El proceso de integración en América Latina y el Caribe

La integración, proceso que tuvo su génesis en Europa en el siglo pasado, continúa siendo uno de los temas más importantes en la actualidad, y al que se le presta una especial atención en todos los países, con independencia de su ubicación geográfica o nivel de desarrollo, estando presente por tanto en el discurso político de los más grandes estadistas, que ven como un fenómeno ineludible la creciente interdependencia entre los Estados.

Introducción.

La integración, proceso que tuvo su génesis en Europa en el siglo pasado, continúa siendo uno de los temas más importantes en la actualidad, y al que se le presta una especial atención en todos los países, con independencia de su ubicación geográfica o nivel de desarrollo, estando presente por tanto en el discurso político de los más grandes estadistas, que ven como un fenómeno ineludible la creciente interdependencia entre los Estados. Para nuestros pueblos de América, la integración resulta vital, así lo consideraron en el siglo XIX, dos de nuestros más grandes pensadores, el Libertador Simón Bolívar, y el Héroe Nacional cubano José Martí y esa línea de pensamiento ha tenido continuidad en personalidades políticas relevantes como Fidel Castro y Hugo Chávez.

Se trata además de un tema necesario y actual, que se convierte en una alternativa para los pueblos latinoamericanos frente a la globalización, el neoliberalismo y la política expansionista de los EE.UU, que trata de imponernos el ALCA. América Latina producto de los cambios ocurridos en países como Argentina con  H. Kishner, Brasil con L. Da Silva, Uruguay con T. Vázquez está imprimiéndole un aire renovador a la integración y esto permitirá la unión tan deseada de nuestros pueblos y la expulsión del neoliberalismo.

1.1. Breve análisis histórico del proceso de cooperación e integración en América Latina y el Caribe

La idea de integración latinoamericana es muy anterior a los proyectos panamericanos y neopanamericanos de Washington y tiene profundas raíces en la historia de este continente. Tiene su origen en el proceso de crisis del colonialismo español y del portugués, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y su máxima aspiración fue la de unir a los pueblos de América Latina.

Nacida de un pasado de explotación colonial similar en todas las naciones americanas al sur del Río Bravo, la unidad latinoamericana fue el resultado de varios siglos de lucha contra el opresor extranjero.

Entre los principales exponentes de las ideas de unión e integración puede  mencionarse a Simón Bolívar que en su Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815 escribió: “Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas, que por su libertad y gloria…”[1] pero la suprema expresión de la aspiración de Bolívar en cuanto a la unidad de América lo constituyó el Congreso Anfictíonico de Panamá donde el Libertador se pronunció por defender en común la soberanía de todos y cada uno de los países de América contra cualquier intento de dominación por parte de potencia extranjera y propuso la creación de estructuras comunes incluso llegó a proponer el establecimiento de una ciudadanía americana común.

Fue nuestro José Martí [2] quien retomó nuevamente un poco más tarde esos ideales al lanzar la idea de Nuestra América y enriqueció el viejo ideal de unidad hispanoamericana cuando este estaba a punto de fenecer ante la fuerza del panamericanismo promovido por el secretario de Estado, J. Blaine. Martí lanzó una estrategia de integración latinoamericana fundamentada en la identidad histórica de nuestros pueblos, pero su llamado fue desoído y no fue hasta la contienda hispanocubana-norteamericana que muchos pensadores se dieron cuenta que hacía falta oponer al desaforado expansionismo norteamericano las ideas de unión de América Latina.

Antes de seguir adelante con este recuento histórico, es preciso detenerse para hacer referencia a un factor que ha tenido una influencia determinante en el proceso de integración latinoamericana y que fue avizorado por Bolívar y denunciado por Martí como ya antes quedó planteado y está vinculado al papel que han desempeñado los Estados Unidos en el mismo, porque de una manera u otra este país ha tratado de impedir la “verdadera” integración de la región, entendiéndose por esta, aquella que responda realmente a nuestros intereses y necesidades.

El elemento común de las diferentes políticas que Estados Unidos ha adoptado y desarrollado en sus relaciones con América Latina y el Caribe, ha sido, la imposición de un sistema hegemónico de dominación hemisférica; para ejemplificar esta afirmación, basta mencionar la teoría del Destino Manifiesto, expresión del expansionismo y la práctica del despojo de los bienes y recursos de los demás, por lo que cualquier intento de unión latinoamericana y caribeña que implique adoptar actitudes independientes y alternativas, no responde a los intereses y objetivos de los Estados Unidos y por tanto encuentra su rechazo.

La hegemonía, en sentido general, es entendida como la supremacía que un Estado ejerce sobre otros. En el caso particular de Estados Unidos con América Latina y el Caribe “es considerada como la capacidad de poder que ejerce, (económica, militar, política, diplomática, ideológica, tecnológica), para influir decisivamente en las políticas internas y externas de los países de la región considerando en tal sentido la categoría dominación como expresión esencial de toda acción hegemónica”[3]. Nótese en esta definición como se admite que además de la fuerza pueden utilizarse otros mecanismos de presión para lograr el consenso o simplemente para alcanzar los objetivos propuestos aún con la ausencia de este. El poder hegemónico de Estados Unidos se ha manifestado sobre América Latina y el Caribe a través de tres vías clásicas[4]: imposición política, penetración e intervención militar y manipulación económica, de las cuáles existen suficientes ejemplos.

En 1889, tuvo lugar la Primera Conferencia Panamericana, donde los Estados Unidos dan a conocer formalmente la propuesta de creación de un mecanismo muy sofisticado, el panamericanismo, que es una concepción política e ideológica cuyo objetivo es crear un sistema de relaciones interestatales en la que Estados Unidos sea el eje central, esa propuesta, 60 años más tarde se tradujo en la creación de la OEA, en 1980, en la Iniciativa Bush para las Américas y hoy en el ALCA.

Ya en el siglo XX, en sus inicios, surgieron nuevos intentos de unidad latinoamericana frente a la brutal acometida del imperialismo norteamericano. Uno de particular significado fue el lanzado desde Las Segovias, Nicaragua, por A. C. Sandino; en medio de la lucha contra la intervención norteamericana, titulado “Plan de realización del supremo sueño de Bolívar”, el 20 de marzo de 1929, y en el cual llamaba a la celebración de un congreso latinoamericano- que no llegó a realizarse- en el cual pretendía lanzar una propuesta de alianza continental[5].

Esa nueva dimensión del latinoamericanismo estuvo presente en los procesos revolucionarios de México, Guatemala, y Bolivia y después en la propia Revolución Cubana como quedó bien definido desde los primeros días del triunfo de la misma.

A partir de la segunda mitad del siglo XX y de manera paulatina comenzaron a aparecer organismos regionales dirigidos de una manera u otra a favorecer la integración latinoamericana que excluyen o limitan la presencia de los Estados Unidos. Esta fue la respuesta que intentaron los pueblos latinoamericanos ante el neopanamericanismo, que es la expresión actual del panamericanismo, y que tiene como propósito lograr una parcial integración continental, mediante el encadenamiento de las economías más atrasadas de América Latina a las nuevas necesidades del imperialismo norteamericano a través de la creación de grupos o el establecimiento de acuerdos bilaterales o trilaterales, siempre asimétricos, lo cual conduce a muchas incoherencias y hace muy difícil la armonización regional, pero además su mayor peligro radica en las consecuencias negativas que ejercería sobre la soberanía de nuestros pueblos.

Hacia finales de los años 50, América Latina sustentaba su desarrollo económico en el llamado modelo desarrollista, impulsado por las entonces oligarquías nacionales, donde se pretendía alcanzar, y de hecho se logró en gran medida, cierto desarrollo de las industrias nacionales, basándose en la sustitución de importaciones. El auge de estas políticas generó la necesidad de mercados ampliados, esta es la etapa en que se incorpora el elemento de la integración como una necesidad práctica.

Sin duda alguna el período de 1969 a 1979 fue el de mayor dinamismo de la política exterior y proyección de los intereses nacionales latinoamericanos y caribeños dirigidos a potenciar el desarrollo hacia adentro.

Es en esta etapa cuando tiene lugar el proceso de formación de los llamados acuerdos de primera generación, que enarbolan nuevas tendencias latinoamericanas, y persisten en alcanzar el ideal de unidad e independencia, expresado sobre la base de una posible convergencia de diversos intentos de regionalización y subregionalización. Podemos mencionar entre algunos de ellos: La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), El Mercado Común Centroamericano (MCCA), El Pacto Andino y La Comunidad del Caribe (CARICOM).

A finales de los 70 el modelo desarrollista quedó agotado debido a su excesiva potenciación, de ahí que en la década de los 80 cambiara el panorama integracionista de la región, motivado ello, entre otras razones, por la crisis de la deuda externa y particularmente por el desarrollo del modelo neoliberal, pasando a ser el objetivo central la inserción de las economías nacionales en la economía mundial. No obstante la atención al tema del pago de la deuda y fundamentalmente de sus intereses, implicó que el tema integración quedara un tanto olvidado[6].

En esta misma década, el neoliberalismo, como filosofía resultado también del aplastante proceso de globalización, apunta contra los estados nacionales conceptuándolos como insuficientes e ineficientes para garantizar los servicios públicos. Las causas del subdesarrollo, según esta filosofía, ya no eran responsabilidad de las apetencias del Norte sino de la propia insuficiencia interna de los estados. Los expertos en Washington indicaron a los gobiernos y a sus respectivos Estados, privatizar, desregular, liberar las finanzas, abrir el comercio, disciplinar rigurosamente los gastos públicos, hacer reformas fiscales, promover la inversión extranjera; en resumen entregarse en cuerpo y alma al mercado y confiar en que este terminaría sacando de la pobreza a las naciones.

Los rasgos generales de la última década de globalización neoliberal acelerada se revelan de manera “clásica” en nuestra región de la siguiente manera: desestructuración de los sistemas nacionales, debilitamiento de los Estados Nacionales; crisis de prestigio y actividad de gobiernos, partidos y políticas; incremento de la pobreza y la desocupación; armamentismo, guerras; incremento de la presión migratoria y de leyes y acciones del Norte para obstaculizar el libre flujo de la fuerza de trabajo; drástica reducción del sector público, junto a una privatización acelerada; concentración de la riqueza; predominio ascendente de las transnacionales; aumento del crimen, particularmente del organizado; incremento incontrolado de la corrupción, desprotección frente a la mala especulación financiera; aumento de la desigualdad entre países.

Desde el punto de vista humano todas estas características confluyen en una realidad social de mucha mayor desigualdad, pobreza y falta de protección de la gente. En 1980 América Latina tenía un 35% de hogares pobres, con un total de 136 millones de personas. Al cierre de 1997 un 36% de la población de la región, 204 millones de personas clasificaron como pobres, de ellos 90 millones eran indigentes, en tanto las tasas anuales de desempleo urbano en cuatro economías de gran peso en la región, confirman el carácter estructural de la desocupación[7].

Al desolador panorama social, se une la realidad de un deterioro ambiental acelerado, muestra del amplio poder destructivo del capital en el ámbito de la relación sociedad-naturaleza. Hoy la irreversibilidad de determinados daños ecológicos, y el largo tiempo necesario para la regeneración de muchos recursos, permiten hablar en América Latina de una crisis económica-ambiental.

Ante tal situación de economías neoliberales cabe plantear como alternativa la integración económica y política en torno a intereses comunes de estados y naciones de nuestra región. Hacia los años 90, con el desarrollo y profundización de la políticas neoliberales caracterizadas por la apertura y la desregulación económica, el desarrollo de políticas de ajustes estructurales, una mayor apertura de mercados y una desenfrenada cadena de privatizaciones, vuelve a ser el tema de la integración, objeto de atención, y es considerada una necesidad para enfrentar los nuevos retos internacionales.

Entre los años ochenta y noventa e impulsados hasta cierto punto por el papel que desempeña la Unión Europea surge una nueva fase en el proceso de unidad latinoamericana con los acuerdos de segunda generación, de los que son exponentes el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Mercado Común Caribeño (MCC) y el Grupo de los Tres (México, Venezuela y Colombia). Este nuevo auge en los procesos de integración de América Latina y el Caribe, ponen mayor énfasis en los asuntos relacionados con el mercado y la libertad de comercio, mientras que los aspectos políticos, sociales y culturales, que también son esenciales en el logro de una verdadera integración no resultan ser los de mayor atención.

No obstante algunas corrientes y gobiernos contemporáneos, como el de H. Chávez, en Venezuela, intentan impulsar tendencias integracionistas de matriz bolivariana, aspirando a conformar una confederación política como manera de preservar la unidad e independencia de los países latinoamericanos y resistir la integración neopanamericana que ha cobrado particular fuerza en los últimos tiempos gracias al avance del TLCAN y del apoyo que se le quiere dar a  través de éste al ALCA, así como a través de otros mecanismos y acuerdos parciales. Ejemplos de integración latinoamericana son también otros modelos como la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), el Foro de Sao Paulo y otros cónclaves creados más o menos recientemente.

 A pesar del sinnúmero de proyectos e intentos de unión del subcontinente que se han realizado desde los tiempos de Bolívar hasta la fecha, la realidad es que la integración latinoamericana y caribeña todavía no se ha conseguido en su verdadera dimensión, dada la desigualdad y asimetría presentes en las economías latinoamericanas.

Hoy en el siglo XXI ya no puede seguirse manteniendo una actitud servil ante la potencia hegemónica mundial pero esto no puede darse de forma espontánea, se necesita establecer de forma coherente y gradual un modelo capaz de fortalecer la colaboración entre estos países hermanos desde el Río Bravo hasta la Patagonia, resolver problemas comunes, arreglar por medios pacíficos los conflictos que puedan surgir, rechazar en forma mancomunada las amenazas y pretensiones de las potencias, en particular del neopanamericanismo imperialista, promover su desarrollo económico social y una activa participación en el escenario internacional, para lograr aumentar su capacidad en relación con Estados Unidos y el resto de los grandes bloques mundiales.

El proceso de cooperación e integración en América Latina se encuentra en estos momentos en una etapa de revitalización que no se observaba desde hace algunos años, los gobiernos de izquierda instaurados en países como Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela en lo fundamental, han propiciado la realización de diálogos y el establecimiento de acuerdos que de materializarse serán una importante victoria en la lucha por la unión latinoamericana, podemos mencionar la iniciativa venezolana de creación de PETROSUR, empresa multinacional que se encargará de la comercialización del petróleo y sus derivados con precios diferenciados para los países del subcontinente y TELESUR, que permitirá enfrentar el monopolio de la información que hoy tienen las grandes transnacionales de los países imperialistas, por lo que hay que asumir importantes definiciones; en el ámbito político se está moviendo entre los sueños bolivarianos de unión y el intento de los Estados Unidos de conformación de un bloque propio de la actual era de la globalización como es el ALCA y en el ámbito económico por la necesidad de ajustar nuestras economías a las condiciones internacionales del mercado, lo cual aunque parezca contradictorio hace cada vez más necesaria la integración y la cooperación.

América Latina e incluso el área del Caribe se caracterizan por la existencia de numerosos esquemas de integración. A juicio de la autora este fenómeno no es un factor positivo para la necesaria unidad latinoamericana y caribeña, el basamento de esta afirmación lo constituye el hecho de que los mismos sujetos pertenecen a varios esquemas lo que puede motivar contradicciones en razón de los fines planteados en las cartas constitutivas de los mismos y el papel que le corresponde desarrollar a cada estado miembro dentro de ellos, esto puede graficarse con la expresión de “las mismas fichas moviéndose en distintos tableros”.

Otro aspecto es que en algunos de esos esquemas participan sujetos con un grado tan desigual de desarrollo con respecto a los demás miembros que dificulta el establecimiento de políticas comunes y condiciones equitativas de intercambio para todos, por último, se produce una fragmentación que no hace otra cosa que debilitar esa unión, podemos mencionar como ejemplo de lo anteriormente planteado a México que forma parte del Grupo de Río, del Grupo de los Tres junto a Venezuela y Colombia y también del TLCAN junto a estados Unidos y Canadá, sin lugar a dudas los intereses de los esquemas mencionados son totalmente diferentes.

No obstante el proceso de integración latinoamericana y caribeña sobre todo a nivel subregional ha seguido avanzando y es irrefutable que se han obtenido importantes logros. Cabe mencionar aquí a la Asociación de Estados Caribeños (AEC) creada mediante Convenio Constitutivo en 1994, el Grupo de los Tres (G-3) establecido mediante Tratado de Libre Comercio entre México, Venezuela y Colombia en 1994, la Comunidad del Caribe (CARICOM) mediante el Tratado de Chaguaramas de 1973, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que se instituye en 1996 mediante el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA), que sustituye a la ODECA mediante el Protocolo de Tegucigalpa en 1991 y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) creado por el Tratado de Asunción en 1991.

2.1. El Derecho de Integración en América Latina

En la región, lo relativo a la integración jurídica es un problema que tiene sus propias peculiaridades ya que la diversidad de esquemas de integración existentes, cada uno de ellos con su propia normativa jurídica constitutiva ha posibilitado la existencia de una gran dispersión. La relación entre el Derecho Internacional y el Derecho Interno, y un incipiente Derecho Comunitario, si es que así puede llamarse, ha estado condicionada por las condiciones sociopolíticas y económicas específicas de nuestros países.

En América Latina, hay dos organismos que se encuentran avanzados en el establecimiento de un ordenamiento comunitario: el SICA y el MERCOSUR, ambos son esquemas subregionales.

El Sistema de Integración Centroamericano es el resultado de la reestructuración de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) cuando producto del redimensionamiento del proceso de integración, después de la década perdida, fue establecido mediante el Protocolo de Tegucigalpa[8] a la Carta de esa organización durante la XI reunión de Jefes de Gobierno y de Estado Centroamericanos en 1991 y en el cual quedaron fijados los propósitos y principios que rigen el Sistema[9].

Tiene un modelo institucional complejo[10] conformado por órganos políticos, administrativos y sociales. Los órganos políticos son: la Reunión de Presidentes, la Reunión de Vicepresidentes, el Consejo de Ministros, el Parlamento Centroamericano y la Corte Centroamericana de Justicia. Los órganos administrativos son el Comité Ejecutivo y la Secretaría General, ambos son de carácter permanente y cumplen tareas de ejecución y apoyo de las políticas y mandatos de los órganos superiores. El Comité Consultivo Unico es el órgano social del SICA, este órgano, es de vital importancia, por ostentar atribuciones de naturaleza jurídico-políticas, ya que por medio de su Reglamento Constitutivo, se encuentra facultado para buscar la armonía entre los diferentes intereses existentes dentro de los diferentes sectores de los Estados miembros de la Comunidad.

En el SICA coexisten órganos intergubernamentales y supranacionales, aunque las funciones que tienen algunos de ellos no son tan amplias como en la UE por ejemplo el PARLACEN, aspecto que debe ser objeto de análisis y reforma en el SICA, ampliar las funciones y competencias del PARLACEN, le permitiría realizar un control más efectivo del sistema como sucede con su homólogo europeo. No aparece tampoco concebida dentro del modelo el establecimiento de una política común de enfrentamiento contra situaciones que pueden poner en peligro la estabilidad democrática de los estados miembros como es el tráfico de drogas, armas y personas. Esto no quiere decir que no se luche contra flagelos como estos pero no de manera  institucionalizada.

Especial atención merece la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) órgano jurisdiccional principal y permanente del SICA, fue creado para resolver los conflictos jurídicos del proceso de integración centroamericana, y para asegurar el cumplimiento y desarrollo de los propósitos, principios y fines del Protocolo de Tegucigalpa (PT), sus instrumentos complementarios y actos derivados del mismo.

Su jurisdicción, competencia y doctrina son de carácter obligatorio[11], tanto para los Estados miembros, como para los demás órganos, organismos y sujetos de derecho privado que formen parte o participen en el SICA. Debe hacer respetar la distribución de competencias entre todos ellos, y proteger los derechos de los particulares, disponiendo para tal efecto, de la ultima palabra en cuanto a la interpretación del Derecho de Integración[12] ; de lo anterior podemos concluir que la Corte es un órgano supranacional, ya que los Estados miembros del Sistema han delegado competencias judiciales hacia la misma limitando las de sus órganos jurisdiccionales. La CCJ actúa como tribunal internacional, comunitario, de arbitraje, de consulta y constitucional[13].

Un aspecto que puede considerarse controversial es lo establecido en el artículo 25 del Estatuto de la CCJ[14] que le niega competencia en materia de derechos humanos, por corresponderle exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el conocimiento de cualquier situación de violación o no garantía de los mismos. Esto es una incongruencia, porque la tutela de los derechos humanos no puede desvincularse de los procesos de integración. El PT establece que el SICA se fundamenta en el respeto a los derechos humanos, por tener el propósito de <<consolidar la democracia y fortalecer sus instituciones sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, libre y secreto, y del irrestricto respeto a los Derechos Humanos>>. Por tanto, para poder llevar a cabo los propósitos del SICA sus miembros procederán de acuerdo a los siguientes lineamientos: la tutela, respeto y promoción de los derechos humanos.

En este esquema la integración jurídica ha alcanzado un grado de desarrollo notable al punto tal que ya se ha introducido el término Derecho Comunitario Centroamericano para identificar el sistema jurídico que rige entre los estados miembros, y que tiene importantes puntos de semejanza con el modelo jurídico de la Unión Europea.

El Derecho Comunitario Centroamericano es el conjunto organizado y estructurado de normas jurídicas, que posee sus propias fuentes, y está dotado de órganos y procedimientos adecuados para emitirlas, interpretarlas, aplicarlas y hacerlas saber. De esta forma el Derecho Comunitario promueve la integración de los países involucrados, conformándose así un ordenamiento jurídico normativo que goza de independencia y primacía, así como aplicación inmediata y efectos directos, características esenciales para su existencia y desarrollo. Como puede observarse son prácticamente los mismos principios que tiene el Derecho Comunitario Europeo.

El Derecho Comunitario Centroamericano está conformado por un Derecho originario, derivado y complementario. El Derecho originario está compuesto por los llamados tratados constitutivos con sus respectivos actos posteriores que los modifican, los cuales componen el núcleo central del SICA, por ser los instrumentos en donde recaen todas aquellas competencias cedidas por cada uno de los Estados miembros del Sistema, con el objetivo de crear entes supranacionales.

Estos instrumentos son: El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA) de 1992. El Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras Instancias Políticas, con sus tres respectivos Protocolos de 1994. El Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia de 1992. El Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana (Protocolo de Guatemala). El Tratado Marco de la Seguridad Democrática en Centroamérica de 1995.

Este Derecho primario u originario, es el encargado de normar las competencias y facultades de sus órganos fundamentales, y en donde se encuentran sus principios jurídicos estructurales. Cabe mencionar, que el derecho originario necesita ser ratificado por cada uno de los Estados que desean formar parte del Sistema, de conformidad a las reglas del Derecho Internacional Público, pero no son susceptibles de reserva, debido a que algunos son constitutivos de órganos supranacionales y además, todos ellos regulan materias en las cuales no se debe admitir que los Estados participantes queden eximidos del cumplimiento de alguna de las estipulaciones de dichos instrumentos[15].

El Derecho derivado centroamericano se configura por medio de los actos unilaterales de los órganos comunitarios de poder normativo y se diferencian del primario en el hecho de que no necesita de la ratificación por parte de los Estados para su vigencia, debido a su aplicación directa, inmediata y de prevalencia sobre el derecho interno, es decir una vez emitido un acto por un ente del Sistema, este entrará en vigor de manera inmediata.

Dentro de los actos jurídicos que se consideran Derecho derivado están los siguientes:

· El Reglamento: tiene carácter general por legislar de manera abstracta dentro del sistema y será obligatorio en todos sus elementos y además se aplicará directamente en todos los Estados miembros del Sistema, por producir por él mismo y automáticamente, sin ninguna interposición de las autoridades nacionales, efectos jurídicos en el ordenamiento interno de los Estados miembros y debe ser objeto de aplicación en su territorio.

· La Ordenanza, es un instrumento jurídico vinculante por medio del cual, se determinan y regulan procedimientos y la forma de ejercer las funciones de determinado órgano u organismo. Ejemplo de ello es la Ordenanza de Procedimientos de la CCJ.

· Resoluciones: Son obligatorias para todos los Estados miembros del SICA, como por ejemplo, las resoluciones mediante las cuales el Consejo de Ministros toma decisiones sobre cuestiones internas del SICA; o las emitidas por la CCJ, en sus sentencias. Pero cabe advertir, que no toda resolución es vinculante, porque las realizadas por el PARLACEN son de opinión, análisis y recomendación.

· Acuerdos: Están definidos como actos específicos o individuales, en vista de ello, son vinculantes únicamente para sus destinatarios.

· Recomendaciones: Contienen orientaciones que solo serán obligatorias en cuanto a sus objetivos y principios, y además servirán para preparar la emisión de resoluciones, reglamentos o acuerdos.

· Directriz: Es un acto obligatorio de la Reunión de Presidentes, mediante el cual, siempre por consenso, formulará instrucciones concretas a los órganos e instituciones del SICA, sobre materias integracionistas determinadas.

· Declaración: Se define como aquel mecanismo por medio del cual la Reunión de Presidentes formula su voluntad política sobre aspectos de la integración o cooperación internacional, la cual no es vinculante, por tratar únicamente aspectos generales que son ocupados posteriormente para la creación de tratados comunitarios o de cooperación internacional.

· Opinión Consultiva: Es un acto, que por un lado puede ser un simple sometimiento para una opinión o dictamen, sin efectos vinculatorios, y por otro lado, puede concluir en precedentes vinculantes, dependiendo de la naturaleza del órgano u organismo que realiza la consulta.

En el Derecho derivado centroamericano existe la misma clasificación que en el derecho derivado europeo: actos vinculantes y no vinculantes, siguiéndose también la misma técnica normativa, es de significar la diversidad de actos reconocidos en el derecho comunitario centroamericano.

El Derecho complementario, es el resultado de los acuerdos entre los Estados miembros del Sistema, que actúan en dependencia de su capacidad internacional. El Derecho complementario se encuentra compuesto por todos aquellos tratados, convenios o protocolos que los Estados miembros suscriben dentro del SICA, que crean organismos e instituciones comunitarias, a quienes dotan de personalidad jurídica, señalan competencias y atribuciones, como por ejemplo, el Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, o el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

En Centroamérica también se defiende el carácter autónomo del Derecho Comunitario, aunque la integración esté regida por el Derecho Internacional, en lo que se refiere a sus lineamientos generales y las organizaciones internacionales a las que da lugar, pero el Derecho Comunitario, se ha separado poco a poco del Derecho Internacional Público, y tiene sus propios principios y características.

Se habla de principios constitutivos del sistema, sobre la base del carácter funcional del sistema de normas y actos emitidos, estos principios son recogidos de las disposiciones básicas de los tratados de integración, influyendo sobre todo el ordenamiento jurídico comunitario; entre los más importantes están: el principio de atribución, subsidiariedad y el de proporcionalidad.

Así en virtud del principio de atribución, se afirma la posibilidad de los Estados de ceder parte de sus competencias en conjunto, producto de las voluntades de los Estados, a un órgano especialmente creado para este propósito, denominado órgano supranacional. De esta forma la transferencia realizada por los Estados de su ordenamiento interno en beneficio del ordenamiento jurídico comunitario, de los derechos y obligaciones correspondientes a las disposiciones del tratado, entraña una limitación de sus derechos soberanos.

El principio de subsidiariedad es entendido como un límite a la actividad de la Comunidad en materias ajenas a su competencia exclusiva, con el fin de impedir la interferencia en la actuación de los estados miembros. En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, solo en la medida que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y por consiguiente puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

Por último está el principio de proporcionalidad, por medio del cual se determina en las acciones de la Comunidad, una imposibilidad de exceder lo necesario para alcanzar los fines propuestos en los tratados. Debido a esto, en la aplicación de una competencia, si la Comunidad puede elegir entre varios modos de acción, debe optar por aquel que deje más libertad a los estados y a los particulares. Se exige a las instituciones comunitarias no rebasar los límites de lo apropiado y necesario para el logro de los objetivos legítimamente perseguidos.

Estos principios, desempeñan un importante papel al ser orientadores e informadores de la actividad ejercida por las instituciones comunitarias a través de la aplicación constante del Derecho Comunitario, siempre en búsqueda de la realización del objetivo primordial establecido en el Protocolo de Tegucigalpa. Obsérvese que estos mismos principios son los informantes del Derecho Comunitario Europeo.

El Derecho Comunitario en su totalidad goza de preeminencia con respecto al Derecho Interno de cada estado parte del sistema de integración regional, el Derecho Comunitario, como producto de tratados internacionales suscritos y ratificados por los Estados, está integrado por instrumentos de Derecho Internacional Público, los cuales son regidos por la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, y la violación por parte de uno de los Estados al régimen normativo de la integración centroamericana implica la violación de compromisos internacionales como la convención anteriormente mencionada.

Esto nos lleva a decir que un estado miembro del SICA, no puede dictar leyes que se permitan desconocer el carácter obligatorio de los actos jurídicos válidos, realizados por los órganos y organismos de la integración centroamericana, los cuales han ejercido las facultades conferidas por convenios y tratados vigentes, ya que después de haber ratificado la normativa comunitaria, no tendría sentido el dictar disposiciones internas que impidan el cumplimiento de su finalidad.

De la misma forma, sobre la base del principio de “pacta sunt servanda” (observancia de los tratados de buena fe), recogido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, los estados se comprometen a observar los tratados y hacer una aplicación e interpretación de acuerdo a la buena fe, por esta razón los estados miembros del SICA han reconocido, que para realizar su aspiración integracionista deben cumplir sus obligaciones y se deben abstener de adoptar cualquier medida que sea contraria u obstaculice el cumplimiento de estos fines.

En general, las leyes nacionales no pueden tergiversar, modificar, ni sustituir las disposiciones de los tratados vigentes, reglamentos y resoluciones adoptados conforme a Derecho por los órganos regionales competentes, estableciéndose la imposibilidad de las leyes nacionales para dejar sin efecto de manera unilateral, disposiciones de los tratados regionales sobre los casos exceptuados especialmente, puesto que los estados miembros en el ejercicio de su soberanía, han decidido ejercerlo conjuntamente en propósitos de bien común de la comunidad y le han delegado determinadas funciones a los órganos y organismos de la integración y en esos tratados está plasmado el libre consentimiento de dichos estados como elemento esencial para la validez de los mismos.

En los instrumentos de integración se establecen disposiciones específicas, donde detallan la supremacía de las normas y actos dictados por los órganos centroamericanos; la jerarquía de las normas emanadas de los órganos comunitarios no es presunta, por esta razón existen en dichos instrumentos disposiciones generales, e incluso especiales que al definir la naturaleza y alcance de las competencias atribuidas a los órganos, determinan el efecto directo en el orden interno por el ejercicio de tales competencias.

De no ser así, jurídica y políticamente, la superioridad jerárquica del Derecho Comunitario carecería de fundamento sólido. El mejor ejemplo es el artículo 35 PT[16], siendo este el fundamento de la validez y jerarquía del derecho comunitario con respecto a instrumentos adoptados por los Estados miembros en cuanto a la materia de integración centroamericana, y se aprecia claramente la naturaleza y el alcance de las competencias atribuidas a los órganos regionales, lo que deja claro la jerarquía de estos actos realizados en virtud de estas competencias. Estas disposiciones establecen la supremacía del acto comunitario respecto al Derecho Interno.

La jerarquía reconocida al Derecho Comunitario no se basa únicamente en el carácter internacional de los instrumentos, sino, además, en la naturaleza comunitaria del ordenamiento  jurídico normativo que se establece. Por lo tanto en caso de conflicto entre una norma de este ordenamiento jurídico y una norma interna de los Estados miembros, prevalece aquella sobre ésta. Tampoco importa la circunstancia de que la norma interna incompatible sea anterior o posterior. En Europa, el Derecho Comunitario, se encuentra por encima del Derecho Interno, como por ejemplo es el caso de España, el artículo 96 de la Constitución española, establece la primacía de los tratados de Derecho Comunitario sobre las normas internas, no pudiendo ser alterados o suspendida su aplicación por eventuales disposiciones internas contrarias.

En cuanto a la jerarquía del Derecho Comunitario, con respecto a las Constituciones de los estados miembros, la Corte Centroamericana de Justicia en su jurisprudencia, ha manifestado la superioridad jerárquica del primero con respecto a las normas constitucionales, considerando que las modificaciones de la Carta Magna, posteriores a la vigencia de convenios de integración, no tienen ningún efecto, debido a que el Derecho Interno no puede prevalecer sobre el Derecho de Integración. También se ha establecido la prevalencia de los tratados de integración sobre otros tratados internacionales, celebrados entre los Estados miembros; de esta forma, los tratados celebrados antes de la entrada en vigencia de los tratados comunitarios, siguen siendo válidos en la medida en que sigan siendo compatibles.

Es evidente la influencia que en el SICA ha tenido la Unión Europea tanto en su entramado institucional como jurídico, en el SICA tres de los órganos que integran su sistema institucional tienen carácter supranacional (PARLACEN, CCJ Y SG), lo cual significa que las funciones legislativas, judiciales y secretariales ya no dependen de los gobiernos nacionales, lo cual es esencial si realmente se quieren llevar adelante los objetivos de integración, el resto de los órganos responde a una estructura intergubernamental de cooperación que asumen funciones ejecutivas que si tienen determinado grado de dependencia de los gobiernos de los estados miembros. La mayor debilidad del sistema centroamericano en relación con el europeo está relacionado con los derechos humanos ya que no cuenta con un sistema de protección y garantías propio, así como tampoco ha logrado las libertades del mercado que por ejemplo ha generado el establecimiento de un espacio económico común en Europa.

El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) es el resultado de un paulatino proceso de acercamiento – traducido en acuerdos, proyectos y compromisos de cooperación e integración- entre Brasil y Argentina a partir de 1985 y a los que se aunaron después Uruguay y Paraguay que concluyó con la firma del Tratado de Asunción en 1991. Este tratado se instituyó con el objetivo esencial de establecer un mercado común entre los cuatro países antes mencionados, basados en los principios de flexibilidad, gradualidad y equilibrio previstos en el preámbulo del mismo.

El sistema institucional de este esquema presenta diferencias sustanciales con respecto a otros de la propia subregión como el SICA y la CAN, por lo que califica como un órgano semicomplejo[17], conformado por órganos políticos en su mayoría de carácter intergubernamental como son el Consejo, el Grupo Mercado Común, La Comisión de Comercio, La Comisión Parlamentaria Conjunta, y El Tribunal Arbitral Ad Hoc que se encarga de dirimir las controversias que en materia comercial se presenten entre los estados miembros y está integrada por árbitros designados por cada unos de los estados. Tiene visos de supranacionalidad muy ligeramente insinuados.

Como órgano administrativo está la Secretaría Administrativa que es de apoyo operativo y está presidida por un Director, designado por un período de dos años que puede ser renovado.

El órgano social es el Foro Consultivo Económico Social que representa a los sectores económicos y sociales con funciones consultivas.

Son evidentes las deficiencias que presenta esta estructura institucional en la que la mayoría de los órganos son intergubernamentales por lo que sería recomendable el establecimiento de órganos con características supranacionales a semejanza del modelo europeo, no hay una institución presidencial especifica, la institución política legislativa solo tiene el rango de Comisión y como tal realiza sus funciones y por otra parte se hace sentir la ausencia de un órgano jurisdiccional permanente y distinto al tribunal arbitral que ahora existe y que se ocuparía de resolver las controversias entre los estados miembros pero atendería también a los particulares como el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Aunque ya también se habla de un Derecho del MERCOSUR conformado por un Derecho originario que son los tratados constitutivos y protocolos y un Derecho derivado referido a los actos jurídicos de las instituciones, hay que decir que a diferencia del SICA no está lo suficientemente estructurado por lo que la falta de integración jurídica es una debilidad significativa del sistema, ya que puede gravitar de forma negativa sobre el mismo.

Una reflexión final acerca de los instrumentos jurídicos que regulan la integración en la región nos conduce a la consideración de que aunque desde el prisma formal reúnen los requisitos que condicionan su validez y efectividad, otra cosa es lo relacionado con su aplicación práctica, afectada por la falta de cumplimiento de los compromisos pactados en algunos casos debido a la multiciplidad de acuerdos firmados por los mismos sujetos, por ejemplo el acuerdo entre México y Costa Rica que hizo caso omiso de los compromisos establecidos en el sistema arancelario establecido en el Mercado Común Centro Americano. La ALADI tuvo que reinterpretar su marco jurídico al ingresar México al TLCAN al tener que aceptar que sus miembros no siguieran obligados a extender mutuamente las concesiones otorgadas a terceros.

La viabilidad de los acuerdos establecidos en los esquemas subregionales depende, por tanto, del carácter vinculante, profundidad y alcance de los compromisos que se establezcan en las negociaciones, porque de lo contrario puede suceder que sus marcos jurídicos tengan que ser modificados ante cualquier circunstancia y esto afecta la estabilidad del esquema.

3.1.Cuba y su posición ante el proceso de integración de la región

Para poder valorar la participación de Cuba en el proceso de concertación y unidad de la región, en su sentido más amplio, el cual incluye al Caribe, es necesario antes tener en cuenta en primer lugar el entorno histórico, político, social, cultural, jurídico en que ha tenido que desenvolverse dentro del hemisferio y que no siempre ha resultado favorable para nosotros, y en segundo lugar un factor que ha incidido de manera directa y negativamente sobre ello es el desmesurado interés que Estados Unidos ha tenido siempre hacia Cuba lo que ha sido la causa fundamental del diferendo histórico que hoy existe entre ambas naciones.

Cuando todavía los territorios que hoy constituyen los Estados Unidos eran simples colonias de Gran Bretaña y ni siquiera habían llevado a cabo la revolución que les daría la independencia ya algunos de sus pensadores – entre ellos B. Franklin, considerado uno de los padres fundadores de la nación norteamericana- habían manifestado sus teorías acerca de la importancia que tendría para este país la posesión de la isla debido a su posición geográfica y las riquezas que existían en su territorio. En 1805 siendo T. Jefferson el presidente de los Estados Unidos se producen las primeras declaraciones oficiales sobre el interés de Estados Unidos de apoderarse de Cuba en caso de llevarse a cabo una guerra entre España e Inglaterra para proteger los territorios de la Florida y la Louissiana y manifiesta su intención de adquirir mediante la compraventa a la isla de Cuba.

En el periodo comprendido entre los años de 1809 y 1857, los Estados Unidos hicieron varios intentos de comprarle Cuba a España recibiendo la negativa de este país. Esto marcó el inicio de una política subversiva que incluyó el espionaje y el establecimiento de contactos con sectores representativos de corrientes de pensamiento contrarios a la independencia del país – como fue el anexionismo- y que tenía como objetivo crear un fuerte sentimiento anticubano. En 1823 salió a la luz la política conocida como la “Fruta Madura” planteada por J. Quincy Adams, el cual aseguró que “…Cuba cual una fruta madura separada de su árbol por la fuerza del viento caería en manos de la potencia mas cercana a ella”, que por supuesto no era otra que los Estados Unidos.

En ese propio año se proclama la Doctrina Monroe con la cual los Estados Unidos realizan una advertencia a las potencias europeas de que no permitirían ninguna intervención por parte de las mismas en los territorios de América, de manera simplificada la esencia de esta doctrina se ha traducido en “América para los americanos” que en realidad es para los americanos norteamericanos no para los latinoamericanos.

A partir de entonces y durante los años subsiguientes varios fueron los acontecimientos que muestran el creciente interés de Estados Unidos sobre Cuba, como el no reconocimiento de la beligerancia de Cuba con lo cual evitan contraer cualquier tipo de compromiso que pudiese entorpecer sus planes de utilizar el más mínimo pretexto para intervenir en la isla lo cual lograron con la autovoladura del acorazado Maine en 1898 que les permitió intervenir en la guerra hispanocubana.

En 1891, Martí advierte el peligro que implica el “águila temible” y así lo hace saber en la Conferencia Monetaria Internacional a la cual asiste como representante de Uruguay, su intervención fue tan importante que puede decirse que obstaculizó las intenciones de Estados Unidos de absorber y desunir al continente. Martí fue un profundo conocedor de los pueblos latinoamericanos, incluso vivió en algunos de ellos y quiso a sus héroes y a sus pueblos. Se sentía orgulloso de haber nacido en Cuba y ser americano. En un artículo que escribió sobre Guatemala y que fue publicado en un folleto impreso en México dijo: “puesto que la desunión fue nuestra muerte, ¿qué vulgar entendimiento ni corazón mezquino han de menester que se le diga que de la unión depende nuestra vida?”[18]

La idea de unión entre los pueblos de América estuvo implícita en todos los trabajos de Martí, él veía a lo que hoy llamamos América Latina no como un continente formado por la sumatoria de varias naciones sino como un todo único e indivisible. Puede decirse que sus apreciaciones sobre la unidad latinoamericana hoy tienen plena vigencia. Como sus escritos y artículos eran tan difundidos en casi todos los países de América logró despertar en amplios sectores de las sociedades americanas profundos sentimientos de identidad y pertenencia. Al igual que Bolívar tuvo la visión del peligro que representaba Estados Unidos para la región y muy especialmente para Cuba “…jamás hubo para América de la independencia a acá, asunto que requiera más sensatez y obligue a más, ni pida examen más claro y minucioso que el convite que Estados Unidos, repleto de productos invendibles, determinado a extender su dominación en América hace a las naciones americanas de menos poder”[19]

La integración de América ocupó un significativo espacio en el pensamiento martiano, él consideraba que para que esta fuera útil y fecunda debía estar condicionada por el cumplimiento del deber, la lucha por la dignidad y el respeto a la soberanía, a partir de estas concepciones Martí desarrolló el patriotismo y el americanismo, concepciones hoy presentes en nuestro ideario político.

La falta de unidad latinoamericana y el escaso apoyo, a pesar de los reiterados llamados de Martí, a los patriotas cubanos por parte de los gobiernos del continente en su lucha contra España, en cierta medida facilitó la intervención de los Estados Unidos en la contienda reiniciada en 1895. Puede decirse que la única consecuencia positiva de esta ignominiosa situación fue que alertó a muchos pensadores de la necesidad de oponer al desaforado expansionismo del imperialismo norteamericano la idea de integración continental.

Ya en el siglo XX se celebran varias conferencias internacionales donde se fue configurando el sistema hegemónico de poder de los Estados Unidos acompañadas de intervenciones militares en diferentes países americanos, en el caso de Cuba sufrió una intervención militar del 1906 al 1909, al frente de la cual estuvo Ch. Magoon. La bota militar norteamericana durante todo este siglo hirió en varias ocasiones a los pueblos latinoamericanos.

La OEA, a la cual ya se ha hecho referencia anteriormente se convirtió en el mecanismo que promovió la implementación del hegemonismo imperialista norteamericano. Al triunfo de la Revolución, la OEA se alineó totalmente a la política de este país contra Cuba. El 15 de enero de 1959 Estados Unidos inició una campaña de prensa contra la Revolución Cubana cuya causa fue las sanciones que fueron impuestas a los esbirros y criminales de guerra, que asesinaron a más de veinte mil cubanos, el objetivo no era otro que deformar la imagen de la naciente revolución victoriosa frente a los pueblos y gobiernos del mundo, en particular de América Latina, esta campaña no fue denunciada por la OEA.

La conformación y justificación de una política exterior hostil y agresiva contra Cuba, basada en “la guerra fría” se enmarca dentro del estereotipado esquema de la cruzada internacional contra la lo que se dio en llamar “expansión comunista” en el hemisferio occidental y que permitió emplear los mecanismos creados por la OEA como la Resolución Anticomunista de Caracas que sirvió en 1954 para derrocar el régimen de J. Arbenz en Guatemala. Sin embargo la influencia y simpatía que despertó la Revolución Cubana desde los primeros momentos en los pueblos de América Latina y los sectores mas progresistas y liberales en el propio seno de la sociedad norteamericana, eran fuente de constante preocupación y temor para los intereses de Estados Unidos que veía con pánico que esas ideas pudieran difundirse en el continente.

El gobierno cubano fue partidario desde los primeros instantes de buscar y promover el entendimiento de las partes con el propósito de reducir las tensiones, sin embargo el gobierno norteamericano desencadenó un virulento acoso contra la isla que se tradujo en acciones concretas como fueron: la rebaja de la cuota azucarera el 3 de enero de 1961, el rompimiento de las relaciones diplomáticas en abril de 1961, el ataque e Playa Girón en el propio mes de 1961 y ya en el año 1964 decretan el bloqueo contra Cuba. Se establece el llamado “Programa de Acción Encubierta” que prevé planes de asesinatos de los principales dirigentes revolucionarios, fundamentalmente Fidel, la realización de acciones subversivas terroristas, la implementación de la guerra psicológica, comienzan los chantajes y presiones para lograr el total aislamiento  del país.

En el año 1962, en la reunión de Punta del Este en Uruguay, la Asamblea de la OEA expulsó a Cuba de la organización utilizando el pretexto de supuestas incompatibilidades del régimen sociopolítico cubano con los valores del sistema interamericano, lo que provocó la ruptura casi masiva de las relaciones diplomáticas con Cuba por parte de los estados del hemisferio. Esta política discriminatoria constituyó una flagrante violación de la Carta de la OEA y de la Carta de las Naciones Unidas. El entonces Presidente de la República O. Dorticós y el Canciller R. Roa García denunciaron la cobardía y el entreguismo de la OEA

Desde el Primero de Enero de 1959, Fidel expresó con claridad la vocación latinoamericanista y caribeña del país y su aspiración unitaria e integracionista con el resto del continente. Pero es que incluso este pensamiento estuvo presente en Fidel desde antes del triunfo de la Revolución, así en el Programa del Moncada había quedado planteado que “la política cubana en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente”. A escasos meses de haber triunfado la Revolución, cuando recién comenzaban a enfrentarse las complejas y diversas tareas que exigía el esfuerzo por transformar la sociedad, F. Castro expresaba ante un foro latinoamericano la sensibilidad de los nuevos dirigentes del país por los destinos de América Latina y el Caribe, al pronunciarse por la necesaria unidad y cooperación de todos sus países para enfrentar los graves problemas económicos que padecían.

Esto no es más que la continuación del pensamiento martiano acerca de la unidad latinoamericana. Cuba ha estado por más de cuarenta años promoviendo la unidad, la concertación y la integración de las naciones hermanas, como única forma de fortalecer la posición regional y romper los lazos de subordinación y dependencia de Estados Unidos[20].

En la economía y cultura cubana la idea de integración estaba matizada por las características propias del proceso que se desarrollaba en la región: entre los años sesenta y setenta la integración tenía como principal objetivo la industrialización por sustitución de importaciones en América Latina, estos procesos eran de inspiración cepaliana y la industrialización significaba una opción para la modernización de las sociedades latinoamericanas, y esto realmente era importante, sobre todo en las sociedades eminentemente agrarias y mineros exportadoras, Cuba veía con simpatía estos modelos, independientemente de sus resultados, pero producto de la política hostil y de bloqueo que Estados Unidos desarrollaba contra nuestro país puede decirse que estaba virtualmente aislada de América Latina lo que impidió el acercamiento a los mismos, en esos años tenía mucha fuerza el planteamiento de que países con diferentes sistemas socioeconómicos no podían formar parte del mismo modelo de integración.

Cuba no se incorporó a los esquemas de integración y cooperación que existían en la región al triunfo de la Revolución como por ejemplo la ALALC por supuestas incompatibilidades ideológicas, esto fue el resultado de la política discriminatoria y aislacionista yanqui, pero si desarrolló fórmulas de asociación con países amigos porque de lo que sí se tenía conciencia en el país era de que resultaba muy díficil sostener un desarrollo independiente de un bloque integracionista por lo que Cuba impelida por las circunstancias[21] y debido al amplio intercambio que mantenía con los países del campo socialista, que fueron los únicos que se mostraron fieles y solidarios con la isla cuando producto de los designios de la OEA casi todos los países de la región rompieron sus relaciones comerciales y diplomáticas con nosotros, tomó la decisión de integrar el CAME, pero esto no la hizo renunciar a su verdadero destino histórico y entorno geográfico natural[22].

La entrada al CAME fue el final de una etapa de casi 12 años de adaptación a las relaciones técnico-productivas socialistas e incluso de identificación de las formas de negociar vigentes en lo que fue el campo socialista. Para Cuba la reorientación de sus relaciones económicas significó la asimilación de una cultura productiva y tecnológica diferente a la occidental, lo cual implicó la gradual sustitución de una parte significativa del parque industrial y de servicios existentes en el país. Cuba fue beneficiada con la implementación de cinco programas vitales para el desarrollo socioeconómico: azúcar, níquel, cítricos ciencia y tecnología y geología, firmó acuerdos de precios preferenciales a sus principales rubros de exportación lo que de forma gradual permitiría lograr un mayor acercamiento a los niveles económicos del resto de los estados integrantes del esquema.

Pero a partir de 1986 comenzaron a percibirse señales de deterioro en las relaciones de Cuba con sus socios socialistas debido a su justo reclamo de un trato de mayor reciprocidad dentro del CAME y además porque ya era muy evidente la presión de algunos estados miembros de acercarse al mercado mundial capitalista lo cual incluso no descartaba la separación de algunos de ellos de la organización. Dentro del CAME no llegó a desarrollarse un sistema normativo con carácter supranacional, incluso las recomendaciones, principal instrumento jurídico utilizado entre los estados, solo eran obligatorias para los estados que las adoptaban, lo que significa que si un estado no estaba de acuerdo con la misma no le resultaba aplicable y esto a nuestro juicio fragmentaba la aplicación de las mismas. Cuba no se vio impelida a modificar su sistema jurídico al integrarse al CAME cuyo fundamental principio estructural era la igualdad soberana entre los estados partes.

Hoy esto debe significarse porque muchos consideran que el acercamiento que ha tenido lugar nuevamente a la América Latina y el Caribe no es otra cosa que una reacción desesperada ante el derrumbe del socialismo cuando en realidad es una estrategia para el futuro, como lo demuestra el ALBA, no una reacción situacional ante una coyuntura dada.

En la década de los años setenta aparecen en los escenarios latinoamericanos nuevos actores políticos, como por ejemplo en Chile, en el cual se establece el gobierno de la Unidad Popular liderado por S. Allende, O. Torrijos en Panamá que renegocia las condiciones de devolución del Canal con el presidente Carter, el general Velazco Alvarado en Perú con sus importantes reformas en el gobierno, Perón en Argentina y otros, los cuales manifiestan su interés de restablecer relaciones con Cuba y comenzar un activo intercambio económico, en este contexto se aprueban importantes instrumentos jurídicos internacionales como la Carta de los Deberes y Derechos de los Estados y el Programa de Acción para el establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional.

América Latina y el Caribe comienzan a dotarse de órganos propios que permiten dar un impulso a la cooperación regional. Es así como surgen la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) en 1973, el Grupo de Países Exportadores de Azúcar (GEPLACEA) en 1974, y el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) en 1975, el Comité de Desarrollo y Cooperación del Caribe (CDCC) adscripto a la CEPAL creado en La Habana en 1975 con el objetivo de potenciar la cooperación económica. Agrupa a todos los países del Caribe y es un foro de concertación y cooperación regional. Es un ámbito importante para Cuba aunque su efectividad ha sido muy limitada debido a actitudes reticentes a la cooperación, deficiencias en las dinámicas de funcionamiento del órgano codificador de la institución y la siempre presente hostilidad de Estados Unidos. A todos estos mecanismos de cooperación mencionados pertenece Cuba.

En los años ochenta y noventa la situación es totalmente diferente, en el plano económico el intercambio entre Cuba y América Latina y el Caribe disminuyó al caer los precios del azúcar y agudizarse la crisis de la deuda externa. El derrumbe del socialismo en Europa y la posterior desaparición de la URSS significó para Cuba el colapso de un espacio económico que fue para nosotros de poca duración y que nos colocó nuevamente en un plazo de menos de 20 años ante la necesidad de refuncionalizar y reorientar nuestra estructura productiva, económica y comercial, y como agravante puede señalarse la actitud asumida por Estados Unidos que tratando de acelerar la caída del proceso revolucionario mediante el reforzamiento del bloqueo aprobó la ley Torricelli  primero y la Helms-Burton después, lo cual constituyó la legitimación jurídica y la codificación de las normas del bloqueo. En América Latina los Estados Unidos tenían como perspectiva la implementación del llamado Consenso de Washington que implicó un cambio radical en la manera de concebir la inserción internacional y la integración regional y en la que por supuesto nuestro país no tiene absolutamente nada que hacer.

En el plano político social los gobiernos militares que se habían establecido en algunos estados como Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Bolivia se retiran y comienza a extenderse la democracia nuevamente, surgen nuevos mecanismos de concertación como son las Cumbres Iberoamericanas a las que Cuba fue invitada desde su primera edición celebrada en Guadalajara, México. La integración es reconocida nuevamente como la única opción valida e ineludible y aparecen entonces nuevos esquemas de integración como es el Grupo de Río – que se pronuncia por la conveniencia del regreso de Cuba al sistema interamericano- tiene lugar la recomposición de otros que ya existían como es el caso de la ALADI a la cual ya hemos referencia. Cuba fue admitida como miembro observador desde 1986 y como miembro pleno desde 1999.

En los años noventa y hasta el presente en todo el continente ha cobrado fuerzas la estrategia integracionista, para Cuba ha sido especialmente significativo el incremento de los vínculos con acuerdos subregionales caribeños y americanos.

 3.2. Las relaciones de Cuba con la subregión caribeña

El Caribe es una subregión especialmente importante para Cuba por los vínculos geográficos e históricos que nos unen. Cuando en 1959 tiene lugar el triunfo de la Revolución Cubana, se producen los acontecimientos en República Dominicana y comienza en 1962 el proceso de descolonización de las posesiones británicas, esta parte del hemisferio atrajo las miradas de la Comunidad Internacional.

La Revolución Cubana desde el primer momento fue un hecho que generó una gran conflictividad en las relaciones internacionales en el Caribe, ya que modificó la dinámica geopolítica de la región al constituirse en un desafío a la tradicional hegemonía norteamericana. Desde entonces ha tenido que enfrentar la constante agresividad de los Estados Unidos, que han utilizado todos los medios de agresión posible con el objetivo de destruirla, y ante la imposibilidad de lograrlo se han propuesto minimizar su influencia en América Latina y el Caribe. Uno de los primeros resultados de la actitud asumida por los Estados Unidos hacia nuestro país fue la expulsión de Cuba de la OEA, lo que provocó la ruptura masiva de relaciones diplomáticas y comerciales con la isla; solo dos países hicieron caso omiso de dicho mandato: México y Jamaica.

Pero no fue solo Cuba quien sufrió el embate de la política de enfrentamiento al comunismo en América Latina y el Caribe, otros países del subcontinente han sido también víctimas de su cruzada con el fin de evitar el surgimiento de “nuevas Cubas”, ejemplo de ello fue la intervención norteamericana en Granada en 1983.

Por otra parte al obtener las colonias británicas su independencia, aparecen nuevos actores internacionales que muestran una gran preocupación por consolidar su nuevo status político y económico, por tanto se abren al mundo y rápidamente manifiestan su interés de establecer relaciones con nuestra isla.

Es en este escenario en el que se produce la trascendental transformación político-económica de la sociedad cubana. Cuba necesita relacionarse con los países que forman parte de su entorno geográfico natural pero a la vez se ha visto obligada a defender su soberanía constantemente amenazada por la potencia hegemónica mundial.

Un instrumento importante en este sentido, ha sido el diseño de la política exterior de Cuba, sustentada en un sistema de objetivos que expresan los intereses externos e internos de la región que responden a condicionantes objetivas y premisas subjetivas entre las que cabe mencionar: antecedentes históricos, ubicación geopolítica e inserción en el sistema internacional, formar parte de la comunidad latinoamericana y caribeña, estar vinculada al llamado Tercer Mundo y ser además un país socialista.

En cumplimiento de lo anteriormente planteado la política exterior cubana ha tenido que enfrentar dos grandes retos:

1. Enfrentar la constante hostilidad de los Estados Unidos.

2. Provocar la ruptura de su sistema de dominación hegemónica. La consolidación del proceso revolucionario cubano ha servido para identificar al imperialismo norteamericano como su principal enemigo, pero también ha demostrado que lo es también de los demás pueblos de la región por su responsabilidad en el atraso económico y sojuzgamiento político

Estos dos lineamientos de nuestra política exterior se corresponden con importantes objetivos de la Revolución:

1. Asegurar la supervivencia, consolidación y avance de las conquistas revolucionarias.

2. Fortalecer la posición internacional del país para lo cual es necesario estrechar los vínculos y fortalecer las relaciones de cooperación e integración.

En el diseño de la política exterior cubana, el Caribe constituye una significativa prioridad, lo cual puede justificarse de la manera siguiente:

· Constituye su entorno geográfico natural, por lo que cualquier situación presente en la región ya sea positiva o negativa incide sobre Cuba.

· Cuba está inserta en el espacio geopolítico de una potencia que no admite ni permite cambio alguno en el balance político que pueda afectar y sea ajeno a sus intereses hegemónicos, por tanto resulta vital ejercer mayor influencia sobre los países de la subregión con vistas a desarrollar en ellos una actitud de rechazo hacia cualquier conducta por parte de los Estados Unidos que pretenda aislar a nuestro país.

· Cuba es un país respetuoso de los principios y normas del Derecho Internacional y así lo ha manifestado en sus relaciones con las naciones caribeñas y latinoamericanas[23].

El Caribe, tan esencial para Cuba, tiene características muy peculiares, siendo una de las más importantes el hecho de que sus territorios fueron colonizados por diferentes metrópolis, Francia, Holanda, Gran Bretaña, etc., por lo que las diferencias socioeconómicas, culturales y poblacionales son notables.

La posición de Cuba en este entorno ha sido por tanto muy difícil, ya que somos en primer lugar un país hispanoparlante y en segundo lugar socialista. Sin embargo se ha logrado el respeto del Caribe porque Cuba ha sido capaz de enfrentar y resistir la hostilidad de Estados Unidos y ha podido avanzar exitosamente en la implementación de importantes programas como ha sido la educación, la cultura, la salud, el deporte, aunque la filiación política de la Revolución y las campañas de desinformación desarrolladas por los Estados Unidos impidieron por mucho tiempo un estrechamiento mayor de las relaciones con las naciones caribeñas que no obstante reconocen los lazos comunes que nos unen.

Estados Unidos ha considerado al Caribe como su tercera frontera, esto quiere decir que mantener dominada y tranquila a esta subregión constituye para esta potencia parte de su estrategia para garantizar su seguridad nacional, esta posición asumida por parte de los Estados Unidos obedece además a importantes razones económicas, el Caribe es una importante fuente de materias primas estratégicas como la bauxita y el petróleo, fuente de mano de obra barata y además existen un número significativo de centros financieros internacionales, como en  Bahamas y Gran Caimán.

Estados Unidos percibe a Cuba como grave peligro para la estabilidad política de la región y la considera fuente de todos los problemas que existen en el área. Cuba genera tensiones en el ambiente político del Caribe e influye sobre los diferentes países que en definitiva asumen dos posiciones: se inhiben o desarrollan relaciones con nuestro país.

El análisis de las relaciones existentes entre Cuba y las naciones del Caribe nos ha permitido establecer una periodización acerca de las mismas:

I. Período de planteamiento de relaciones con el Caribe (1959-1970): desde los primeros meses del triunfo de la Revolución el nuevo gobierno cubano percibió la necesidad e importancia de establecer fuertes vínculos con los pueblos caribeños por lo cual inició contactos con los mismos de manera inmediata aunque la situación en Cuba era muy difícil en esos años debido a que la política agresiva de Estados Unidos contra el país alcanzó su clímax, muestra de ello fue la invasión de Girón en 1961 y poco después la llamada Crisis de los Misiles en octubre de 1962, Ante esta situación Cuba denunció los intereses hegemónicos de Estados Unidos en tribunas internacionales y se enfrentó a los mismos. En este período Cuba fue expulsada de la OEA y casi todos los estados del hemisferio rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba, por lo que la situación de aislamiento obligó a buscar nexos con otros países como fueron los socialistas de Europa.

II. Período de restablecimiento de relaciones (1970-1980): Desde los primeros años de esa década las naciones caribeñas comenzaron a acercarse nuevamente a Cuba produciéndose un importante período de entendimiento mutuo. En el año 1975 la OEA dio a conocer una Resolución en la que anunció que dejaba en plena libertad a los estados miembros de la organización de reanudar relaciones a cualquier nivel con Cuba, lo cual fue muy importante porque significó la ruptura del aislamiento a que estuvo sometida y el mejoramiento de las relaciones con estados como Venezuela, Perú, Colombia y otros. En este período Cuba ingresó en algunos organismos regionales como el SELA y la Empresa Naviera Multinacional del Caribe (NAMUCAR).

III. Período de estancamiento de las relaciones (1980-1993): este fue un período largo en el que los acontecimientos que se desarrollaron fueron muy controvertidos. En Estados Unidos R. Reagan que estuvo en el poder dos mandatos, lanzó su Iniciativa para la Cuenca del Caribe, que se sustentó en el liberalismo y se convirtió en un fuerte mecanismo de presión e imposición de condicionamientos políticos entre la potencia hegemónica y los países de la subregión. La situación de endeudamiento de los países latinoamericanos y caribeños fue denunciada en foros internacionales y Cuba fue abanderada en la lucha contra ese flagelo económico que impide concertar políticas de cooperación e integración adecuadas, se desarrolló la llamada “década perdida” de la integración. Estados Unidos potenció el papel de Cuba como “exportadora de revoluciones” a raíz de los acontecimientos de Granada, lo que generó que se incrementara la hostilidad y la desconfianza hacia el país. En este período tuvo lugar la Guerra de las Malvinas (1983) y los países del Caribe anglófono apoyaron a Gran Bretaña mientras que Cuba condenó la agresión y expresó su apoyo de manera inmediata a la Argentina. Desapareció la URSS y el sistema socialista mundial y Cuba tuvo que replantear de manera urgente su política exterior y también económica.

IV. Período de revitalización de las relaciones con el Caribe (1993-hasta la fecha): ocurrieron graves desastres naturales como los ciclones George, Mitch, que incrementaron las relaciones de Cuba con los países de la región al ofrecer nuestro país ayuda solidaria y desinteresada en diferentes sectores para ayudarlos en la reconstrucción. Cuba tiene hoy relaciones ya sean diplomáticas o consulares con 22 países de la Cuenca del Caribe lo que se traduce en la existencia de 164 instrumentos internacionales de diferente naturaleza en los que la mayoría lo constituyen acuerdos económicos (54), políticos (42), jurídicos (32) aunque también los hay de intercambio cultural, cooperación en materia de salud y deportes (36)[24].

CARICOM creada en 1973 por países de habla inglesa, tiene como objetivos esenciales crear una zona de libre comercio, la armonización de las normas que rigen la actividad económica, establecer políticas comunes en materias de agricultura, cambio financiero, desarrollo de la industrialización y desarrollo del turismo. Cuba manifestó su interés en establecer un nexo estable y duradero desde su surgimiento pero en los primeros años no fue posible a pesar de que el tratado constitutivo daba esta posibilidad. CARICOM nunca ha sido utilizada como tribuna para denostar contra Cuba.

En los últimos años este esquema subregional ha reconsiderado su actitud hacia Cuba y son notables los vínculos que se están estableciendo entre ambas partes y desde el punto de vista bilateral. Cuba ha participado como invitada en las Cumbres de Jefes de Gobierno, en las reuniones del Consejo para el Comercio y el Desarrollo Económico (COTED), y en el Consejo para las Relaciones Externas y Comunitarias (COFCOR).

Cuba ya tiene firmado un Acuerdo Comercial y de Cooperación Económica con CARICOM al cual pertenecen 14 naciones caribeñas. Es el de mayor alcance suscrito por Cuba, entre aquellos instrumentos de naturaleza similar de que formamos parte. Este acuerdo no solo prescribe el otorgamiento de preferencias arancelarias, sino también prevé la negociación de un régimen para el comercio de servicios; la incorporación de un Protocolo Adicional que contiene acuerdos sobre promoción y protección de inversiones y sobre propiedad intelectual.

A pesar del avance que ha tenido el proceso de integración de Cuba con el Caribe a partir de sus posibilidades reales de lograrlo hay elementos que no pueden dejar de tenerse en cuenta para mejorarlo:

a) La presencia de Cuba en la Asociación de Estados Caribeños es de esencial interés por lo que acrecentar los vínculos con esta subregión es una prioridad de nuestra Cancillería pero para ello es necesario tener un conocimiento profundo de las características de la formación histórico cultural e idiosincrasia tan particular de estos pueblos, lo que permitirá que se realicen los ajustes necesarios en la implementación de la política exterior cubana hacia la región.

b) La estabilidad política de Cuba y la recuperación económica que aunque lenta es sostenida constituyen fortalezas que deben ser aprovechadas para enfrentar nuevas oportunidades de revitalización de los nexos con la región

3.3  Cuba y sus vínculos con organismos de integración latinoamericanos

Cuba, como país socialista ha considerado prioritaria la integración con las demás naciones de América Latina como alternativa al neopanamericanismo imperial y por ello la actual Constitución plantea la vocación integracionista de Cuba que se remonta a los postulados latinoamericanistas del Héroe Nacional, José Martí. En su artículo 12 inciso c) la Carta Magna plantea: <<La República de Cuba reafirma su voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y el Caribe, cuya identidad común y necesidad histórica de avanzar juntos hacia la integración económica y política para lograr la verdadera independencia, nos permitiría alcanzar el lugar que nos corresponde en el mundo>>

Nuestro Comandante en Jefe en la Primera Cumbre Iberoamericana en Guadalajara, 1991 afirmó: “A esa América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de la independencia y soberanía de nuestros pueblos.” Y advirtió: “frente a los grandes grupos que hoy dominan la economía mundial, ¿ hay acaso lugar en el futuro para nuestros pueblos sin una América Latina integrada y unida?[25]. Esta posición de la Revolución Cubana respecto a la integración de América Latina y el Caribe constituye una de las dimensiones de su política internacional, por lo que no es posible comprender aquella sin conocer y entender esta. Cuba no ha dudado en proclamar su disposición de eliminar cuanto obstáculo pueda impedir la integración consecuente del país[26].

Nuestro país, es desde 1999 miembro de la ALADI, organización que tiene como fin el establecimiento de un mercado común regional para lo cual enunció importantes principios[27]. Su naturaleza jurídica responde a una organización intergubernamental de corte clásico tanto por su estructura institucional[28] conformada por órganos políticos y técnicos como por los mecanismos de actuación que asume. Menos rígida y más abierta que su antecesora el Tratado de Montevideo permite a sus miembros suscribir acuerdos comerciales parciales que no tienen por qué afectar a todos los estados miembros[29].

Una valoración crítica sobre la ALADI permite afirmar que no ha podido cumplir aún el cometido que le fue atribuido ya que hasta el momento solo ha podido consolidar un Área de Preferencias Económicas, las razones que fundamentan este planteamiento son fundamentalmente dos: insuficiencia de la estructura institucional ante la ausencia de órganos supranacionales encargados de establecer las directrices de la organización y a los cuales los estados miembros le conferirían determinadas competencias, por lo que en realidad aunque no se han abandonado los objetivos de integración lo que predomina en la organización es la cooperación basada en el más estricto respeto a la soberanía de cada uno de los estados miembros; y la ausencia de una política conjunta de enfrentamiento frente a actores extrarregionales como los Estados Unidos, la Unión Europea o Japón.

La ALADI utiliza diferentes mecanismos jurídicos económicos para la implementación de sus acuerdos:

I. Preferencia Arancelaria Regional (PAR): implica la reducción porcentual de los gravámenes sobre la base de la tarifa NMF. Cada país tiene derecho a exceptuar un número de productos que constituyen la lista de excepciones a la PAR.

II. Acuerdos de Alcance Regional (AAR): Cuba es parte del AAR No. 7, su contenido es la cooperación e intercambio de bienes en las áreas cultural, educacional y científica, el mismo tiene por objeto la formación de un mercado común de bienes y servicios culturales impulsar el intercambio comercial entre los países signatarios, a través de la reducción o eliminación de gravámenes y demás restricciones aplicadas a la importación de los productos negociados.

III. Acuerdos de Alcance Parcial (AAP): Cuba tiene firmados Acuerdos de Alcance Parcial con todos los países miembros de la ALADI, por ejemplo el AAP. CE No. 45 con Argentina que tiene por objetivo impulsar el intercambio comercial entre los países signatarios, a través de la reducción o eliminación de gravámenes y demás restricciones aplicadas a la importación de los productos que hayan sido acordados.

Los estados miembros de la ALADI han tomado medidas para fortalecer el papel de la organización como Principal Marco Institucional del proceso de Integración Regional por lo que se ha encomendado al Comité de Representantes la presentación de un informe que contenga, entre otros aspectos las bases de un Programa para la conformación progresiva de un Espacio de Libre Comercio al interior de la ALADI.

Al amparo de la ALADI, Cuba tiene firmados acuerdos bilaterales con Guatemala y CARICOM, asimismo ha manifestado su interés de participar activamente en la creación del Espacio de Libre Comercio al interior de la región[30].

Para Cuba resulta de vital importancia considerar las variantes y alternativas que incentiven el intercambio y cooperación en América Latina por lo que es manifiesto nuestro interés de profundizar las relaciones comerciales con la CAN y el MERCOSUR, ya sea mediante la suscripción en el marco de la ALADI de acuerdos con cada uno de los bloques (del tipo 5+1 con la Comunidad Andina y 4+1 con el MERCOSUR), o mediante la adhesión al ya suscrito ACE Nº 59 CAN-MERCOSUR: (este acuerdo concreta el proyecto económico-comercial más ambicioso de América Latina al establecer la creación de una zona de libre comercio entre los dos bloques de integración de América del Sur y permitirá proveer las bases para el desarrollo del comercio, la integración industrial y la inversión entre los países sudamericanos). Es de destacar que Cuba, en el momento que se decidiese, podría integrarse a cualquiera de estos dos esquemas, lo que supondría una profundización de las disciplinas ya negociadas en los acuerdos que tenemos suscritos de manera bilateral con los países en el marco de la ALADI y una amplia apertura de mercado.

En referencia al Acuerdo 5+1 con la CAN, aunque se venía trabajando en ese sentido desde principios de esta década, fue durante la celebración de la XIV Cumbre Presidencial Andina en Colombia, en junio de 2003, que se trató el tema de un posible Acuerdo 5+1 con Cuba, acordándose que la Secretaría General presentaría un documento consolidado con las observaciones de cada uno de los Estados Miembros, el cual circularía entre los países andinos y sería enviado posteriormente a Cuba, con lo que se preveía el comienzo de las negociaciones durante el año pasado.

Esta decisión fue reflejada de forma explícita en la “Declaración de Quirama”. El día 14 de julio, la Secretaría General, mediante la comunicación No. SG/X/1.11.9/868-2003, envió el Proyecto de Acuerdo de Complementación Económica entre la CAN y Cuba, al que todos los miembros han enviado sus observaciones excepto Perú.

Con respecto a un posible 4+1 con el MERCOSUR, hemos llevado a cabo acciones más concretas como la profundización y ampliación de los acuerdos bilaterales con Brasil y Argentina, incluso con negociación de otras materias normativas. Este tema cuenta con el apoyo de los presidentes de esos países y así lo han manifestado de manera oficial. Para nuestro país sería conveniente la negociación de un Acuerdo Marco, el cual es mucho menos complejo y más rápido de negociar y aprobar, con las perspectivas de continuar trabajando en un Acuerdo de mayor alcance en el futuro.

El 5 de marzo del 2004, en el contexto de la visita del Canciller cubano a Argentina, fue presentada una Nota Verbal a la Cancillería argentina (en ese momento ocupaba la presidencia pro-témpore del bloque) solicitando el comienzo de las negociaciones para la firma del 4+1. Esta solicitud se analizó en la reunión del Grupo Mercado Común celebrada los días 30 y 31 de marzo y todos los países manifestaron su apoyo, con la excepción de Uruguay que desestimó la propuesta, con la asunción al poder de T. Vázquez este obstáculo quedará superado. Cuba ha reiterado la voluntad y el profundo interés que tiene de concretar y llevar a término la firma de este acuerdo.

Cuba desarrolla estrechas y crecientes relaciones con los países latinoamericanos y caribeños en las esferas económica, comercial, cultural, deportiva, de la salud y la colaboración científico-técnica, sobre la base de numerosos convenios de cooperación, comisiones mixtas intergubernamentales, acuerdos de comercio preferencial, acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, y convenios de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

Resulta incomparable con lo existente hasta hace pocos días la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), acuerdo firmado entre los presidentes de Cuba y Venezuela en fecha tan reciente como el 14 de diciembre del 2004 y cuyo propósito tal y como se plantea en su artículo primero es dar pasos concretos hacia el proceso de integración. Debe significarse que esta propuesta de integración va más allá de los intereses económicos, los cuales considera importantes, pero igualmente valora los aspectos políticos, sociales, culturales, jurídicos y concede un especial valor a la solidaridad al considerarlo principio cardinal entre los pueblos de América Latina y el Caribe basados en los ideales de los grandes libertadores de nuestro continente: Bolívar, Sucre, San Martín, O’Higgins, Martí.

Este modelo tiene como objetivo esencial la transformación de las sociedades latinoamericanas haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias, pero siempre respetando las asimetrías existentes entre ellas. El ALBA está llamado a ser el modelo de integración más conveniente y justo para nuestros pueblos latinoamericanos capaz de enfrentar y frenar los intentos hegemónicos de los Estados Unidos.

Para Cuba formar parte de este acuerdo es un verdadero reto porque a pesar de que debido a la constante política de hostilidad que nos ha sido aplicada se ha tenido suficiente flexibilidad y creatividad en nuestras relaciones económicas y comerciales con los países de la comunidad internacional, lo cierto es que Venezuela pertenece a determinados modelos de los que Cuba no forma parte y sin embargo esto no puede afectar las relaciones de reciprocidad establecidas; por otra parte la dimensión jurídica es de gran significación porque ambas naciones deben realizar importantes modificaciones en sus legislaciones internas que les permitan atemperarse a la realidad de los acuerdos asumidos para poder hacerlos más efectivos y en el caso cubano se muestra bastante reticencia a cualquier modificación en su estructura jurídica que considere pueda ser nociva para la independencia y soberanía del país.

Sigue teniendo un espacio importante en este acuerdo la cooperación sectorial, que además de los sectores establecidos en el Convenio Integral de Cooperación suscripto en el año 2000, resultan ampliados al transporte marítimo y aéreo, las inversiones y la transferencia tecnológica y la propiedad intelectual.

Como puede apreciarse Cuba está avanzando aceleradamente hacia la integración, consciente de que constituye una necesidad ineludible en las circunstancias actuales en que se desenvuelve la humanidad.

Cuba es un país bloqueado desde hace casi 46 años, las consecuencias de dicha práctica, violatoria de los principios del Derecho Internacional son bien conocidas, se sabe que de no existir la misma nuestra realidad sería bien diferente. Ante esta situación Cuba ha tenido que priorizar por encima de cualquier otro interés la defensa de nuestras conquistas esenciales, por tanto ha tenido que ser muy cautelosa a la hora de analizar y decidir a quien y cómo vamos unirnos, ya que no podemos asumir ningún acuerdo por aparentemente ventajoso que sea que pueda afectar el ejercicio de nuestra soberanía[31].

A pesar de que hay un gran interés en países latinoamericanos por estrechar los vínculos con nuestro país lo cierto es que la mayoría de esos propios estados están muy interesados en mantenerlos también con Estados Unidos y por ello tratan de establecer acuerdos como por ejemplo el CAFTA o el propio ALCA, que siempre les serían mucho mas “ventajosos” (falsa ilusión) que con Cuba y de manera indirecta estos pueden tratar de imponer condicionantes para nuestra participación con lo cual mantendrían conformes y contentos a los gendarmes del norte.

El establecimiento del ALBA sin lugar a dudas va a implicar importantes transformaciones en algunos sectores como la inversión extranjera, el transporte, el régimen de la propiedad intelectual que deben estar acompañadas de la necesaria cobertura jurídica.

Conclusiones:

1. El proceso de integración en América Latina requiere de avanzar en la consolidación de un Derecho Comunitario regional que logre sistematizar los principios generales de aplicación de este ordenamiento atendiendo a las peculiaridades propias de la región. Este proceso ha estado caracterizado por su dispersión y diversos niveles de cohesión en vez de orientarse hacia la conformación de una comunidad regional, esto ha permitido la proliferación de acuerdos bilaterales, trilaterales y subregionales, cada uno con sus propias regulaciones, lo cual ha incidido de forma negativa en el proceso de consolidación de la integración de la región porque al superponerse los intereses de los diferentes esquemas no es posible llevar a cabo los propósitos planteados en sus cartas constitutivas.

2. América Latina no necesita de esquemas de integración como es por ejemplo el ALCA que es la expresión suprema de los sentimientos hegemónicos y dominación de Estados Unidos y con lo cual aumentarían los niveles de subordinación y dependencia de nuestros países. Permitir el establecimiento de dicho modelo significa entregar la soberanía de nuestros países, por lo que la lucha contra el mismo es una necesidad insoslayable y constante.

 

[1] BOLÍVAR, S.: Obras completas, EMECE Editora, Buenos Aires, 1962, T 1, pp. 169-172. El proyecto de integración que proponía Bolívar solo estaba diseñado para las antiguas colonias españolas, por eso vió con desagrado la presencia aun en calidad de invitados u observadores representantes de países ajenos a la región

[2] MARTÍ PÉREZ, J.: <<La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América>>Obras Completas, T 2, Editora Política,  1975, p. 262.

[3] OLIVA CAMPOS, O.:<<Estados Unidos – América Latina y el Caribe: entre el panamericanismo hegemónico y la integración independiente>> en Historia y perspectiva de la integración latinoamericana, Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México, 2000, p.255.

[4] GREEN, R.. <<Carter y el ciclo crisis: acercamiento en las relaciones interamericanas>> en Estados Unidos. Perspectiva latinoamericana, Cuadernos Semestrales, CIDE, México, abril 1997, p.15.

[5] GARCÍA, J.: Augusto Cesar Sandino: realización del sueño de Bolívar, Editorial Porrúa, México, 1979, p.11.Sandino llegó incluso a plantear el establecimiento de la nacionalidad latinoamericana.

[6] HERNÁNDEZ MEDEROS, J.M.: ALCA ¿integración o absorción?, ponencia presentada en el Primer Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA,  Palacio de las Convenciones, La Habana, 2001, p. 2. El autor considera que los años 80 fueron muy desalentadores en el proceso de integración de Latinoamérica, ya que los estados perdieron el interés por establecer políticas comunes que permitieran enfrentar los intereses hegemónicos norteamericanos u emprender acciones conjuntas tendentes a eliminar el intercambio en condiciones de desigualdad..

[7] CEPAL, Informe económico, 1997, p.3.

[8] El Protocolo de Tegucigalpa entró en vigor el 23 de julio de 1992, se adhirieron a dicho protocolo los cinco estados miembros originarios de la ODECA: Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Panamá se incorporó como miembro pleno. El artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa enuncia  el objetivo fundamental del sistema que es constituir una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.

[9]Artículo 4 del PT: <<. Para la realización de los propósitos citados el SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA y sus Miembros procederán de acuerdo a los principios fundamentales siguientes:

a)La tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;

b) Paz, Democracia, Desarrollo y Libertad, son un todo armónico e indivisible que orientará las actuaciones de los países miembros del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA;

c) La identidad centroamericana como manifestación activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la Región.

d) La solidaridad centroamericana como expresión de su profunda interdependencia, origen y destino común;

e) La gradualidad, especificidad y progresividad del proceso de integración económica, sustentado en el desarrollo regional armónico y equilibrado; y el tratamiento especial a países miembros de menor desarrollo relativo; la equidad y reciprocidad; y la Cláusula Centroamericana de Excepción.

f) La globalidad del proceso de integración y la participación democrática, en el mismo, de todos los sectores sociales.

g) La seguridad jurídica de las relaciones entre los Estados Miembros y la solución Pacífica de sus controversias.

h) La buena fe de los Estados Miembros en el cumplimiento de sus obligaciones, absteniéndose de establecer, convenir o adoptar medida alguna que sea contraria a las disposiciones de este instrumento o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA o la consecución de sus objetivos.

i) El respeto a los principios y normas de las Cartas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), y las Declaraciones emitidas en las Reuniones Presidenciales centroamericanas desde mayo de 1986>>.

[10] ROCHA VALENCIA, A.:<< La dimensión política de los procesos de integración regional y subregional de América latina y el Caribe>>, en La integración política latinoamericana y caribeña: un proyecto comunitario para el siglo XXI, Escuela de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, México, 2001, pp165 y ss. El autor considera que la institucionalización del SICA, CARICOM y la CAN es muy avanzada ya que constituye un verdadero sistema y  tiene una gran complejidad en comparación con la AEC o el G-3

[11] Artículo 3 del Estatuto de la CCJ:<< La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el “Sistema de la Integración Centroamericana”, y para sujetos de derecho privado>>.

[12] Artículo 12 del PT:<<La Corte Centroamericana de Justicia, que garantizará el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del presente Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. La integración, funcionamiento y atribuciones de la Corte Centroamericana de Justicia deberán regularse en el Estatuto de la misma, el cual deberá ser negociado y suscrito por los Estados Miembros dentro de los noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente Protocolo>>.

El artículo 2 del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia establece: <<La Corte garantizará el respeto al derecho, tanto en la interpretación como en la ejecución del “Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)” y de sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo>>.

[13] Artículo 22.del Estatuto de la CCJ: <<La competencia de La Corte será:

a) Conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas.

Previamente las respectivas Cancillerías deberán procurar un avenimiento, sin perjuicio de poder intentarlo posteriormente en cualquier estado del juicio.

b) Conocer de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana.

c) Conocer, a solicitud de cualquier interesado, acerca de las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas o de cualquier otra clase dictadas por un Estado, cuando afecten los Convenios, Tratados y de cualquier otra normativa del Derecho de la Integración Centroamericana, o de los Acuerdos o resoluciones de sus órganos u organismos;

ch) Conocer y fallar, si así lo decide, como árbitro, de los asuntos en que las partes la hubieren solicitado como Tribunal competente. También podrá decidir, conocer y resolver si los interesados, lo convienen;

d) Actuar como Tribunal de Consulta Permanente de las Cortes Supremas de Justicia de los Estados, con carácter ilustrativo;

e) Actuar como órgano de Consulta de los órganos u organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, en la interpretación y aplicación del "Protocolo de Tegucigalpa de reformas a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)", y de los instrumentos complementarios y actos derivados de los mismos;

f) Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Organos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales;

g) Conocer de los asuntos que someta directa e individualmente cualquier afectado por los acuerdos del Organo u Organismo del Sistema de la Integración Centroamericana;

h) Conocer de las controversias o cuestiones que surjan entre un Estado Centroamericano y otro que no lo sea, cuando de común acuerdo le sean sometidos;

i) Hacer estudios comparativos de las Legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica.

Esta labor la realizará en forma directa o por medio de institutos u organismos especializados como el Consejo Judicial Centroamericano o el Instituto Centroamericano de Derecho de Integración;

j) Conocer en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los Organos u Organismos del Sistema de la Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada;

k) Resolver toda consulta prejudicial requerida por todo Juez o Tribunal Judicial que estuviere conociendo de un caso pendiente de fallo encaminada a obtener la aplicación o interpretación uniforme de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del “Sistema de la Integración Centroamericana”, creado por el “Protocolo de Tegucigalpa”, sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo.>>

[14] Artículo 25. del Estatuto de la CCJ: <<La competencia de La Corte no se extiende a la materia de derechos humanos, la cual corresponde exclusivamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos>>.

[15]Artículo 38 del PT: <<Este Instrumento no admite reservas>>.

Artículo 48 del Estatuto de la CCJ: << Este Estatuto no admite reservas. Tendrá duración indefinida y entrará en vigencia ocho días después de la fecha en que los Estados que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), que constituye el “Sistema de la Integración Centroamericana”, hayan efectuado el depósito correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Protocolo citado. Los Estados que a la fecha de vigencia no hayan aún ratificado el Protocolo antes mencionado podrán pasar a integrar La Corte previa ratificación y depósito de los instrumentos respectivos en la forma señalada en los mismos.

[16] Artículo 35 del PT:<<. Este protocolo y sus instrumentos complementarios y derivados prevalecerán sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana. No obstante, quedan vigentes entre dichos Estados las disposiciones de aquellos Convenios, Acuerdos o Tratados siempre que las mismas no se opongan al presente instrumento u obstaculicen el logro de sus propósitos y objetivos.

Toda controversia sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones contenidas en el presente Protocolo y demás instrumentos a que se refiere el párrafo anterior, deberá someterse a la Corte Centroamericana de Justicia>>.

[17] ROCHA VALENCIA, A.: <<La dimensión política de los procesos de integración regional y subregional de América Latina y el Caribe>>, La integración política latinoamericana y caribeña: un proyecto comunitario para el siglo XXI, Morelia Michoacán, México, 2001, p. 208. El autor considera que el MERCOSUR responde a un modelo institucional semicomplejo porque no tiene todavía bien definidos sus instituciones públicas y sociales.

[18] Martí P. J.: Obras Completas, Tomo II, Editorial Lex, La Habana, 1953, p. 206.

[19] MARTÍ P, J.: Obras Completas, Tomo 6, Editora Política, La Habana, 1975, p.46

[20] “ La Asamblea del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten sus economías en riquezas enajenadas…Ratifica, por ello, su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano, que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos”. <<Iera Declaración de la Habana de 2 de Septiembre de 1960>>, Proyección Internacional de la Revolución Cubana, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, p.52.

[21] En una entrevista concedida por Carlos Rafael Rodríguez a la Revista Bohemia en septiembre de 1972, acerca de la participación de Cuba en el CAME, el dirigente revolucionario expresó:<<…ahora la historia nos fuerza a un cierto tipo de integración que nos está dado por la realidad…>>, este planteamiento es revelador, al CAME tuvimos que integrarnos porque éramos totalmente consciente de la necesidad de subsistencia de la Revolución y ante la situación de aislamiento a que fuimos sometidos no tuvimos otra opción que acudir a un mecanismo que estaba lejos de nuestra cultura, idiosincrasia, niveles de desarrollo, etc.

[22] Sobre esta cuestión Fidel planteó: “… y la cuestión de la integración sobre esta base: nosotros estamos en este hemisferio, del lado de acá del Atlántico, nosotros somos latinoamericanos. Nosotros sabemos que ningún país pequeño en el mundo de mañana tendrá posibilidad de salir adelante, mundo que será de grandes comunidades humanas y económicas, en medio de la gigantesca revolución científica técnica y en medio de una lucha frente a un imperialismo que todavía existe y existirá un período de tiempo; que nosotros en el futuro nos integraríamos con los pueblos de América Latina, económica y políticamente. CASTRO RUZ, F.: <<Discurso pronunciado en Ciudad de la Habana en la Conmemoración del 26 de Julio de 1972>>Proyección Internacional de la Revolución Cubana. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, p. 175.

[23] El comportamiento que Cuba  ha asumido con los países caribeños y latinoamericanos siempre se  ha caracterizado por ser muy transparente y ha estado basado en el respeto mutuo y la no injerencia en sus asuntos internos, que son principios fundamentales del Derecho Internacional. Al respecto Fidel ha dicho “…cuando un grupo importante de países de América Latina, actuando bajo la inspiración y la guía de Washington, no solo trataron de aislar políticamente a Cuba sino que la bloquearon económicamente y contribuyeron a las acciones contrarrevolucionarias conque se pretendió derrotar a la Revolución, nosotros replicamos en un movimiento de legítima defensa, ayudando a todos los que en aquellos años quisieron luchar contra tales gobiernos. No fuimos nosotros los que iniciamos la subversión sino ellos. Pero, de la misma manera, puedo asegurar categóricamente que ningún gobierno que haya mantenido relaciones correctas y respetuosas hacia Cuba en la América Latina ha dejado de tener a la vez, el respeto de Cuba”. Castro  R, F.: Entrevista concedida a Patricia Sethi, corresponsal de Newsweek, Revista Bohemia, La Habana, 6 de febrero de 1984

[24] Estos datos fueron obtenidos en la Dirección Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y su actualización alcanza hasta el 8 de diciembre del 2004.

[25] Intervención del Comandante en Jefe Fidel Castro en la sesión de inauguración de la Primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, México en noviembre de 1991

[26] En una comparecencia de Fidel ante la televisión cubana el 23 de marzo de 1990 en la que se refiere a la integración expresó.<<…si  hay que barrer barreras aduanales las barremos, si hay que barrer fronteras políticas también las barremos. Creo que hay que hablar en esos términos o no deja de ser una simple consigna la cuestión de la integración.>>

[27]  El artículo 3 del Tratado Constitutivo de la ALADI hace mención de los principios en que esta organización sustenta su actuación y que son el pluralismo, la convergencia, la flexibilidad, la multiplicidad y tratamiento diferenciado. Estos principios hacen evidente la diferencia entre la ALAC y la ALADI.

[28] En su estructura orgánica la ALADI cuenta con tres órganos políticos que son el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y que es el órgano supremo, la Conferencia de Evaluación y Convergencia  que tiene como misión fundamental evaluar la marcha del proceso de integración y el Comité de Representantes, constituido por un representante de cada estado miembro, el órgano técnico es la Secretaría General que es un órgano permanente, lo cual quedó refrendado en los artículos 28 y 29 del Tratado de Montevideo de 1980.

[29] La ALADI está conformada por los siguientes estados: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Cuba forma parte de la misma desde 1998.

[30] CASTILLO GONZÁLEZ, M.: Ob. Cit.

[31] La defensa de la soberanía es el núcleo esencial de la estrategia de mantenimiento de la Revolución para ello la Constitución en su artículo 3 estableció en su tercer párrafo lo siguiente:<< El socialismo y el sistema político y social revolucionario establecido en esta Constitución, probado por años de heroica resistencia frente a las agresiones de todo tipo y la guerra económica de los gobiernos de la potencia imperialista más poderosa que ha existido y habiendo demostrado su capacidad de transformar el país y crear una sociedad enteramente nueva y justa, es irrevocable y Cuba, no volverá jamás al capitalismo>>.