamente establece la Disp. Derog. única (ap. 4) del RD Leg. 1/2007- y cuyo contenido se ha integrado en el TR dentro del Libro Tercero sobre «Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos» donde, amén de las «Disposiciones comunes» de su Título I (arts. 128 a 134)[5], se dedican al tema en particular los arts. 135 a 146, constitutivos del Capítulo I («Daños causados por productos defectuosos») del Título II sobre «Disposiciones específicas en materia de responsabilidad».

Al margen de la más que cuestionable y discutible legitimidad y oportunidad de que el alcance de la refundición de la normativa de consumo se haya extendido a dicha Ley 22/1994[6], ante el hecho consumado de su incorporación al TR de 2007 resulta oportuno realizar un balance, fruto de un análisis medianamente reflexivo y pausado, sobre los nuevos preceptos que hoy regulan el régimen de responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos. Aunque algún autor ha manifestado sobre este particular que en materia de daños por productos “el nuevo texto se ciñe de forma prácticamente literal al anterior”[7], un examen comparativo y paso a paso entre el articulado de la primitiva Ley 22/1994 y la vigente disciplina de dicho régimen de responsabilidad conduce a constatar que, si bien es verdad que en ciertos puntos el TR español se limita a reescribir preceptos de la derogada LRCPD, en otros muchos introduce cambios de terminología, redacción y sistemática que no siempre se reducen a puras modificaciones formales sino que implican reformas de más largo alcance; cambios, de mayor o menor enjundia según los casos, que merecen ser objeto de minuciosa atención para estar en condiciones de predicar su acierto y oportunidad o, por el contrario, de formular los reproches y objeciones que resulten procedentes.

Desde la óptica apuntada, y huyendo de la tentación de ofrecer simplemente unas pinceladas más o menos generales y descriptivas o unos comentarios a vuelapluma sobre las primeras impresiones que pudiera sugerir una ojeada rápida y apresurada a la nueva regulación de la responsabilidad civil por productos defectuosos en el TR de 2007, la pretensión de estas páginas es concentrar la mirada en un aspecto muy concreto de dicho régimen de responsabilidad: el daño. Ciñéndonos de forma exclusiva a este tema, trataremos de mostrar las semejanzas y diferencias entre la antigua y la nueva normativa, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, en orden a los tipos de daños excluidos y los daños cubiertos con sus limitaciones indemnizatorias. Este análisis comparativo –con el que se espera ofrecer una exposición pormenorizada del vigente marco jurídico español de los daños causados por productos defectuosos y un punto de partida para elucubrar sobre los futuros derroteros por los que previsiblemente discurra a escala comunitaria este régimen de responsabilidad civil- será abordado a la luz de la notable experiencia judicial en la aplicación de la hoy derogada Ley 22/1994 y tomando en especial consideración las decisiones del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[8] sobre la interpretación de la Directiva 85/374/CEE en la que hunde sus raíces nuestro sistema de responsabilidad por el producto[9], así como los Informes que periódicamente ha ido emitiendo en torno a la misma la Comisión Europea[10].

II. Cambios de sistemática en el régimen jurídico del daño

Si el lector se limita a centrar la atención en el Capítulo específico que el Texto Refundido español dedica a la responsabilidad civil por productos defectuosos (Cap. I, Tít. II, Libro Tercero), sólo encontrará dedicados al tema del daño[11] el art. 142, donde se excluyen “los daños materiales en el propio producto”, y el art. 141 en el que, de una parte, al imponerse una franquicia se refiere ésta a “los daños materiales”, y, de otro lado, al contemplarse el tope cuantitativo de la responsabilidad del productor por productos idénticos con el mismo defecto, se vincula ese límite a los casos de “muerte y lesiones personales”. En principio, parecería pues que se habría modificado de forma sustancial la regulación de los daños objeto del régimen de responsabilidad por el producto al no aludirse en dichos preceptos a buena parte de lo que era la totalidad del contenido del antiguo art. 10.1 de la Ley 22/1994, ya que éste, aparte de concretar la cobertura de los daños personales en la “muerte y las lesiones corporales”, excluía el resarcimiento de los daños morales, vedaba la aplicación de dicha Ley para la reparación de los daños causados por accidentes nucleares y especificaba, en cuanto a los daños materiales, que su protección quedaba condicionada a que los mismos recayeran sobre cosas -distintas del propio producto defectuoso- destinadas objetiva y subjetivamente al uso o consumo privados.

Sin embargo, en un estudio más detenido del articulado del TR y atendiendo a las «Disposiciones comunes» que el Tít. I del Libro Tercero dedica conjuntamente a la responsabilidad civil por bienes y por servicios, se topa uno con una serie de normas (las «Disposiciones generales» del Cap. I de ese Título) dentro de las que se ubica un precepto que, bajo la rúbrica de «Ámbito de protección», versa precisamente sobre la inmensa mayoría de los tipos de daños cubiertos y excluidos a los que se refería el primitivo art. 10 de la LRCPD.

Dicho precepto, que como luego veremos ha de ser complementado con el que le antecede, es el art. 129 TR, a tenor del cual “1. El régimen de responsabilidad previsto en este libro comprende los daños personales, incluida la muerte, y los daños materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios objetivamente destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido utilizados principalmente por el perjudicado. 2. El presente libro no será de aplicación para la reparación de los daños causados por accidentes nucleares, siempre que tales daños se encuentren cubiertos por convenios internacionales ratificados por los Estados miembros de la Unión Europea[12]”.

Aunque de inmediato pasaremos a exponer las diferencias -de diverso calado- que se aprecian entre la derogada y la vigente regulación del daño en el campo de la responsabilidad civil por el producto, antes de hacerlo conviene insistir en que, por razón de la antedicha colocación sistemática del art. 129 (y también del 128) dentro del Tít. I del Libro Tercero TR, las disposiciones que contienen ambos preceptos en orden a fijar las clases de perjuicios indemnizables y los carentes de protección, no sólo afectan al régimen específico de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, sino también a la responsabilidad civil por servicios defectuosos y por otros bienes defectuosos (no subsumibles en el concepto legal de producto[13]), lo cual comporta cambios de gran relevancia –no en todo caso loables ni ajustados a los márgenes propios de una refundición- en relación con la cobertura que ofrecía en esos últimos casos la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en adelante, LGDCU)[14].

III. Daños personales causados por un producto defectuoso

1. La muerte y las lesiones

En la Exposición de Motivos de la Ley 22/1994 podía leerse que “como daños resarcibles se contemplan las lesiones personales”; idea en cuyo desarrollo concretaba el art. 10.1 de dicha Ley que el régimen de responsabilidad civil por productos comprendía “los supuestos de muerte y las lesiones corporales”, estableciéndose asimismo en el antiguo art. 11 un límite a la responsabilidad global del productor “por muerte y lesiones personales”.

En el nuevo Texto Refundido, el art. 129.1 dispone que el régimen de responsabilidad civil que regula el Libro Tercero (por servicios, productos u otros bienes defectuosos) comprende “los daños personales, incluida la muerte”; inclusión de la “muerte” que, amén de parecer bastante obvia, figura expresamente contemplada en el art. 141.b) TR que, al fijar el tope cuantitativo de la responsabilidad del productor por productos idénticos con el mismo defecto, alude también a las “lesiones personales”.

Las leves variaciones de terminología que se advierten y, en concreto, la supresión en el TR del adjetivo “corporales” para calificar a las lesiones no representan en verdad ninguna novedad apreciable. Recuérdese que ya en el iter parlamentario de la Ley 22/1994 se barajó la posibilidad de que la cobertura de los daños personales fuese referida, además de al fallecimiento, a “las lesiones personales, físicas y psíquicas”. Y aunque tal propuesta no llegó a buen puerto -bajo el argumento de la conveniencia de eliminar la mención expresa a las lesiones psíquicas- optándose finalmente por la expresión “lesiones corporales” (que era la empleada por la Directiva 85/374[15]), ese cambio de redacción se consideró irrelevante, sin que del mismo pudiera colegirse en absoluto la exclusión de las lesiones psíquicas[16].

En definitiva, pues, ya se hable de lesiones “corporales” –como hacía el art. 10.1 LRCPD- ya de lesiones “personales” –como dice hoy el TR (y figuraba igualmente en el Proyecto de la Ley 22/1994, así como en la Exp. Motivos y en el art. 11 de la propia Ley)-, deben entenderse comprendidas todas las lesiones, tanto las físicas como las psíquicas, incluyéndose además las enfermedades, los gastos de curación (médicos, de farmacia, rehabilitación,…) y todos los demás gastos derivados de las lesiones, e incluso el lucro cesante consecuencia de las mismas[17]. Conviene advertir, de todos modos, que nunca ha habido plena unanimidad doctrinal en la admisión de que el régimen de responsabilidad civil por productos ofrezca cobertura a las lesiones psíquicas[18]; y también debe dejarse constancia de que en la aplicación judicial de la derogada LRCPD, en contraste con la infinidad de veces en que se han reconocido como daños indemnizables las lesiones físicas y la muerte[19], sobresale la ausencia de resoluciones que, a lo que conozco, hayan estimado una indemnización en concepto de lesiones psíquicas[20] -probablemente por no haberse reclamado, aunque tampoco cabe obviar la mayor dificultad que presenta en esos casos la prueba del nexo causal entre el defecto del producto y el daño[21]-.

2. El límite cuantitativo de la responsabilidad por daños personales

Tal como anteriormente apuntábamos, respecto de la muerte y las lesiones el art. 141.b) TR sigue estableciendo, con una redacción muy similar a la del primitivo art. 11 de la Ley 22/1994 (salvedad hecha de la fusión de los términos “fabricante o importador” en el vocablo único de “productor”), el techo pecuniario de la responsabilidad por los denominados daños personales catastróficos o masivos, es decir, aquellos padecidos por muchísimas personas, al estar afectados por el mismo defecto todos o gran parte de los ejemplares de un determinado producto. A tenor del vigente precepto, “la responsabilidad civil global del productor por muerte y lesiones personales causadas por productos idénticos que presenten el mismo defecto tendrá como límite la cuantía de 63.106.270,96 euros”.

Aunque el antiguo art. 11 llevaba como rúbrica la de «Límite total de la responsabilidad» y en el encabezamiento del art. 141 TR se ha suprimido el adjetivo “total”, el hecho de que ahora sólo se hable de «Límite de responsabilidad» puede explicarse en que el nuevo art. 141 no sólo establece el tope indemnizatorio por daños personales del que nos estamos ocupando, sino que también -como más adelante examinaremos- contempla, en su ap. a), el tema distinto de la franquicia en los daños materiales. Por otra parte, en la medida en que la letra de la norma continúa aludiendo expresamente a la responsabilidad civil “global”, la interpretación del vigente art. 141.b) ha de seguir siendo que, aunque lógicamente “tal límite opera para cada fabricante, y no para el sector de fabricantes que, en su caso, hayan comercializado productos defectuosos idénticos”[22], se trata de un límite global que no se aplica individualmente a la indemnización que pueda concederse a una persona, sino al conjunto de las indemnizaciones correspondientes a la totalidad de las víctimas[23], “de modo que, cuando la suma de los daños causados a todos los perjudicados supere la cantidad señalada como tope por el legislador, el sujeto responsable sólo quedará obligado a pagar esa cantidad”[24].

Obviamente, de la sustancial “identidad” de redacción que hemos predicado entre el primitivo y el actual precepto ha de excluirse la moneda que se emplea para fijar dicho límite cuantitativo, que si originariamente era la peseta (10.500.000.000 ptas., según señalaba la LRCPD), ahora pasa a ser el euro: en concreto 63.106.270,96 de euros -si bien esta cuantía podrá ser modificada por el Gobierno español para adaptarla a su eventual revisión periódica por la normativa comunitaria (Disp. Final 1ª TR)[25]-. A la vista de esa cifra establecida por el art. 141.b) TR, y atendiendo a que en el art. 16.1 de la Dir. 85/374 se estipula que tal límite no podrá ser inferior a 70 millones de ecus[26], resulta meridianamente claro que, frente a las opiniones doctrinales que apostaban por traducir automáticamente dicha cantidad a euros (conforme a la regla de la equivalencia entre el ecu y el euro recogida en el Reglamento europeo 1103/97/CE del Consejo)[27], el legislador español se ha apartado del límite financiero de “no menos de 70 millones de euros” de que hoy se habla, por ejemplo, en el Tercer Informe sobre la Directiva emitido por la Comisión Europea en septiembre de 2006. Decantándose por cuantificar el techo indemnizatorio por daños personales a través de la conversión de nuestra antigua moneda nacional al euro con arreglo al tipo de conversión 1 euro = 166,386 pesetas[28], el TR de 2007 ha fijado su importe en algo más de 63 millones de euros y no en la cantidad, bastante superior, de 70 millones que habría resultado de la antedicha regla de la paridad ecu-euro.

Interesa recordar ahora que el límite indemnizatorio por daños personales era uno de los temas a los que la Dir. 85/374 brindaba una solución opcional y transitoria; razón por la que fue incluido entre los puntos que merecieron ser objeto de consulta a través del Libro Verde de la Comisión Europea de 1999 sobre la Responsabilidad por Productos Defectuosos. El Dictamen que sobre dicho Libro publicó el Comité Económico y Social Europeo en marzo de 2000 consideró que el referido tope económico “no debería modificarse. Efectivamente –argumentó en tal sentido el CESE-, un aumento del límite máximo podría complicar el recurso a los seguros. Por otra parte, la supresión de este límite complicaría a priori aún más este recurso”. A la vista de que los datos arrojados por el Libro Verde sobre esa cuestión fueron muy escasos y las respuestas estaban divididas, tampoco el Informe de la Comisión de 2001 sobre la aplicación de la Directiva estimó que, hasta la fecha, fuesen precisas modificaciones al respecto; si bien propuso, como acción a corto plazo, la creación de un grupo de expertos que se encargase de sondear, recopilar información y debatir, entre otros puntos, acerca de la posible reforma del límite financiero a la responsabilidad del productor. Constituido dicho grupo de trabajo, sus esfuerzos se centraron en el análisis de las conclusiones ofrecidas en ese punto por el estudio sobre la «Responsabilidad civil por productos defectuosos en la Unión Europea» presentado por Lovells en febrero de 2003; Estudio según el cual “no se informó de ningún caso en el cual esa medida hubiera sido controvertida” en cuanto a su aplicación en los Estados miembros –pues efectivamente, y por fortuna, no se ha dado hasta la fecha una catástrofe de magnitud tal que haya exigido la aplicación judicial de tal límite-. Sobre esa base, el Tercer Informe de la Comisión de 2006 elude por completo el tema de la suma indemnizatoria máxima en concepto de daños personales prevista opcionalmente por el art. 16.1 Dir. 85/374, sin llegar siquiera a mencionarlo dentro de los aspectos problemáticos que de una forma especial requieren un seguimiento particularmente estrecho, de lo que cabe deducir que, al menos en un futuro inmediato, no son muchas las esperanzas de una modificación de la normativa comunitaria en dicho extremo.

Así las cosas por el momento, y sin obviar que algunos Estados europeos han eliminado el techo pecuniario que inicialmente habían optado por establecer[29], no puede ocultarse que asimismo en la doctrina destacados autores han manifestado la oportunidad de que se suprima por completo dicho límite (aconsejando, de lo contrario, un incremento de su cuantía y, en todo caso, la restricción de su admisibilidad para los supuestos de responsabilidad por riesgos del desarrollo, pero no para el resto de los casos)[30]. Con todo, conviene precisar que –tal como subrayó el Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de 29 de marzo de 1999 (ARP 1999722)- la mencionada limitación sólo afecta al específico régimen legal de responsabilidad objetiva por productos defectuosos, de forma que “si los daños rebasan dicho límite, puede reclamarse por el régimen general de la responsabilidad civil extracontractual (arts. 1902 y ss. del Código Civil)”. Por tanto –concluía dicho Auto-, en materia de responsabilidad por el producto “no existe una limitación cuantitativa de carácter absoluto para la indemnización de los daños”, ya que “podrá obtenerse la reparación no cubierta… acudiendo a las normas generales”. La misma idea se encargó también de evidenciar el Auto del Tribunal Constitucional de 10 de febrero de 2004 (RTC 200442) al afirmar que, aunque “es cierto que existen Leyes como la de Responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos en las que se establecen topes indemnizatorios máximos,… esos topes no son excluyentes y, por lo tanto, si el daño acreditado superase la cuantía de los mismos es posible acudir a otras vías de resarcimiento del daño”.

3. La exclusión del daño moral

Si en la Ley 22/1994 era el párrafo 2 del art. 10 el que, bajo el rótulo de «Ámbito de protección», dejaba los daños morales[31] fuera de la cobertura por el régimen de responsabilidad previsto en la misma y remitía para su resarcimiento “a la legislación civil general”, se echa de menos esa referencia a dicha clase de daños en el precepto homólogo del Texto Refundido de 2007, es decir, en el art. 129, igualmente titulado «Ámbito de protección».

Ahora bien, ya anteriormente anticipábamos que el citado art. 129 había de ser complementado con el 128. Y ello, entre otras cosas, por la razón de que es en este artículo, y no en aquél, donde se siguen excluyendo los daños morales del régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos; exclusión que –interesa subrayar- ha sido extendida también, por muy criticable que esto resulte tanto formal como materialmente, al campo de la responsabilidad por servicios y por otros bienes defectuosos (no subsumibles en el concepto legal de producto)[32], tal como se deriva de la ubicación de ese precepto dentro de las Disposiciones comunes del Tít. I del Libro Tercero. Bajo la rúbrica de «Indemnización por daños», y tras declarar genéricamente que “todo perjudicado tiene derecho a ser indemnizado en los términos establecidos en este Libro por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios”, puntualiza el abigarrado art. 128 TR -en términos parcialmente coincidentes con los del antiguo art. 15 LRCPD- que “las acciones reconocidas en este libro no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener a ser indemnizado por daños y perjuicios, incluidos los morales, como consecuencia de la responsabilidad contractual, fundada en la falta de conformidad de los bienes o servicios o en cualquier otra causa de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato, o de la responsabilidad extracontractual a que hubiere lugar”.

En atención a la letra del derogado art. 10.2 de la Ley 22/1994 -“Los demás daños y perjuicios, incluidos los daños morales, podrán ser resarcidos conforme a la legislación civil general”-, la doctrina[33] denunciaba la oscuridad y el escaso rigor técnico de la fórmula empleada por el legislador español para excluir los daños morales del área de cobertura de dicha Ley. Ciertamente, en un ansia desmedida por ajustarse literalmente a lo estipulado en la Dir. 85/374 -cuyo art. 9 precisa en el párr. 2 que “el presente artículo no obstará a las disposiciones nacionales relativas a los daños inmateriales”[34]-, lo que el art. 10.2 LRCPD decía era, en cierto modo, obvio y, en cierto modo, confuso. Así, en primer lugar, aunque dicho precepto no hubiera señalado expresamente que los daños morales (y los demás no incluidos en el art. 10.1) podían ser indemnizados conforme a la legislación civil general[35], en nuestro ordenamiento[36] no cabría duda sobre tal posibilidad[37]. Y en segundo lugar, en la medida que el primitivo art. 10.2 preveía el resarcimiento conforme a la legislación civil general para “los demás” daños y perjuicios, podía dar la impresión, interpretado a sensu contrario, de que estaba limitando a esos daños, y sólo a ellos, el ejercicio de las acciones generales de responsabilidad, y de que, en consecuencia, estaba vetando la operatividad de éstas para los daños comprendidos en el ámbito de la Ley, cuando, bien al contrario, su art. 15 dejaba expresamente a salvo dichas acciones al disponer que “las acciones reconocidas en esta Ley no afectan a otros derechos que el perjudicado pueda tener como consecuencia de la responsabilidad contractual o extracontractual del fabricante, importador o de cualquier otra persona“[38].

Pues bien, a la luz del vigente art. 128.2 TR, la referencia explícita de este precepto a la posibilidad de que el perjudicado (por un producto defectuoso, en lo que aquí interesa) sea indemnizado, a través de las correspondientes acciones de responsabilidad contractual o extracontractual, por “los daños morales” sufridos podría continuar siendo considerada como una glosa innecesaria, pues es claro que, al margen de esa alusión a dicha clase de daños, naturalmente que en el Derecho español cabe su indemnizabilidad a través de las mencionadas acciones generales. En cambio, a tenor del nuevo precepto, la segunda de las críticas que, según antes vimos, se lanzó en su día contra la confusión a que, en conjunción con el primitivo art. 15, daba pie el art. 10.2 LRCPD al establecer la posibilidad de ejercicio de las acciones generales de responsabilidad respecto de “los demás” daños y perjuicios no puede ser hoy reproducida, ya que, amén de prescindirse en el Texto Refundido de la locución entrecomillada (“los demás”), el contenido de esos dos antiguos artículos ha sido conciliado aglutinándose ambos en un artículo único, el 128.2 TR, cuya redacción evita la antinomia que la Ley 22/1994 pareciera haber creado[39].

Desde otra perspectiva, interesa señalar que ya los propios márgenes de la refundición legislativa no legitimaban debate alguno sobre la oportunidad de incluir los daños morales dentro de la esfera de cobertura del régimen de responsabilidad civil por el producto; claridad en cuanto a las limitaciones de una actuación refundidora, que -insistimos una vez más- parece, sin embargo, quedar enturbiada ante la decisión del autor del TR de extender la exclusión del daño moral al campo de la responsabilidad por servicios y otros bienes defectuosos. Al margen de esto último, no cabe perder de vista que a nivel de normativa europea, si bien el tema de los daños morales fue objeto de discrepancias durante la tramitación de la Dir. 85/374[40], hoy día se halla fuera del punto de mira de las discusiones sobre la eventual modificación de la misma: el Tercer Informe de la Comisión de 2006 omite toda alusión a dicha cuestión y no considera que sea uno de los aspectos particularmente espinosos del régimen de responsabilidad por el producto merecedores de un seguimiento continuo y especialmente estrecho. Asimismo en la jurisprudencia comunitaria, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha recalcado –concretamente en su Sentencia de 10 de mayo de 2001 (TJCE 2001/133), donde se ocupó de interpretar y clarificar diversas dudas en torno a los tipos de daños previstos en el art. 9 de la Directiva- que en cuanto al daño moral su “reparación se rige exclusivamente por las disposiciones del Derecho nacional”, que pueden cubrirlo o no.

Así las cosas en el momento actual, es seguro que, a la vista del nuevo art. 128.2 del TR español, continuará habiendo en la doctrina quienes aduzcan poderosas razones que inviten a no mantener, de lege ferenda, la exclusión de los daños morales del ámbito de cobertura de la responsabilidad civil por productos defectuosos[41]; e incluso es posible que algunos autores, resistiéndose a aceptar la pauta marcada desde las instancias comunitarias, sigan empeñados en interpretar, de lege data, que tanto el perjuicio de afecto y el pretium doloris, como, por ejemplo, el perjuicio estético o el perjuicio de agrado, pueden entrar sin violencia en la esfera de protección de dicho régimen de responsabilidad[42]. Pero sobre todo, y lo que es más importante en la práctica, parece muy probable que, a través de la en sí misma criticable técnica judicial de la valoración y cuantificación «en globo» de los daños, también con el Texto Refundido sigan en el futuro nuestros tribunales acudiendo a esa fórmula de fijar unitariamente a tanto alzado el importe total de la indemnización por la muerte o lesiones causadas por un producto defectuoso, como expediente o subterfugio -tan asiduamente utilizado bajo la Ley 22/1994[43]– para «dulcificar» (o mejor, burlar) la exclusión legal de los daños morales que, se esté o no de acuerdo con ella, hoy impone el art. 128.2 TR dentro del manto de protección específico de la responsabilidad por productos (y otros bienes y servicios) defectuosos.

IV. Daños materiales causados por el carácter defectuoso o inseguro de los productos

1. La exclusión de los daños en el propio producto defectuoso

En la primitiva Ley española 22/1994 la exclusión de los daños que sufriera el propio producto defectuoso se infería de una interpretación a sensu contrario de la regla positiva de cobertura de daños que formulaba el art. 10.1 diciendo que “el régimen de responsabilidad civil previsto en esta Ley comprende… los daños causados en cosas distintas del propio producto defectuoso”. A diferencia de esa formulación, el reciente Texto Refundido de 2007 cuenta con una norma expresa para dejar fuera aquellos daños del campo de protección específico de la responsabilidad civil por productos. De forma tajante, y bajo la rúbrica «Daños en el producto defectuoso», su art. 142 comienza estipulando que “los daños materiales en el propio producto[44] no serán indemnizables conforme a lo dispuesto en este capítulo” (el Cap. I, Tít. II, Libro Tercero del TR)[45].

Al margen de esa variación de estilo -que no entraña diferencia alguna de régimen jurídico-, el TR español viene así a recoger una restricción que, gozando del beneplácito de la práctica totalidad de la doctrina[46] y del buen hacer generalizado en su aplicación judicial[47], fue impuesta en su día por el art. 9.1.b) de la Directiva comunitaria 85/374 y ha sido posteriormente reafirmada por las autoridades europeas como un aspecto que conviene mantener: así lo declaró de forma explícita el Segundo Informe de la Comisión Europea de 2001, y la misma impresión se deriva, más veladamente, de su Tercer y último Informe del año 2006 que, amén de no postular ninguna reforma al respecto, omite la más mínima referencia al tema y prescinde de incluirlo en el catálogo de cuestiones controvertidas a las que se prioriza en el proceso de periódica evaluación de la Directiva con miras a su eventual modificación en el futuro.

El vigente art. 142 TR consta, no obstante, de una segunda parte en la que, inmediatamente después de la exclusión de los daños en el producto defectuoso, se establece que “tales daños darán derecho al perjudicado a ser indemnizado conforme a la legislación civil y mercantil”. Pues bien, huelga advertir que también bajo la vigencia de la Ley 22/1994 dichos daños eran indemnizables al margen del sistema de responsabilidad objetiva previsto en la misma, pero a tal fin el art. 10.2 indicaba que tales daños –como cualquier otro no comprendido en la esfera de cobertura de esa Ley- podían ser resarcidos “conforme a la legislación civil general”[48]. Se observa, así, que la reconducción de la indemnización de los daños en el propio producto a la legislación civil general a que remitía la primitiva norma, ha experimentado, al menos formalmente, una notable “ampliación”, en cuanto que la remisión efectuada a tales efectos resarcitorios por el nuevo art. 142 TR no mira sólo a la legislación civil, sino también a la mercantil. Tal cambio de redacción del precepto ha recibido ya las críticas de algún autorizado civilista español que, como el Prof. R. BERCOVITZ, considera que refleja el afán de los mercantilistas por acaparar terreno vanamente en materia de Derecho del consumo y responde a su decidida voluntad de desligar los contratos de consumo de su naturaleza de contratos civiles y reputarlos contratos mercantiles[49].

2. La exigencia del destino y uso o consumo privados del bien dañado

Situado sistemáticamente dentro de las disposiciones generales comunes del Cap. I, Tít. I del Libro Tercero del TR de 2007 (y aplicable, por tanto, no sólo en el campo de los productos defectuosos, sino también a los daños causados por otros bienes y por servicios defectuosos), el nuevo art. 129.1 dispone que el régimen de responsabilidad civil que regula ese Libro Tercero comprende “los daños materiales, siempre que éstos afecten a bienes o servicios objetivamente destinados al uso o consumo privados y en tal concepto hayan sido utilizados principalmente por el perjudicado”[50].

Se mantiene, pues, en dicha norma el mismo condicionamiento establecido por el art. 10.1 de la primitiva Ley 22/1994 para la cobertura por el régimen de responsabilidad por productos de los daños materiales (en cosas distintas del propio producto): la exigencia de que la cosa o bien dañado sea de uso o consumo privado, tanto objetiva como subjetivamente[51]. Esto no obstante, cabe observar que se han introducido unas cuantas variaciones en la redacción del nuevo precepto: en concreto, y dejando aquí de lado la alusión del art. 129.1 TR a los “servicios” como objeto del daño, en lo que concierne al régimen de responsabilidad por productos y a la exigencia del destino y uso privados de las cosas dañadas se sustituye el sustantivo “cosa” que empleaba el antiguo art. 10.1 por el de “bienes”; asimismo se prescinde del adjetivo “dañada” que acompañaba al término cosa en el art. 10.1 LRCPD -ya que ahora la palabra “bienes” se liga con la referencia previa a los “daños materiales” en los mismos-; y se suprime el verbo en la alusión al destino objetivo de los bienes al uso o consumo privados, de manera que si antes se decía que “la cosa dañada se halle objetivamente destinada…”, en el vigente art. 129.1 se habla de “bienes… objetivamente destinados…”.

Con todo, al margen de estos cambios formales, en el Texto Refundido siguen quedando fuera del ámbito de protección del régimen de responsabilidad por productos los daños causados en bienes distintos del producto defectuoso si están destinados a un uso profesional, empresarial o comercial, o si, aun siendo de uso mixto o alternativo –ya empresarial, ya personal, doméstico, familiar o privado-, han sido utilizados por el perjudicado preferentemente con tales fines profesionales (por ejemplo, materias primas integradas en un proceso de producción, o mercancías destinadas a la venta al público).

Aunque la exclusión de dichos daños no suele ser, por lo general, bien acogida en la doctrina[52], y pese a no faltar tampoco en la praxis judicial española bastantes sentencias que, en aplicación de la hoy derogada Ley 22/1994, han prescindido por completo de la exigencia legal del destino y el uso privados que ha de tener el objeto dañado[53], lo cierto es que en el Segundo Informe de 2001 sobre la Dir. 85/374 la Comisión Europea no consideró necesario realizar modificaciones al respecto[54]. Y otro tanto se desprende de su más reciente Informe de septiembre de 2006, en cuanto en él ni se menciona el tema ni se le incluye siquiera en el elenco de aspectos de la responsabilidad por productos defectuosos que requieren ser examinados de forma especialmente intensa y minuciosa a fin de sopesar la posible necesidad de su futura reforma. Implícitamente se viene así a dar por vigentes y válidas en el momento actual las razones de política legislativa que “justificaron” la introducción de dicha limitación por parte del legislador comunitario[55]; razones que también se esmera en recordar la Sentencia de la Audiencia Provincial de León de 8 de septiembre de 2000 (JUR 2000299334) con ocasión de la desestimación de una reclamación por los daños que el defecto de las vitrinas frigoríficas de una pescadería causó en los alimentos almacenados en las mismas. “La razón de esta limitación… responde al miedo de que los riesgos en los casos de los daños materiales pudieran suponer grandes pérdidas financieras, unido, según los expertos de la Comunidad Europea, a la observación de que en el contexto de los daños materiales el seguro contratado por el propietario de los bienes comerciales o profesionales es superior, en términos de eficacia práctica, que el seguro de responsabilidad civil contratado por el eventual demandado… En consecuencia –termina señalando con acierto esta sentencia-, para esos daños no incluidos, el perjudicado… debería reclamar conforme a la legislación civil general sobre responsabilidad contractual o extracontractual”; posibilidad de resarcimiento conforme a las acciones generales de responsabilidad civil de los daños sufridos por bienes comerciales o de producción, que también con el TR sigue existiendo por virtud de lo dispuesto en su art. 128.2[56].

3. La franquicia por daños materiales

Una vez expuestos qué daños materiales quedan excluidos y cuáles amparados por el régimen de responsabilidad por productos defectuosos, es momento de señalar que, como no podía ser de otra manera, el Texto Refundido español de 2007 mantiene la franquicia impuesta imperativamente por la Directiva 85/374 [art. 9.1. b)] y que nuestra antigua Ley 22/1994 establecía en su art. 10.1 in fine. Concretamente, es el art. 141.a) TR el que hoy dispone que “de la cuantía de la indemnización de los daños materiales se deducirá una franquicia de 390,66 euros”.

De la letra del precepto -que sigue utilizando la expresiva fórmula “se deducirá”- se desprende que no sólo no quedan amparadas por la normativa específica de responsabilidad civil por el producto las reclamaciones por daños materiales de poca entidad (en concreto, inferiores a 390,66 euros), sino que además, y conforme al criterio propuesto por la mejor doctrina ya en relación con el primitivo art. 10.1 LRCPD, hay que entender aplicable también la franquicia cuando el valor de los daños rebase dicha cifra, debiendo restarse en todo caso la cantidad de 390,66 euros del total de la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales producidos[57]. De este modo, la franquicia continúa configurada en términos absolutos, como una deducción pecuniaria automática en el montante indemnizatorio en que se traduzca la responsabilidad del productor por haber puesto en circulación un producto defectuoso causante de daños materiales.

Aunque acabo de referir la aplicabilidad de la franquicia a la responsabilidad del “productor”, y ciertamente el art. 141.a) TR la contempla como una de las reglas a las que ha de ajustarse “la responsabilidad civil del productor”, creo que la misma es también extensible al mero proveedor, suministrador o vendedor del producto defectuoso, caso de ser responsable. Puesto que los arts. 138.2 y 146 TR precisan que, en los respectivos supuestos que contemplan, el proveedor “será considerado como tal [como productor]” o “responderá, como si fuera el productor”, cabe entender, en línea de principio, que cuando aquél llegue a ser declarado responsable por virtud de alguna de ambas normas, también a él deben aplicarse, en su caso, las previsiones que se establecen en general para el productor del producto defectuoso[58]; y así, por lo tanto, tratándose de daños materiales el proveedor responderá con el límite de la franquicia.

Interesa también observar, desde el prisma de la sistemática y la redacción del art. 141.a) TR, que este precepto sienta la regla de la deducción de la franquicia refiriéndola a la cuantía de la indemnización de los “daños materiales”, a los que alude de forma genérica y sin más especificaciones. Por razón de tal generalidad, habrá pues que llevar a cabo una interpretación conjunta de dicha norma con el art. 142 en que se excluyen los daños materiales en el propio producto, y también con el art. 129.1 donde se exige que los daños materiales afecten a bienes destinados y utilizados para el uso o consumo privados -artículo que, como ya vimos, se halla ubicado en sede de disposiciones comunes tanto a la responsabilidad civil por el producto, como por otros bienes y servicios defectuosos-. Sólo a través de esa interpretación sistemática se podrá sobreentender que, en verdad, el art. 141.a) impone la deducción de la franquicia en relación, únicamente, con el quantum indemnizatorio de los daños materiales comprendidos dentro del ámbito de cobertura del régimen de responsabilidad civil por productos, mientras que para el resto de daños materiales causados por un producto defectuoso, no cubiertos por aquella disciplina y resarcibles al amparo de las reglas generales de responsabilidad, no se aplicará franquicia alguna[59]. Con la anterior reflexión quiero en definitiva poner de relieve que, en este punto, resultaba más claro y diáfano -por huir de remisiones a otros preceptos- el primitivo art. 10.1, in fine de la Ley 22/1994, pues en él, tras haberse especificado los daños materiales cubiertos por dicha Ley (los causados en una cosa distinta del producto defectuoso, destinada objetivamente al uso o consumo privados y utilizada principalmente en tal concepto), se añadía a renglón seguido que era justamente respecto de ellos sobre los que operaba la franquicia: “En este último caso -rezaba el derogado precepto- se deducirá una franquicia de 65.000 pesetas”. Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, y como contrapartida, debe reconocerse que el vigente art. 141.a) TR mejora la redacción de la antigua norma en tanto que agrega, con mayor exactitud, que los 390,66 euros se deducirán “de la cuantía de la indemnización” de los daños materiales; precisión que conduce a confirmar que la franquicia ha de ser referida, no en particular a cada uno de los bienes dañados, sino al importe total con que el responsable deba indemnizar por daños materiales a cada perjudicado[60].

Por otra parte, y como ya se ha dejado entrever, es evidente que en la regulación de la franquicia por el Texto Refundido se reemplaza su originario importe de 65.000 pesetas (art. 10.1 LRCPD) por el de 390,66 euros (cantidad que, como dispone la Disp. Final 1ª TR, el Gobierno español queda autorizado a modificar para su adaptación a las revisiones periódicas de la normativa comunitaria[61]). Aunque en principio podría parecer ocioso realizar esa advertencia, no lo es tanto si se tiene en cuenta que el art. 9.1.b) de la Directiva 85/374 fija la franquicia en 500 ecus y que, tras la adopción del euro, muchos autores defendieron que dicha cifra debía entenderse traducida automáticamente a euros sin necesidad de conversión de clase alguna[62]. No en vano, en el Tercer Informe de la Comisión Europea de septiembre de 2006 sobre la Directiva de Responsabilidad por Productos Defectuosos se habla repetidamente del “umbral de 500 euros”. Y ese mismo criterio fue el que guió, por ejemplo, a los legisladores belga, portugués, alemán y francés[63] que, en sendas reformas de 2000, 2001, 2002 y 2005, fijaron en 500 euros la franquicia de sus respectivos ordenamientos internos. El TR español, sin embargo, se ha apartado de esa cifra y en su art. 141.a) ha cuantificado dicho umbral en el importe netamente inferior de 390,66 euros que ofrece la aplicación del tipo de conversión 1 euro = 166,386 pesetas (previsto en el Reglamento europeo 2866/98 del Consejo) a la cantidad de 65.000 ptas. que, expresada en moneda nacional, establecía el derogado art. 10.1 in fine de la Ley 22/1994.

Al margen de las precedentes observaciones comparativas entre la primitiva y la nueva norma, y en tanto en cuanto es obvio que el autor del TR no estaba investido de competencias para suprimir la franquicia, es seguro que continuará habiendo en la doctrina quienes, de lege ferenda, se manifiesten firmemente partidarios de eliminarla puesto que, transcurridas más de dos décadas desde que la Dir. 85/374 la impusiera con el propósito de “evitar… un número excesivo de litigios”, el tiempo ha sido testigo de que no ha habido ese temido boom de reclamaciones contra los productores que en su día se alegó como justificación de la misma[64]. Con todo, el Informe de la Comisión Europea de 31 de enero de 2001 señaló al respecto que “los escasos datos disponibles” en torno a la aplicación de la franquicia en los Estados miembros no permitían llegar a conclusiones definitivas sobre la conveniencia de suprimirla; razón por la que insistió en que su eliminación podría provocar un aumento de los casos contra los productores (incluidas las pequeñas y medianas empresas), si bien tal situación –matizó la Comisión- probablemente podría paliarse fomentando las soluciones extrajudiciales en las demandas de pequeña cuantía. Aunque a la vista de esta última consideración esbozada por el Segundo Informe parecía atisbarse alguna posibilidad de que las autoridades comunitarias revisaran la discutible oportunidad del mantenimiento de la franquicia -como sin éxito lo hubiera ya planteado el Parlamento Europeo en el proceso de tramitación de la Dir. 1999/34-, lo cierto es que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en sentencias posteriores al citado Informe de 2001, vino a confirmar que de momento seguía conservando pleno valor el objetivo buscado con la franquicia de reducir la litigiosidad por responsabilidad por daños causados por productos defectuosos[65]: así lo declaró el Tribunal Europeo en dos Sentencias de 25 de abril de 2002 (TJCE 2002/139, TJCE 2002/140), en las que apreció sendos incumplimientos por parte de Francia y de Grecia (asuntos C-52/00 y C-154/00) al no haber incorporado la franquicia prevista en la Directiva a sus respectivos ordenamientos (art. 1386-2 Code francés[66] y art. 6.6 Ley griega 2251/1994)[67].

Esta consideración de la franquicia como un límite inamovible para no quebrar el equilibrio de intereses perseguido por la Dir. 85/374 se refleja también, inicialmente, en el Tercer Informe de la Comisión del año 2006, donde se comienza recordando que uno de los puntos principales de dicha Directiva fue el establecimiento de un “umbral de 500 euros con respecto a los daños sufridos para evitar litigios en un número de casos excesivo”. Sin embargo, en atención a las respuestas recibidas por la Comisión a un cuestionario que ésta remitió a finales de 2005 a los miembros de dos grupos de trabajo (uno de expertos nacionales y otro de partes interesadas) creados al objeto de analizar la aplicación de la normativa interna sobre la responsabilidad por productos defectuosos, se concluyó que “el único punto polémico” respecto a la interpretación de la Dir. 85/374 en los distintos Estados miembros era “el umbral de 500 euros”[68], sobre el que algunos participantes “pidieron aclaraciones y otros solicitaron su supresión”. Por tal razón, la Comisión declaró finalmente que, aunque en el momento actual no era necesario reformar la Directiva ni siquiera en ese extremo, “esta cuestión podría ser objeto de un debate y un seguimiento en el futuro”, por lo que la incluyó entre los conceptos que de modo especial habían de continuar siendo estrechamente examinados en trabajos ulteriores de los mencionados grupos de trabajo a fin de evaluar en el próximo Informe (de 2011) la posible conveniencia de su modificación.   

Así las cosas, en tanto no se haga efectiva la reforma apuntada –que no parece cercana a la vista de lo dispuesto por las antes citadas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del marcado talante conservador y extremadamente cauto que late en los Informes de la Comisión Europea sobre la eventual revisión de la Directiva[69]-, es preciso poner de relieve, como sí hicieron dichas sentencias refiriéndose en particular a los ordenamientos francés y helénico[70], que, de todos modos, el hecho de que los daños materiales inferiores a la cantidad fijada como franquicia no sean resarcibles al amparo del régimen de responsabilidad por productos (y que ese importe no esté cubierto en aquellos daños que lo superen) no significa que la víctima deba resignarse a quedar insatisfecha respecto de los mismos, pues siempre le quedará la posibilidad de obtener la indemnización por tal concepto mediante el ejercicio de las acciones previstas en otras normas y, señaladamente, de las reglas generales de la responsabilidad civil extracontractual de los arts. 1902 y concordantes del Código Civil[71].

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo anterior, cabe albergar la esperanza de que nuestros jueces no sean tan reacios a la deducción del importe de 390,66 euros que hoy prevé el art. 141.a) TR, como lo han venido siendo respecto a las 65.000 ptas. fijadas por el antiguo art. 10.1 de la Ley 22/1994, de tal manera que quede erradicada, de una vez, la especie de epidemia de «amnesia» que, salvo en contadas excepciones[72], han demostrado padecer a la hora de aplicar la franquicia por daños materiales legalmente establecida. Sin embargo, y aun confiando en ese deseable cambio de tercio en torno a la futura praxis judicial relativa al nuevo art. 141.1.a), la fuerza de los hechos conduce a presagiar que, con más frecuencia de la tolerable, probablemente los tribunales españoles sigan prescindiendo lisa y llanamente de la franquicia con desprecio patente a lo dispuesto por dicho artículo[73] y continúen a menudo haciendo un uso discrecional y aleatorio[74] de lo que en la norma, hoy por hoy, y guste o no –ese es otro cantar-, se quiere un mandato imperativo.

Informações Sobre o Autor

Pilar Gutiérrez Santiago

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada como Catedrática), Universidad de León/España