Novo processo de execução de título extrajudicial – Alterações introduzidas pela lei 11.382, de 6.12.2006 – A quase ordinarização do processo de execução

O Código de Processo Civil não pára de sofrer alterações. Desde 1994 o processo civil brasileiro vem experimentando mudanças homeopáticas, em doses leves, visando eliminar os gargalos e as dificuldades, na expectativa de imprimir celeridade ao processo.

A morosidade do processo é a grande agrura dos processualistas.

A morosidade processual não é um privilégio ou defeito do processo civil brasileiro. Trata-se de problema quase universal, porém existente nos países do ocidente, inclusive próximo de nós, a exemplo da Argentina, como bem indica BOSSET nas críticas tecidas ao sistema judiciário argentino.[1]

Kafka no produjo una obra de ficción cuando escribió El proceso. Copió la exasperante realidad de los juicios de trama circular, que nunca acaban, impuestos en numerosos países por anacrónicas normas procesales.

En los pleitos regidos por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es imposible terminar un proceso ordinario en tiempos adecuados a las necesidades de la gente, ya que normalmente se requieren, al menos, tres o cuatro años para obtener sentencia de segunda instancia, a los que después se suman los tiempos del infaltable recurso ante la Corte Suprema.

Diversas entidades realizaron seguimientos y estudios que prueban la excesiva prolongación de los procesos. El ex ministro de Justicia, doctor Horacio Rosatti, informó que un muestreo realizado por la Procuración del Tesoro de la Nación sobre 1600 juicios seguidos por empresas contra el Estado demostró que el promedio de duración hasta la sentencia de primera instancia era de 6 años y un mes. Y el muestreo “reveló también que ningún caso asimilable a un juicio por incumplimiento de un Tratado Bilateral de Inversión pudo resolverse antes de los 18 meses”, lo que expone, señala con acierto Rosatti, la irrealidad de las cláusulas contenidas en esos Tratados cuando estipulan ese tiempo de duración de los procesos ante los tribunales argentinos.

Y más allá de las estadísticas, es la desalentadora experiencia personal de quienes deben promover un juicio y la fatiga de los abogados que cargan con la tarea cotidiana de llevarlo adelante, lo que corrobora que algo está mal, muy mal, en la organización de los procesos.

Es que el Código Procesal que rige los juicios civiles y comerciales propicia pleitos de nunca acabar, compuestos de incontables escritos y respuestas, excepciones, incidentes y recursos que llevan una y otra vez, a lo largo de los años, el expediente entre el juzgado y la cámara, antes de llegar al momento de dictar sentencia.

Las reformas parciales que se fueron introduciendo en el Código, con la sana intención de abreviar los juicios, no han logrado su propósito. Los “parches” no alcanzan, se necesita cirugía mayor, cambiar la naturaleza del proceso.

Creo, como tantos abogados preocupados por el tema, que así como sucedió en materia penal, este Código Procesal Civil Comercial que establece el proceso escrito ante tribunales unipersonales, con derechos de las partes de apelar y prolongar los trámites ante la Cámara, no sólo tras el dictado de la sentencia sino ante cualquier resolución incidental, debe ser reemplazado por un Código fundado en la oralidad, la inmediación, la concentración de los trámites, con tribunales colegiados de tres jueces y una cámara de casación.

Es decir, un juicio cuyo trámite, tras los escritos presentados en la etapa de constitución del proceso, se concentre, principalmente, en una audiencia preliminar y en una posterior audiencia de vista de causa, en las que deba producirse toda la prueba que el tribunal no considere improcedente, superflua o dilatoria, y donde todo se desarrolle oralmente ante los jueces.

En el proceso oral, la declaración de los testigos y las partes y las explicaciones de los peritos que presentaron dictámenes, suceden en una misma audiencia ante los jueces que, por cierto, interrogan libremente. Esta inmediación, la posibilidad de observar a quien declara, advertir sus tonos de voz, sus gestos inconscientes, e insistir en nuevas preguntas, es un instrumento esencial para el descubrimiento de la verdad. Y su eficacia se acentúa al producirse todas las declaraciones en una misma audiencia, en presencia de todos, y la posibilidad, entonces, de los jueces de someter a careos y nuevas preguntas a quienes ya declararon.

Pienso que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal debería invitar a juristas especializados en el Derecho Procesal al análisis del posible reemplazo del Código, teniendo a la vista los diversos proyectos y trabajos preparados por destacados procesalistas, entre ellos el Proyecto del Código Procesal Civil, Comercial y Laboral, fundado en la oralidad y la inmediación, que a mediados de los años 90 redactaron y entregaron al Parlamento los doctores Carlos Colombo, Julio César Cueto Rúa, Raúl Etcheverry y Héctor Umaschi. Proyecto que dio lugar a una intensa tarea de estudios y prácticas en seminarios y talleres, en universidades y asociaciones profesionales, pero que, desgraciadamente, durmió para siempre el sueño de los justos en algún cajón del Congreso, tal vez porque los legisladores de la época estaban ocupados en otros afanes.

Claro está que, de producirse una reforma legislativa, su entrada en vigor debería postergarse algunos años, para permitir su análisis y cabal conocimiento a jueces y abogados, tal como ocurrió en buena parte de los países europeos.

Por cierto, para hacer más ágil el desarrollo de los juicios y menos gravoso el ejercicio activo de la abogacía, deben sumarse medidas legislativas y reglamentarias y mayores aportes del Tesoro Nacional a la Justicia. Basta recordar ciertos ejemplos. La Justicia Comercial tiene la misma cantidad de juzgados desde hace 35 años, cuando se ha multiplicado casi 30 veces la cantidad de expedientes tramitados. Nunca se cumplió con la creación de juzgados especializados en concursos y quiebras, como sucede con éxito en algunas provincias, nunca se puso en marcha el Registro Nacional de Concursos y Quiebras, como lo exigieron las leyes concursales desde 1972. El Tesoro debe permitir alguna vez que los elementos informáticos más modernos lleguen en plenitud a los juzgados, que éstos cuenten con espacios físicos dignos para empleados y profesionales, con mesas de entradas que no resulten estrechas, mínimas como son ahora, que exigen la formación de colas de espera interminable. Deben propiciarse convenios del Poder Judicial con los registros públicos ya informatizados para que, en éstos, las inscripciones y pedidos de informes se hagan por vía electrónica, en reemplazo de los tradicionales y más lentos oficios de papel.

Creo que el reclamo de éstas y tantas correcciones necesarias que los abogados de profesión activa podrían agregar a estos ejemplos, también deben formar parte de la actividad concreta del Colegio Público de Abogados y asociaciones de profesionales.

El desaliento de quienes inician un pleito con la ilusión de obtener justicia en tiempo útil y el ejercicio de paciencia y la fatiga que cotidianamente padece el abogado, exigen un cambio serio, raigal, que termine con los tiempos kafkianos y los embrollos laberínticos del proceso.

Antes de ser uma mazela nacional, em verdade, trata-se de uma agrura quase universal. Com exceção dos países de origem no sistema anglo-saxônico, no mais, no resto do mundo, todos sofrem com a demora na prestação de jurisdicional.

Sabe-se que o tempo do processo não é o tempo da vida; não é o tempo do mundo real. A demora do processo e o distanciamento do juiz do povo revelam distorções inimagináveis na justa aplicação da lei.

Há muito a sociedade clama por mudanças. Impossível receber a prestação jurisdicional com tanta burocracia e atraso. Processos arrastam-se por 5, 10 ou mais anos, sem perspectiva concreta de seu término. As últimas pesquisas revelaram intensa insatisfação do povo brasileiro em relação à morosidade do Poder Judiciário no dizer o Direito, aplicando a lei ao caso concreto, como assevera SABINO.[2]

Em 21 de janeiro de 2007, entrou em vigor a Lei n. 11.382/2006, que altera diversos dispositivos do Código de Processo Civil. A nova lei, em continuidade à Lei n. 11.232/2006 (que trata da execução oriunda dos chamados títulos judiciais – as sentenças, por exemplo), disciplina a execução fundada em títulos extrajudiciais – como o cheque, a duplicata, as obrigações contraídas por instrumento particular, desde que subscritos por duas testemunhas. Ademais, a nova lei complementa aquela outra, ao modificar os meios de expropriação dos bens do devedor para pagamento ao credor.

A nova lei ajuda a mudar a cara do processo no Brasil. Hoje em dia, processo remete à idéia de morosidade e ineficiência da Justiça. Quanto maior a lentidão da Justiça, maior a impressão de insegurança jurídica, o que impacta direta e proporcionalmente, e de maneira negativa, na economia.

Apesar de a legislação ser apenas um dos fatores determinantes para a lentidão da Justiça, sua participação no problema é relevante. Projetada para uma época em que a população era infinitamente menor, o que permitia ao Judiciário uma prestação mais célere, a lei processual contemplava um sem-número de meios de impugnação, privilegiando sobremaneira o contraditório e a ampla defesa. Com o tempo, o aumento populacional e o incremento das relações jurídicas, a lei se tornou um fator complicador da rápida solução judicial. Esse fato tem servido a inadimplentes que, cientes da ineficácia da Justiça, fechavam contratros cientes da dificuldade de serem cobrados, usando o capital correspondente ao adimplemento para outras coisas. Um dos maiores celeiros para esses acontecimentos era a execução civil, meio usado pelo credor para obter o pagamento forçado.

No regime anterior, a execução, para ter início, demandava comunicação pessoal ao executado. Se o executado não fosse encontrado, o processo poderia chegar a um prematuro fim, sendo arquivado. Quando menos, a comunicação levaria até anos para se efetivar. Hoje em dia não é mais assim. As leis retro-mencionadas permitem a comunicação ao advogado para dar início à execução. Mais ainda: a Lei n. 11.382/2006 prevê que, se não houver advogado constituído e se não for encontrado o executado, o juiz poderá até mesmo dispensar a comunicação.

Com a nova lei, a execução surtirá efeitos em desfavor do executado no momento em que o exeqüente requerer a execução.  Com esse ato, o exeqüente poderá extrair certidão para registrar a existência da execução nos registros de bens do executado – e, ato contínuo, dificultar a disposição desses bens, sob pena de anulação e até, de caracterização do crime de fraude à execução. Essa é uma verdadeira proteção ao crédito, pois disponibiliza aos compradores de bens do executado a garantia de que o negócio não será anulado em função de insolvência do devedor.

Foram oficializadas as figuras amplamente aplicadas da penhora sobre o faturamento da empresa e da penhora online dos saldos de contas e aplicações bancárias em nome do executado. Uma novidade importante é a penhora on-line de bem imóvel. Com isso, o juiz poderá, em seu gabinete, determinar o recaimento da penhora sobre o dinheiro e imóveis do executado.

Na nova lei, privilegia-se como meio de pagamento a adjudicação, ou seja, a entrega do bem penhorado ao exeqüente como pagamento da dívida. Além disso, poderá ser realizada a alienação dos bens penhorados por iniciativa do exeqüente, sem qualquer interferência estatal. Como último meio há a desgastada hasta pública, que, mesmo assim, sofreu mudança importante: ao invés da extrema formalidade a que era submetida, a hasta poderá ser realizada pela internet, uma espécie de pregão eletrônico, como aquele disciplinado pelo Decreto n. 5.450/2005, usado para aquisição de bens comuns pela Administração Pública.

O executado também foi beneficiado por um procedimento mais racional, adaptado à realidade econômica. Agora, ciente da execução, terá três dias para pagar (e não mais exíguas 24 horas) ou, no prazo de 15 dias, poderá propor o pagamento parcelado em até 6 vezes, acrescidas de juros de 1% ao mês e depósito inicial de 30% do valor devido.

A nova lei confere meios e métodos mais eficazes para prestigiar o cumprimento das obrigações. Antigamente, era considerado bom ser devedor no Brasil. Doravante, não será mais assim. As alterações introduzidas pela nova lei vêm, de fato, harmonizar a execução civil com os planos econômico e da proteção e eficácia de direitos, privilegiando o adimplemento das obrigações. Ele eleva o grau de confiabilidade dos investidores e comerciantes, confere estabilização às relações jurídicas e, por conseguinte, auxilia no crescimento econômico do país. A sensibilidade do legislador é fundamental para essa mudança – mas ainda há muito o que alterar, principalmente no que toca à mentalidade a respeito de inadimplência e da litigância. Os primeiros passos estão sendo dados: a nova lei de execução de obrigação de pagar quantia é grande exemplo da nova realidade.

Os culpados somos todos: o povo, por não exigir celeridade e qualidade na prestação jurisdicional; os poderes constituídos que sempre relegaram o problema; os operadores da Ciência Jurídica que nunca se mobilizaram para protestar por melhoria desse estado verdadeiramente caótico.

Porém, agora, todos os acordes acerca do estado falimentar que vive o Poder Judiciário brasileiro, abarrotado de processos, sem solução, desde o Cartório Judicial da Comarca mais longíngüia desse “continente” chamado Brasil até a Suprema Corte que, recentemente, era chamada a decidir questões envolvendo Direito de Vizinhança. Isso porque, no Brasil, tudo parece ser inconstitucional!

O Brasil é farto de bons exemplos, às avessas. Os vícios e as mazelas ainda remontam ao tempo do Brasil Império, em que criar dificuldades para vender facilidades aos súditos sempre foi a política do rei!

Dentro dessa perspectiva é que, finalmente, a sociedade organizada, indignada com esse estado de coisas, passou a exigir das instituições novas posturas. Assim, recentemente, recebemos de brinde do Poder Legislativo a aprovação da Emenda Constitucional 45 – a chamada Reforma do Poder Judiciário.

É bom que se diga que a aludida Emenda Constitucional nada trouxe de reforma. Em verdade, trouxe mecanismos de controle para a estrutura administrativa do Poder Judiciário. Nada mais!

Porém, de positivo, criou uma ambientação de “reforma do Poder Judiciário”. Criou expectativa de mudança; daí por que tivemos a criação do Conselho Nacional de Justiça, com as suas atribuições, cujas decisões, de constitucionalidade duvidosa, acabou gerando grandes polêmicas. O CNJ, por força de sua formação heterogênea, mexeu com velhos vícios imperiais e republicanos. Assim agindo, acabou por angariar inimigos.

De outro lado, o espírito reformista já ganhou as esquinas desse País. Vislumbramos mudanças para os tempos que se aproximam. Os Códigos merecerão reforma; as leis complementares e ordinárias, também. O Estado e as demais instituições deverão adequar-se aos novos tempos. Experimentaremos grandes transformações; ao menos, é o que espera o povo brasileiro!

Nesta trilha, o Código de Processo Civil, cuja reforma se iniciou em 1994, continua e continuará a merecer alterações.

Nos tempos atuais, a mais importante reforma ocorrida no CPC operou-se no processo de execução. Nos anos de 2005 e 2006 experimentamos mudanças. Agora, ao final de 2006, a Lei 11.382, de 6/12/2006, novamente, alterou o processo de execução brasileiro.

Sobre as alterações advindas com a Lei 11.382/2006, é que, em linhas gerais, iremos comentar no próximo tópico.

A Lei 11.382/2006 alterou o Código de Processo Civil. Em realidade, trouxe significativa mudança no processo de execução de título executivo extrajudicial.

Por isso o art. 1º, da Lei 11.382/2006, dispõe: Esta Lei altera dispositivos da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, relativos ao processo de execução e dá outras providências.

Já o art. 2º da referida lei, expressamente, reza que: A Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar com as seguintes alterações:

A primeira alteração operou-se no art. 143 do CPC. Este preceito legal, embora inserido no processo de conhecimento, tem reflexos diretos no processo de execução, porque se trata de nova atribuição dada ao oficial de justiça, com a inclusão do inciso V – efetuar avaliações.

Ainda que na prática forense o oficial de justiça avaliasse bens, agora, a avaliação transformou-se em atribuição legal, incorporada como restou o inciso V, no art. 143.

O art. 238, também típico do processo de conhecimento, porém com reflexos no processo de execução, ganhou seu parágrafo único, emprestando-se celeridade nas comunicações e intimações, quando diz: Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

Assim, tanto as partes quanto os advogados deverão providenciar, sempre que a hipótese exigir, as comunicações acerca das mudanças de endereços residencial ou profissional, sob pena de validade daquelas realizadas nos endereços anteriores, embora desatualizados. É um risco que não se deve correr.

Outra novidade importante para agilizar o processo e diminuir a burocracia reside na inclusão do novo inciso IV, no art. 365, que cuida das provas, no processo de conhecimento.

O aludido inciso IV incorporado ao art. 365 do CPC restou mais completo e diz: as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade.

Boa a mudança, neste particular, porque evita a autenticação de peças do próprio processo judicial reduz tempo e custos.

A redação poderia ser melhor: ao invés de mencionar peças do próprio processo judicial, deveria tratar de peças e documentos constantes do processo judicial.

Tememos que a interpretação dada ao inciso IV seja restrita; se assim for, a letra da lei restará prejudicada, sem sentido prático.  A finalidade do legislador foi evitar o ato desnecessário da autenticação de peças e documentos para a formação de autos, instrução de recursos e outras providências.

Não terá sentido o escrivão deixar de autenticar peças processuais, mas continuar a realizar tal serviço em relação aos documentos juntados nos autos do processo. Nesta trilha é que pensamos que a intenção do legislador foi eliminar o serviço de autenticação, porém a redação poderá causar embaraços no cotidiano do fórum.

Outra alteração ocorreu no inciso IV, do art. 411, para dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União serão inquiridos em sua residência ou onde exerçam a sua função, no caso de tomada de seus depoimentos.

Já o inciso I, do art. 493, sofreu mínima alteração apenas de adaptação de redação, quando diz: I – no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, na forma dos seus regimentos internos, isto no processamento da ação rescisória perante esses tribunais superiores.

Vistas estas pequenas alterações, de dupla ordem: de processo de conhecimento e de processo de execução, iremos, de fato, agora, especificamente às mudanças ocorridas no processo de execução.

O clássico sistema do processo de execução brasileiro sofreu substancial alteração, mormente os ritos das execuções de quantia certa contra devedor solvente e o de entrega de coisa certa.

Em verdade, a alteração operou-se pontualmente em artigos do Livro II, Título II – Das Diversas Espécies de Execução, com relevância nos ritos acima indicados.

Vamos, agora, às alterações pontuais.

No Título I, Capítulo III – Dos Requisitos Necessários para Realizar Qualquer Execução, o art. 580 teve a sua redação alterada. Em realidade, com a nova redação fundiram-se o caput do antigo art. 580 e seu parágrafo único, para restar presente a atual redação: A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo.

O art. 583 restou revogado, retirando-se aquele velho princípio do processo de execução que dizia: Toda execução tem por base título executivo judicial ou extrajudicial.

O art. 585 que cuida do elenco de títulos executivos extrajudiciais, esclareceu a redação dos incisos, contemplando, assim, no inciso III – os contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese e caução, bem como os de seguro de vida; antes, a redação errônea contemplava contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e de caução, bem como de seguro de vida.  O que o legislador fez foi corrigir a redação.

O inciso IV seccionou o foro e o laudêmio dos demais títulos.

Já o inciso V tratou do crédito documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. A redação colocou no inciso V todos os créditos decorrentes da relação de locação de imóvel. No mais, os demais incisos foram repetidos, apenas renumerando-os.

Os §§ 1º e 2º, do art. 586, foram revogados. Já o caput sofreu alteração, passando sua redação a ser: A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A nova redação não implicou qualquer alteração de fundo.

O art. 587 sofreu alteração. A nova redação diz: É definitiva a execução fundada em título executivo extrajudicial; é provisória enquanto pendente apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo (art. 739). A nova redação buscou aclarar os conceitos de execução definitiva e provisória, porém não foi feliz.

É definitiva, pois, a execução fundada em título extrajudicial. Toda e qualquer execução que se lastreie em título extrajudicial é definitiva. De outra feita, é provisória quando ainda pendente recurso de apelação da sentença de improcedência dos embargos do executado, quando recebidos com efeito suspensivo.

A provisoriedade reside na pendência de recurso de apelação interposta contra sentença de improcedência dos embargos opostos pelo devedor, quando recebidos com efeito suspensivo.

Tecnicamente falando, a redação não está correta. Importaria dizer que, se a apelação não for recebida no efeito suspensivo, a execução será definitiva? Claro que não, porque o resultado no julgamento da apelação, no futuro, poderá modificar a sentença recorrida e os próprios atos de execução em curso.

Mais ainda: e se a apelação não é recebida no efeito suspensivo, porém, o relator, em recurso próprio lhe atribui? Estaremos diante de execução definitiva ou provisória, ou diante de nova classificação?

Logo, não se pode imprimir qualidade de provisoriedade à execução tão-somente em razão do efeito suspensivo emprestado ao recurso de apelação. Esta tentativa conceitual é pífia, sem resultado prático, o que comprova que a nova redação não foi feliz.

O art. 592, inciso I, sofreu alteração, passando a redação a ser: I – do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória. A mudança melhorou, tecnicamente, a redação anterior.

O art. 600 buscou moralizar a atuação do Poder Judiciário nos atos de execução, por condutas praticadas pelo devedor. Assim, o caput sofreu mímina alteração redacional, sem qualquer influência de conteúdo.

Já o inciso IV, sofreu alteração para dizer que intimado, não indica ao juiz, em 5 (cinco) dias, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. A anterior redação não indicava prazo para tal providência e falava de bens sujeitos à execução. Espera-se que a alteração traga agilidade à penhora de bens. Porém, de duvidosa praticidade.

O art. 614, inciso I, apenas alterou a redação, para dizer que o credor deve instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial.

A Lei 11.382/2006 inseriu novo artigo. Criou-se o art. 615-A. O caput do novo artigo indica que O exeqüente poderá, no ato da distribuição, obter certidão comprobatória do ajuizamento da execução, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto.

Com a redação do art. 615-A, caput, procurou o legislador imprimir celeridade à penhora de bens, como forma de garantir a satisfação do crédito reclamado na execução e evitar o esvaziamento ou dilapidação patrimonial.

O § 1º indica que o credor comunicará ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 dias a contar da concretização. É bom dizer que a averbação do ato de comunicação da existência do ajuizamento da execução perante os registros de imóveis, Detrans e outros eventualmente criados é mera faculdade. Porém, averbado, o credor cria para si a obrigação de comunicar ao juízo da execução. Ademais, os custos de averbação serão adiantados pelo credor.

Pensamos que, na prática, o § 1º se constituirá em letra morta. Isso porque a averbação não substitui a penhora e nem a ela se equivale. São atos distintos, com finalidades diversas.

Sabe-se que, efetivamente, o ato que implica constrição judicial sobre o bem é a penhora. Nenhum outro o substitui. Por isso o § 2º indica que Formalizada penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, será determinado o cancelamento das averbações de que trata este artigo relativas àqueles que não tenham sido penhorados.

A nosso juízo, a redação é imprópria, porque, a rigor, o cancelamento deveria operar-se em relação aos bens que forem penhorados, porque desnecessários frente à penhora agora realizada. Não faz sentido ter-se dupla averbação: a primeira do ajuizamento da execução e, a segunda, da penhora, nos mesmos registros.

Nesta linha de idéias é que resta evidente que nada substitui a penhora, sendo certo que a averbação de comunicação do ajuizamento da execução nos registros próprios é ato facultativo, de pouco resultado prático, porque o credor, em realidade, terá de efetivar a averbação duplamente: primeiro, o ato comum de comunicação do ajuizamento da execução; depois, o da penhora.

Complementando o raciocínio, o § 3º indica que Presume-se em fraude à execução a alienação ou oneraçao de bens efetuada após a averbação (art. 593). A redação não foi feliz. Inadequada a exigência de que para configurar fraude à execução deverá operar-se a averbação de que trata o caput do art. 615-A.

Errônea a exigência do legislador. Fraude à execução é ato próprio de respeito ao Poder Judiciário e ao credor, no sagrado direito de satifação do seu crédito. Diz respeito à atuação da Justiça. Assim, fraude à execução configura-se quando ocorrer alienação ou oneração de bens a partir do ajuizamento da execução, independentemente de qualquer averbação.

O legislador, fugindo à principiologia, criou desnecessariamente nova exigência para o credor: ou seja, para configurar fraude à execução, no resguardo de seu direito, o exeqüente deverá providenciar a averbação de comunicação do ajuizamento da execução nos registros próprios. Absurdo!

O divisor de águas para a conduta do devedor é o ajuizamento da ação de execução. Ajuizada execução, qualquer ato de alienação ou oneração é, em princípio, suspeito ou ineficaz, se não restarem outros bens livres e desembaraçados à satisfação do crédito. A partir do ajuizamento da execução qualquer ato de alienação ou oneração configurará, em tese, fraude à execução.

Nesta tortuosa linha de pensamento criada pelo legislador, tem-se, então, que o caput do art. 615-A passará a ter feição quase obrigatória para configuração de fraude à execução. Significa dizer, em outras palavras, que se o credor quiser, no futuro, alegar fraude à execução contra o devedor, terá de providenciar a averbação do ajuizamento da execução. Aqui o legislador inverteu as posições: ao invés de proteger o credor, acabou por prestigiar o devedor.

O § 4º diz, ainda, que o exeqüente que promover averbação manifestamente indevida indenizará a parte contrária, nos termos do § 2º do art. 18 do CPC, processando-se o incidente em autos apartados.

O legislador não disse o que caracteriza averbação manifestamente indevida. O ajuizamento de ação de execução por si só, com a averbação, jamais configurará tal conduta.

A única hipótese que vislumbramos será o ajuizamento de execução com base em documento que não contenha, manifestamente, os requisitos próprios de título executivo extrajudicial, a exemplo de título de crédito prescrito, título de crédito com vício de forma, título de crédito causal, sem a regular comprovação da causa de dever.

Na situação extrema, a indenização será fixada com base no § 2º do art. 18 do CPC. Assim, o juiz o fixará a indenização no valor não inferior ao porcentual de 20% sobre o valor da execução, ou, quando o caso, mediante liquidação por arbitramento. O incidente de averbação indevida processar-se-á em autos apartados.

Finalmente o § 5º informa que os tribunais poderão expedir instruções sobre as providências previstas neste artigo.

O art. 618, inciso I, sofreu alteração na redação, sem qualquer mudança de conteúdo.

O caput do art. 634 – que cuida da execução das obrigações de fazer e de não fazer sofreu mínima alteração, sem reflexo no conteúdo. Com a nova redação criou-se o parágrafo único que diz O exeqüente adiantará as quantias previstas na proposta que, ouvida as partes, o juiz houver aprovado. Já os §§ 1º ao 7º restaram revogados, expressamente.

O parágrafo único, do art. 637, sofreu pequena alteração, sem mudança no seu núcleo, porque o direito de preferência será exercido no prazo de cinco dias, contados da apresentação da proposta por terceiro.

Como já dito, as maiores alterações ocorreram, de fato, no rito da execução por quantia certa contra devedor solvente, iniciando-se com o art. 647.

Os incisos do art. 647 – que tratam da expropriação – foram renovados, a saber: I – na adjudicação em favor do exeqüente ou das pessoas indicadas no § 2 do art. 685-A desta Lei; II -na alienação por iniciativa particular; III – na alienação em hasta pública; IV – no usufruto de bem móvel ou imóvel.

As hipóteses indicadas nos incisos I e II, de fato, são as novidades porque a adjudicação e a alienação por iniciativa particular  receberam novo disciplinamento no Código de Processo Civil (CPC).

Os incisos do art. 649 – que tratam dos bens absolutamente impenhoráveis – mereceram reformulação. Antigos incisos, sem relevância na atualidade, foram retirados, a exemplo do anel nupcial e dos retratos de família. Parece que o legislador acompanhou o desgaste do casamento e da família.

De outra sorte, novos incisos foram inseridos, como se vê dos móveis que guarnecem a residência do devedor, salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida e os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor.  Conceitos abertos foram lançados e só a jurisprudência pacificará o seu entendimento.

Outra novidade é a impenhorabilidade de até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, quantia depositada em caderneta de poupança.

O art. 650 sofreu alteração para contemplar que: Podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e rendimentos dos bens inalienáveis, salvo se destinados à satisfação de prestação alimentícia. Já o parágrafo único restou vetado.

O art. 651 mereceu mudança na redação, sem alteração do seu conteúdo.

O art. 652, de grande importância no processo de execução, no rito da quantia certa contra devedor solvente, ganhou nova redação, rompendo com a clássica providência, por parte do devedor, de pagar ou nomear bens à penhora, no prazo de 24 horas.

A nova redação ampliou o prazo para o devedor pagar, antes de 24 horas, agora, de 3 (três) dias, conforme aponta o art. 652: O executado será citado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar opagamento da dívida. A citação, com o referido prazo, é tão-somente para pagar.

O § 1º aponta que não efetuado o pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a avaliação, lavrando-se o auto e intimando-se, no mesmo ato, o devedor.

O § 2º diz que o credor poderá, na inicial, indicar os bens a serem penhorados. Esta providência, embora já comum na vida forense, agora parece-nos mais adequada, porque se o devedor não pagar, o oficial de justiça, de imediato, realizará a penhora, intimando o executado do ato, inclusive sabendo qual(is) bem(ns) irá penhorar.

O § 3º indica que o juiz, de ofício ou a requerimento do credor, poderá determinar, a qualquer tempo, a intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora. Se não responder em cinco dias, tal postura configurará ato atentatório à dignidade da Justiça, como prevê o inciso IV, do art. 600 do Código de Processo Civil.

A intimação acima indicada será feita na pessoa de seu advogado; não havendo, o devedor será intimado pessoalmente, como determina o § 4º.

Finalmente, o § 5º diz que se o devedor não for localizado para intimação da penhora, o juiz, após as diligências próprias, poderá dispensar a intimação ou determinar novas diligências. Entendemos que se o juiz dispensar a intimação, a melhor opção será nomear curador, evitando-se, assim, eventual nulidade.

A Lei 11.382/2006 acrescentou o art. 652-A. O referido preceito determina que o juiz, ao despachar a inicial, fixará, de logo, os honorários advocatícios. Esta providência, na prática forense, há já vinha sendo realizada, por força do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil.

O parágrafo único do suso artigo contempla que no caso de integral pagamento do crédito reclamado na execução, no prazo de 3 (três) dias, os honorários serão reduzidos à metade. Providência estimulante para o devedor que, pagando no prazo legal, fará economia de 50% sobre o valor dos honorários.

O legislador aqui caminhou mal. Não se faz homenagens com o direito alheio. O advogado é credor de honorários. Ora, se o legislador não determinou a redução do crédito reclamado na execução, então, por que fez recair tal ônus exclusivamente sobre o advogado?

Pensamos que, se assim for, o juiz que não proferir a decisão em determinado prazo, terá redução de seu salário. Vislumbramos inconstitucionalidade no parágrafo único, do art. 652-A. O advogado exerce munus público e seu trabalho é tão importante quanto o do juiz, na execução. Assim, não pode ter os honorários reduzidos como forma de encorajar o devedor a pagar o débito. Equívoco que está a merecer pronta defesa por parte do Conselho Federal da OAB.

O art. 655 sofreu alteração na redação do caput e seus correspondentes incisos. No elenco consta como novidade a penhora sobre percentual de faturamento de empresa devedora e, ainda, expressamente, ações e quotas de sociedades empresárias.

O percentual em faturamento é medida salutar, porquanto sabe-se que a pessoa jurídica tem compromissos variados a cumprir, a exemplo do pagamento de salários e encargos, fornecedores, aluguéis, impostos etc. Se ocorrer a penhora de créditos, sem qualquer restrição, poderá ela inviabilizar, por completo, o desenvolvimento da atividade econômica, com risco à sua saúde financeira e paralisação da empresa.

Já a penhora de ações e quotas de socieadade empresária é matéria que diz respeito ao Direito Societário. As ações poderão, decerto, ser penhoradas. Contudo, a penhora de quotas dependerá do tipo societário.

As sociedades de pessoas, em regra, não aceitam a penhora de quotas, sob pena de rompimento da affectio societatis. É comum que a penhora recaia sobre os lucros da sociedade, evitando-se a entrada de terceiro no quadro societário. Tudo dependerá, é certo, do tipo societário em questão.

O § 1º diz que no caso de execução com garantia hipotecária ou outras, a penhora deverá recair, preferencialmente, sobre a coisa dada em garantia. Se a coisa pertencer a terceiro, este também será intimado. Se a penhora recair sobre bem imóvel, o cônjuge do devedor deverá ser citado, para defesa de sua meação, como indica o § 2º.

A Lei 11.382/2006 criou o art. 655-A. Por este novo preceito o juiz poderá, a requerimento do credor, requisitar à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações acerca da existência de ativos em nome do devedor, inclusive pedindo a sua indisponibilidade até o valor reclamado na execução. Tudo isso como forma de agilizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira.

Atualmente, quando ocorre a chamada penhora on line, o juiz tem a senha de acesso ao sistema de monitoramento bancário, com a finalidade de requisitar o bloqueio de ativos depositados em instituições financeiras em nome do executado. A Justiça do Trabalho, neste ponto, foi pioneira ao utilizar-se de tal mecanismo, realizando o bloqueio de ativos financeiros depositados em bancos públicos ou privados em nome do devedor para satisfação do crédito em execução trabalhista.

O referido artigo apenas trouxe esta realidade para o Código de Processo Civil, o que convenhamos, se utilizado adequadamente é, de fato, um ponto importante para emprestar agilidade ao ato de penhora.

O § 1º do aludido artigo textualmente indica que as informações limitar-se-ão à existência ou não de depósito ou aplicação até o valor indicado na execução. Não poderia ser diferente, sob pena de quebra do sigilo bancário. O § 2º surge em proteção ao devedor, porém lhe impõe o ônus da prova, ao dizer que Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em conta corrente referem-se à hipótese do inciso IV do caput do art. 649 desta Lei ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.

Ao realizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, caberá exclusivamente ao devedor comprovar se o ativo é ou não impenhorável à luz do inciso IV, do art. 649 do CPC, porquanto são impenhoráveis IV – os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profisssional liberal, observado o disposto no § 3ºdeste artigo.

Em relação à penhora sobre percentual do faturamento de pessoa jurídica, quando executada, o § 3º determina a nomeação de depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exeqüente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida.

Não nos parece razoável a nomeação de depositário para tal finalidade, porquanto implicará mais custos para o devedor. A jurisprudência, neste particular, pacificou a constrição judicial com a penhora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento líquido da pessoa jurídica, de modo a não inviabilizar a atividade econômica.

Da forma como prevista, a penhora estará sendo burocratizada. Primeiro nomear-se-á depositário. O depositário terá de ser profissional com habilitação em administração de empresas, economia ou contabilidade para que possa oferecer dados convincentes ao juiz mediante laudo.

Não se pode entender diferentemente, embora o preceito legal omita-se, neste particular. Tudo isso demandará custo e tempo. Por isso é que entendemos não ser razoável a determinação prevista no § 3º.

Na exceção, isto é, quando a hipótese exigir frente à complexidade econômica da devedora, aí sim justificada restará tal providência.

A lei também criou o art. 655-B para dizer que Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. A redação merece aplausos, porque não impede a venda do bem indivisível e a meação restará garantida, quando for o caso, sobre o produto da alienação. Após vendido o bem é que se terá a meação realizada.

O art. 656 cuida da substituição da penhora, apresentando nos incisos I a VII as hipóteses. O § 1º indica que o devedor, no prazo assinado pelo juiz, tem o dever de indicar onde se encontram os bens sujeitos à execução, exibindo a prova da propriedade, bem como a certidão de ônus, abstendo-se de criar dificuldades ou embaraços à realização da penhora.

A novidade reside no § 2º que contempla a substituição da penhora por fiança bancária ou seguro-garantia judicial por valor não inferior ao do débito reclamado na execução, mais 30% (trinta por cento). A novidade é interessante porque a fiança bancária viabiliza, com segurança, o recebimento do crédito reclamado.

O seguro-garantia judicial é nova modalidade que dependerá, certamente, de regulamentação. Trata-se de nova modalidade de securitização. Lamenta-se que o legislador tenha exigido acréscimo na garantia no percentual de 30%.

O acréscimo é ilógico. Não existe maior segurança que a fiança bancária ou a garantia judicial. Todavia exigir acréscimo de 30% é majorar o custo para o devedor. Sabe-se que o mercado pratica a fiança bancária com elevado custo, por conta do risco de inadimplemento do tomador. Ora, exigir acréscimo é aumentar o custo da garantia, o que poderá afastar o devedor de tal alternativa.

Finalizando o artigo, o § 3º diz que O executado somente poderá oferecer bem imóvel em substituição caso o requeira com a expressão anuência do cônjuge.  Dispensável qualquer comentário, inclusive a inclusão de tal preceito, posto que decorre naturalmente que o cônjuge não pode impor ao outro sacrifício sem a sua anuência.

O caput do art. 657 e seu parágrafo único cuidam da oitiva da parte contrária em relação ao requerimento de substituição dos bens penhorados e da decisão, de plano, de quaisquer questões suscitadas.

O caput do art. 659 – que cuida da penhora – recebeu nova redação nos termos a seguir: A penhora deverá incidir em tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios. Também mereceram reformas os §§ 1º e 4º. O § 6º foi inserido agora, com a chegada da Lei 11.382/2006.

O § 1º diz que a penhora será efetuada onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros.

O § 4º contempla que a penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao credor providenciar, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, a respectiva averbação no registro imobiliário mediante a apresentação de certidão de interiro teor do ato, independentemente de mandado judicial.

Os comentários feitos ao art. 615-A permanecem válidos. Ou seja, o credor para emprestar presunção absoluta de conhecimento de terceiros, como forma de configurar eventual fraude à execução, deverá realizar a averbação da penhora no registro imobiliário. Em outras palavras, não basta a averbação do ajuizamento da execução. Ora, então para que o credor irá realizar dupla averbação no registro imobiliário, no caso de penhora de bem imóvel?

Definitivamente, entendemos que o art. 615-A tem pouca utilidade à medida que o § 4º do art. 659 determina a averbação da penhora.

Boa novidade trouxe o § 6º que, buscando imprimir celeridade aos atos de penhora de numerário e averbações de penhora de bens imóveis e móveis, admite que os mesmos poderão ser realizados por meios eletrônicos, conforme critérios estabelecidos pelos Tribunais.

O art. 666 mereceu mudança. O caput sofreu alteração na redação, passando a ser: Os bens penhorados serão preferencialmente depositados: A redação do inciso III também alterou, sem mudança no núcleo. Foram acrescentados os §§§ 1º, 2º e 3º. Dos três, chama a atenção apenas o § 3º, porque prevê que A prisão do depositário judicial infiel será decretada no próprio processo, independentemente de ação de depósito.

Antes da reforma, a prisão de depositário já se fazia nos próprios autos. A redação apenas deixou claro aquilo que já se efetivara na prática forense. Não havia, de fato, necessidade da propositura de ação de depósito para a decretação da prisão.

O art. 668 recebeu nova redação. Abriu para o devedor a possibilidade de requerer a substituição do bem penhorado, no prazo de 10 dias, após intimado da penhora, desde que comprove que a sustituição não trará prejuízo ao credor e será menos onerosa para o devedor. Anteriormente, a substituição poderia ocorrer a qualquer tempo, antes da arrematação ou adjudicação.

O parágrafo único, ao lado dos incisos I a V, complementam a previsão do caput, apontando as providências que o devedor deverá adotar, no caso de substituição.

A Lei 11.382/2006 revogou o antigo art. 669 do Código de Processo Civil.

O art. 680 trouxe nova redação para dizer que A avaliação será feita pelo oficial de justiça (art. 652), ressalvada a aceitação do valor estimado pelo executado (art. 668, parágrafo único, inciso V); caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

A regra continua sendo a avaliação por oficial de justiça. Contudo, o devedor poderá aceitar o valor estimado do bem, eis que o dever de atribuir valor aos bens indicados à penhora é do credor. Contudo, no caso de impugnação, o juiz deve valer-se de conhecimentos especializados, nomeando avaliador, que deverá entregar o laudo em 10 dias.

O art. 681 sofreu alteração. Agora, o laudo da avaliação integrará o auto de penhora. Esta, de fato, foi uma boa alteração. É inadmissível a penhora sem avaliação do bem. Outra novidade interessante está no parágrafo único ao indicar que no caso de imóvel, sendo este “suscetível de cômoda divisão, o avaliador, tendo em conta o crédito reclamado, o avaliará em partes, sugerindo os possíveis desmembramentos.”

Este preceito impõe dupla apreciação: primeiro, a divisão deverá respeitar o interesse do devedor; e segundo, a divisão somente será possível se o Código de Posturas permitir. Não se trata simplesmente de desmembrar partes de um todo, do imóvel que tenha cômoda divisão. Mais que isso: trata-se de verificar as características do projeto arquitetônico, sob pena de ocorrer descaracterização do projeto, com prejuízo para o devedor.

Tratando-se de nova avaliação, o art. 683 mereceu reforma, admitindo nova avaliação nas hipóteses contempladas nos incisos I a III.

O caput do art. 684 não mereceu alteração. Apenas o inciso I modificou-se, sem mudança no núcleo e o inciso III foi revogado.

O parágrafo único, do art. 685, sofreu mínima alteração, para substituir, na parte final, os termos: publicar os editais de praça por dará início aos atos de expropriação de bens.

O art. 686 informa que não requerida a adjudicação e não realizada a alienação particular do bem penhorado, será expedido edital de hasta pública. Os incisos I e IV mereceram mínima mudança de redação. O mesmo se diz em relação ao § 3º que dispensou a publicação de editais quando o bem penhorado não exceder 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação.

Os §§ 2º e 5º, do art. 687, mereceram mínimas alterações na redação. Nada de extraordinário.

A Lei 11.382/2006 criou o art. 689-A. O primitivo artigo continuou intacto. O novo 689-A dispõe que: O procedimeto previsto nos arts. 686 e 689 poderá ser substituído, a requerimento do exeqüente, por alienação realizada por meio da rede mundial de computadores, com uso de páginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades públicas ou privadas em convênio com eles firmado.

O legislador aqui inovou. Aproveitando-se da era digital, da rede mundial de computadores – world wide web (www), será possível ofertar e realizar a venda de bens através da internet, com a exibição dos bens no site dos próprios tribunais ou em outros sites conveniados.

O parágrafo único impõe ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais de Justiça, no âmbito de suas respectivas competências, a regulamentação da modalidade de venda de bens penhorados via internet, com os critérios próprios de segurança e certificação digitais.

O art. 690, caput, sofreu alteração. Na arrematação, o pagamento do preço do bem deverá ser feito imediatamente pelo arrematante ou, ainda, no prazo de 15 dias, desde que preste caução idônea.

Os incisos I, II e III do art. 690 restaram revogados.

O § 1º mereceu reforma de conteúdo. A atual redação autoriza a arrematação de imóvel em prestações, devendo o interessado apresentar proposta, por escrito, nunca inferior à avaliação, com oferta mínima de 30% à vista e o saldo garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.

O prazo máximo para a compra do bem será indicado na proposta do interessado, como aponta o § 2º. Outra questão interessante é: no caso de hipoteca sobre o bem, quem será o credor hipotecário? O devedor na execução que já perdeu a disponibilidade sobre o bem e só tem a expectativa de receber eventual saldo? O credor que tem mera expectativa no recebimento total do crédito?

Se o adquirente não pagar o preço total, quem executará a hipoteca? Qual o juízo competente? O da execução ou da situação do imóvel? Estas questões ainda merecerão definições, posto que o § 4º restou omisso, neste particular.

A lei criou o art. 690-A. O caput afirma que, em regra, é admitido lançar todo aquele que estiver na livre administração de seus bens. Os incisos I a III apontam as hipóteses de proibição à participação na arrematação. A única novidade foi a inclusão de membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, no inciso III, do art. 690-A.

O parágrafo único menciona que se o credor vier a arrematar os bens, não estará obrigado a exibir o preço. Contudo, se o valor dos bens exceder o crédito, deverá depositar, em 03 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar sem efeito a arrematação.

O caput do art. 693 recebeu nova redação, dizendo apenas que a arrematação constará de auto que será lavrado imediatamente, com as menções próprias. Foi criado o parágrafo único, contempalando que: A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de arrematação do bem imóvel será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante.

O caput do art. 694 sofreu alteração. Diz que se considera perfeita, acabada e irretratável a arrematação quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado.

Este é uma providência, de fato, inteligente e segura. O arrematante, via de regra, terceiro interessado, que nada tem a ver com a execução, convocado a lançar, oferece lanço e consagra-se vencedor. Muitas vezes impõe-se a sacrifícios para dar conta de lançar e pagar o preço na arrematação. Portanto, não pode, posteriormente, sofrer admoestação, por conta de eventual procedência dos embargos opostos pelo devedor.

Correta a posição do legislador ao imprimir plena segurança ao arrematante. Assinado o auto, a propriedade resta irretocável, ainda que procedentes os embargos. Por isso é que o devedor tem a faculdade de pedir a substituição do bem penhorado. As únicas hipóteses em que a arrematação restará prejudicada são as indicadas nos incisos I a VI, do § 1º, do art. 694.

Complementando a idéia, o § 2º, claramente, deixou a salvo o arrematante, quando diz: No caso de procedência dos embargos, o executado terá direito a haver do exeqüente o valor por este recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor do bem, haverá do exeqüente também a diferença.

O art. 695 sofreu alteração na sua redação; contudo, sem grande mudança. Prevê que o arrematante e seu fiador remissos perderão em favor do credor a caução prestada, inclusive no percentual de 30%, no caso de arrematação de bem imóvel, retornando os bens a nova praça ou leilão, sendo certo que os remissos estarão proibidos de participar.

Os §§§ 1º, 2º e 3º restaram revogados.

O art. 697 também foi revogado.

O art. 698 teve a redação alterada, passando a contemplar, no caso de adjudicação ou alienação do bem penhorado, inclusive o credor com penhora anteriormente averbada, garantindo a este credor, ao lado do credor hipotecário e do senhorio direito, o direito de lançar, em disputa com os demais, ou, ainda, pagar a dívida para manter a garantia.

Os arts. 699 e 700 foram revogados.

Os incisos I a III, do art. 703 sofreram pequenas alterações na redação, sem qualquer mudança substancial. Já o inciso IV foi revogado.

O art. 704 mereceu nova redação: Ressalvados os casos de alienação de bens imóveis e aqueles de atribuição de corretores da Bolsa de Valores, todos os demais bens serão alienados em leilão público. Então, tem-se que para a hipótese de bem imóvel a venda ocorrerá mediante praça; bens próprios do mercado de capitais em bolsa de valores e bem móvel através de leilão público.

Completa o pensamento o art. 706 dizendo que o credor indicará o leiloeiro público.

O art. 707 mereceu reforma ao prever que: Efetuado o leilão, lavrar-se-á o auto, que poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, expedindo-se, se necessário, ordem judicial de entrega ao arrematante.

A novidade reside no fato de que o auto poderá contemplar mais de um bem, bens penhorados em mais de uma execução, economizando tempo e dinheiro com tal providência.

O art. 713 sofreu substituição de termos, na parte final do preceito. Antes, a redação era: Findo o debate, o juiz proferirá sentença. Agora é: Findo o debate, o juiz decidirá.

Os arts. 714 e 715 restaram revogados.

O art. 716 sofreu mínima alteração. A redação anterior falava de usufruto sobre imóvel ou empresa. Agora, o preceito refere-se a bens móveis e imóveis.

O art. 717, na mesma linha do anterior, apenas sofreu adaptação para dizer que decretado o usufruto, o  devedor perde o gozo do imóvel ou móvel até que o credor receba o seu crédito integralmente.

O art. 718, quase repetindo a redação anterior, faz menção à eficácia do usufruto a partir da publicação da decisão que o conceda.

Igualmente ocorreu com o art. 720, merecendo apenas adaptação na redação, sem qualquer novidade.

O mesmo se diz em relação ao art. 722. Com a consolidação da redação no caput, do art. 722, seus incisos I e II foram revogados.

Os §§ 1º e 2º mereceram pequenas modificações. Por conta da consolidação da redação, o § 3º restou revogado.

O art. 724, a exemplo da redação anterior, autoriza a celebração de locação da coisa móvel ou imóvel recebida em usufruto, ouvindo-se previamente o executado. Seu parágrafo único, prevê que, em havendo discordância, o juiz decidirá a melhor forma de exercício do usufruto.

Os arts. 725 a 729 do Código de Processo Civil foram expressamente revogados.

Efetivamente, a grande novidade trazida pela Lei 11.382/2006 reside no art. 736 do Código de Processo Civil, na nova redação que expressamente indica: O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos.

Aqui, de fato, está a profunda modificação no clássico sistema do processo civil brasileiro, porque sabidamente o devedor somente poderia manifestar-se nos autos da execução após a garantia do juízo que se operava com a penhora de bens ou o depósito de coisas, na antiga vigência do art. 737 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que a execução não caminha sem bens. Este princípio, agora, com a nova lei, restou relativizado. Ao menos, em parte, está prejudicado tal princípio orientador do processo de execução, porque o devedor, mesmo sem bens, poderá opor-se à execução através dos embargos, merecendo a devida prestação jurisdicional.

Hoje, com a nova redação do art. 736, em realidade, ordinarizou-se o procedimento da execução pelo rito da quantia certa contra devedor solvente, porque citado, não tendo o devedor bens a penhorar ou não tendo a intenção de pagar ou mesmo não tendo como livrar-se da obrigação, nada impede que se ordinarize a execução mediante o oferecimento de embargos à execução, independentemente da penhora de bens, de depósito ou de caução.

A redação do antigo 736 foi totalmente reformulada, inexistindo precedente no processo de execução brasileiro.

A consolidação da nova redação, como posta no atual art. 736, jogou por terra a redação do revogado art. 737 que dizia, textualmente: Não são admissíveis embargos do devedor antes de seguro o juízo: I – pela penhora, na execução da quantia certa; II – pelo depósito, na execução para entrega de coisa.

Após longos anos do clássico sistema – em que o devedor somente poderia falar nos autos da execução após a garantia do juízo através da penhora ou do depósito – o legislador finalmente acordou para o necessário cumprimento do princípio do devido processo legal.

Após claudicante jurisprudência iniciada há muito, desde o famoso parecer de Pontes de Miranda, em 1966, com a chamada exceção de pré-executividade, agora, finalmente o legislador autorizou o devedor a oferecer embargos, sua modalidade de defesa no processo de execução, sem a prévia garantia do juízo, com a penhora ou depósito de bens.

A nova redação faz desaparecer, por completo, o incidente da exceção de pré-executividade. Deixa de ser e de existir o referido incidente, porquanto o devedor, independentemente da existência de bens, com ou não a penhora, poderá opor embargos à execução.

Duas perspectivas surgem a partir da nova redação do art. 736. Se, de um lado, pode o devedor opor embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução, de outro, quase ordinarizou-se, por completo, o processo de execução à medida que o legislador não criou qualquer restrição, embaraço ou impedimento ao oferecimento dos embargos.

Se, de um lado é bom, de outro, acabou sendo ruim porque o devedor poderá sempre discutir a dívida objeto da execução, sem a preocupação do alcance do seu patrimônio, porque inexistente.

O parágrafo único, do art. 736 é novo. Diz ele que Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado, e instruídos com cópias (art. 544, § 1º, in fine) das peças processuais relevantes. A redação não andou bem. Ora, se a execução ordinarizou-se, então, para que formar autos apartados, com a juntada de cópia de peças processuais já constantes dos autos da execução? Não há razão para tal.

A formação de autos apartados somente seria razoável se o legislador tivesse criado condições ou pressupostos processuais específicos para o oferecimento de embargos – o que não ocorreu.

O art. 738 também mereceu reforma importante. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Na vigência da redação anterior, o prazo era de 10 dias, contados da juntada do auto de penhora, com a sua intimação; ou do termo de depósito.

Os incisos I a IV, do art. 738, restaram revogados.

A reforma fez incluir três parágrafos. O § 1º indica que Quando houver mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado citatório, salvo tratando-se de cônjuges. Não nos parece razoável.

Como o processo de execução foi ordinarizado, sem exigência de penhora, depósito ou caução, o prazo deveria ser comum, de 15 dias, iniciando-se a partir da citação do último devedor, como sói ocorrer no processo de conhecimento.

No entanto, como assim não quis o legislador, é certo que, a cada citação, abrir-se-á novo prazo para resposta. A exceção reside apenas quando os devedores forem casados. O legislador foi retrógrado; poderia aproveitar para mencionar também a figura do companheiro.

O § 2º cuida da execução por carta precatória, afirmando que o juiz deprecado deverá comunicar imediatamente o juiz deprecante acerca da citação, de modo que o prazo para os embargos iniciará a partir de tal comunicação nos autos, podendo a comunicação operar-se por meio eletrônico.

O § 3º indicou que a hipótese contemplada no art. 191 do Código de Processo Civil – prazo em dobro para citar, quando os réus têm advogados diversos – não tem aplicabilidade no processo de execução.

O caput do art. 739 não foi modificado, sendo certo que o juiz poderá rejeitar liminarmente os embargos. As hipóteses de rejeição estão indicadas nos incisos I a III, a saber: I – quando intempestivos; II – quando inepta a petição (art. 295); ou III – quando manifestamente protelatórios.

Outra hipótese de rejeição liminar dos embargos, embora não prevista nos incisos I a III, do art. 739, é quando o embargante oferecer embargos com fundamento no excesso de execução e não apresentar na petição inicial o valor que entende correto, inclusive desacompanhado de memória de cálculos, como prevê o § 5º, do art. 739-A.

Os §§§ 1º, 2º e 3º foram revogados.

A Lei 11.382/2006 criou o art. 739-A. Este novo artigo, no caput, contempla a indicação de que os embargos não terão efeito suspensivo.

Esta é uma ótima novidade. Antes, o juiz ao receber os embargos, automaticamente, suspendia o curso da execução. Agora, a regra é: os embargos não suspendem a execução, porquanto não terão efeito suspensivo.

O art. 739 contém seis parágrafos.

O § 1º diz que O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O referido parágrafo constitui-se exceção à regra da não concessão de efeito suspensivo. Portanto, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos, excepcionalmente, quando demonstrado que a execução poderá causar grave dano ao devedor. Porém, para a concessão do efeito suspensivo é necessário que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

É condição, a nosso juízo, para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos que o devedor: a) comprove o potencial dano grave com o prosseguimento da execução; b) esteja a execução garantida com a penhora, depósito ou caução suficentes.

O indeferimento do efeito suspensivo viabilizará o manejo de recurso de agravo de instrumento para o tribunal, através do qual o devedor-recorrente poderá pleitear o efeito, nos termos do art. 558 do Código de Processo Civil.

Já o § 2º aponta a hipótese de reconsideração da decisão relativa aos efeitos dos embargos, seja ela positiva ou negativa. Assim, diz o comando legal: A decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada, cessando as circunstâncias que a motivaram.

A possibilidade de rever a decisão, a qualquer tempo, é bom indicativo de que o juiz deverá levar em conta as circunstâncias tanto no caso de denegação como no de deferimento do efeito suspensivo.

O § 3º aponta a possibilidade de o juiz deferir o efeito suspensivo parcialmente; ou seja, no ato do deferimento, o juiz poderá conceder para toda a execução ou apenas para parte do objeto da demanda. Na prática, como isto requer análise mais apurada das circunstâncias, dos efeitos e da extensão dos danos, é certo que o juiz concederá ou indeferirá o efeito suspensivo ao todo da execução.

Portanto, a nosso juízo, a redação do § 3º é letra morta. Poucos foram os casos em que o juiz assim procedeu no recebimento dos embargos, antes da nova lei.

Outra hipótese de difícil aplicação está prevista no § 4º, porque requer exame apurado dos fatos e das circunstâncias. O argumento utilizado para o § 3º aplica-se integralmente aqui.

O § 5º indica que quando o fundamento dos embargos for o excesso de execução, deverá o devedor-embargante, de logo, declarar na execução o valor que entender correto, inclusive apresentando memória de cálculos, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou do não conhecimento desse fundamento.

Por fim, o § 6º diz que a concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de penhora e de avaliação de bens. Aqui reside aparente contradição. O § 1º aponta que para a concessão do efeito suspensivo já deva a execução estar garantida com a penhora.

O § 6º fala em efetivação da penhora. Para que não haja contradição entre os referidos parágrafos há que se entender como efetivação da penhora apenas a ausência de averbação da constrição judicial no registro imobiliário. Nada mais!

A Lei 11.382/2006 criou, ainda, o art. 739-B, prevendo a cobrança de multa ou de indenização decorrente de litigância de má-fé. É certo que a cobrança dar-se-á em autos apensos, operando-se, ainda, por compensação ou por execução de eventual saldo. Tal previsão eliminou dúvidas acerca da competência para tais cobranças.

O caput do art. 740 e seu parágrafo único mereceram reformas. O caput contempla que: Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias.

A dificuldade aqui é saber qual o elemento objetivo para identificar o que seriam embargos protelatórios, efetivamente. São aqueles sem fundamentos? Ou com fundamento inadequado? Ficará a critério do juiz a verificação e classificação, de protelatório ou não, dos embargos, em cada caso.

Indica o parágrafo único que sendo os embargos manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa em favor do exeqüente, no percentual não superior a 20% sobre o valor reclamado na execução.

O art. 744 foi revogado.

O art. 745 mereceu nova redação, inclusive sendo incluídos os incisos I a V, além de dois parágrafos.

O caput e os incisos estão assim disposto: Nos embargos, poderá o executado alegar: I – nulidade da execução, por não ser executivo o título apresentado; II – penhora incorreta ou avaliação errônea; III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de título para entrega de coisa certa (art. 621); V – qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Além das indicações precisas nos incisos I a IV, o legislador, no inciso V, abriu uma vala comum ao permitir que o devedor alegue tudo aquilo que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento. Repetiu, de certa forma, o que já estava na redação anterior do aludido art. 745.

O § 1º cuida especificamente dos embargos de retenção por benfeitorias, dizendo que o credor poderá requerer a compensação de seu crédito com o dos frutos ou danos considerados devidos pelo devedor. Neste caso, deverá o juiz nomear perito, para apurar valores.

O § 2º indica que o credor poderá, a qualquer tempo, ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

A Lei 11.382/2006 criou o art. 745-A. Este artigo é de grande valia e acreditamos que servirá de alavancagem para a extinção de considerável parte dos processos de execução.

Diz a redação do art. 745-A: No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês.

Esta é uma ótima novidade inserida no processo de execução. A intenção do legislador é a composição das partes visando o desafogamento do Poder Judiciário, com a extinção de processos de execução, já no seu nascedouro.

Não temos dúvidas em afirmar que esta novidade contribuirá sobremaneira para a composição e pacificação das partes no processo, com a redução de tempo e dinheiro, além da extinção de processos.

Dúvidas persistem a partir da redação do caput, do art. 745-A, quais sejam: o devedor poderá simultaneamente oferecer os embargos e apresentar a proposta, com o depósito de 30% do valor reclamado? Se a proposta for apresentada no prazo, embora indeferida, o juiz reabrirá prazo para o oferecimento de embargos? 

Em relação às dúvidas suscitadas, entendemos que o devedor não está obrigado a apresentar proposta e opor embargos, simultaneamente. Uma providência inibe a outra. Em realidade, a interpretação que fazemos é de que o devedor, no prazo dos embargos, pode apresentar defesa.

Então, sendo ela indeferida, o juiz reabrirá o prazo para oposição dos embargos. Embora seja omisso o Código de Processo Civil, neste particular, chegamos a tal entendimento a partir da interpretação sistêmica entre o caput do referido artigo e o seu § 2º, porque neste dispositivo legal, ao tratar do descumprimento da obrigação prevista na proposta, o legislador vedou ao devedor-inadimplente o direito de opor embargos.

A primeira parte do § 1º indica que se a proposta for deferida pelo juiz, o credor levantará a quantia depositada e a execução restará suspensa. A segunda parte diz que indeferida, a execução prosseguirá, mantido o depósito.

Este dispositivo legal tem muitas informações e poucos esclarecimentos. Ora, se a proposta é apresentada no prazo, atendidas as condições indicadas no caput, do art. 745-A, é óbvio que será ela deferida pelo juiz, com a suspensão da execução e levantamento do depósito judicial pelo credor.

As únicas hipóteses que vislumbramos de indeferimento da proposta são o devedor apresentar a proposta extemporaneamente ou apresentar com condições diferentes daquelas previstas no caput do art. 745-A.

Neste particular, entendemos que a hipótese, a rigor, não é de indeferimento, de plano, devendo o juiz, nestas condições, previamente ouvir o credor que poderá concordar com as condições oferecidas. Somente se o credor impugnar as condições divergentes é que deverá o juiz indeferir a proposta.

A decisão que venha deferir ou indeferir a proposta desafiará recurso de agravo, porquanto se trata de decisão interlocutória.

A segunda parte do § 1º indica que se indeferida a proposta, a execução prosseguirá, mantido o depósito. Indaga-se: se o juiz indeferir a proposta apresentada, o devedor não poderá oferecer outra?

A nosso juízo, o devedor poderá oferecer nova proposta, porquanto atendido, inicialmente, o prazo legal para a proposta originária. A lei é omissa, mas assim interpretamos, posto que resta evidente que o interesse do legislador é a composição das partes.

Se, de fato, indeferida, sem a apresentação de nova proposta, a execução prosseguirá e mantido será o depósito inicial, no valor correspondente ao percentual de 30% do crédito reclamado.

O depósito ficará à disposição do juízo ou poderá ser levantado pelo credor. Entendemos que o depósito ficará exclusivamente à disposição do juízo, não podendo o credor levantá-lo.

O § 2º trata do inadimplemento, por parte do devedor, da obrigação prevista na proposta deferida, apontando que: O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos.

As dúvidas e indagações formuladas acima são pertinentes: por que o legislador, expressamente, indicou que no caso de inadimplemento da obrigação contida na proposta, o devedor, além de responder por multa, no percentual de 10% sobre o saldo devedor, ficará proibido de opor embargos?

O conteúdo da segunda parte do § 2º garante a nossa interpretação quanto à possibilidade do devedor, primeiro, apresentar, no prazo para os embargos, proposta de pagamento; se indeferida, o juiz deverá abrir novo prazo para a oposição de embargos. Se assim não for, não faz sentido o legislador cominar, expressamente, proibição do oferecimento de embargos, no caso de inadimplemento da obrigação contida na proposta.

O art. 746 sofreu mudanças. O referido artigo cuida dos embargos à adjudicação, arrematação e alienação. O caput, mais completo, assim reza: É lícito ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da adjudicação, alienação ou arrematação, oferecer embargos fundados em nulidade da execução, ou em causa extintiva da obrigação, desde que superveniente à penhora, aplicando-se, no que couber, o disposto neste Capítulo.

O seu parágrafo único foi mantido intacto. Porém, a Lei 11.382/2006 criou os §§§ 1º, 2º e 3º.   

O § 1º admite que, oferecidos os embargos, poderá o adquirente desistir da aquisição. Complementando a idéia, o § 2º, expressamente, diz que o juiz deferirá, de plano, o requerimento de desistência, com a imediata liberação do depósito feito pelo adquirente (art. 694, § 1, inciso IV).

Excelente a previsão legal. Não há nada pior para o terceiro-adquirente, após realizado o depósito do valor nos autos da execução, sofrer os efeitos negativos dos embargos opostos pelo devedor, cuja finalidade no manejo dos embargos é o desfazimento do ato de alienação.

Querendo imprimir segurança ao adquirente, livrando-o de quaisquer aborrecimentos, é correta a indicação feita pelo legislador ao autorizar a desistência da aquisição, com o deferimento, de plano, e a imediata devolução do depósito realizado.

E mais: o § 3º textualmente ainda afirma que sendo os embargos declarados manifestamente protelatórios, o juiz imporá multa ao embargante, não superior ao percentual de 20% sobre o valor da execução, em favor do adquirente-desistente, como forma de compensá-lo da perda do negócio antes realizado.

Os arts. 787, 788, 789 e 790 que cuidavam da remição, no Título V, foram revogados.

O caput, do art. 791 – que trata da suspensão do processo de execução, no Título VI, Capítulo I, foi mantido. Sofreu mínima alteração redacional apenas o inciso I, para adequar-se à nova realidade, passando a ter a seguinte redação: I – no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução (art. 739-A).

No mais, os incisos II e III foram mantidos intactos.

Finalmente, o art. 3º da Lei 11.382/2006, afirma que o O Livro II da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil – passa a vigorar acrescido das seguintes Subseções: Subseção VI-A – Da Adjudicação e Subseção VI-B – Da Alienação por Iniciativa Particular.

A nova lei criou as subseções VI-A – Da Adjudicação e subseção VI-B – Da Alienação por Iniciativa Particular, nos arts. 685-A a 685-C.

A criação da subseção VI-A põe o instituto da adjudicação em relevância dentro do CPC, apresentando regramento próprio. Assim, o art. 685-A, afirma que: É lícito ao exeqüente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

O § 1º sob a égide da moralidade diz, expressamente: Se o valor do crédito for inferior aos bens, o adjudicante depositará de imediato a diferença, ficando esta à disposição do executado; se superior, a execução prosseguirá pelo saldo remanescente.

Muito boa a redação dos aludidos preceitos legais. Criou-se a adjudicação transparente e justa. Não era razoável que o devedor, por força da adjudicação, sofresse mais prejuízos, com a perda dos bens, inclusive subavaliados.

Agora, o balizamento para a adjudicação reside no valor da avaliação dos bens penhorados. Garante-se a adjudicação de bens móveis e imóveis ao credor, porém dentro de regras transparentes e justas de avaliação dos bens a preço de mercado.

O critério criado é justo. Se houver diferença entre o crédito e o valor do bem, recolhe-se a diferença em favor do devedor; ao revés, o credor prosseguirá com a execução pelo saldo.

O mesmo direito poderá ser exercido pelo credor com garantia real, pelos credores concorrentes que tiverem penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelos descendentes ou ascendentes do devedor, como aponta o § 2º.

Havendo concorrentes entre eles instaura-se procedimento de concorrência, tendo preferência, em igualdade de condições, o cônjuge, descendente ou ascendente, obedecida esta ordem, como orienta o § 3º.

Já o § 4º indica que recaindo a penhora sobre quotas e sendo o credor estranho à sociedade, deverá a pessoa jurídica ser intimada, assegurando-se preferência aos sócios na adjudicação das quotas.

Decididas as questões, o juiz mandará lavrar o auto de adjudicação (§ 5º).

Finalmente, o art. 685-B diz que A adjudicação considera-se perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel.

O parágrafo único determina que a carta de adjudicação deverá conter a descrição do imóvel, com indicação da matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e, ainda, a prova de quitação do imposto de transmissão, para que se possa viabilizar o registro no cartório próprio.

Já a subseção VI-B, cuidando da Alienação por Iniciativa Particular, no art. 685-C, aponta que: Não realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exeqüente poderá requerer sejam eles alienados por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado perante a autoridade judiciária.

Importa dizer que esta modalidade é nova no Código de Processo Civil. Antes, o bem penhorado ou era adjudicado ou arrematado. Agora, nova modalidade surge com a Lei 11.382/2006. Perfeita e viável tal modalidade de venda que chega em boa hora, porque o importante é a realização do ativo, do bem penhorado, para a solução do passivo, pagamento ao credor.

O § 1º indica que o juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento e as garantias, bem como a comissão do corretor, quando for o caso.

Como visto no caput, do art. 685-C, na modalidade de Alienação por Iniciativa Particular, a venda do bem penhorado, seja móvel ou imóvel, poderá ocorrer por iniciativa própria do credor ou, ainda, por intermédio de corretor credenciado perante o juízo da execução.

É bom dizer que a fixação de prazo pelo juiz, embora exija a lei, será difícil de realizar, na prática. Sabe-se que o mercado é quem dirá o tempo para a compra e venda dos bens penhorados. Tudo dependerá do momento econômico, das condições de venda, do preço e do estado de conservação. Por isso é muito difícil estabelecer prazo para a venda e que a operação se realiza exatamente no prazo assinado.

A venda será feita sem burocracia. A alienação será formalizada por termo nos autos, assinando pelo juiz, pelo credor, pelo adquirente e, se for presente, pelo devedor, expedindo-se a carta de alienação do imóvel para o registro imobiliário. Tratando-se de bem móvel, expedir-se-á mandado de entrega ao adquirente. Esta é a orientação prevista no § 2º.

O § 3º diz que os tribunais poderão expedir provimentos detalhando o procedimento da alienação por iniciativa particular, podendo-se utilizar meios eletrônicos. Disporão, também, sobre o credenciameto de corretores.

Por fim, o art. 4º da Lei 11.382/2006 reorganizou o CPC, apontando o agrupamento de artigos em capítulos, seções e subseções, por conta das alterações realizadas.

Já o art. 5º da lei transfere o art. 746 para o Capítulo III, do Titulo III, do Livro II, do CPC, renumerando-se o atual Capítulo V como Capítulo IV desse Título.

O art. 6º da lei foi vetado.

O art. 7º da lei revogou expressamente vários artigos, apontando-se: 714 e 715, da Subseção III, da Seção II, do Capítulo IV, do Título II, do Livro II e a referida Subseção; arts. 787, 788, 789 e 790 do Título V, do Livro II e o referido Título; o parágrafo único do art. 580, os §§ 1º e 2º do art. 586; os §§ 1º a 7º do art. 634, o inciso III do art. 684, os inciso I a III do § 1º do art. 690, os §§ 1º a 3º do art. 695, o inciso IV do art. 703, os incisos I a II do caput e o § 3º do art. 722, os incisos I a IV do art. 738, os §§ 1º a 3º do art. 739; e os arts. 583, 669, 697, 699, 700, 725, 726, 727, 728, 729, 737 e 744.

A Lei 11.382/2006, de natureza processual, terá vigência após 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de sua publicação no Diário Oficial da União, que ocorreu no dia 7/12/2006, como prevê o art. 1º, caput, da Lei de Introdução ao Código Civil – Lei 4.657, 4/9/42, tendo em vista que o legislador omitiu-se acerca do início de sua vigência.

A Lei 11.382/2006 trouxe profundas e importantes alterações para o processo de execução brasileiro.

Exemplo dessas substanciais mudanças está na nova redação emprestada aos arts. 736 e 737 do CPC. Agora se permite que o devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução oponha embargos à execução visando a desconstituição do título executivo extrajudicial.

A ausência de tal procedimento até então reclamado, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal, resgatou a cidadania do devedor.

O novo procedimento para os embargos fez desaparecer o questionável incidente da exceção de pré-executividade, porquanto além de desprezar a antiga figura da garantia do juízo, com a penhora ou depósito, acabou por permitir que o devedor alegue toda e qualquer matéria de defesa que lhe seria lícito deduzir em processo de conhecimento.

Outra novidade é a proposta de pagamento, em que o devedor, no prazo dos embargos, poderá apresentar proposta para pagamento parcelado do crédito reclamado, com o depósito à vista no valor correspondente ao percentual de 30% do débito.

Também o legislador impôs como regra que os embargos não serão recebidos com efeito suspensivo. A suspensão da execução agora é exceção, devendo, para tanto, o devedor comprovar risco de grave dano e ainda garantir a execução através da penhora, depósito ou caução.

A lei chega para impor mais celeridade ao processo de execução, trazendo mecanismos novos de agilidade.

A lei, a um só tempo, corrigiu velhas distorções e criou novas alternativas, visando a rápida satisfação do crédito, como se vê da adjudicação, com regras transparentes e justas para o devedor e credor e, ainda, a alienação por iniciativa particular, através da qual o credor poderá vender diretamente os bens penhorados; ou, mediante prévia autorização judicial, com a participação de corretor, nas condições fixadas pelo juiz da execução.

Com as alterações introduzidas no processo de execução, espera-se que os operadores da Ciência Jurídica saibam interpretar e valorizar as mudanças, norteados pelos princípios orientadores das reformas que vêm se operando no mundo jurídico, no limiar deste século.

Mais: espera-se que o processo de execução tenha curso célere na satisfação do crédito do credor, de modo que o tempo do processo passe a ser o tempo da vida, o tempo real.

Quando o Poder Judiciário, por seus juízes e demais atores, auxiliares da Justiça, desafogar os seus escaninhos, entregando à população brasileira a efetiva prestação jurisdicional, com decisão justa e rápida, certamente o legislador terá alcançado o seu objetivo: a verdadeira Reforma do Poder Judiciário.

Espera-se, finalmente, que a reforma do Código de Processo Civil, no Processo de Execução, não seja mais uma reforma. Estamos desde 1994 reformando o CPC. Todavia, até o momento não conseguimos auferir os seus resultados.

Feliz e oportuna a chegada da nova lei, que tende a reduzir consideravelmente o tempo de tramitação dos processos, a minimizar os custos, a imprimir velocidade aos feitos e realizar ganhos efetivos para os jurisdicionados.

Oxalá que, agora, possamos sentir na prática os discursos teóricos dos gabinetes que inspiraram a nova lei.

Informações Sobre o Autor

Luiz Antonio Guerra

Presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal. Advogado no Direito Comercial & Empresarial. Consultor Jurídico de Companhias Nacionais e Transnacionais. Parecerista. Palestrante. Conferencista. Jurista. Articulista, com inúmeros artigos jurídicos publicados no Brasil e no exterior. Autor de vários livros jurídicos no Direito Comercial & Empresarial, Direito Contratual Civil & Comercial, Direito Econômico & Concorrencial, Direito Regulatório do Petróleo e Direito Processual Civil & Comercial. Sócio Fundador e CEO do escritório GUERRA ADVOGADOS – ADVOCACIA EMPRESARIAL. Professor de Direito Comercial & Empresarial do INSTITUTO GUERRA – PROF. LUIZ GUERRA – INSTITUTO GUERRA DE DIREITO COMERCIAL & EMPRESARIAL, Professor de Direito Comercial & Empresarial da Faculdade de Direito do UNICEUB, Professor de Direito Comercial & Empresarial do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e Professor de Direito Comercial & Empresarial da Escola Superior da Advocacia do Distrito Federal (OAB/DF)