El concepto de producto en la normativa española sobre responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos

Sumario: I. Planteamiento del tema. II. Modificaciones formales introducidas en la definición legal de “producto” por el Texto Refundido 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. III. Consideraciones generales sobre el concepto de “producto”: los bienes muebles. Referencia particular a la sangre y los hemoderivados. IV. Amplitud del concepto de “producto”:1.- Su inclusión de las materias primas agrícolas y ganaderas y de los productos de la caza y la pesca en estado natural. 2.- Su inclusión de los materiales de construcción incorporados a un edificio. V. Productos versus servicios. El gas y la electricidad como “productos”.

I. Planteamiento del tema.

A fin de dar cumplimiento al mandato establecido en la Ley 44/2006 de Mejora de la protección de los consumidores y usuarios[1], el Gobierno español procedió a finales del año 2007 a la hercúlea tarea de refundir en un único texto la dispersa, fragmentaria y heterogénea legislación de consumo existente hasta entonces; reorganización sistemática –reivindicada incesantemente por la doctrina iusprivatista[2]– que se llevó a cabo mediante la aprobación, por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias[3] (en adelante, TR).

Dejando aquí al margen la caprichosa selección por parte del autor del Texto Refundido de qué normas consumeristas incluir y cuáles dejar fuera de la refundición[4], lo cierto es que una de las leyes refundidas fue la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos[5] (en adelante, LRCPD). En consecuencia, desde que el 1 de diciembre de 2007 entrara en vigor el TR, esa Ley se halla derogada (Disp. Derog. Única del RD Leg. 1/2007), habiéndose integrado su contenido dentro del Libro Tercero del TR sobre «Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos», de manera que, además de la aplicabilidad de las «Disposiciones comunes» del Título I (arts. 128 a 134)[6], dicho régimen de responsabilidad por el producto se rige hoy por los arts. 135 a 146, constitutivos del Capítulo I («Daños causados por productos defectuosos») del Título II sobre «Disposiciones específicas en materia de responsabilidad».

Desde estas nuevas coordenadas legales, no parece inoportuno detenerse en el análisis del concepto legal de «producto» que ofrece la vigente regulación española de la responsabilidad civil por productos defectuosos; análisis que ha de comenzar por examinar si los cambios de redacción y sistemática que en ese punto ha introducido el TR respecto del articulado de la primitiva Ley 22/1994 se reducen a puras modificaciones formales o si, por el contrario, implican reformas de mayor enjundia. Una vez acometida esa primera fase de investigación, se abordará el estudio de las particularidades que presenta la noción de «producto» en sede de daños causados por productos defectuosos, tomando en consideración la jurisprudencia existente al respecto tanto en la aplicación del TR 1/2007 como la más nutrida que se dictara al amparo de la hoy derogada Ley 22/1994; todo ello sin perder de vista los orígenes de nuestro sistema de responsabilidad por el producto en la Directiva 85/374/CEE[7] y, consiguientemente, los Informes que periódicamente ha ido emitiendo en torno a la misma la Comisión Europea[8].

II. Modificaciones formales introducidas en la definición legal de «producto» por el Texto Refundido 1/2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

La noción de «producto» -punto de partida sobre el que gira el ámbito objetivo de aplicación del régimen de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos- aparece recogida en el art. 136 TR, a tenor del cual “a los efectos de este capítulo se considera producto cualquier bien mueble, aún cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, así como el gas y la electricidad”. Pese a la media docena de variaciones que ha experimentado la letra de esta norma en comparación con su formulación por el derogado art. 2 de la Ley 22/1994[9], ninguna de ellas viene a introducir, al menos a priori y aisladamente consideradas, cambios en el «Concepto legal de producto» propio del sistema de responsabilidad civil por productos: igual sentido o contenido, pues, aunque expresado con una redacción ligeramente distinta, como a continuación vamos a detallar.

Aparte de algún error de acentuación -en verdad intolerable en un texto legal[10]-, carecen de mayor trascendencia las diversas modificaciones puramente estilísticas que se advierten en el nuevo artículo y que consisten en sustituir el verbo “entender” por el de “considerar” -“se entiende por producto” decía el antiguo art. 2, y “se considera producto” dice el art. 136 TR- y en reemplazar la palabra “todo” (bien mueble) que usaba el precepto derogado por la de “cualquier” (bien mueble) que emplea el vigente, así como el verbo “encontrar(se)” por el de “estar” -“se encuentre unido o incorporado” rezaba el primitivo art. 2, y “esté unido o incorporado” puede leerse hoy en el art. 136-. Además de esos tres cambios, el TR simplifica y aligera la redacción de la norma en lo que concierne a su alusión al gas y la electricidad, al dejar de ligarse estas dos energías con el concepto de producto mediante un punto (como hacía el art. 2 LRCPD) y pasar a hacerse simplemente mediante una coma y la locución “así como”.

Mayor interés reviste el tenor literal del art. 136 TR cuando comienza diciendo “a los efectos de este capítulo…”. Si bien la eliminación de la expresión “a los efectos de esta Ley” que empleaba el antiguo art. 2 es una reforma obligada por razón de la propia refundición de la Ley 22/1994, lo que importa destacar es que los términos iniciales del vigente precepto se cuidan de puntualizar que el concepto de producto que en él se establece es precisamente a los efectos de la normativa específica sobre responsabilidad por productos defectuosos (Cap. I, Tít. II, Libro Tercero)[11]. Y es relevante tal precisión porque, a los efectos generales del Texto Refundido, éste contiene en el listado de definiciones incluidas en sede de «Disposiciones generales» otro concepto de “producto” que, como veremos a lo largo del presente trabajo, no coincide exactamente con aquél sino que es más estrecho. Dispone en concreto el art. 6 TR que “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta norma, es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil”[12]. Esta definición de producto –cuya introducción en el TR es justificada en el preámbulo (parte III) del RD Leg. 1/2007 al objeto de “unificar la terminología utilizada en el texto” y como fruto de las definiciones “contenidas en las normas que se refunden”[13]– viene a recoger, en palabras de CAVANILLAS, el “significado usual” del término producto, que “es excluyente tanto de los bienes inmuebles como de los servicios”[14]. El concepto general de producto que ofrece el TR se ciñe, por tanto, exclusivamente a los bienes muebles, tal como son configurados por el art. 335 CC.

Pues bien, aunque más adelante nos ocuparemos con detalle del concreto alcance de la exclusión de los inmuebles y de los servicios en relación al concepto específico de «producto» en sede de daños causados por productos defectuosos, interesa ahora referirnos con algún detenimiento a la cualidad de bien mueble que también caracteriza a dicha noción en el marco de la responsabilidad civil por el producto.

II. Consideraciones generales sobre el concepto de «producto»: los bienes muebles. Referencia particular a la sangre y los hemoderivados.

La actual dicción del art. 136 TR, al igual que la del primitivo art. 2 LRCPD, permite la presencia práctica de todo tipo de bienes muebles[15] -cualquiera que sea su finalidad, destino o utilización- susceptibles de subsumirse en la definición legal de “producto”. Se trata de una noción muy amplia[16] donde pueden incluirse, tanto los productos acabados como los semiacabados (“elementos”) y las materias primas, los productos en serie y los fabricados por encargo, los objetos nuevos y los de ocasión, los bienes de consumo privado y los de equipo o producción, así como los embalajes, recipientes, contenedores, etc.[17].

Ante la infinita gama de productos propios de nuestros días, y al ser los supuestos fácticos de causación de daños de lo más variado y pintoresco, entre los que han sido objeto de pleitos de responsabilidad del fabricante (en algunos casos al amparo de la hoy derogada Ley 22/1994 y en otros, ya en aplicación del TR 1/2007) cabe recordar, sin ánimo alguno de exhaustividad y en gracia de la mera ilustración, las botellas (de cerveza[18], refresco[19] o gaseosa[20]) que estallan y causan cortes y lesiones, o que, en lugar de bebida, contienen sosa caústica y otros líquidos de limpieza[21]; los petardos, cohetes, artefactos pirotécnicos o similares[22] (que explotan sorpresivamente y producen lesiones a quien los maneja); las máquinas, herramientas o utensilios en general[23] (que lesionan a su usuario o producen daños materiales); los vehículos de motor[24] (que imprevisiblemente se incendian y quedan totalmente siniestrados o dañan a otros bienes[25], o que, por fallos en los frenos[26], airbag[27], cinturón de seguridad[28], ruedas o neumáticos[29], por ejemplo, causan daños materiales, lesiones o muertes[30]); los electrodomésticos (que producen un cortocircuito originando un incendio[31], o que sufren fugas de agua causando una inundación[32]); los productos limpiadores o desatascadores (que causan quemaduras a su usuario[33]); los juguetes[34] y artículos para bebés y niños (que les causan heridas o incluso la muerte)[35]; los insecticidas, herbicidas, fertilizantes o productos químicos en general[36] (que ocasionan daños en cosechas o plantaciones); los productos alimenticios (que por su mal estado provocan intoxicaciones[37], o que por contener objetos extraños en su composición causan lesiones[38]); y por terminar el elenco con un supuesto que puede evocar el aún no olvidado asunto de las “vacas locas”, pueden también citarse los casos de piensos para animales, cuya ingestión les causa enfermedades y finalmente la muerte[39].

Por la singularidad del bien que asume la condición legal de “producto”, y por el dramatismo y gravedad personal, social y económica de las reclamaciones entabladas por los afectados por sus defectos, hemos de hacer una mención particular de la responsabilidad civil por los daños causados por sangre contaminada o infectada[40]. La sangre, el plasma y sus derivados, y los demás fluidos, glándulas y tejidos humanos, cuando se utilicen con finalidad terapéutica, son catalogados como medicamentos (“medicamentos especiales” de origen humano) por el art. 46 -en relación con el art. 7.1.d)- de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso racional de los Medicamentos y Productos sanitarios; y en cuanto tales, por su naturaleza de bienes muebles y por la expresa referencia del art. 140.3 del TR 1/2007 a los medicamentos, pueden considerarse productos incluidos bajo el ámbito objetivo de aplicación del régimen de responsabilidad por productos defectuosos[41]. Así lo reconoció, bajo la vigencia de la Ley 22/1994, el Auto del Juzgado de 1ª Instancia núm.5 de Oviedo de 13 de abril de 2000 (AC 2000/653)[42], a propósito de una demanda de daños por contagio de la hepatitis C mediante una transfusión sanguínea. Aunque en este caso se acordó suspender el juicio para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto C-183/00, María Victoria González Sánchez y Medicina Asturiana, S.A.), tal cuestión tuvo su origen precisamente en la apreciación por parte del Juez español de que la sangre y los hemoderivados son “productos” a efectos de la disciplina especial sobre responsabilidad civil por el producto.

Huelga recordar que, ya con anterioridad, el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el art. 28 de la primitiva Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, había sido aplicado repetidas veces a supuestos similares (aunque reconduciendo el precepto, no tanto a la consideración de los productos sanguíneos como medicamentos, sino al funcionamiento de los servicios sanitarios -en concreto, prestados por la Administración pública)[43]. Pero sí interesa poner de relieve que en alguna de esas sentencias se hacía ya una referencia, siquiera tangencial, a la posible aplicación de la normativa específica sobre responsabilidad por productos defectuosos (si hubiera estado vigente en el momento de la puesta en circulación del producto): así lo advierten, por ejemplo, la STS de 9 de marzo de 1999 (RJA 1999/1368) ante un contagio de hepatitis C por transfusión de sangre, o la de 28 de diciembre de 1998[44] (RJA 1998/10161) para un caso de infección del virus del SIDA a una mujer, mediante transfusión sanguínea, produciéndose el nacimiento prematuro de su hijo y el posterior fallecimiento de ambos.

Además de la sangre en sí, tienen, por supuesto, la condición de “productos” incluidos en el ámbito objetivo del régimen de responsabilidad civil por el producto los fármacos en cuya elaboración la materia prima empleada es plasma sanguíneo. Así vino a admitirlo la STS de 5 de octubre de 1999 (RJA 1999/7853), que estimó la responsabilidad del laboratorio fabricante de un producto farmacéutico realizado con plasma infectado con virus de la hepatitis C. Si bien, por razón de la fecha de los hechos, no era todavía la Ley 22/1994 (y menos aún, obviamente, el TR 1/2007) la norma aplicable al caso, no resulta del todo extraño que esta sentencia ya reconociese a un hemoderivado la calificación de “producto” (a los efectos de dicha normativa) si se tiene en cuenta que es la primera vez en que el Tribunal Supremo condenaba únicamente a un laboratorio basándose de forma exclusiva en el régimen de responsabilidad objetiva que la LGDCU de 1984 establecía para los medicamentos (y al margen del servicio sanitario)[45]. Por otra parte, no está de más recordar que los hemoderivados contaminados son subsumibles dentro de la disciplina específica sobre productos defectuosos, si se tiene en cuenta que en el mes de febrero de 2001[46] un radiofármaco -elaborado con plasma sanguíneo de un donante británico que posteriormente murió por la variante humana del mal de las “vacas locas”[47]– llegó a ser utilizado en distintos hospitales españoles y fueron cientos los pacientes a los que se suministró antes de que se procediera a su retirada[48].

Conviene observar, de todos modos, que en la práctica judicial española relativa a los casos de sangre o hemoderivados contaminados no han sido muchas las ocasiones –aunque estén en aumento- en que las demandas se han dirigido contra el laboratorio fabricante. Ello puede explicarse, que no justificarse –como advierte SEUBA[49]-, por motivos tales como los siguientes: en primer lugar, parece más fácil y cómodo para la víctima dirigirse contra la entidad que ha prestado el servicio sanitario[50] que investigar la identidad del fabricante del producto que le suministraron (lo que resulta especialmente gravoso en el caso de los hemofílicos, que durante años han utilizado múltiples hemoderivados de diferentes laboratorios[51]); en segundo lugar, la configuración legal sobre el acceso a determinada información que integra la historia clínica no facilita especialmente conseguir la identidad del fabricante del producto causante del contagio (particularmente cuando el contagiado ha muerto y son las personas legitimadas activamente para reclamar quienes tratan de acceder a dicha información)[52]; y finalmente, no debe perderse de vista que muchas veces los laboratorios han buscado una solución “amistosa” del conflicto y han preferido transigir sobre el caso en lugar de someterse a un procedimiento judicial[53].

IV. Amplitud del concepto de «producto»:

1.- Su inclusión de las materias primas agrícolas y ganaderas y de los productos de la caza y la pesca en estado natural.

Disponía el art. 2 de la LRCPD -en su versión originaria de 1994- que por «producto» había de entenderse “todo bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble, excepto las materias primas agrarias y ganaderas y los productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial” (aptdo. 1).

Esta redacción era sustancialmente similar a la del art. 2 de la Dir. 85/374/CEE, ya que el legislador español, al trasponerla, no hizo uso, a diferencia de algunos Estados miembros[54], de la facultad que inicialmente concedía su art. 15.1, a)[55] de considerar (o no) como “producto” las materias primas agrícolas y los productos de la caza. Tal decisión legislativa, seguramente no del todo consciente, tuvo en nuestro Derecho unas consecuencias paradójicas, pues si con ella se pretendió liberar a los agricultores y ganaderos de la gravosa carga económica que –según se aducía- supondría para estos sectores incluirlos dentro del marco de responsabilidad objetiva de la Ley 22/1994[56], el resultado al que llevó, por virtud de lo dispuesto en su D.F. 1ª, fue al de mantener las citadas materias excepcionadas por el primitivo art. 2.1, in fine -en cuanto alimentos que son- bajo el sistema de responsabilidad del art. 28 de la LGDCU de 1984, que era también de responsabilidad objetiva (e incluso en algunos puntos, más estricto que el de aquella Ley)[57]. Aunque pocas, algunas resoluciones judiciales, como la S. de la AP de Toledo de 2 de marzo de 1998 (AC 1998/697) o la de la AP de Córdoba de 20 de marzo de 2000 (AC 2000/910), llegaron a hacerse eco de la inaplicabilidad de la entonces vigente Ley 22/1994 a “las materias primas agrarias y ganaderas y a los productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial”: así lo estimaron estas dos sentencias respecto de sendas demandas contra los respectivos fabricantes de unas semillas que ocasionaron daños en las cosechas, al considerar que “una semilla debe incluirse en la excepción de materia prima agrícola”. Sin embargo, en ambos asuntos también se entendió inaplicable la LGDCU, ya que los perjudicados no tenían la condición de consumidores.

No es preciso detenernos en comentar más extensamente la extraña situación a que, por esa dualidad de regímenes de responsabilidad objetiva, condujo originariamente la Ley 22/1994; y ello, porque tal situación quedó superada con la reforma operada en el art. 2 de dicha Ley por la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que entró en vigor el 1 de enero de 2001 (D.F. 2ª)[58]. Al margen de que el cauce formal no fuese ni mucho menos el más adecuado -una Disposición Adicional (la duodécima) de las treinta y nueve que incorporaba esa Ley de Acompañamiento a la de Presupuestos Generales del Estado-, la modificación del primigenio art. 2 de la LRCPD obedeció a la introducida en la Dir. 85/374 por la Directiva de 10 de mayo de 1999[59]; Dir. 1999/34/CE del Parlamento y del Consejo, que se dictó tras el descubrimiento en el Reino Unido en 1996 de la relación entre la Encefalopatía Espongiforme Bovina y la enfermedad humana de Creutzfeldt-Jakob. El afán de incrementar la protección de los consumidores -básicamente en su derecho a la salud, ante las primeras manifestaciones de la epidemia de las “vacas locas” (y la contaminación por dioxinas en Bélgica)-, así como las dificultades para concretar en la práctica cuando un producto había o no sufrido “transformación inicial”[60], propiciaron que la Dir. 1999/34/CE suprimiese la referida opción que otorgaba a los Estados miembros el art. 15 de la de 1985 y diera nueva redacción a su art. 2, pasando a incluir forzosamente dentro del régimen comunitario de responsabilidad por productos a las materias primas agrarias y ganaderas[61] y a los productos de la caza y de la pesca[62]. Muy poco tiempo después de la fecha indicada por la Directiva para poner en aplicación sus disposiciones (el 4 de diciembre de 2000)[63], la Ley 14/2000[64] la incorporó enmascaradamente a nuestro Derecho -prescindiendo incluso de la obligada referencia a la Directiva traspuesta- mediante la reforma del concepto de “producto” recogido en el art. 2 de la Ley 22/1994[65], cuya alteración de fondo consistió en retirar de la norma el inciso “excepto las materias primas agrarias y ganaderas y los productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial”[66]. Suprimidas estas excepciones, y erradicado el criterio de la “transformación inicial” como delimitador de la inclusión o no de tales productos y materias dentro del ámbito de aplicación del régimen de responsabilidad civil por el producto, pasaron así a incluirse dentro del concepto de “producto” todos los productos agrícolas y asimilados que, con independencia de su estado natural y de haber sido o no sometidos a un proceso de manipulación industrial, se hubiesen puesto en circulación a partir del 1 de enero de 2001[67].

Aunque podría parecer ocioso a estas alturas traer a la memoria esa ampliación de la noción de “producto” que efectuó la Ley 14/2000, no está de más insistir en ello hasta la saciedad si se tiene en cuenta que, por muy camuflada o subrepticiamente que a través de ella se incorporase la Dir. 1999/34 a nuestro Derecho, a muchísimas sentencias posteriores a dicha Ley se les ha pasado por alto tan importante modificación y han seguido refiriéndose a la primitiva redacción del actualmente derogado art. 2 Ley 22/1994[68] –como hacen, incluso a fecha de hoy y transcurrida toda una década desde aquella reforma, las SS. AAPP de Lleida de 27 de noviembre de 2009 (JUR 201086709), de Madrid de 17 de marzo de 2009 (JUR 2009249156) y 27 de abril de 2010 (JUR 2010232486) y de las Islas Baleares de 28 de junio de 2010 (JUR 2010304375)-. Conviene matizar que, en la mayoría de los casos, semejante lapsus no tuvo incidencia directa en el desenlace de las contiendas que dichas resoluciones resolvían; pero también es posible hallar alguna sentencia, como la de la AP de Almería de 12 de mayo de 2004 (AC 20041269), en la que la errática consideración como vigente de la antigua redacción del art. 2 de la Ley 22/1994 sí era algo decisivo para determinar la normativa aplicable al pleito. En el caso de autos, un agricultor demandó al fabricante de unas semillas de pepinos alegando que su carácter defectuoso había dado lugar al amarilleo de las plantas. Tras descartar la aplicabilidad de la LGDCU de 1984 por carecer el reclamante de la condición legal de consumidor, la Audiencia declaró que tampoco cabía resolver el asunto al amparo de la LRCPD porque su art. 2 exceptuaba del concepto de producto a <<las materias primas agrarias y ganaderas y los productos de la caza y de la pesca que no hayan sufrido transformación inicial>> y “parece evidente –añadió- que una semilla debe incluirse en la excepción de materia prima agrícola”. Pues bien, debe notarse que, al margen de la conveniencia de que la AP hubiese advertido que tal excepción se encontraba derogada al momento de dictarse la presente sentencia, lo cierto es que la referida conclusión sólo podía darse por válida si las semillas en cuestión –sobre cuya fecha de puesta en circulación se omite todo dato en este asunto- habían sido introducidas en el mercado antes del 1 de enero de 2001, pero se trataba, en cambio, de una conclusión errónea si su puesta en circulación había tenido lugar con posterioridad a esa fecha de entrada en vigor de la Ley 14/2000 que amplió a los productos agrarios en estado natural el ámbito objetivo del régimen de responsabilidad por productos defectuosos.

Con todo, y siendo de justicia reconocer que otros muchos tribunales han sido y son bien conscientes de aquella reforma[69], es obvio que –como no podía ser de otra manera- la misma pasó a integrarse en el art. 136 del TR 1/2007 en el que se contiene el vigente concepto legal de “producto”.

2.- Su inclusión de los materiales de construcción incorporados a un edificio.

Tal como se ha ido indicando a lo largo de las precedentes páginas, lo que el legislador siempre ha venido reclamando -tanto en la Ley 22/1994 (antes y después de la modificación de su art. 2 en el año 2000) como en el TR de 2007- es que el producto sea un bien mueble; punto éste sobre el que la Dir. 85/374 no concedía a los Estados miembros margen alguno de maniobra para apartarse de tal decisión comunitaria. De ello se infiere, a sensu contrario, la exclusión de la consideración de «producto» de los inmuebles[70], por lo que, en consecuencia, los daños causados por los mismos caen fuera de la órbita de aplicación del régimen específico de responsabilidad civil por productos defectuosos, tal como ya alguna vez se ha puesto en evidencia en la praxis judicial[71] (SS. AAPP de Cádiz de 8 de junio de 2004 [JUR 2004216570] y Barcelona de 8 de mayo de 2008 [JUR 2008267387])[72].

Al hilo de la Propuesta de Directiva de 1 de octubre de 1997[73] que desembocó en la antes citada Dir. 1999/34 por la que se reformó la de 1985, manifestaba en su día BERCOVITZ –consciente de su optimismo- que la trasposición de esa nueva Directiva a nuestro Derecho constituiría una buena ocasión para abordar el régimen de responsabilidad por daños derivados de bienes inmuebles[74]; deseo que quedó frustrado en cuanto que, al no prever finalmente nada al respecto dicha Directiva, el ensanche del concepto de «producto» efectuado por la Ley 14/2000 en nuestra LRCPD siguió dejando fuera a los inmuebles. Con todo, no debe ocultarse que el tema de la inclusión de esos bienes dentro del ámbito de la Dir. 85/374 fue una de las cuestiones objeto del debate abierto en 1999 con el Libro Verde de la Responsabilidad por Productos[75] sobre las que se planteó la posibilidad de una revisión, al no existir en el plano comunitario un régimen particular de responsabilidad del constructor[76]. En el desarrollo de ese ejercicio de consulta, el Dictamen de 1 de marzo de 2000, emitido por el Comité Económico y Social Europeo en torno a dicho Libro Verde, no estimó, sin embargo, que fuese conveniente de momento dicha ampliación por presentar los inmuebles características muy específicas (sector altamente normalizado, multitud de productos integrados, fijeza de las obras, etc.); pero se entendió que “sería útil actualizar, en los distintos Estados miembros, la evaluación de la situación jurídica, de los problemas específicos y de la evolución en este sector, con motivo de la profundización necesaria de la observación del régimen de responsabilidad civil en la Unión Europea”. Culminando ese proceso de ponderación de las cuestiones más sensibles del régimen de daños por productos, el Segundo Informe de la Comisión de 2001 sobre la aplicación de la Dir. 85/374[77] no llegó finalmente a proponer ninguna reforma concreta en relación con los inmuebles[78]; tema, que es eludido por completo en el Tercer Informe de 14 de septiembre de 2006, sin que la Comisión lo mencione siquiera dentro de los puntos vidriosos que de una forma especial merecen ser objeto de un seguimiento periódico particularmente estrecho[79]. De todo ello se desprende, pues, que por el momento no es intención del legislador comunitario extender el régimen de responsabilidad civil previsto en la Dir. 85/374 a los daños ocasionados por bienes inmuebles, y más que sorprendente sería un cambio de criterio sobre el particular en el próximo Informe que la Comisión emitirá en 2011.

Siendo este el estado actual de la cuestión, y aunque no quepa aquí ahondar más en ella, sí es preciso no obstante dedicar unas líneas a delimitar el alcance y dimensión que cobra la exclusión del concepto de «producto» que establecen respecto a los inmuebles tanto el art. 136 TR como el art. 6. En este último precepto tal exclusión, a los efectos generales del Texto Refundido, se efectúa en términos absolutos, al disponerse que “es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el artículo 335 del Código Civil”. Ello supone, por tanto, excluir de la noción general de «producto» todo tipo de inmuebles corporales (por naturaleza, por incorporación y por destino) en cuanto que, obviamente, ninguno de ellos tiene cabida dentro del art. 335 CC. Sin embargo, en la medida que el propio art. 6 TR deja a salvo lo estipulado en el 136 para los efectos específicos de la responsabilidad civil por productos defectuosos -“sin perjuicio de lo establecido en el art. 136”, comienza diciendo el art. 6-, resulta claro que es el concepto de producto definido en ese art. 136 el que tiene primacía y ha de tomarse en consideración en esta sede. Y en dicho precepto se tiene por producto, en lo que ahora interesa, “cualquier bien mueble, aún [sic aun] cuando esté unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble”. Esta fórmula -que era ya la empleada por el derogado art. 2 LRCPD tanto en su redacción original como tras su reforma por la Ley 14/2000, y que en términos casi idénticos aparece también en el art. 2 Dir. 85/374- se caracteriza por establecer con una gran laxitud la exigencia de que los productos sujetos al régimen de responsabilidad por productos defectuosos sean cosas muebles y representa una notable ampliación respecto de la noción de bien mueble que en rigor se deriva del art. 335 CC, pues si en éste se reclama para la catalogación como tal de una cosa que pueda separarse sin menoscabo del inmueble al que, en su caso, estuviere unida, en el art. 136 TR se omite tal requisito y, al permitir expresamente que el bien mueble esté unido o incorporado a un inmueble –sin más precisiones o matices adicionales, e independientemente, por tanto, de la fragilidad y separabilidad de esa unión o de su fijeza y adherencia-, viene así a comprender en la categoría legal de «productos»  bienes que para el Código Civil, ligando las previsiones de su art. 335 con las del 334 (aptdos. 3º y 4º, especialmente[80]), tendrían la consideración jurídica de inmuebles[81].

De esa manera, y si bien la cuestión es delicada por sus importantes implicaciones prácticas, creo posible entender -como ya defendiera en relación con la Ley 22/1994 la doctrina mayoritaria[82], no sin voces discrepantes[83]– que el régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos establecido en el TR se extiende a cualesquiera elementos o materiales de la construcción que formen parte de un edificio[84] (SS. AAPP de Granada de 10 de diciembre de 2004 [JUR 200550778] y Soria de 5 de julio de 2007 [JUR 2008103389])[85]. Resultará aplicable tal disciplina, pues, cuando los daños sean causados por el defecto de alguna «parte integrante» o alguna «materia prima» (art. 138.1 TR) de las empleadas en la edificación, sean aquéllas del tipo que fueren[86]; y ello al margen, naturalmente, de que pierdan su estricta naturaleza jurídica de bienes muebles al incorporarse al inmueble[87], y con independencia también de que, tras esa unión, incorporación o integración en el mismo, sigan guardando su “individualidad”[88] y autonomía (SAP de Valencia de 22 de junio de 2005 [AC 2005/1504])[89] o, por el contrario, dejen de ser separables materialmente o incluso distinguibles físicamente[90] (SAP de León de 2 de febrero de 2006 [JUR 2006/63398])[91].

En defensa de esta postura, no puede olvidarse que el Considerando 3º del Preámbulo de la propia Dir. 85/374 dispone con carácter general que la responsabilidad en ella regulada debe aplicarse “a los bienes muebles que se utilicen en la construcción de inmuebles o se incorporen a bienes inmuebles”. E igualmente la Comisión Europea (en su Segundo Informe de 2001) se ha ocupado de recordar, a fin de justificar la innecesaria inclusión de los inmuebles dentro del ámbito de dicha Directiva, que ésta se aplica ya a los productos de construcción incorporados a un inmueble. Por todo ello, resulta oportuno reproducir los razonamientos que en relación con la primitiva LRCPD efectuara al respecto CILLERO DE CABO[92], quien afirmaba que “entender que los daños causados por bienes inmuebles que tengan su causa en defectos de los materiales empleados en su construcción, están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 22/1994 porque, en nuestro Derecho, estos materiales son bienes inmuebles, supondría incumplir lo querido por el legislador comunitario, dando preferencia a las categorías sobre bienes muebles e inmuebles existentes en nuestro Derecho… Debe prevalecer una interpretación de la Ley 22/1994 acorde con la Directiva 85/374/CEE, frente a una interpretación sistemática de la Ley 22/1994 y de las normas de nuestro Código[93]. En definitiva –terminaba argumentando dicha autora-, debe entenderse que la Ley 22/1994 no cubre los daños causados por bienes inmuebles que sean resultado, por ejemplo, de vicios del suelo[94], pero sí admite el resarcimiento de aquellos daños que tengan su causa en los bienes muebles incorporados, de modo fijo o no, a bienes inmuebles”. Tal como hemos tratado de justificar, esas mismas conclusiones pueden ser extrapoladas, «mutatis mutandi», al vigente art. 136 TR 1/2007 y hasta cabe sostener que la amplitud de la noción de producto que ha querido consagrarse para el campo concreto de la responsabilidad objetiva por productos defectuosos queda hoy particularmente avalada a través de la correlación y comparación de dicho precepto con el concepto general de producto que, para el resto de cuestiones reguladas en el TR, ofrece su art. 6

Así las cosas, no podemos finalizar este apartado sin esbozar un aspecto relacionado con el tratamiento legal de los inmuebles en el Texto Refundido, que simplemente dejamos en el aire por situarse extramuros del estricto ámbito de los daños por el producto. Tal como pone de relieve CARRASCO criticando el carácter arbitrario que en parte ha tenido la decisión legislativa de refundir algunos textos legales consumeristas y dejar fuera otros[95], el TR “no refunde la normativa inmobiliaria relativa a los consumidores”, sino que lo que hace es introducir “un tipo de responsabilidad que va más allá de las obligaciones impuestas al promotor inmobiliario por la normativa existente”. En efecto, el Cap. II, Tít. II del Libro Tercero sobre «Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos» lleva por rúbrica «Daños causados por otros bienes o servicios»; y en relación con esos “otros bienes” -distintos de los “productos” que son regulados por el Cap. I de aquel mismo Título-, el art. 149 versa en particular sobre la «Responsabilidad por daños causados por la vivienda»[96]. A tenor de este precepto, “será aplicable el régimen de responsabilidad establecido en el artículo anterior a quienes construyan o comercialicen viviendas, en el marco de una actividad empresarial, por los daños ocasionados por defectos de la vivienda que no estén cubiertos por un régimen legal específico”. Y ese “artículo anterior” al que se reenvía -el 148- dispone, concretamente en su párr. 1º, que “se responderá de los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando por su propia naturaleza, o por estar así reglamentariamente establecido, incluyan necesariamente la garantía de niveles determinados de eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación, y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, hasta llegar en debidas condiciones al consumidor y usuario”.

Pues bien, al margen de la mención expresa de los “servicios de rehabilitación y reparación de viviendas” dentro del listado de servicios que el párr. 2º de ese mismo artículo 148 declara sometidos en todo caso a tal tipo de responsabilidad, la remisión que el art. 149 efectúa al referido régimen especial de responsabilidad por servicios previsto en el 148 viene a extender al constructor y al promotor de viviendas la responsabilidad civil objetiva que en él se establece -en términos parecidos, aunque no idénticos, a los del polémico art. 28 de la derogada LGDCU de 1984-. Aparte de los reparos que ya el propio art. 148 TR pueda suscitar[97], la mencionada ampliación de su ámbito de aplicación -que por mor del art. 149 abarca los daños ocasionados por defectos de una vivienda[98]– conduce a sostener, como con contundencia afirma CARRASCO, que el citado art. 149 “no puede considerarse una simple regla de estilo”, sino que introduce una regla “sin precedentes explícitos”, que no puede tenerse, por tanto, como “una inferencia legítima en el régimen hasta ahora existente” y que, en definitiva, consagra una norma burda e indiscriminada, que da muestras de la ignorancia del legislador y de que éste sólo pudo incorporarla al TR “legislando a la gruesa, sin distinguir defecto (defecto de calidad), ruina, daño material, daño económico, daño consecuencial, daño de indemnidad, etc.”[99].

V. Productos versus servicios. El gas y la electricidad como «productos».

Tal como destacaron tanto el Libro Verde de 1999 sobre la Responsabilidad por Productos Defectuosos como el Segundo Informe de la Comisión Europea de 2001 sobre la Dir. 85/374, dicho régimen de responsabilidad civil sólo se aplica a los productos, “estando excluidos los servicios defectuosos”[100]. Si bien el TR español de 2007 contiene una serie de disposiciones que son comunes a los daños causados tanto por los productos como por los servicios (arts. 128 a 134 TR)[101], cada uno de ellos cuenta con su específico régimen de responsabilidad, regulado, respectivamente, en los arts. 135 a 146 (para los productos defectuosos) y 147 y 148 TR (para los servicios); y ello, por más que, a juicio de algún autor, la diferencia de trato entre unos y otros y su dualidad de regímenes jurídicos pudiera reputarse criticable[102].

Con todo, no cabe desconocer el nuevo cariz que toma la responsabilidad por productos defectuosos cuando el daño se produce en el marco de la prestación de un servicio, ni el eventual solapamiento o conflicto de regímenes jurídicos que puede plantearse en aquellos supuestos límite que están a caballo entre los daños por productos y la responsabilidad por servicios defectuosos[103]. En efecto, las hipótesis de interferencia y confluencia entre productos y servicios en absoluto son extrañas pues, expresado en gráficas palabras de DE ÁNGEL[104], “hay productos con servicio… y hay servicios con productos”[105], tal como, asimismo, hizo notar de forma expresa el Segundo Informe de la Comisión de 31 de enero de 2001 sobre la aplicación de la Dir. 85/374, al apuntar que una de las materias que requería un estudio más profundo era la relativa “al uso de un producto defectuoso en el suministro de un servicio”. Este tema fue también una de las cuestiones de fondo que subyacía en el asunto resuelto por la importante[106] S. del TJCE de 10 de mayo de 2001 (AC 2001/133). En las conclusiones que el Abogado General D. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer había presentado el 14 de diciembre de 2000 al Tribunal europeo de Justicia, aquél defendía que los productos elaborados por un profesional para ser utilizados exclusivamente en el marco de su propia actividad son elementos accesorios de la prestación del servicio, de manera que los daños que pudieran derivarse de los mismos debían ser tratados conjuntamente con la prestación de dicho servicio, no siendo, pues, aplicable a tales supuestos la Directiva de Responsabilidad por Productos[107]. Aunque no deja de ser inusual, contraria a esa posición fue, en cambio, la que finalmente adoptó el Tribunal de Justicia, ya que éste entendió que el núcleo del litigio giraba sobre “el estado defectuoso de un producto utilizado en el marco de una prestación de servicios” y no sobre el carácter defectuoso de la prestación del servicio como tal, de modo que sí procedía la aplicación de la Dir. 85/374. Ahora bien, una lectura atenta de los hechos que dieron lugar a esta Sentencia debe llevarnos a hacer hincapié en la atinada matización que efectúa MARÍN[108] acerca de lo que aparentemente podría desprenderse del referido pronunciamiento del TJCE: según señala este autor, la tesis que preconiza dicha Sentencia -la aplicación de la Dir. 85/374 a la responsabilidad derivada de la utilización de un producto defectuoso en el marco de la prestación de un servicio- en absoluto puede ser generalizada a cualquier supuesto en que se dé tal situación; y ello, porque en el concreto caso analizado concurría la singular circunstancia de que la condición de fabricante del producto defectuoso y la de prestador del servicio (sanitario) confluían en una misma persona. Sobre la hipótesis –tan o más común- de un producto defectuoso fabricado por una persona y del que otra se vale en la prestación de un servicio (sin que medie entre ambas relación alguna de dependencia) no existe aún doctrina del TJCE, ni puede invocarse como tal la contenida para un supuesto distinto en la Sentencia de 10 de mayo de 2001[109].

Al margen de la singular problemática anteriormente apuntada, interesa ahora hacer una mención particular a la consideración legal del gas y la electricidad, dada la discutida incardinación de los daños causados por dichas energías en sede de responsabilidad por productos o por servicios defectuosos. En efecto, si ya en general no siempre es sencillo trazar una línea divisoria entre productos y servicios, la tarea de discernir en presencia del caso concreto cuándo éste merece ser situado en el terreno de la responsabilidad por productos o en el de la responsabilidad por servicios –y fijar el consiguiente régimen jurídico aplicable- se convierte en algo especialmente arduo y peliagudo en el campo de los siniestros por gas y electricidad; hasta el punto de que algún autor, al referirse a estos supuestos, ha llegado a hablar de “productos-servicios”[110].  

En virtud de la remisión expresa que el art. 6 del TR 1/2007 efectúa al Código Civil, y poniendo el acento en las notas exigidas por el art. 335 de este cuerpo legal para la caracterización de una cosa como mueble[111], ha precisado CAVANILLAS[112] que caen fuera de la definición de producto que, con carácter general, ofrece el Texto Refundido “las cosas incorporales (gas, electricidad) en la medida en que no sean «apropiables» y «transportables»”[113].

La precedente afirmación, ligada a la coletilla con la que el citado art. 6 declara que el concepto de producto que en él se contiene es “sin perjuicio de lo establecido en el art. 136”, nos da pie a matizar que, en cambio, a los efectos del régimen específico de responsabilidad civil por productos defectuosos, el gas y la electricidad sí tienen la consideración de «productos»[114], tal como deja claro dicho art. 136 TR al mencionar explícitamente ambas fuentes de energía[115].

Aunque ya en el art. 2 de la Ley 22/1994 aparecía la inclusión nominal del gas[116] y la electricidad[117] dentro del ámbito material de esa Ley, conviene recordar que la jurisprudencia menor emanada al respecto, lejos de estar guiada por criterios uniformes, mantuvo posiciones encontradas y contradictorias en cuanto a la calificación jurídica de la responsabilidad por los daños causados por dichas energías y vaciló enormemente en la determinación de la normativa que en tales supuestos había de regir. Así, son numerosas las sentencias que no mostraron ningún género de reparos en aplicar el régimen de responsabilidad por productos defectuosos previsto en la LRCPD y, de conformidad con el mandato de su Disp. Final 1ª, excluyeron la operatividad de los arts. 25 a 28 de la LGDCU de 1984 tanto en los pleitos referentes a fugas, deflagraciones y explosiones de gas causantes de daños materiales o personales (SSAAPP de Ávila de 26 de julio de 2001 [JUR 2001325448][118], Girona de 3 de mayo de 2006 [JUR 200712567] y Madrid de 31 de marzo de 2009 [JUR 2009247315])[119], como en los frecuentísimos litigios por daños ocasionados por sobrecargas, subidas o caídas de tensión, oscilaciones en la corriente, cortes o interrupciones del fluido eléctrico, etc.[120] (SS. AAPP de Madrid de 23 de diciembre de 2009 [JUR 201067948], Huesca de 29 de enero de 2010 [JUR 2010306613], Barcelona de 22 de marzo de 2010 [JUR 2010163839], Córdoba de 17 de mayo de 2010 [JUR 2010346092], de Cádiz de 9 de febrero de 2010 [JUR 2010185741], 9 de marzo de 2010 [JUR 2010184542] y 24 de mayo de 2010 [núm. 253/2010] y Salamanca de 14 de julio de 2010 [JUR 2010296362])[121].

Sin embargo, frente a la tendencia expuesta, tampoco faltan otras muchas resoluciones judiciales que se esforzaron en establecer, con mayor o menor acierto, la a menudo difícil distinción entre la consideración del gas y la electricidad como productos –sometidos, en consecuencia, al régimen de la Ley 22/1994- y su catalogación como servicios (SS. AAPP de Córdoba de 23 de mayo de 2005 [JUR 2005162763] y Almería de 11 de junio de 2007 [JUR 2007358440])[122], aplicando en este último caso los arts. 25 y ss. de la Ley 26/1984 con fundamento en la defectuosa prestación del «servicio» de suministro de gas (SAP de Albacete de 9 de marzo de 2000 [AC 2000/1145])[123] o de energía eléctrica (SS. AAPP de Lleida de 18 de diciembre de 2006 [JUR 2007143392], Madrid de 8 de abril de 2008 [JUR 2008/189140] y Alicante de 14 de abril de 2009 [AC 20091013])[124]. Asimismo ha de ponerse en evidencia que, para el caso concreto de deficiencias o irregularidades en la electricidad, algunas sentencias llegaron a declarar, con escaso rigor, que es indiferente -“una cuestión secundaria”- la aplicabilidad de cualquiera de ambas leyes (SS. AAPP de Madrid de 9 de marzo de 2006 [JUR 2006/115098], Zaragoza de 3 de julio de 2006 [JUR 2006225239] y Baleares de 24 de octubre de 2006 [JUR 2006285502])[125].

Controversias paralelas en torno a la ubicación de los daños causados por el gas y la electricidad en el marco de la responsabilidad por productos defectuosos o por servicios se han suscitado en el plano doctrinal. En un lado de la balanza se encuentran aquellas opiniones que, bajo la vigencia de la Ley 22/1994, han criticado la tendencia judicial de acudir al artificio de considerar el gas y la electricidad como un «servicio» para forzar así la aplicación de la LGDCU 1984 en contra del veto puesto a ello por la Disp. Final 1ª de la Ley de Productos Defectuosos de 1994. A la luz de esta norma, reputados civilistas han defendido que la inclusión explícita del gas y la electricidad dentro del ámbito específico de la responsabilidad por productos excluía la posibilidad de aplicar el régimen de la LGDCU y eliminaba la discusión, a esos efectos, acerca de si se trataba de casos de daños por productos defectuosos o de prestación de servicios[126]. En esa misma línea, también se ha puesto en evidencia[127] que “cuando la Ley de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos considera productos el gas y la electricidad, lo hace consciente de las condiciones en que esos productos se suministran, y a pesar de ello decide someterlos a sus disposiciones. Eso significa que el legislador quiso excluir de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los daños ocasionados por las alteraciones en su suministro”[128].

Con una óptica distinta del problema, otro sector doctrinal se ha decantado por acoger la distinción entre el gas y la electricidad como “productos” -sujetos a la Ley 22/1994 (actualmente a los arts. 135 a 146 TR 1/2007)- y los “servicios” de suministro de gas o electricidad -regidos por la LGDCU de 1984 (hoy por los arts. 147 y 148 de dicho Texto Refundido)-. Así lo han hecho, por ejemplo, DE ÁNGEL[129] o SEUBA TORREBLANCA[130] al afirmar, en concreto respecto del gas, que éste, “además de ser un producto, sigue siendo considerado también un servicio (contrato de suministro) al que se le debe seguir aplicando la LGDCU y no la Ley 22/1994”. Aunque no dejan de reprochar a nuestros tribunales que en ocasiones aplicaran de manera demasiado automática el art. 28 LGDCU de 1984 para establecer la responsabilidad de la empresa suministradora o instaladora del gas (o la electricidad[131]), los partidarios de esta tesis subrayan que el gas, como tal, rara vez es defectuoso, pues, de hecho, únicamente en la SAP de Cantabria de 26 de abril de 2004 (JUR 2004/162152) se apunta como posible causa de una explosión de propano a una impureza del propio gas que hubiera obstruido una pieza de la válvula de cierre de la bombona; asunto al que –añadimos nosotros- habría que sumar el resuelto por esa misma Audiencia en su S. de 2 de marzo de 2007 (AC 2007/523), donde el defecto del propio gas radicó en que contenía “polvo en exceso y partículas sólidas en grandes cantidades y de tamaño de 25 micras”. Por esa y otras razones, los citados autores han defendido que la Ley 22/1994 debía aplicarse, aparte de en la referida hipótesis de que el gas propiamente dicho sea defectuoso, cuando los defectos aparezcan relacionados -como casi siempre ocurre- con los sistemas de almacenamiento, transporte y conducción del mismo, esto es, con el recipiente o “el envase del producto y sus partes auxiliares, especialmente en el caso de bombonas[132] de gas butano o propano (reguladores, gomas, válvulas, boquillas, etc.) o bien con su canalización en el caso del gas natural”. En cambio, en el resto de los casos, cuando los daños deriven de la actividad consistente en instalar o actuar con dicha energía, es decir, cuando lo incorrecto o inadecuado sea el servicio constituido por el suministro (en sentido amplio) de gas al usuario, hay que inclinarse por realzar el ingrediente prestación de hacer y la preponderancia del aspecto «servicio» frente al «producto» constituido por el gas.

Pues bien, aunque en absoluto cabe garantizar que con el TR de 2007 vayan a quedar completamente superadas esas polémicas que se venían suscitando en la doctrina y a pie de juzgado bajo la Ley 22/1994, lo cierto es que la regulación que en él se contiene viene a clarificar en cierta medida la disyuntiva de incardinar los daños causados por el gas o la electricidad en sede de responsabilidad por productos defectuosos o por servicios. Al margen de que se hayan limado algunas de las diferencias que en la legislación anterior separaban la responsabilidad por productos y por servicios defectuosos[133] -aunque la mayoría persistan, claro está-, el art. 136 TR continua declarando expresamente que tanto la electricidad como el gas se consideran “productos” a los efectos de la disciplina particular sobre responsabilidad civil por el producto –tal como ya destacan en relación con la energía eléctrica las SS. AAPP de Barcelona de 28 de abril de 2009 (JUR 2009393257)[134], Cádiz de 28 de mayo de 2009 (JUR 2009353718), Pontevedra de 10 de junio de 2009 (JUR 2009301632), Granada de 20 de noviembre de 2009 (JUR 201087250) y Jaén de 27 de noviembre de 2009 (JUR 201086737)-. Pero, además de lo anterior, conviene observar que en el elenco de servicios sujetos al régimen especial del art. 148 TR[135] se ha matizado la mención genérica a los “servicios… de gas y electricidad” que contenía el párr. 2 del art. 28 LGDCU de 1984 –antecedente claro de ese nuevo precepto- y se ha especificado al respecto que los servicios que quedan sometidos a ese régimen de responsabilidad objetiva son los de “revisión, instalación o similares de gas y electricidad”; fórmula, dentro de la que no parece que pueda entenderse comprendido –pese a la expresión “o similares”- el solo servicio de suministro de dichas energías. Así, pues, de una parte, debe convenirse la sujeción de los daños causados por dichas energías al régimen específico de responsabilidad civil por el producto establecido en el TR –lo que naturalmente no excluye que, por virtud de lo dispuesto en su art. 128.2, y como en cualquier otro caso de daños causados por productos defectuosos, quepa aplicar las reglas generales de responsabilidad civil contractual o extracontractual, al igual que también se hiciera con frecuencia al amparo del art. 15 de la Ley 22/1994 tanto en asuntos de deficiencias en el gas (SS. AP de Madrid de 31 marzo 2009 [JUR 2009247315] y 20 febrero 2006 [JUR 2006/149917])[136] como en la electricidad (SS. AAPP de Tarragona de 7 de junio de 2006 [JUR 200765403][137] y Almería de 11 de junio de 2007 [JUR 2007358440][138], y ya en aplicación del art. 128.2 TR, la SAP de Badajoz de 4 de noviembre de 2009 [JUR 201027382] que resuelve la controversia con base en los arts. 1101 y ss. CC)-. Ahora bien, por otra parte, aunque el gas y la electricidad son productos a los efectos de la disciplina sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, el ámbito de aplicación de este régimen no comprende la instalación del gas ni de la electricidad (ni tampoco la del agua) –como ya subrayara BERCOVITZ bajo la vigencia de la Ley 22/1994[139]-. Así, a título de ejemplo, y en atención a los deberes de inspección, vigilancia, revisión y control del mantenimiento de las instalaciones de gas asignados a las empresas suministradoras[140], cabe recordar que, ya con anterioridad al TR de 2007, fueron numerosos los asuntos judiciales de deficiencias en las instalaciones del gas, o quiebra de dichos deberes vinculados a esas instalaciones, en los que la responsabilidad civil en cuestión fue vinculada a la responsabilidad por servicios de los arts. 25 a 28 LGDCU de 1984. Tal es el caso de la SAP de Murcia de 13 de septiembre de 2002 (AC 2003/518), que declaró responsable a Repsol por los daños materiales sufridos por una vivienda unifamiliar a causa de una explosión de gas propano debida a un embolsamiento en las conducciones: excluida por la Audiencia la aplicación de la Ley 22/1994 por falta de prueba del carácter defectuoso del propio gas, tal condena se fundó en la LGDCU al entenderse que la explosión se había originado por deficiencias en la instalación del gas[141]. También la SAP de Barcelona de 20 de abril de 2001 (JUR 2001210635) afirmó, para responsabilizar a Repsol del escape de gas causante de una explosión, que no cabía “acudir a la Ley de Responsabilidad por Productos Defectuosos, ya que no es ese el supuesto, pues se atribuye el daño a la incorrecta instalación”. Y por citar otro caso más, la STS de 25 de octubre de 2000 (RJ 2000/8550) -donde quedó probado que “la bombona que contenía el gas se encontraba en perfectas condiciones, al igual que los restantes accesorios de la misma”- confirmó la responsabilidad de Repsol por los daños que causó una explosión producida por la anómala concentración de gas, motivada por no tener la habitación salida alguna de ventilación en la pared: dicha responsabilidad fue sustentada, al amparo del art. 28 LGDCU, en haberse desatendido por la empresa las necesarias revisiones y controles técnicos de la instalación destinados a garantizar las debidas condiciones en que el servicio de gas debió llegar al usuario[142].

Informações Sobre o Autor

Pilar Gutiérrez Santiago

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada como Catedrática), Universidad de León/España