Resumen: Se entiende que la cohesión social es de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, que se caracteriza por el predominio de la solidaridad, confianza y cooperación entre los ciudadanos, quienes asumen sus deberes y derechos; lo que hace posible la existencia de gobiernos justos, transparentes y democráticos. La ausencia de cohesión social debilita el lazo social, fomenta la apatía y la exclusión, todo lo cual debilita la legitimidad del Estado. La salud entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino como el más completo estado de bienestar físico, mental y social, es un derecho humano fundamental, cuya plena realización es un objetivo social ineludible.
Palabras clave: Salud, Migración, Solidaridad; Seguridad, Protección.
Sumario: 1. La importancia de la Seguridad Social. 2. La protección del Derecho de la Seguridad Social. 3. Migración y Protección Social. 4. Trabajo Informal y precario. 5. El derecho a Migrar. 6. Condición Migratoria y Acceso a la Salud. 7. Los Problemas de Salud del Migrante.
1. La importancia de la Seguridad Social.
Para la OIT, la seguridad social, protege a todo miembro de la sociedad, proporcionándoles prestaciones medicas y en dinero, por cualquier contingencia que ocasione la perdida o reducción de ingresos; debido entonces a que la seguridad social significa un mecanismo de distribución de la riqueza con miras de equilibrar las desigualdades sociales y prever las contingencias que se presentan ante cualquier eventualidad, donde el Estado sea el que vele por los intereses de los trabajadores, y de los sectores mas marginados, y sin duda vulnerables; así como de la población en general, ya que la seguridad social no debe ser un derecho basado en una cotización o aporte sino la obligación del Estado a proporcionar protección integral a toda la población, mediante la distribución de la renta nacional para alcanzar el desarrollo económico y social.[1]
Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo “define a la Seguridad Social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También es la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos”.[2]
Para Bismarck “Los seguros sociales fueron el medio para acallar los reclamos de las masas trabajadoras inconformes con su situación laboral y social, por lo tanto solo gozaban de ellos quienes estaban vinculados a una relación laboral, deberían ser financiados mediante cuotas obrero patronal, sólo tenía derecho a prestación quien había cotizado a un fondo de capitalización con el que se cubrían las prestaciones”. [3]
Se entiende que la cohesión social es de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, que se caracteriza por el predominio de la solidaridad, confianza y cooperación entre los ciudadanos, quienes asumen sus deberes y derechos; lo que hace posible la existencia de gobiernos justos, transparentes y democráticos. La ausencia de cohesión social debilita el lazo social, fomenta la apatía y la exclusión, todo lo cual debilita la legitimidad del Estado. La salud entendida no sólo como ausencia de enfermedad, sino como el más completo estado de bienestar físico, mental y social, es un derecho humano fundamental, cuya plena realización es un objetivo social ineludible. El acceso a la salud, junto con asegurar el bienestar de los sujetos y los pueblos, favorece el sentido de permanencia a la comunidad y una adaptación creativa y transformadora de la realidad. Es por tanto, una dimensión importante de la cohesión social.
El acceso a la salud como derecho humano primordial, aparece ya consagrado en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en Nueva York, 1946. En ésta se define a la salud como “un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. Además se establece un principio esencial según el cual: “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, ideología política o condición económica o social”.[4]
¿Se atreverían los mexicanos como país expulsor que nuestro ancestral problema migratorio con los Estados Unidos podría desaparecer hoy mismo?, pero aún más se podría creer, que en condiciones absolutamente legales seria posible mandar hasta 400 mil trabajadores a los campos estadounidenses, más otros 200 mil a hospitales, como enfermeros hombres o mujeres; a otros cientos de miles como maestros y al resto del conglomerado laboral a una amplia serie de trabajos que están abiertos y a la espera de ser ocupados por mexicanos o extranjeros, ya que no hay demanda interna para ellos.
Máxime hoy día con la iniciativa legal antiinmigrante presentada en el Estado de Arizona; situación que sin duda agrava, aún más la relación entre países, que con ello acrecenta la discriminación entre personas; el tema de esta iniciativa de ley sin duda genera otro espacio para la reflexión pensando como país de migrantes, pero al fin gente buena y trabajadora cuya única virtud es saber trabajar; haciendo labores que otros por la misma condición de su raza no hacen, o no nacieron para efectuarlas.
Lo complicado de todo ello es que el problema migratorio con el vecino del norte jamás debió existir por causas por demás legales, que aunado al largo discurso retórico y abnegado no permita esbozar por lo menos un acercamiento a una posible reforma migratoria que incluya no solo en el país expulsor como el caso de México, si también en el país receptor que incluya a las familias de los migrantes que se quedan en país la cobertura de la seguridad social, mediante mecanismos que permitan un cambio en las estructuras y un desarrollo humano integral y no solo virtual.
Para los contemporáneos, la seguridad social engloba un conjunto de medidas adoptadas por la sociedad con el fin de garantizar a sus miembros, por medio de una organización apropiada, una protección suficiente contra ciertos riesgos a los cuales se hallan expuestos.[5]
La concepción que de seguridad social que se tiene por diversos autores es ambigua y no abarca lo que la seguridad social de suyo llega a significar. El objetivo de la seguridad social es amplísimo, según Beveridge y Bismark, ésta debe proteger a todo miembro de la sociedad en cualquier contingencia, y para otros la seguridad social solo se concreta a riesgos de salud, sin hacer mención de las prestaciones que debe sufragar el Estado, para lograr que los individuos tengan la posibilidad de satisfacer todo lo necesario para tener una existencia digna.[6]
2. La protección del Derecho de la Seguridad Social.
“México ha logrado importantes avances en materia de seguridad social, basta con echar un vistazo a la historia y reconocer como puntos importantes de su desarrollo: la inclusión de los derechos sociales en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917; la institución de la Dirección General de Pensiones Civiles, hoy en día Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en diciembre de 1959, durante el gobierno de Adolfo López Mateos; la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social el 19 de enero de 1943, en el gobierno de Manuel Ávila Camacho; y la inclusión de 55 788 900 de mexicanos a los diversos seguros sociales con los que contamos en el país. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos al estancamiento que se ha dado en esta materia en las últimas dos décadas por lo menos, al grado tal de la involución si se toma como ejemplo la sustitución del sistema de reparto por el de capitalización individual con administración privada.
El caso es que derivado de múltiples factores como cambios poblacionales, la influencia de corrientes neoliberalizadoras y las diversas crisis económicas por las que México ha atravesado en las últimas tres décadas, se ha ocasionado que la seguridad social se mantenga casi estática y haya detenido su crecimiento en cuanto a cobertura se refiere.”[7]
Los seguros sociales fueron el medio para acallar los reclamos de las masas trabajadoras inconformes con su situación laboral y social, por lo tanto solo gozaban de ellos quienes estaban vinculados a una relación laboral, deberían ser financiados mediante cuotas obrero patronal, sólo tenía derecho a prestación quien había cotizado a un fondo de capitalización con el que se cubrían las prestaciones. [8]
Beveridge, considero que la seguridad social debía brindar una protección universal, y creyó que el punto de partida para tener derecho a esa protección no podía ser solo la vinculación laboral. Asimismo, consideró que la seguridad social se perfecciona, cuando constituye una previsión contra los estados de necesidad que se originan por la perdida de ingresos así como por la insuficiencia de éstos para hacerle frente a las cargas familiares.[9]
También pensó que esto debía ser complementado por una política de pleno empleo y una política nacional de salud, financiada por medio de impuestos, que asegurara asistencia gratuita a toda la población, tanto en el plano de prevención como en el del tratamiento.
Los precursores del derecho de la seguridad social tuvieron claro que el sistema económico estaba dejando una estela de sectores marginados a los que había que atender mediante medidas integrales de previsión en el trabajo -a los que se encontraran dentro de un sistema laboral formal- y con programas especiales para aquellos que no estuvieran bajo ningún régimen social o laboral; hicieron de la seguridad social una estrategia de desarrollo económico y social, argumentando que mientras una nación no atendiera los problemas de seguridad de sus trabajadores y de aquellos que constituyen el sector de desempleados y marginados, nunca se podrían alcanzar los deseados niveles de bienestar social. De ahí que los dos planteamientos hayan tenido desde su origen la característica común: ser el Estado el principal obligado a efectuar dichos programas, lo que los llevó a convertirse, en los consagradores de la concepción de la seguridad social como un derecho inexcusable de los seres humanos, trabajadores o no, de vivir bajo ciertas condiciones, no sólo de subsistencia, sino bajo una existencia realmente digna.
La concepción que de seguridad social que tiene Pasco, como lo refiere en la cita anterior; es ambigua y no abarca lo que la seguridad social de suyo llega a significar. El objetivo de la seguridad social es amplísimo, según Beveridge y Bismark, ésta debe proteger a todo miembro de la sociedad en cualquier contingencia, y para Pasco la seguridad social solo se concreta a riesgos de salud, sin hacer mención de las prestaciones que debe sufragar el Estado, para lograr que los individuos tengan la posibilidad de satisfacer todo lo necesario para tener una existencia digna.
Por su parte Arce Cano, señala que la seguridad social es el instrumento jurídico y económico que establece el Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el derecho a un ingreso para vivir y a la salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional por medio de prestaciones del seguro social, al que contribuyen los patrones, los obreros y el Estado.[10]
Si comparamos esta manera de concebir a la seguridad social con los planteamientos de Beveridge y Bismark en materia de seguridad social, se puede establecer que hay coincidencias en cuanto a que es el Estado quien debe proporcionarla, amparando contra cualquier contingencia profesional o enfermedad no profesional, o bien por perdida del ingreso al quedar desempleado, pero también se presentan discrepancias con lo planteado por Beveridge, éste prescribe que la cobertura de la seguridad social debería ser para todos los miembros de la sociedad y no solo para aquellos que se encuentren vinculados al trabajo formal.
3. Migración y Protección Social
A lo largo de la historia han ocurrido numerosas migraciones políticas y religiosas. El motivo de ellas de ellas siempre fue el mismo, buscas otro país que les brindara mayores oportunidades y garantías jurídicas para el ejercicio de la libertad de conciencia, de trabajo, de progreso y de creencias, por ello trabajo, migración e informalidad como consecuencia del desempleo forman un hibrido social que se aborda como objeto del proyecto de investigación en ciernes.
Por otro lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la seguridad social como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. También es la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos.[11]
Para la OIT, la seguridad social, protege a todo miembro de la sociedad, proporcionándoles prestaciones medicas y en dinero, por cualquier contingencia, que ocasione la perdida o reducción de ingresos. Se coincide con esta definición, así como con la propuesta de Beveridge, debido a que la seguridad social significa un mecanismo de distribución de la riqueza con miras de equilibrar las desigualdades sociales y prever las contingencias que se presentan ante cualquier eventualidad, donde el Estado sea el que vele por los intereses de los trabajadores, y de los sectores más marginados, así como de la población en general, ya que la seguridad social no debe ser un derecho basado en una cotización o aporte sino la obligación del Estado a proporcionar protección integral a toda la población, mediante la distribución de la renta nacional para alcanzar el desarrollo económico y social.
La Convención Internacional sobre la protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, del 18 de diciembre de 1990, establece en su articulo 2 que:”1. Se entenderá por trabajador migratorio toda persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional”.[12]
Son trabajadores que crean una relación laboral en la que muchas veces no existe la formalidad que señala la ley por ser trabajadores, cuya estancia carece de legalidad y por ende de una inestable situación personal.
Debido a la solidaridad que todavía se establece mediante los lazos de unión familiar es que los trabajadores inmigrantes envían remesas a sus familiares remanentes en México y en general en su países de origen, y esta ayuda solidaria constituye en muchas ocasiones para ellos la única forma de protección social que conocen: la solidaridad familiar; cabe señalar que de los 2443 municipios de nuestro país, sólo 93 de ellos no tienen ningún nexo con la migración, en el sentido de remesas y expulsión de migrantes.[13]
Algunos otros datos importantes son aquellos emitidos por el Consejo Nacional de Población en al año 2003, cerca de 26.7 millones de mexicanos residían en Estados Unidos cuya ascendencia es de origen mexicano y 9.9 millones es población nacida en México pero residente en Estados Unidos.[14]
De entre los migrantes mexicanos predomina el sexo masculino, es decir, existen 116 hombres por cada 100 mujeres la mayor parte de esta población son jóvenes en edad productiva, cuya edad promedio es de 34 años, dos años menos a la edad promedio de la población nativa. Por lo que corresponde a la actividad laboral, el 69% de la población mexicana era población económicamente activa, de los cuales el 62% estaban ocupados.[15]
La migración se ha convertido en un mecanismo informal de manejo de riesgos, a través del cual la familia involucrada (trabajador migrante y miembros remanentes en México) logra solventar los gastos de las contingencias presentes, sin embargo, no logra prever a futuro.
La migración de trabajadores de países pobres a países ricos es una realidad de la globalización, de la que muchos Estados del país representan ser un camino de paso importante del flujo migratorio Internacional, digamos es el punto de partida para muchos mexicanos y paso obligado de migrantes de países diversos. Donde por un lado se puede observar claramente como acuerdos internacionales como el TLC facilitan el intercambio de mercancías; pero las medidas antimigrantes se endurecen; como el caso recién aprobada de una legislación en el Estado americano de Arizona, con una ley que criminaliza la simple apariencia de ser migrante; las medidas discriminatorias en contra de los migrantes aumentan al igual que las leyes favorecen el consumismo en sus países de origen o la explotación laboral para la fabricación de componentes o ensamblaje de sus productos, o mejor aún, suavizan el control y recaudación fiscal para sus empresas.
La realidad es que las familias remanentes en México de los trabajadores migrantes depende de las remesas para sufragar sus necesidades más básicas y no logra generar derechos futuros a prestaciones sociales como la atención a la salud o pensiones, y por tanto, si bien pueden sufragar sus gastos actuales, no se puede afirmar que lo harán en el futuro, por lo que se convertirán en un una enorme carga para la ya tan rebasada asistencia social, la cual se financia del erario fiscal, es decir de los impuestos de todos los mexicanos.
Pero por ello el problema es la inoperancia de gestión pública y social actual, por no considerar a los migrantes como parte del problema y de la solución. Estas causas aparejadas son la falta de cultura previsora, la desacreditación de las instituciones públicas y los ingresos económicos reducidos de este grupo poblacional, por lo que la pregunta obligada es: ¿quieren estar asegurados y protegidos por la seguridad social los trabajadores migrantes? y no por una política de simple asistencia social.
4. Trabajo Informal y precario
El trabajo informal o la informalidad representa otra coyuntura toral para nuestros tiempos en el país y en nuestro Estado en general, la misma OIT define a los trabajadores informales como el “conjunto de personas ocupadas en el servicio doméstico, trabajadores ocasionales, trabajadores por cuenta propia (excepto profesionales y técnicos) y patrones, empleados, obreros y trabajadores familiares ocupados en empresas cuyos efectivos no excedan de cuatro.”[16]
Es decir, son aquellas personas que trabajan de manera independiente e individual y que al mismo tiempo emplean a otras personas; y que ello no los hace tener un empleo fijo, si no ocasional, aunque la realidad nos demuestra que esto no es así existen personas que cuentan con empleos por tiempo indeterminado completamente en la informalidad, carentes de protección laboral y de cualquier prestación social mientras en México pero sobre todo en estados pobres del país la seguridad social se siga percibiendo como sinónimo de seguros sociales y éstas condicionen su cobertura al empleo formal, seguiremos teniendo a la mitad de la población mexicana sin seguridad social.
Es importante señalar que en nuestro país en datos del año 2008 suman un total de 19.2 millones de mexicanos que trabajan en la economía informal, es decir, de los 42 millones de trabajadores que hay en México, casi la mitad de la población está en la economía informal. Por lo según el Banco Mundial, los trabajadores informales asalariados representan el 45% del empleo total urbano.[17]
5. El derecho a Migrar
Pero la crisis global apareció y con ello miles de mexicanos perdieron el empleo, convirtiéndose muchos de ellos, en trabajadores migrantes y muchos otros en informales y cabe otra pregunta lógica: ¿quieren estar asegurados y protegidos por la seguridad social los trabajadores migrantes y los trabajadores informales?
La interacción en todos los ámbitos: económico, social, de información, cultural, como consecuencia de la globalización da lugar a efectos positivos y negativos en diversas áreas y la seguridad social no escapa a ellos, cada vez se hace más profundo el efecto negativo de la globalización, producto del neoliberalismo, tiene sobre los países llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo o como se le llama en este inicio de siglo países con economías emergentes, entre los que se encuentra México sufren de manera directa esos efectos, que hace mayor la distancia entre pobres y ricos; por ello se puede afirmar que cuando se combinan los factores de una política mal enfocada en cuanto al crecimiento económico de un país, esto se traduce siempre en pobreza y problemas sociales. Siendo los que más sufren los grupos llamados vulnerables, entendiéndose como cualquier grupo poblacional que derivado de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, lingüística, cronológica o funcional son excluidos de las prestaciones de la seguridad social y, principalmente en México, su acceso es limitado o nulo a los seguros sociales, o son discriminados en la regulación que les otorga la posibilidad de ser beneficiarios incluso de los programas de asistencia social.
El cambio de las características demográficas es un elemento que contribuye a las reformas que necesita nuestro país en materia de seguridad social en cuanto a la cobertura de población en general pero sobre todo a dos sectores que son mas que variables estadísticas son realidades sociales, los migrantes y los trabajadores informales.
La migración interna e internacional es un proceso que ha adquirido amplias dimensiones en México, modificando sustancialmente la distribución de la población en el territorio y adicionalmente provocando no solo que la nación adquiera un perfil internacional considerando a los mexicanos que residen en Estados Unidos, actualmente la migración de mexicanos fuera del país alcanza una cifra que ronda el 10% del total, siendo la más importante de las migraciones en la escala mundial.
Si bien la migración es un proceso multidimensional en sus factores, es aceptado que la principal de sus determinantes está asociada con el desarrollo socioeconómico. Desde esta perspectiva, las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones o francas crisis en su desarrollo, las receptoras, por otro lado ciertas capacidades que le permiten integrar los flujos de población y beneficiarse de ello, a pesar de los retos sociales que dicha movilidad implica especialmente en el corro plazo. Desarrollo y migración guardan así una estrecha relación, que pudiera constituir el eje principal para toda la vida pública vinculada con estos procesos.
Las políticas públicas y programas de desarrollo social y económicos implementados por el Estado Mexicano no han acelerado su transición hacia el reconocimiento de la migración y la protección social en aspectos de la seguridad social sobretodo.
El aumento de la migración, es ya considerado como problema social y en especifico como volumen demográfico, no es significativo únicamente de nuestro país, en el orden mundial las autoridades en la materia han tomado interés en este problema, sobre todo por su magnitud, al respecto Brunson McKinley, máxima autoridad de la organización Internacional de Migraciones refiere que a escala mundial, se habla de 175 millones de migrantes, 3 % de la población del planeta, son personas de todas las clases y categorías, algunos con excelentes trabajo, otros que son victimas de traficantes o trata de personas, algunos legales y la inmensa mayoría ilegales.
El común denominador de la mayor parte de la migración es la búsqueda de un trabajo mejor; existen otros aspectos que la alientan la migración, la pobreza, la guerra, la persecución política, al respecto en nuestro país se debe resaltar que, de acuerdo con el conapo, el número de migrantes Mexicanos fue de 10.9 durante el año 2007, lo que representa 3.5 de los habitantes de los Estados Unidos, por lo que es importante destacar algunos factores determinantes de este fenómeno: la ubicación geográfica, diferencias entre mercados laborales, el factor económico, por ello los cambios poblacionales actúan directamente en los cambios de las estructuras sociales y, por consecuencia, en el desarrollo que los seguros sociales han de sufrir para estar acordes a las nuevas necesidades que se plantean por parte de la sociedad sobre todo en las ultimas décadas.[18]
6.- Condición Migratoria y Acceso a la Salud
Los movimientos migratorios comprenden todo desplazamiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo, con independencia de la cantidad de personas involucradas o de las causas que los motivan. Según la direccionalidad del flujo se emplean las denominaciones de inmigración, que alude al proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un país con el fin de establecerse en él. Por otra parte, se habla de emigración para referirse al acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro.
Los migrantes se clasifican según su condición en migrantes forzados: desplazados por la guerra, desastres naturales, o por el desarrollo, personas que huyen de la persecución política y tortura; refugiados y solicitantes de asilo. Se habla también de migrantes voluntarios o económicos; es decir aquellos que se trasladan en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Sin embargo, las condiciones de marginalidad y exclusión, las condiciones de vida cada vez más apremiantes en las que se desenvuelven grandes sectores de población en los países en vías de desarrollo.
Por otra parte, los inmigrantes se dividen también en aquellos que migran en condición regular, es decir aquellos cuya entrada y residencia y cuyo empleo, cuando procede, han sido reconocidos y autorizados por las autoridades oficiales del Estado. Los inmigrantes irregulares son aquellos cuyo ingreso y residencia no ha sido autorizada, es decir pueden ingresar como turistas o trabajadores temporales, permaneciendo más allá del tiempo establecido, o de modo directamente ilegal con desconocimiento de las policías de frontera.
Uno de los factores más importantes que impide el acceso a la salud es la condición migratoria. Las leyes y políticas migratorias que impiden a los inmigrantes acceder a los servicios sociales, incluida la atención médica, en función de su condición jurídica se basan y transmiten la idea de que la precariedad en la que se encuentran es su responsabilidad personal, y que afrontar los costos de su cuidado médico es una carga para el Estado y sus contribuyentes. Por lo cual, en la práctica se desconoce la contribución que dichos inmigrantes hacen al país de destino; y se crean condiciones que vulneran sus derechos humanos.
Cabe volver a reiterar que las políticas restrictivas en materia de migración son las que favorecen la migración irregular; lo cual permite la contratación de mano de obra barata, sin acceso a la seguridad social y la salud.
Sin embargo, tal como puede observarse, las normativas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos imponen obligaciones a todos los Estados, de de cuidar y proteger la salud de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción; con independencia de su condición migratoria. Por tanto, se impone la obligación de proporcionar un nivel básico de protección en salud a los migrantes irregulares.
La mayoría de los países brindan atención sólo de urgencia a los migrantes irregulares, por lo que suelen esperar hasta que su condición de salud sea lo bastante grave como para acceder a estos servicios. Por tanto, la atención precoz y oportuna se ve obstaculizada, con lo cual aumentan los costos del tratamiento. Por lo general, se automedican o acuden a personas de su comunidad que no son profesionales sanitarios. A pesar de la evidencia sobre el recargo en los servicios de urgencia y los mayores costos en salud que esto implica, muchos planificadores de salud sostienen dicha práctica.[19]
Se menciona también que el temor a ser denunciado frente a las autoridades de inmigración es un factor que inhibe el acceso a los servicios de salud, de allí la importancia de formar al personal de salud en materias de migración y derechos humanos, y en el principio básico de respetar la confidencialidad y salvaguardar el acceso a la salud de los migrantes indocumentados.
Cabe señalar, que los trabajadores migratorios en condición regular pueden tener también dificultades en el acceso a la salud. Al igual que los migrantes irregulares, a menudo enfrentan condiciones de vida y de trabajo que atentan contra su salud. Sin embargo, con frecuencia se rehúsan a solicitar atención médica por los costos asociados, (la mayoría de los seguros funcionan con las modalidades de co pago); o no pueden asistir por diversos problemas, tales como: la imposibilidad de faltar al trabajo, por no tener con quien dejar los hijos o por los problemas de traslado. Además, muchos de ellos no están familiarizados con los sistemas locales de salud, y suelen presentar barreras culturales y de comunicación para informar de sus dificultades.
La Organización Mundial de la Salud señala que un elemento crucial en el acceso a la salud es que estos sean culturalmente apropiados, deben adaptarse a las nociones culturales de salud y enfermedad y a las necesidades explícitas de los migrantes. En ausencia de estas consideraciones suelen producirse diagnósticos erróneos, tratamientos inadecuados y escasa observancia de éstos por parte de los pacientes. Existiría evidencia de que se suele prestar niveles inferiores de atención y tratamiento en los casos en que no es posible aclarar de ante mano la situación del paciente en relación al seguro de salud.
La estigmatización y la discriminación son también condiciones que limitan el ejercicio de los derechos, afectan la salud física y mental de las personas e impiden el acceso a los servicios médicos. Las mujeres son en este sentido un grupo triplemente vulnerable, por ser mujeres, pobres y migrantes, están a menudo más expuestas a la violencia y los abusos en el ámbito doméstico y laboral.[20]
Los antecedentes muestran que a pesar de la legislación internacional de derechos humanos, y en específico del derecho a la salud, lo inmigrantes tienen problemas en el acceso a la salud, por la ausencia de políticas y programas dirigidos a este sector de la población. Esto obedece a la falta de información sobre la situación de salud de este sector de la población, desconocimiento de los flujos migratorios, y del número de inmigrantes, en especial de los que se encuentran en situación irregular. Todo lo cual, atenta contra la posibilidad de una lanificación adecuada y la implementación de programas eficaces y oportunos.
Según el informe de la OMS (2005), la comunidad internacional ha prestado una atención relativamente escasa a los problemas de salud de los migrantes. La magnitud de la migración, tanto forzada como involuntaria, en condiciones de regularidad o irregularidad, vuelve una tarea impostergable prestar atención a este problema, a fin de evitar que importantes sectores de la población se vean excluidos del acceso a la salud, derecho inalienable por ser personas, y que no debiera supeditarse a su condición migratoria.[21]
La ausencia de estos esfuerzos no solo limita el bienestar y las capacidades de los sujetos, sino que también deterioran gravemente la cohesión social la denegación del derecho a la salud trae a menudo graves consecuencias para el migrante, su comunidad de origen y para la comunidad receptora.
La Organización Internacional de la Migraciones (OIM), ha señalado que los migrantes regulares no constituyen una mayor carga para los servicios sanitarios y de bienestar social del país receptor, pues al contar con contratos de trabajo cotizan en las diversas prestaciones y están afectos a impuestos. Los migrantes irregulares, suelen no contar con seguro de salud ya que trabajan sin contrato de trabajo, en sectores precarios e informales de la economía. A menudo presentan más problemas de salud y rara vez acceden a la atención médica. Dicha situación no sólo atenta contra la salud del migrante, sino también tiene efectos en la salud pública y puede contribuir a alimentar sentimientos de xenofobia y discriminación en contra de esta población.[22]
Por tanto, deben hacerse esfuerzos para garantizar que la política general y el derecho público promuevan el acceso de todas las personas a la atención esencial, preventiva y curativa de salud, y disociar claramente su implementación de las leyes en materia de inmigración.
7.- Los Problemas de Salud del Migrante.
Los migrantes suelen encontrarse inicialmente en mejor estado de salud que los nacionales, por cuanto la salud es una ventaja que permite migrar y una condición que el país de destino controla. Además, por ser una migración laboral generalmente está compuesta por una población joven.
A pesar de ello los migrantes, incluso los que se encuentran en condición migratoria regular, suelen presentar mayores problemas de salud como consecuencia de la pobreza y la insalubridad laboral y habitacional en que se encuentran. Por otra parte, las dificultades económicas, las barreras culturales y la falta de información sobre la disponibilidad y modo de funcionamiento de los servicios limitan su acceso a la salud.
Se señala que los migrantes se desenvuelven en condiciones de exclusión y discriminación que deterioran y lesionan su salud. Por lo general, se emplean en los sectores laborales más precarizados, en actividades de alto riesgo y con baja observancia de las medidas de seguridad, lo que los expone a una mayor tasa de accidentabilidad laboral. Más aún, los migrantes reciben salarios inferiores, y destinan gran parte de sus ingresos a las remesas. Por lo cual, suelen vivir hacinados, en condiciones insalubres y con una alimentación deficiente.[23]
A su vez, la combinación de viviendas deficientes, condiciones peligrosas de trabajo y graves problemas sociales, inciden en el uso abusivo de alcohol y a comportamientos sexuales que facilitan la transmisión de enfermedades sexuales; en especial el VIH/SIDA; y los embarazos no deseados. Sus condiciones de vida los exponen a ser víctimas de violencia y explotación sexual, en especial mujeres y niños.[24]
Finalmente, cabe señalar que el desarraigo y las condiciones de vida en el país receptor deterioran la salud mental de los migrantes. Estos deben adaptarse a modos de relación ajenos a su cultura, elaborar los duelos por las pérdidas de su entorno y redes sociales de apoyo, y enfrentar al mismo tiempo condiciones marcadas por la incertidumbre y la vulnerabilidad. Por lo cual, se requiere asegurar la asistencia en salud mental, sin consideración de nacionalidad y condición socioeconómica. Supone asimismo tener presente la diversidad étnica y cultural de los solicitantes de servicio, lo cual deberá ser considerado al momento de planificar las intervenciones. Algunos informes señalan que en Latinoamérica las mujeres migrantes tiene más problemas de salud sexual y reproductiva, debido a su dificultad para acceder a los servicios de salud. El 70% de esta población están en edad reproductiva, presentan más altas tasas de embarazos no deseados, dificultad para acceder a anticonceptivos, menor uso de los servicios de control de embarazo y parto, bajo acceso a la prevención de las enfermedades sexuales; y están más expuestas a la violencia.
Por otra parte, estudios realizados en Europa Occidental muestran que los índices de mortalidad y morbilidad materna; así como de mortalidad infantil son superiores entre las mujeres inmigrantes que entre las pertenecientes a las minorías étnicas. Los porcentajes de abortos son superiores y el uso de anticonceptivos modernos es inferior en general. Las diferencias se explican por la falta de información y por sus niveles deficientes de formación.
La situación de salud es aún más crítica para los migrantes irregulares. Los planes nacionales suelen no garantizar el ejercicio pleno del derecho de la salud de este sector; ya que solo aseguran la atención de enfermedades con riesgo vital o en situaciones de emergencia. A menudo se trasladan en condiciones inciertas o peligrosas, en transportes inseguros y con graves problemas de hacinamiento. Cientos de migrantes mueren cada año víctimas del tráfico de personas. Otros son víctimas de trata, sometidos a engaños y fraudes, se les cobran importantes suma de dinero, se retienen su documentación, y se los obliga a ejercer labores que ponen en peligro su salud física y mental. Están más expuestos a este problema mujeres y niños. La práctica de la detención de los migrantes irregulares, suele por lo demás agravar estos problemas.
Por otra parte, a nivel mundial se ha transformado en una práctica frecuente regular la entrada de migrantes según su estado de salud. Esto a pesar de que la información disponible señala, que por ejemplo, permitir la entrada de migrantes infectados con VIH no constituye un riesgo adicional para la población local. Por el contrario, las restricciones pueden más bien favorecer la entrada ilegal, lo que dificulta el acceso a la salud y el uso de medidas preventivas. Todo tiende a indicar que el cierre de fronteras y las limitaciones a la migración es más bien una medida ineficaz; por lo cual es más conveniente la vigilancia pública de la salud de las personas susceptibles de padecer infecciones.
Las políticas restrictivas en materia de migración, no hacen más que dificultar la entrada legal de los migrantes lo que intensifica la migración irregular y los expone al tráfico ilícito y trata de personas. En estas circunstancias se crea un clima propicio para el desarrollo de actitudes y comportamientos de discriminación y xenofobia en contra de la población migrante. Por tanto, su existencia se desenvuelve en un contexto de incertidumbre y vulnerabilidad, lo que dificulta la integración social y bienestar de los migrantes, y deteriora su salud física y mental.
Asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes y favorecer su inclusión social demanda una mayor apertura a la migración y procesos de regularización migratoria, ya que esto facilita el acceso a contratos de trabajo, a la seguridad social y a la salud. A su vez, esto posibilita la evaluación sistemática, la vigilancia epidemiológica, el control sanitario y la provisión de cuidados de salud.
Por tanto, queda claramente definido en la legislación internacional el carácter integral del derecho a la salud, el cual es visto no sólo como ausencia de enfermedad, sino que está en estrecha relación con el acceso a una amplia gama de bienes y servicios, que promuevan el bienestar y el alcance de una óptima calidad de vida. Su realización sólo es posible si se garantizan el cumplimiento de otros derechos, tales como a vivir y trabajar en un ambiente saludable, a la educación y a la protección social.
Informações Sobre o Autor
Julio Ismael Camacho Solís
Licenciado en Derecho (Universidad Veracruzana), Maestro en administración, Doctor en Derecho (grado obtenido con mención honorífica), Académico de Tiempo Completo de la Facultad de Contaduría y Administración Campus I de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Decano de la Universidad del Sur.
