El concepto de «defecto» en la responsabilidad civil por el producto: su régimen jurídico en España, a luz del Cuarto Informe de la Comisión Europea de 8 de septiembre de 2011 sobre la Directiva 85/374/CEE

Resumen: Desde las coordenadas del Derecho comunitario que en Europa viene diseñando el régimen de responsabilidad objetiva del productor –y en particular a la luz del reciente Informe de la Comisión Europea de 8 de septiembre de 2011-, el presente estudio realiza un análisis teórico-jurisprudencial del concepto legal de “defecto” que establece la vigente regulación española de la responsabilidad civil por daños causados por productos defectuosos, recogida hoy en el Texto Refundido de 2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Bajo la premisa de la exigencia de seguridad en los productos lanzados al mercado, e identificado el “producto defectuoso” como aquel que no ofrece la seguridad que legítimamente cabría esperar del mismo, se comienza efectuando un examen comparativo de las diferencias (y eventuales relaciones y concomitancias) entre los defectos de seguridad y los supuestos de ineficacia o falta de conformidad de un producto y, por otro lado, entre los productos defectuosos o inseguros y los productos peligrosos. Seguidamente, y a partir de la clásica tipología que distingue entre defectos de fabricación propiamente dichos, defectos de diseño y defectos de información, se centra la atención en los principales parámetros a tener en cuenta para determinar el carácter defectuoso de un producto: su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. Finalmente, se atiende al llamado criterio del “apartamiento de la serie” como canon que, carente de antecedente alguno en la Directiva europea, ha previsto el legislador español para facilitar al perjudicado la carga probatoria que le incumbe, mediante la presunción iuris tantum del defecto de fabricación del producto.[1]

Palabras clave: responsabilidad del productor; seguridad de los productos; producto defectuoso; producto peligroso; producto ineficaz; defectos de fabricación, de diseño y de información.

Sumario: I. Preliminares: De la Ley española 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, al Texto Refundido de 2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. II. La noción legal de «defecto» como falta de seguridad del producto. 1.- La seguridad exigible al producto. 2.- Defecto de seguridad versus ineficacia y falta de conformidad del producto. 3.- Defecto de seguridad versus peligrosidad del producto. III. Concepto unitario de «defecto» y clases de defectos: defectos de fabricación, de diseño y de información. IV. Principales circunstancias a considerar en la determinación del carácter defectuoso de un producto. 1.- La presentación del producto. 2.- El uso razonablemente previsible del producto. 3.- El momento de puesta en circulación del producto. Referencia particular al ulterior perfeccionamiento de un producto. 4.- El criterio del «apartamiento de la serie.

I. Preliminares: De la Ley española 22/1994, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos, al Texto Refundido de 2007 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Ante la notable dispersión y la heterogeneidad que, de forma creciente con el tiempo, han venido a caracterizar a la normativa existente en España en materia de protección de los consumidores, ha sido reivindicación constante de nuestra doctrina iusprivatista[2] la de paliar esa indeseable fragmentariedad por la vía de compilar sistemática y armónicamente las múltiples y dispares disposiciones legales consumeristas. Sensible a esa necesidad, y a fin de dar cumplimiento al mandato establecido en la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios[3], el Gobierno español procedió a finales del año 2007 a la hercúlea y compleja tarea[4] de refundir la legislación de consumo en un único texto[5], lo que se llevó a cabo mediante la aprobación, por Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias[6].

Sin entrar aquí en la caprichosa selección por parte del autor del Texto Refundido de qué normas incluir y cuáles dejar fuera de la refundición[7], lo cierto es que una de las leyes refundidas fue la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños causados por Productos Defectuosos[8]. En consecuencia, desde que el 1 de diciembre de 2007 entrara en vigor el TR, esa Ley se halla derogada (Disposición Derogatoria Única del RD Leg. 1/2007), si bien su contenido ha quedado integrado –con algunos cambios, de mayor o menor enjundia según los casos- dentro del Libro Tercero del TR sobre «Responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos». Así, pues, y además de la aplicabilidad de las «Disposiciones comunes» -tanto a la responsabilidad por productos como por servicios- que contiene el Título I de ese Libro Tercero (arts. 128 a 134)[9], el régimen de responsabilidad civil por el producto se rige hoy en España por los arts. 135 a 146, constitutivos del Capítulo I («Daños causados por productos defectuosos») del Título II (Libro Tercero) sobre «Disposiciones específicas en materia de responsabilidad».

Desde estas nuevas coordenadas legales, no parece inoportuno detenerse en el análisis del concepto legal de «defecto» -o si se quiere, de «producto defectuoso»- que ofrece nuestra vigente regulación de la responsabilidad civil por productos defectuosos; tema que se abordará, de una parte, a la luz de la jurisprudencia ya recaída al respecto en aplicación del TR de 2007 (complementada con la más nutrida que se dictara al amparo de la primitiva Ley 22/1994), y, por otro lado, sin perder de vista los orígenes del sistema español de responsabilidad por el producto en la Directiva europea 85/374/CEE[10] y la consiguiente relevancia de los Informes que periódicamente ha ido emitiendo en torno a la misma la Comisión Europea[11] -con particular atención a su último y reciente Cuarto Informe de 8 de septiembre de 2011[12]-, así como de las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas[13] sobre la interpretación de dicha normativa comunitaria[14].

II. La noción legal de «defecto» como falta de seguridad del producto.

Bajo la rúbrica de «Concepto legal de producto defectuoso»[15], el art. 137 del TR español de 2007 -con una redacción y una estructura (en tres párrafos) absolutamente idénticas a las del antiguo art. 3 de la Ley 22/1994- dispone lo siguiente:

”1. Se entenderá por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación.

2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie.

3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada”[16].

Aunque un examen comparativo y paso a paso entre el articulado completo de la derogada Ley de Responsabilidad civil por Daños causados por Productos Defectuosos de 1994 y la actual disciplina de dicho régimen de responsabilidad en el TR de 2007 conduce a constatar que éste introdujo, amén de numerosos cambios de terminología y sistemática, diversas reformas sustanciales y de cierto calado[17], es preciso comenzar el estudio del vigente concepto legal de producto «defectuoso» con la advertencia de que, en este punto concreto, el autor del Texto Refundido se ciñó rigurosamente al que ya ofrecía la primitiva LRCPD, de manera que el nuevo art. 137 TR reproduce de forma literal, sin comportar pues ninguna modificación de fondo ni tan siquiera formal, el tenor del art. 3 de la Ley 22/1994. Con todo, al cabo de cuatro años desde que el TR viera la luz, interesa analizar los principales rasgos distintivos y notas características que definen la –poco nítida- noción de «defecto» como espina dorsal del régimen de responsabilidad civil por el producto, las virtudes que adornan su conceptuación legal y los criterios a tomar en consideración para perfilar el carácter defectuoso de un producto, así como, también, las lagunas e imperfecciones que siguen empañando la fisonomía del actual art. 137 del TR de 2007.

1.- La seguridad exigible al producto.

El punto 1 de dicho artículo ofrece un concepto de defecto que, articulado a sensu contrario en torno a la “seguridad que cabría legítimamente esperar”[18] del producto, considera la falta de seguridad como el sustrato de su carácter defectuoso.

Si esta idea es aceptada unánimemente en nuestra doctrina[19], también en la jurisprudencia son abundantes las sentencias en las que el Tribunal Supremo español[20] ha destacado que el verdadero meollo de la noción de «defecto» en la normativa específica sobre daños causados por el producto está en la carencia de seguridad del mismo (SSTS de 9 diciembre 2010 [RJ 20111408][21], 23 de noviembre de 2007 [RJ 20078122] y 19 de febrero de 2007 [RJ 20071895])[22]. A modo de ejemplo, y aunque refiriéndose aún al art. 3 de la primitiva LRCPD, declaró la STS de 21 de febrero de 2003 (RJ 2003/2133) –en relación con las lesiones oculares causadas a un sujeto por “la explosión de un envase de cristal que se produjo sin haber mediado manipulación alguna por parte de aquél”- que “ha quedado suficientemente demostrada la falta notoria de seguridad de la botella…, y con ello, al resultar el producto inseguro, evidentemente se trata de un producto defectuoso… La existencia del defecto –insistió el TS- resulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe ofrecer y, si esto no sucede, impone considerar al producto defectuoso”. Ya en aplicación del vigente art. 137.1 del TR de 2007, cabe encontrar también no pocas decisiones de nuestra jurisprudencia menor –como las SS. AAPP de Girona de 26 noviembre 2010 (JUR 2011/182992) y Asturias de 13 mayo 2011 (JUR 2011206578)- en las igualmente se subraya que son los defectos de seguridad los que sustentan el ámbito objetivo de aplicación del régimen de responsabilidad civil por el producto.

Más en concreto, y como bien ha indicado BERCOVITZ[23], para apreciar la existencia de un defecto resulta preciso “que sea exigible que, de acuerdo con los criterios técnicos, económicos y sociales imperantes, los daños causados por el producto defectuoso no se hubiesen producido. Son defectuosos los productos que no garantizan suficientemente la seguridad exigible”, sin que baste con cumplimentar las prescripciones legales establecidas para la actividad empresarial en cuestión. Destacando esta última idea ha apuntado también ROGEL[24] que “la noción de defecto, entendido como falta de seguridad, debe concretarse, en cada caso, al margen del cumplimiento, en lo que al producto se refiere, de las normas reglamentarias que procedan”. Tanto el art. 3.1 de la hoy derogada LRCPD como el vigente art. 137.1 del TR de 2007 hablan de la seguridad que cabría esperar «legítimamente» -no se dice «legalmente»-, de manera que, como añade ese mismo autor, “el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias –que establecen mínimos, que son insuficientes, en ocasiones, y obsoletas, en otras- es insuficiente para que el fabricante se exima de responsabilidad si los productos que coloca en el mercado y de los que obtiene beneficios –en ocasiones, pingües- causan daños”[25].

En efecto, directamente conectada con el carácter objetivo de la responsabilidad civil por el producto[26], la inexactitud de la ecuación general «cumplimiento de reglamentos igual a irresponsabilidad» ha sido remarcada hasta la saciedad por nuestros tribunales[27] cuando, en el campo concreto de los productos defectuosos, han declarado que el mero hecho de que un producto haya sido elaborado conforme a los reglamentos, o el que se cuente con la pertinente autorización administrativa para su fabricación y comercialización, no impide que pueda afirmarse la falta de seguridad en el mismo y la consiguiente responsabilidad de su productor[28]. A título de ejemplo, se inscribe en esta corriente la S. del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Social) de 20 octubre 2010 (AS 20102567) que, ya en aplicación del art. 137 del TR de 2007, apreció el carácter defectuoso –con la consiguiente condena al fabricante- de una máquina (un “autoclave” que estaba utilizando un trabajador en una fábrica de conservas vegetales y que al explotar le causó importantes quemaduras en el 30% de su cuerpo), pese a que dicho aparato cumplía con la normativa correspondiente sobre equipos de presión y había superado los oportunos controles de calidad en las inspecciones realizadas por los organismos competentes.

Precisamente con base en la idea que acaba de apuntarse, CILLERO[29] ha puesto en evidencia lo innecesario de la norma introducida por el legislador francés en el Code, según la cual “el productor podrá ser responsable del defecto incluso cuando el producto hubiera sido fabricado respetando las reglas del oficio o las normas existentes o habiendo sido objeto de una autorización administrativa” (art. 1386-10). Como observa esta autora, no hacía falta tal previsión –que, de hecho, es omitida por la Directiva europea 85/374-, ya que la prueba de tales circunstancias (que, en su caso, acreditarían cierta diligencia por parte del demandado) resulta en principio intrascendente en un régimen de responsabilidad sin culpa, como lo es el de los daños causados por productos defectuosos.

Pese a lo dicho, conviene sin embargo traer a colación que en el Estudio sobre la «Responsabilidad civil por productos defectuosos en la Unión Europea» encargado por la Comisión a Lovells, y publicado en febrero de 2003, se informaba de que “una minoría de Productores –sobre todo, representantes del sector farmacéutico- piensa que la Directiva no protege adecuadamente los intereses de productores y suministradores”, entre otras razones por “el hecho de que el cumplimiento de las normas vigentes no sea causa suficiente de exoneración”. Abundando en esa idea, observaba también dicho Estudio que la falta de uniformidad por parte de los tribunales de los distintos Estados miembros en la interpretación del impreciso concepto de “defecto” ofrecido por la Dir. 85/374 ha planteado, entre otras, la siguiente duda: “en los casos en los que la seguridad del producto se ve gobernada por reglas y reglamentos estrictos y el productor cumple todas las normas vigentes, ¿en qué circunstancias pueden exigirse al productor unas normas superiores de seguridad para los efectos de responsabilidad dentro de lo que contempla la Directiva?”. Ante este interrogante, el informe Lovells se limitó a augurar en sus conclusiones que “a medida que las normas CE que rigen la seguridad de los productos continúan su desarrollo, es de prever que este tema asuma incluso más importancia”. Ahora bien, teniendo en cuenta los referidos datos apuntados por dicho Estudio, el Tercer Informe de la Comisión Europea de 2006 sobre la aplicación de la Dir. 85/374 vino a incluir expresamente el tema de la exoneración de responsabilidad del productor “por cumplimiento de la legislación para los productos cuya seguridad está estrictamente regulada” dentro del grupo de aspectos problemáticos que habían de ser objeto de un seguimiento particularmente estrecho a fin de valorar la oportunidad de su eventual modificación. Sin embargo, el Cuarto y último Informe de 8 de septiembre de 2011 ha vuelto a aplazar la cuestión: tras constatar la existencia de divergencias y posiciones opuestas entre los agentes afectados en el tema de la exoneración de responsabilidad por cumplimiento de la legislación, la Comisión pone de relieve que la situación relativa a la aplicación de la Directiva 85/374/CEE en este punto es similar a la que se describía en el informe anterior de 2006, por lo que considera que “es prematuro proponer, en esta fase, una revisión de la misma”, sin perjuicio de comprometerse a seguir supervisando y evaluando el tema hasta la presentación de su próximo Informe (en 2016).

2.- Defecto de seguridad versus ineficacia y falta de conformidad del producto.

Partiendo de que son los defectos de seguridad los que tienen relevancia a los efectos del régimen específico de responsabilidad civil por productos defectuosos de los arts. 135 a 146 del TR, debe destacarse que ni la falta de calidad, utilidad o eficacia de un producto[30], ni los vicios que lo hagan impropio para el uso o finalidad a que esté destinado[31], implican necesariamente que sea defectuoso en el sentido del vigente art. 137. Tal como manifestaba el Considerando 6 de la propia Directiva comunitaria de 1985, “el carácter defectuoso del producto debe determinarse, no por su falta de aptitud para el uso, sino por no cumplir las condiciones de seguridad”.

De ello dejan constancia las no pocas sentencias que se han referido a la diversa responsabilidad civil que emana de los daños causados por “los defectos del producto, en sentido técnico jurídico” y de la “falta de eficacia o utilidad del producto” (SS. AAPP de Barcelona de 28 enero 2010 [JUR 2010/113292], Pontevedra de 18 mayo 2010 [JUR 2010238863] y Segovia de 26 febrero 2010 [JUR 2010178346])[32]; distinción que apuntó el Tribunal Supremo español en su S. de 25 de junio de 1996 (RJ 1996/4853) cuando, acudiendo a efectos interpretativos al concepto de defecto recogido en el art. 6 de la Dir. 85/374 (en términos semejantes a nuestro art. 137 TR de 2007), se ocupó de destacar las diferencias -en el caso de autos a efectos de plazos de ejercicio y prescripción de acciones- entre las anomalías de un producto “en relación a su uso y utilización con arreglo a su normal destino y finalidad” y las hipótesis de “defectuosa fabricación de un producto” que causa daños y genera una acción indemnizatoria del perjudicado. Subsumiendo en este segundo supuesto la concreta cuestión litigiosa, el TS confirmó la existencia de un auténtico defecto de seguridad en una cuna que no guardaba la distancia adecuada entre sus barrotes y el piecero del somier, y la consiguiente responsabilidad de su productor por la muerte del bebé que se asfixió al introducir la cabeza entre dichos barrotes. Especial hincapié hizo también en la distinción que nos ocupa la SAP de Navarra de 22 septiembre 2003 (JUR 2004112848), donde se vino a destacar que la propia regulación legal de la responsabilidad civil por los daños causados por realiza “una delimitación del concepto de producto «defectuoso» de conformidad con la finalidad perseguida, cual es la de eliminar riesgos al consumidor y no la de garantizar la utilidad del producto; es decir, el concepto de defecto no se relaciona con la ausencia de utilidad, sino con la de seguridad”[33].

No obstante lo dicho, la diferenciación entre los conceptos de «defecto» (de seguridad) y de «ineficacia, inaptitud o inidoneidad» de un producto no excluye, sin embargo, que pueda darse coincidencia entre ambos en determinadas hipótesis[34]. Como observa en tal sentido PARRA, “la falta de eficacia, según el producto de que se trate, según la función a la que esté destinado, o la eficacia en la que se pueda legítimamente confiar teniendo en cuenta la información suministrada por el fabricante, puede atribuir a un producto el carácter de defectuoso en el sentido de inseguro, porque esa falta de eficacia va a causar directamente unos daños a la integridad del consumidor o a otros bienes materiales”[35]. Ciertamente, esa posibilidad de que un producto ineficaz o de mala calidad sea al tiempo defectuoso en el sentido de inseguro se deja entrever en numerosas resoluciones judiciales (STS de 24 septiembre 1999 [RJ 1999/7272][36]) y es más que diáfano en algunas de ellas. Valga como botón de muestra la situación contemplada por la SAP de Zamora de 7 mayo 2001 (AC 2001/796), donde se condenó al fabricante de un vehículo (Citroën) a indemnizar los daños por la muerte de su conductora, al no haberse activado el airbag pese a darse todas las circunstancias exigidas para ello: por la propia función de un airbag, y conforme a la información sobre el mismo que en el caso de autos se extrajo del manual de equipamiento del coche, el fallo de dicho sistema, si bien representó una evidente falta de “eficacia” del producto -“una frustración de su propia finalidad”, como dice la Sentencia-, permitió asimismo estimar la existencia de un «defecto» de fabricación propiamente dicho[37].

En estrecha conexión con las precedentes ideas, interesa también poner de relieve que el concepto de «defecto» propio del régimen de responsabilidad por productos defectuosos -como falta de seguridad- no se identifica con la noción de «falta de conformidad» sobre la cual gravita la Directiva 1999/44/CE, sobre Determinados Aspectos de la Venta y las Garantías de los Bienes de Consumo (art. 2)[38]; falta de conformidad que asimismo constituye el eje del Título V, Libro Segundo, del TR español de 2007, en cuyos arts. 114 a 127 –y bajo la rúbrica de «Garantías y servicios posventa»- ha quedado refundida la hoy derogada Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, por la que se traspuso dicha Directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico. Sin entrar aquí en mayores detalles acerca de ese concepto de falta de conformidad, es preciso señalar su mayor amplitud que el de «defecto» en el campo de la responsabilidad por productos defectuosos; nociones que, si bien difieren[39], guardan entre sí una relación de especie a género: mientras que la falta de conformidad o calidad[40] no necesariamente consiste en una falta de seguridad -un producto puede ser totalmente inadecuado para el uso previsto y, sin embargo, seguro[41]-, la falta de seguridad, en cambio, siempre implica simultáneamente una falta de conformidad, por cuanto el producto inseguro, por el hecho de causar daños, no tiene la calidad que el consumidor contratante podía legítimamente esperar, de manera que a los productos con defectos de seguridad, además del régimen específico de responsabilidad civil por el producto, también les resulta de aplicación, en su caso, el régimen de garantías por falta de conformidad de la cosa vendida[42].

3.- Defecto de seguridad versus peligrosidad del producto.

Aunque sea más que obvio, los múltiples productos peligrosos que circulan en el mercado no merecen por su solo carácter peligroso la calificación de defectuosos[43]. Un producto peligroso ofrecerá la seguridad legítimamente esperada si advierte adecuadamente de los peligros inherentes que conlleva e informa de su correcto modo de utilización (SAP de Madrid de 9 abril 2010 [AC 2010/2251])[44], o aun sin necesidad de advertencias al respecto cuando se trate de riesgos absolutamente evidentes, conocidos y aceptados (SAP de Baleares de 28 junio 2010 [JUR 2010304375][45]). De ahí que, en un plano diverso al del régimen de responsabilidad civil por productos defectuosos instaurado por la Dir. 85/374, sea otra Directiva distinta –la Dir. 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre de 2001, relativa a la Seguridad General de los Productos, cuya incorporación al Derecho español tuvo lugar mediante el Real Decreto 1801/2003 de 26 diciembre- la que tiene por finalidad prevenir la existencia en el mercado de productos potencialmente peligrosos; todo ello sin que puedan desconocerse, como sobre el particular puntualiza MARÍN[46], las recíprocas interferencias que en ciertas hipótesis –y como luego veremos- pueden darse entre los conceptos de peligrosidad y de defectuosidad de un producto y sus respectivos regímenes de seguridad general de los productos y de responsabilidad por el defecto del producto[47].

En la praxis judicial española, la distinción entre producto peligroso y producto defectuoso ha sido puesta expresamente de relieve por bastantes resoluciones que, desde la SAP de Zaragoza de 27 de septiembre de 1999 (AC 1999/1661), vienen a señalar que, frente a la definición de producto defectuoso establecida en el art. 3.1 de la Ley 22/1994 [hoy art. 137 TR], “el concepto de producto peligroso, conforme a la doctrina científica más autorizada, puede ser definido como aquel que de forma inminente sea potencialmente susceptible de producir un daño por sí mismo, bien por su naturaleza, bien por su relación a otras determinadas circunstancias (cantidad, personas a quienes va dirigido, embalaje, etc.)[48], caracterizándose también por el hecho de llevar consigo, a ser posible incorporado al producto mismo, una llamada de atención sobre su innata peligrosidad a modo de advertencia, de forma tal que quien se sirva de él, pueda conocer de manera rápida los peligros que del mismo se derivan, y en su caso los medios apropiados para evitarlos”.

No obstante su neta diferenciación, es claro que un producto peligroso será además defectuoso si el peligro que comporta va más allá de lo que legítimamente cabría esperar y no ofrece la seguridad exigible[49]. Así se evidencia, por ejemplo, en las múltiples decisiones judiciales que ventilan pleitos sobre daños derivados del gas[50], de artefactos pirotécnicos[51] o de ciertos tipos de máquinas[52]; o, como con cierta frecuencia ocurre, cuando el producto presenta carencias de información sobre el peligro que conlleva su manipulación o no incorpora las indicaciones precisas sobre su utilización en la forma menos peligrosa posible, siendo la ausencia o insuficiencia de dichas informaciones lo que lo convierten en ilegítimamente inseguro[53]. Esa doble circunstancia -producto peligroso y, a la vez, defectuoso por falta de información- es la que se apreció, por ejemplo, en la S. del Tribunal Supremo español de 3 de diciembre de 1997 (RJ 1997/8722), que se sirvió de la Dir. 85/374 para imputar responsabilidad a la empresa importadora de una máquina peligrosa que omitía la información necesaria para su correcto uso; asunto en el que no se advirtió al usuario de las medidas de protección que debía adoptar al utilizarla ni se le proporcionó manual de instrucciones alguno, habiendo resultado probado que el accidente causante de las lesiones oculares a indemnizar se produjo precisamente por un manejo inadecuado de dicha máquina. Por mencionar algún caso de esa situación en la jurisprudencia menor, valga el contemplado por la SAP de Barcelona de 30 mayo 2002 (AC 002/1211) que, tras recordar la noción de producto “defectuoso” recogida en el art. 3.1 de la hoy derogada Ley 22/1994, no dudó en calificar como tal al líquido desatascador que causó importantes quemaduras al demandante mientras lo manipulaba: “tratándose de un producto potencialmente muy peligroso –argumenta la sentencia-, ni estaba restringida su venta a profesionales (lo cual hubiera podido advertir al usuario, de forma indirecta, de su peligrosidad), ni se avisaba en la etiqueta del riesgo de explosión al entrar en contacto con el agua, ni se advertía de la necesidad de utilizar guantes especiales y gafas… Y ni siquiera se indicaba la composición del producto, cuando la importante concentración de ácido sulfúrico en el mismo (que al menos para un profesional hubiera sido una clara indicación del riesgo) fue la determinante de que [posteriormente a la fecha de los hechos] se prohibiera su distribución a los consumidores y se ordenara la constancia de forma destacada en la etiqueta de tal limitación y de la peligrosidad del producto en sí”[54].

Por supuesto, y así se encarga de precisarlo SOLÉ, la información del fabricante sobre la peligrosidad de un producto sólo tiene relevancia, a efectos de excluir el carácter defectuoso del mismo, cuando el producto en cuestión haya sido correctamente diseñado y correctamente fabricado. Obviamente, de nada sirven sus advertencias cuando éstas versan sobre los peligros que encierra un producto precisamente por haber sido mal diseñado o fabricado. No es posible, en definitiva, convertir en no defectuoso un producto inicialmente afectado por un defecto mediante la simple indicación o aviso de los riesgos y peligros que ese defecto acarrea: la presentación de un producto no puede ser utilizada como un mecanismo de neutralización de los defectos de diseño o de fabricación del mismo[55]; o dicho de otro modo, la información no puede convertirse en una coartada que permita al fabricante exonerarse en todo caso.

III. Concepto unitario de «defecto» y clases de defectos: defectos de fabricación, de diseño y de información.

A partir del criterio general de la seguridad exigible a un producto, y pese a las dificultades prácticas de configurar una lista exhaustiva de defectos, es posible encontrar referencias doctrinales que, teniendo en cuenta especialmente la tipología funcional acuñada en Norteamérica, “pionera” en la materia[56], ensayan una clasificación de los defectos de que puede adolecer un producto: suele en este sentido distinguirse entre defectos de información -carencias o informaciones inexactas, insuficientes o incorrectas sobre el uso o consumo del producto, o sobre sus características y los riesgos que comporta-, defectos de diseño -por fallos en la proyección, planificación o concepción del producto, que normalmente concurren en toda la serie comercializada- y defectos de fabricación en sentido estricto, que, originados en la fase de elaboración propiamente dicha del producto (por fallos humanos o de maquinaria), suelen afectar a algún o algunos ejemplares aislados de la serie[57], siendo el resto de la producción correcta[58].

También en el plano judicial existen no pocas sentencias que se hacen eco de dicha trilogía y clasifican los defectos de un producto por los que puede imputarse responsabilidad a su productor en “defectos de fabricación propiamente dichos”, “defectos de proyecto o construcción” y “defectos de información o instrucción” (SS. AAPP de Badajoz de 22 febrero 2000 [JUR 200097331], de Baleares de 28 diciembre 2006 [AC 2007/155] y de Barcelona de 20 marzo 2009 [JUR 2009395919], entre otras)[59].

Sin embargo, conviene señalar que tan o más numerosas son las resoluciones judiciales –como la S. del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2006 (RJ 20061868)[60]– en las que, tras recordarse el concepto de defecto recogido en la normativa específica sobre responsabilidad civil por productos defectuosos, se destaca que “el rasgo fundamental de este concepto legal es que no recoge la distinción entre defectos de fabricación, defectos de diseño y defectos de información… El concepto de defecto es único: un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a la que una persona tiene legítimamente derecho, siendo irrelevante si ello es debido a causa de la fabricación, del diseño o de la información”.

Esa “indiferencia” respecto a la clase de defecto de que se trate ha llevado a que en algunas ocasiones se haya declarado la responsabilidad del productor por entenderse probado que, indistintamente, existía uno u otro tipo de defecto en el producto causante de los daños. A veces, se ha afirmado que el carácter defectuoso del producto derivaba de que éste “no hubiera sido bien diseñado o tuviera algún fallo en su fabricación”, como hizo la SAP Zamora de 28 diciembre 2010 (JUR 2011106172) respecto de una máquina cuya avería y rotura provocó la caída del operario que trabajaba con ella causándole diversos daños corporales, y como igualmente entendió la SAP de Tarragona de 7 julio 2006 (JUR 200764022) en relación con un mechero cuya explosión causó diversas lesiones al demandante. Otras veces se ha entendido –como en el caso resuelto por la SAP de Cáceres de 18 abril 2002 (AC 2002/1330) respecto de un yo-yo que estalló cuando la víctima lo puso en funcionamiento- que el producto adolecía bien de “una falta de información” (en el presente caso, por figurar en su etiqueta las instrucciones de uso en una lengua distinta al castellano), o bien de un “defecto en sí mismo” –pues, “debido a la velocidad de giro que alcanza y a la circunstancia de estar fabricado de material plástico, rígido y frágil, si choca con otro objeto puede romperse y descomponerse, riesgo a todas luces previsible, sobre todo teniendo en cuenta que lo habitual es que los destinatarios del juguete sean niños”-. No en vano, y en esa misma línea de razonamiento, es afirmación reiterada en la práctica jurisprudencial española en materia de prueba del defecto (ex art. 139 TR y art. 5 Ley 22/1994) que, si bien el perjudicado habrá de convencer al juzgador de que el producto era defectuoso en el sentido de inseguro, no está aquél obligado a individualizar o identificar con exactitud cuál ha sido el defecto específico que le ha causado el daño (SSTS de 19 febrero 2007 [RJ 20071895], 23 noviembre 2007 [RJ 20078122] y 30 abril 2008 [RJ 2008/2686])[61]. En este sentido, puede leerse en la SAP de Burgos de 13 febrero 2003 (JUR 2003122404) que “no es necesaria la prueba del concreto defecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, aunque no pueda determinarse la clase del mismo… e independientemente de cuál haya sido éste”.

Debe dejarse constancia, no obstante, de que la cuestión no deja de ser polémica pues, según puso de relieve el Informe Lovells sobre la «Responsabilidad civil por productos defectuosos en la UE» del año 2003, la imprecisión del término “defecto” en la Dir. 85/374 ha llevado a que “la noción de prueba suficiente para demostrar que un producto es defectuoso esté envuelta en un velo de incertidumbre”, siendo uno de los aspectos más controvertidos el de determinar si “es suficiente que el perjudicado pruebe simplemente que el producto tenía un fallo y que este fallo le causó el daño, o si es también necesario demostrar las causas del fallo”. El primero de esos dos criterios –recuerda dicho informe- ha sido el aplicado por los tribunales belgas (en un caso de estallido de una botella de refresco) y por los franceses (por ejemplo, en la S. del Tribunal de Aix en Provence de 2 octubre 2001[62], relativo a la explosión del cristal de una chimenea que causó lesiones al demandante), mientras que los jueces de Portugal (vgr. S. del Tribunal Superior de Coimbra de 8 abril 1997) y los del Reino Unido (por ejemplo en un caso de rotura de un implante mamario de silicona, o en el de un preservativo que se rompió mientras se estaba usando) suelen ser más rígidos y exigen la prueba de la naturaleza y la causa concreta del defecto, y no simplemente que el producto ha fallado. Ante la mencionada disyuntiva, el Estudio Lovells se limitó a señalar que “es de esperar que a medida que aumente el número de casos vistos al amparo de la Directiva se crearán suficientes antecedentes dentro del derecho jurisprudencial para que sirvan de orientación en la interpretación de este término fundamental. Es de esperar, igualmente, que ciertos aspectos sean aclarados por el Tribunal de Justicia Europeo”. Pues bien, reproduciendo esos datos que ofrece el citado Estudio, el Tercer Informe sobre la Dir. 85/374 presentado por la Comisión en 2006 concluyó que el tema de la prueba del defecto por parte del perjudicado constituía una de las cuestiones que había de continuar siendo objeto en el futuro de “un seguimiento estrecho y periódico”.

Sin embargo, el Cuarto y último Informe de la Comisión de septiembre de 2011 vuelve –si se me permite la expresión- a dar largas a la cuestión. A tal fin se sirve de la información proporcionada por los expertos nacionales y los grupos consultivos; información, muy similar a la recabada para elaborar aquel Tercer Informe, en la que, por un lado, sigue constatándose la existencia de divergencias en la jurisprudencia de los distintos Estados miembros en lo relativo a los elementos necesarios para demostrar el defecto: “Para determinados tribunales, por ejemplo, en Francia, Bélgica, Italia o España, basta con que el denunciante demuestre que el producto no ha cumplido la función para la que estaba destinado. Para otros, como por ejemplo en Alemania o Reino Unido, el denunciante debe demostrar la naturaleza exacta del defecto del producto con una mayor precisión. Según esa misma información, el Tribunal Supremo austriaco habría desarrollado una jurisprudencia reiterada que conciliaría esas dos posturas”. Por otro lado –sigue explicando la Comisión-, “algunas autoridades nacionales (entre ellas las de Bulgaria, Italia, Malta, Eslovaquia, Suecia o Letonia) consideran sin embargo que a los perjudicados les cuesta mucho demostrar que el daño lo ha causado el defecto del producto. Esas dificultades se deberían sobre todo al coste del dictamen pericial. Con el fin de superar esa dificultad, algunos de esos Estados miembros consideran que convendría modificar la Directiva para introducir una presunción de responsabilidad del productor o un mecanismo de inversión de la carga de la prueba”. Finalmente, se indica que, de acuerdo con la información disponible, la disposición sobre la carga de la prueba sigue constituyendo un elemento de controversia entre los representantes de las partes interesadas (consumidores de un lado, productores, proveedores y aseguradores por otro, y juristas): “Los consumidores insisten en la dificultad, sobre todo a causa del coste económico, de demostrar el carácter defectuoso de determinados productos muy técnicos o la relación causal entre dicho carácter defectuoso y el daño cuando la naturaleza del perjuicio aducido es compleja. Con objeto de garantizar más eficazmente la protección de los consumidores, consideran necesario invertir la carga de la prueba. Los productores y los aseguradores consideran, por su parte, que la exigencia de demostrar relación causal entre el daño y el carácter defectuoso del producto es un elemento fundamental para el equilibrio que aporta la Directiva entre los intereses de los productores y los de los consumidores. Consideran asimismo que la flexibilización de las normas relativas a la carga de la prueba estimularía las acciones judiciales de los consumidores por daños menores. Según los juristas, los denunciantes están en condiciones de establecer la relación causal entre el defecto y el daño basándose en las normas de prueba de los distintos Estados miembros. La prueba de ello sería la cantidad creciente de solicitudes de indemnización de daños causados por un producto defectuoso”. No obstante las referidas polémicas y divergencias, concluye este Cuarto Informe que, dado que las mismas “no crean obstáculos importantes en materia comercial ni distorsiones de la competencia dentro de la Unión Europea”, “es prematuro proponer, en esta fase, una revisión” de la Directiva, de manera que la Comisión Europea se compromete a “supervisar todo desarrollo que pueda afectar a este equilibrio, llegado el caso, mediante una evaluación en profundidad” de las referidas disposiciones sobre la carga de la prueba.

Cerrado este breve paréntesis, parece claro, con todo, que el vigente art. 137 del TR español, aun omitiendo formalmente la distinción explícita entre unos y otros tipos de defectos[63], en cuanto norma abierta que ofrece un concepto amplio y flexible de producto defectuoso -al que, no en vano, se ha venido a calificar como un «concepto jurídico indeterminado» (STS de 19 febrero 2007 [RJ 20071895])[64]– admite la inclusión de cualesquiera de ellos –defectos de información, de diseño y de fabricación-; y ello, tanto por vía de la remisión que el precepto realiza en su punto 1º a una serie de circunstancias o parámetros a tener especialmente en cuenta para medir la seguridad exigible al producto, como en combinación con otros datos que se contienen en los párrafos 2 y 3 del mismo artículo[65]. De ello precisamente nos vamos a ocupar a continuación.

IV. Principales circunstancias a considerar en la determinación del carácter defectuoso de un producto.

Antes de adentrarnos en su estudio individualizado, es preciso comenzar recordando que las tres circunstancias enumeradas expressis verbis por el art. 137.1 TR para valorar el eventual carácter defectuoso de un producto no tienen carácter de numerus clausus, pues el propio precepto ordena atender a “todas las circunstancias”. Por tanto, además de las explícitamente mencionadas, cualquier otra circunstancia concurrente en el caso podrá ser tenida en cuenta[66], siempre y cuando sea relevante en la formación de las expectativas de seguridad del producto en cuestión[67].

1.- La presentación del producto.

El primero de los tres criterios a que el art. 137.1 TR exige prestar una atención particular es la «presentación» del producto, lo que ya a primera vista evoca la seguridad que pueda esperarse del mismo en función de su aspecto externo, su envase, embalaje, envoltorio, etc.[68] y, en consecuencia, “comprende su empaquetado, marcado o etiquetado, así como la publicidad que se efectúe y las informaciones que se ofrezcan sobre su utilización” (SS. AAPP de Vizcaya de 20 abril 2005 [JUR 2005200889] y de Baleares de 28 diciembre 2006 [AC 2007/155] y 28 junio 2010 [JUR 2010304375]).

Así, pues, dado que el parámetro de la “presentación” del producto remite claramente a la categoría de los defectos de información[69] [en concordancia con los arts. 12 y 18.2.e) TR], es lógico que muchas sentencias hayan reconducido al mismo la deficiente información proporcionada por el fabricante, ya sobre las instrucciones de uso (STS de 23 noviembre 2007 [RJ 20078122])[70] ya respecto a las advertencias sobre las características del producto[71]. Así se aprecia, de forma particularmente jugosa, en la SAP de Barcelona de 17 diciembre 2001 (JUR 200284388), donde se ofrece un ejemplo en que el carácter defectuoso del producto (un limpiamuebles en spray) no estribaba tanto en la carencia o insuficiencia de las instrucciones de uso del mismo, como en la ausencia de indicaciones sobre los riesgos que podía comportar aun siguiéndose tales instrucciones –en concreto, por no especificar que “podía producir reacciones alérgicas” siquiera en un sector de personas-. Analizado el producto en cuestión por el Laboratorio de Analítica Forense, éste puso en evidencia “el posible riesgo de toxicidad por inhalación” del mismo; riesgo que podía “afectar a las personas en función de su mayor o menor sensibilidad a los hidrocarburos, o bien por afecciones ya existentes en el aparato respiratorio”. A la vista de este informe, y a partir del concepto de defecto del art. 3 de la LRCPD de 1994 –el aplicable al caso, y hoy reemplazado por el 137 del TR de 2007-, la sentencia subrayó que entre las circunstancias a que dicho precepto exige atender de forma especial se halla la «presentación» del producto, “término amplio y falto de precisión –declaró la AP-, pero que comprende en cualquier caso la información que contenga”. Sobre esta base, y aun reconocido por la Audiencia que las instrucciones sobre el modo de empleo que acompañaban al limpiamuebles eran claras y completas (únicamente en lugares ventilados, con pulverizaciones cortas y evitando el contacto con los ojos y la piel), la ausencia en el mismo de advertencia alguna sobre sus posibles efectos nocivos llevó al Tribunal a estimar la responsabilidad de la empresa demandada al concluir que “tratándose de un producto que podía producir reacciones alérgicas, el fabricante tendría que haberlas prevenido con una adecuada información, máxime cuando no se alude en el Informe del Laboratorio a que tales reacciones sean infrecuentes, y ello aun cuando sólo afecten a ciertas personas en función de sus características fisiológicas”.

2.- El uso razonablemente previsible del producto.

La segunda de las circunstancias a que hace expresa referencia el art. 137.1 TR -el «uso razonablemente previsible» del producto- abarca “no sólo los usos normales o apropiados[72] sino también aquellos no habituales pero previsibles dentro de una razonabilidad objetiva, quedando sólo excluidos los usos completamente irracionales”[73], es decir, aquellos usos tan excepcionales y tan alejados del que es el apropiado al destino habitual del producto que no resultan previsibles razonablemente ni para un fabricante objetivamente considerado ni para un destinatario objetivo del producto[74].

Particular atención a esta circunstancia prestó la S. del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 24 junio 2002 (JUR 2002226263) a fin de considerar inseguro el ascensor de un hospital cuyas puertas se cerraron y atraparon a una mujer, causándole diversas lesiones, cuando aquélla trató de entrar en el mismo, pues el que lo hiciera precipitadamente debía reputarse algo “razonablemente previsible”[75]. Especial hincapié hizo también en ese parámetro valorativo para determinar el carácter defectuoso de un producto la SAP de Cantabria de 25 abril 2005 (JUR 2005129161), que declaró responsable a Coca-Cola España de los daños sufridos por una niña que se perforó un ojo con la estrella que remataba la varita mágica que formaba parte del disfraz de bruja con que dicha empresa obsequiaba por la compra de sus refrescos. Entendió en este asunto la Audiencia que dicho juguete debía considerarse inseguro, pues “entra dentro del uso razonablemente previsible de una varita mágica por un niño, el que éste dé enérgicos golpes representativos del rol mágico que está desarrollando durante el juego”[76]. De hecho, también en este sentido se han pronunciado las SS. de la AP de Baleares de 28 diciembre 2006 (AC 2007/155) y 28 junio 2010 (JUR 2010304375) al especificar que “el uso que razonablemente pudiera esperarse de un producto se relaciona con el tipo de consumidor al que aquél se dirige (así, no es lo mismo un producto dirigido a los adultos que uno destinado a los niños)”.

Ya bajo la vigencia del TR de 2007, cabe encontrar igualmente algunos fallos que se fundan en su art. 137.1 y acuden al parámetro del uso razonablemente previsible del producto para apreciar el carácter defectuoso del mismo. Así lo hace la SAP de Salamanca de 6 julio 2010 (JUR 2010296941) en relación con un mueble de un dormitorio infantil (una cómoda a la que le faltaban tornillos en las bisagras) que se cayó sobre una menor cuando ésta trataba de abrirlo y le ocasionó diversas lesiones: esgrimió en tal sentido el tribunal que “no puede hablarse en modo alguno de culpa exclusiva de la víctima, cuando es perfectamente normal y previsible que una niña de seis años, al atascarse la puerta [del mueble] tire de la misma” [77].

Así como el parámetro de la presentación del producto se conecta directamente con los llamados defectos de información –tal como anteriormente indicábamos-, también el del uso razonablemente previsible del producto guarda, en ciertos casos, relación con la información y advertencias que se adjunten al mismo[78]. Muestra de ello es la SAP de Toledo de 11 diciembre 2009 (JUR 201085388) que, dictada ya en aplicación del vigente art. 137.1 del TR de 2007, apreció el carácter defectuoso de un cartucho serpentina que se había liberado en una habitación cuyo techo se encontraba a menos de tres metros, por lo que el tapón del cartucho rebotó en el techo e impactó en la cara de la demandante causándole diversas quemaduras. Al carecer el artilugio en su etiquetado de indicación alguna relativa al modo y lugar en que podía ser utilizado, las precauciones para ello, los riesgos que entrañaba, etc., declaró la AP que, en atención al uso razonablemente previsible del producto a que remite el citado precepto del TR, “no cabe confiar al sentido común el conocer que el mismo no pueda ser liberado en lugar cerrado”[79].

3.- El momento de puesta en circulación del producto. Referencia particular al ulterior perfeccionamiento de un producto.

El «momento de puesta en circulación»[80] del producto es el tercero de los datos que, conforme al art. 137.1 TR, ha de tenerse especialmente en cuenta para fijar el grado de seguridad que legítimamente cabe esperar del mismo y apreciar su carácter defectuoso o no en función de la fecha de su lanzamiento al mercado. En realidad, sin embargo, la importancia de ese parámetro va más allá, hasta el punto de constituir un elemento central en la determinación de la existencia del defecto: como observa SOLÉ, es a dicho momento al que deben reconducirse «todas las circunstancias» a considerar –tanto la presentación del producto y su uso razonablemente previsible, como aquellas otras no mencionadas expresamente en el art. 137-, de tal manera que cualquier otra condición o factor que sobrevenga después de la puesta en circulación será irrelevante para el juicio de defectuosidad del producto[81].

Pese a la trascendencia de tal momento, el Texto Refundido español, a diferencia de otras leyes europeas de responsabilidad civil por productos[82], continúa sin despejar a nivel normativo –como ya ocurría con la primitiva Ley 22/1994- cuándo tiene lugar la «puesta en circulación» de un producto. Esa omisión ha propiciado opiniones doctrinales diversas, siendo hoy dominante aquella según la cual la puesta en circulación del producto se produce con su primera entrega voluntaria por el productor a cualquier intermediario o suministrador, o al usuario o destinatario final (sea o no consumidor), por cualquier título (venta, arrendamiento financiero o cualquier otra forma de distribución)[83]. Con todo, conviene advertir que en este punto nuestro legislador se ha limitado a guardar rigurosa fidelidad a la Directiva 85/374, donde tampoco se define tal concepto; falta de definición por la normativa comunitaria del momento de “puesta en circulación” de un producto[84] que ha conducido a que, en respuesta a cuestiones prejudiciales formuladas acerca de su discutible significado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se haya visto obligado a pronunciarse al respecto ya en un par de ocasiones: en una para precisar dicha noción en cuanto al dies a quo en el cómputo del plazo de diez años para la extinción de la responsabilidad del productor[85] (S. de 9 de febrero de 2006 [TJCE 2006/34])[86], y en la otra para hacer lo propio en el contexto de las causas de exoneración de responsabilidad de aquél (S. de 10 de mayo de 2001 [TJCE 2001/133])[87].

Al hilo de esta última alusión a las causas por las que el productor puede exonerarse de responsabilidad –previstas por la Dir. 85/374 en el art. 7 y recogidas en el art. 140 del TR español de 2007[88]-, interesa subrayar que, al ser el momento de “puesta en circulación” del producto el relevante para medir la seguridad exigible al mismo, de ello se derivan como consecuencias inmediatas que no existirá responsabilidad mientras el producto defectuoso no haya sido puesto en circulación [art. 140.1.a) TR][89] y que no se responderá de los defectos del mismo presumiblemente surgidos con posterioridad a dicho momento [art. 140.1.b)[90]], a lo que debe añadirse que, en la legislación española, tampoco será responsable el productor -salvo el de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano (art. 140.3)[91]– si prueba “que el estado de los conocimientos científicos y técnicos existentes en el momento de la puesta en circulación[92] no permitía apreciar la existencia del defecto” [art. 140.1.e) TR]. De otra parte, e insistiendo en que el momento decisivo para juzgar sobre la existencia del defecto es el de la puesta en circulación –y no el del diseño del producto ni el de su elaboración-, la responsabilidad se extenderá a los defectos que surjan desde la concepción o la fabricación del mismo hasta que sea puesto en circulación. Pero además, si se tiene en cuenta que el nivel de seguridad exigible a un producto no es temporalmente inmutable (sino que fluctúa conforme al desarrollo científico y tecnológico), puede incluso llegar a suceder –como bien advierte BERCOVITZ[93]– que lo que no era defecto en el momento de la fabricación, sí lo sea posteriormente en el de la puesta en circulación o distribución (por ejemplo, al haber aumentado las exigencias de seguridad con respecto al producto en cuestión).

De cualquier modo, la relevancia de la puesta en circulación del producto -como momento para valorar la existencia o inexistencia en él de un defecto- conduce a que un producto no pueda ser considerado defectuoso, como se cuida de explicitar el párr. 3 del art. 137 TR, “por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada”, es decir, con más seguridad, con menor peligro de causar daños[94]. Aunque es obvio que en el supuesto de hecho a que hace referencia la norma no se trata del mismo producto concreto -de “tal producto”, como se dice textualmente-, sino de la posterior puesta en circulación de modo más perfeccionado de otro producto de la misma clase o especie que aquél -lo que recuerda en especial a los defectos de diseño o de concepción del producto-, no habría estado de más que, a la hora de integrar el primitivo art. 3.3 de la Ley 22/1994 en el Texto Refundido, se hubiese aprovechado la ocasión para clarificar la redacción del artículo en el sentido expuesto[95], sin que ello hubiera implicado extralimitarse en las facultades de la delegación legislativa contenida en la Disposición Final 5ª de la Ley 44/2006 de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, la cual habilitaba expresamente al Gobierno español para “aclarar” los textos legales refundidos.

Al margen de la anterior puntualización, dado que el art. 137.3 TR especifica atinadamente que el producto no se entenderá defectuoso “por el solo hecho” de la ulterior puesta en circulación de otro producto de igual clase más perfeccionado[96], lo que con ello se pretende -como bien se ha razonado- es únicamente evitar la posibilidad de que, a partir de la modificación por el fabricante de alguna característica de su producto, se le impute automáticamente responsabilidad por los daños que produjo si, en atención a todas las circunstancias concurrentes en el momento de su puesta en circulación, no cabía esperar mayor nivel de seguridad del mismo: se trata de eludir la aplicación de los estándares de seguridad de hoy a los productos de ayer[97].

Ahora bien, precisamente también porque el art. 137.3 utiliza la expresión “por el solo hecho” -“por la única razón”, según dice la Dir. 85/374 (art. 6.2)-, debe entenderse que la norma no excluye que, en ocasiones, el posterior perfeccionamiento de un producto por el fabricante (introduciendo en él mayores niveles de información o añadiendo medidas de seguridad a su diseño) pueda servir como indicio de que realmente era defectuoso y debía corregirse[98]. Explícita referencia a este criterio valorativo llevó a cabo la SAP de Asturias de 21 marzo 2001 (AC 2001/637) para dar por probado el defecto de un gato que se rompió cuando el dueño del coche procedía a cambiar una rueda, lo que, al desplomarse el vehículo, le causó diversas lesiones en una mano. Por prueba pericial quedó acreditado que “el gato en cuestión era el que entonces incorporaban como accesorio los vehículos de esa marca (Peugeot 406), pero que desde hacía unos años se sustituyó la tuerca de plástico, que era la que llevaba el gato del litigio, por otra de acero, que el perito considera material más apropiado”. A la luz de ese dato, la Audiencia entendió que se estaba ante un “producto defectuoso, ya que no ofrece la seguridad que cabría legítimamente esperar de él,… no dejando de ser significativa –destacó- la sustitución posterior del material empleado para la fabricación de la repetida tuerca”.

Por citar otro ejemplo más, sirva el que ofrece la SAP de Santa Cruz de Tenerife de 19 marzo 2004 (JUR 2004135063) a fin de estimar probado el carácter defectuoso de la rueda de un coche, la cual se desprendió cuando el vehículo circulaba a 40 Km./h. y produjo su colisión lateral con otros coches causando diversos daños materiales y lesiones a la conductora. A tal efecto, la Audiencia tuvo en consideración, además de la dinámica del accidente y el dictamen pericial según el cual la salida de la rueda se debió “a una posible deficiente aleación que hace que la pieza se rompa por la parte más débil”, que “la pieza de unión de las ruedas presentaba deficiencias en vehículos de la misma marca de años cercanos al de fabricación del del actor, lo que llevó al fabricante a la revisión de los mismos, así como al cambio de la pieza en los fabricados con posterioridad”[99].

4.- El criterio del «apartamiento de la serie». 

Pese a carecer de antecedente alguno en la Directiva europea 85/374, el punto 2 del art. 137 del TR español de 2007 contempla –como ya hacía el art. 3.2 de la hoy derogada Ley 22/1994- el llamado criterio del «apartamiento de la serie»[100], previsto en particular para los defectos de fabricación en sentido estricto[101]. En virtud de este parámetro comparativo, y como complemento del criterio general del párrafo 1 del art. 137 (“la seguridad que cabría legítimamente esperar” del producto)[102], se establece de forma imperativa -“en todo caso”, dice el precepto- el carácter defectuoso de un producto si éste ofrece menor seguridad que la normal del resto de los ejemplares de su misma serie[103].

Constituyendo, pues, un canon objetivo de gran utilidad a la hora de la prueba de la defectuosidad del producto por parte del perjudicado[104] -en tanto que establece una presunción legal iuris tantum del defecto de fabricación cuando concurren las circunstancias mencionadas en el art. 137.2 TR[105]-, no extraña que, de modo más o menos explícito, haya sido empleado a tal fin –aunque acaso con menor frecuencia de la que cabría esperar- a la hora de ventilar diversos pleitos sobre daños por productos (STS de 19 de febrero de 2007 [RJ 20071895]): de modo particular en los concernientes a accidentes relacionados con defectos de fabricación de los vehículos[106] (SAP de Alicante de 20 noviembre 2003 [AC 2004/54][107] y SAP de Madrid de 31 julio 2001 [JUR 2001283132], ambas en asuntos de fallos de airbags[108]); pero también en el campo de los productos pirotécnicos (SAP de Cantabria de 20 junio 2005 [JUR 2005176100][109]), los productos sanitarios (SAP de Madrid de 12 septiembre 2005 [JUR 2005/253114] en relación con un marcapasos)[110], los alimentos (SAP de Barcelona de 29 noviembre 2005 [AC 2006/182][111]) y otros heterogéneos productos de la infinidad que concurren en el mercado (ollas a presión[112], plataformas elevadoras[113], calentadores de agua[114], etc.). Baste como una muestra de ellos el ejemplo que ofrece la SAP de Tarragona de 7 de julio de 2006 (JUR 200764022) que, en virtud del referido criterio del “apartamiento de la serie”, dio por probado el carácter defectuoso de un mechero cuya explosión causó diversas lesiones al demandante: el producto es defectuoso –declaró esta sentencia- ya que “no ofrece la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie, ni de los encendedores en general, pues a los encendedores, tan de uso corriente como el del caso de autos, debe exigírseles la garantía de que no explotarán por el solo hecho de haber sido expuestos brevemente en el salpicadero de un coche aunque sea en un día caluroso del mes de julio (temperatura máxima de 35º)”.

Por citar un supuesto resuelto ya al amparo del TR de 2007, cabe traer a colación la SAP de Asturias de 13 mayo 2011 (JUR 2011206578) que, a fin de dar por probado el carácter defectuoso de una motocicleta y estimar, en consecuencia, la responsabilidad de su fabricante por las lesiones que sufrió el conductor de la misma al caerse de ella, manifestó expresamente haber tomado en consideración que frente a la “seguridad que sí es normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie  (art. 137.2 TR)”, la motocicleta del caso de autos “presentaba un defecto en el montaje de una de sus piezas que privaba a la máquina de la seguridad que cabría legítimamente esperar”.

Informações Sobre o Autor

Pilar Gutiérrez Santiago

Profesora Titular de Derecho Civil (Acreditada como Catedrática), Universidad de León/España