El presente trabajo teórico tiene como objetivo analizar el recurso a la teoría de la prevención situacional del delito como elemento integrante del discurso que gira en torno al surgimiento y proliferación de la suburbanización privada y cerrada, sobre la base de un patrón socioeconómico elevado como denominador común, que identifica al núcleo poblacional que la justifica. Se toma como referencia la situación en Latinoamérica y en especial el supuesto de Argentina. Se enfoca el tema desde las distintas corrientes de pensamiento que tratan este tópico, resaltando los problemas e interrogantes que el mismo genera, los alcances y efectos, los debates originados en relación a ellos, y analizando, también, las soluciones que, desde las distintas posiciones, se proponen.
I.- Primeras Consideraciones
En consonancia con un movimiento a nivel mundial, en América Latina la segregación residencial urbana a través de las modalidades de suburbanización privada, con el surgimiento y proliferación de las llamadas comunidades cerradas (gated communities), o barrios privados ha alcanzado intensidad a partir de las últimas décadas del siglo xx, para proyectarse como un fenómeno presente de una sensible actualidad. Sin embargo la dinámica en otros países registra una mayor antigüedad, a la vez que una presencia más fuerte. En América Latina, y en particular en Sudamérica, existieron manifestaciones o expresiones que ejemplifican esta tendencia, sin embargo recién en las décadas de los años ochenta, y sobretodo en a década de los noventa, se observó un creciente e intenso desarrollo de este tipo de urbanización.
Entre las diversas causas sostenidas por los autores y corrientes para explicar la proliferación de los modos de suburbanización cerrada y privada, invocándose muchas veces la combinación de factores causales, se mencionan las políticas y orientaciones económicas llevadas a la práctica, justamente en el transcurso de la última década en América Latina.
El caso argentino se sitúa en un contexto que participa de las características generales del fenómeno. Se observan en el ejemplo argentino una acentuación de determinadas corrientes explicativas de esta variante de urbanización, y una profunda gravitación de algunos tópicos que integran el discurso de la segregación residencial urbana.
La tendencia a levantar barrios privaos en ámbitos espaciosos, usualmente ubicados en las zonas periféricas ha despertado la inquietud de los estudiosos de las ciencias sociales, generando diversos trabajos orientados a esclarecer el verdadero alcance de sus efectos en el plano social. Justamente muchas de estas investigaciones atribuyen al movimiento de suburbanización privada virtualidad para activar o profundizar procesos de segregación sobre la base de la disparidad socioeconómica existente entre quienes cuentan con la posibilidad de integrar estos emprendimientos habitacionales y quienes se hallan al margen de tales condiciones de vida.
Se invocan distintos factores como los motivadores para justificar este tipo de comunidades, que rompe con la estructura tradicional, con el concepto mismo de la ciudad, y con la noción del espacio público. Entre los distintos motivadores más frecuentes a la hora de explicar estos levantamientos suburbanos, resalta el tópico de la delincuencia y violencia urbana. Los elevados índices de delincuencia y las condiciones de violencia que caracterizan a la vida cotidiana de la ciudad, contribuyendo a dimensionar la imagen del riesgo urbano, devienen en argumento causal de la decisión de habitar el barrio privado.
Las comunidades cerradas emergerían, para quienes se sitúan en esta orientación, como un mecanismo para prevenir y resguardarse de acontecimientos delictivos. Se parte de un presupuesto evidente. Se trata de la convicción de la ineficacia estatal u oficial para suministrar las condiciones de protección a los intereses o bienes jurídicos de los ciudadanos, lo cual acarrea la necesidad de la autotutela, o el resguardo entre semejantes. Adquiere relevancia la privatización de la oferta de seguridad ante el rezago del Estado respecto a tales demandas, que en otras épocas integraban su agenda.
Se trata entonces de generar los medios que dificulten la comisión de delitos que tengan como víctimas a los vecinos de la comunidad cerrada o del barrio privado. Prevenir la ocurrencia de sucesos delictivos. Surge así la vinculación con los postulados de la teoría de la prevención situacional, caracterizada, en este caso, por un predominio de la iniciativa del sector privado y de los particulares, antes que un accionar efectivo del Estado.
A partir de lo expresado, se plantean una serie de interrogantes.¿Cuáles son los motivos o factores que explican el surgimiento y proliferación de los barrios cerrados? ¿En qué proporción el aumento de los índices de delincuencia justifican esta modalidad de urbanización, y la segregación residencial originada a partir de ella?; ¿Constituye el discurso del miedo urbano a la delincuencia, un mero argumento retórico discursivo?; ¿En que medida tales representaciones no significan una suerte de identificación de la delincuencia con las condiciones de vida propia de los estratos socioeconómicos más bajos?; ¿La teoría de la Prevención Situacional de los delitos sirve para afianzar el discurso de la segregación socioeconómica, a través de la variante de la suburbanización privada?; ¿Resulta una alternativa eficaz para prevenir la generación o consumación de delitos? ¿En que medida tales hechos sirven para constatar la viabilidad de dicha teoría?
Ante estos interrogantes se sugieren como hipótesis que la segregación urbana o espacial, en la modalidad de las comunidades cerradas conduciría a profundizar las distancias sociales al reproducir las desigualdades económicas y sociales existentes entre los diversos grupos sociales. Generaría condiciones de segregación socioeconómica. Las suburbanizaciones privadas recurrirían a la prevención situacional como medio de garantizar la seguridad de sus integrantes, sin embargo no eximiría por completo de los riesgos de experimentar episodios delictivos. Con tales mecanismos, y ante la carencia de una estrategia de prevención oficial suministrada por el Estado, la posibilidad de gozar de condiciones relativas de seguridad constituiría un valor o un bien cuyo goce generaría distancias y desigualdades entre los distintos sectores socioeconómicos.
II.- La Segregación Residencial. Algunas Precisiones Conceptuales.
La opinión dominante en la materia es asignarle a la segregación espacial, propia del enclaustramiento y aislamiento de los barrios privados o suburbanizaciones privadas, ciertos alcances dirigidos a ocasionar efectos segregacionistas desde una perspectiva socioeconómica. Una afirmación como esta sugiere un previo examen de la segregación residencial, cual género, dentro del cual se ubicaría la segregación socioeconómica, originada en las suburbanizaciones privadas.
Se ha entendido que “la segregación residencial remite a formas de desigual distribución de grupos de población en el territorio que se manifiestan de diferentes maneras, como: (a) la proximidad física entre los espacios residenciales de los diferentes grupos sociales; (b) la homogeneidad social de las distintas subdivisiones territoriales en que se puede estructurar una ciudad; y (c) la concentración de grupos sociales en zonas específicas de una ciudad”1
Sabatini et al sostienen que “la segregación residencial a gran escala ha sido el sello del patrón tradicional latinoamericano. A lo largo del siglo XX las familias de las elites se fueron concentrando por lo general en una sola zona de crecimiento que, en la forma de un cono, une el Centro histórico con la periferia en una dirección geográfica definida. En el otro extremo de la escala social los grupos más pobres, que grosso modo representan entre una cuarta parte y más de la mitad de la población, tendieron a aglomerarse en extensas zonas de pobreza, especialmente en la periferia más lejana y peor equipada”2.
Se debe evitar descubrir exactas analogías entre pobreza o desigualdad social y segregación espacial, cuidando de no enlazar relaciones de adecuada causalidad o de directa proporción en términos mensurables. Tal precaución se impone en atención a que la segregación espacial, puede obedecer a móviles no necesariamente económicos o de posicionamiento en la escala social. Así, la segregación espacial en el seno de la urbe, deviene muchas veces en recurso para fortalecer solidaridades o definir identidades y pertenencias. La segregación urbana recoge numerosos ejemplos, al margen de la situación económica particular que atraviesen quienes a ella acuden, en la necesidad por afirmar un mismo origen étnico, conservando una cultura y afianzando una identidad grupal; o en miras al reconocimiento de una única pertenencia religiosa y al cultivo de una misma fe. De esta forma se ha definido a la segregación residencial como “el grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, sea que éste se defina en términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicos, entre otras posibilidades”3.
Resaltando a su vez, los autores citados, que la segregación residencial se ramifica en tres dimensiones principales: “(1) la tendencia de los grupos sociales a concentrarse en algunas áreas de la ciudad; (2) la conformación de áreas o barrios socialmente homogéneos; y (3) la percepción subjetiva que los residentes tienen de la segregación “objetiva” (las dos primeras dimensiones)”4.
III.- Comunidades Cerradas. Causas de Surgimiento. Clasificación.
Variadas causas son esgrimidas para explicar el surgimiento y auge de las suburbanizaciones privadas y cerradas.
De los diversos estudios efectuados en la materia pueden recogerse, resaltando algunos de ellos la confluencia de múltiples motivos, entre otras, los siguientes factores causales: el aumento del crimen, la inseguridad, la violencia urbana, el sentimiento de indefensión y desprotección por parte del Estado en tales aspectos, al igual que su retraimiento o desregulación en otras demandas ciudadanas de su agenda; el incremento de las inmigraciones, sumado a la dispersión más allá de su tradicional localización espacial (Ghettos) dentro de la urbe; la reestructuración económica; reajuste estructural ocasionado por la impronta de un capitalismo tardío; la búsqueda de un sentido de comunidad, del propósito de consolidar lazos y relaciones sociales en un entorno limitado, buscando fortalecer integraciones homogéneas en términos de status social; la opción de mayor libertad, partiendo de una particular concepción de ella; el deseo de experimentar condiciones hedonistas de convivencia, o de adaptar o rescatar determinados estilos de vida, como el estigmatizado American way of life .
Sin desconocer la incidencia de otros móviles como ser la iniciativa de asegurar un status social determinado, y en torno a él posibilitar la constitución de relaciones sociales y la consolidación de capital social; en Argentina, el tópico más recurrente a la hora de explicar el auge de la tendencia de suburbanización privada no es otro que el miedo engendrado por la inseguridad, en directa vinculación con el aumento en los últimos años de los índices de delincuencia y violencia urbana. La correspondencia existente entre este modo de construcción y la inseguridad vigente, no sólo en Argentina, sino a nivel generalizado en América Latina, es resaltada como elemento distintivo de la naturaleza misma de estas edificaciones, a tal punto que en las definiciones de gated communities se mencionan generalmente los elementos tendientes a suministrar la perseguida seguridad. Se habla así de complejos de viviendas de accesos restringido, protegidas por vallas o muros sólidos e infranqueables, dotadas de vigilancia privada las veinticuatro horas del día.
En cuanto a su clasificación, variados criterios se han enunciado con tal finalidad.
En Argentina, de modo semejante a lo acontecido en el resto de Latinoamérica, la categorización abarca los clubes de campo o countries propiamente dichos, los barrios privados, y las chacras. De este modo los countries o clubes de campo se caracterizan por estar equipadas con instalaciones deportivas solo accesible a quienes lo habitan, condición cuya adquisición se supedita a la acreditación de la llamada membresía, lo cual denota su carácter elitista tanto desde lo social como en el campo económico pues reúne mayoritariamente a familias distribuidas entre los sectores mejor posicionados económicamente. Los barrios privados acentúan el factor seguridad, a pesar de contar también con infraestructura de aprovechamiento común ya sea de tipo deportivo como recreativo; pero indudablemente la seguridad proporcionada es el componente distintivo. A su vez las chacras importan la combinación de pautas propiamente urbanas con otras identificadas con el ámbito rural, representando el estadio más elevado en el deseo de proximidad a una vida en el campo. Indudablemente estos rasgos incidirán en las dimensiones de cada especie. Aquella que cuentan con predios deportivos o con la posibilidad de realizar actividades al “aire libre” o arrimadas a lo rural, requerirán espacio de magnitudes acordes.
IV.- La Teoría de la Prevención Situacional
Diversas teorías han sido elaboradas teniendo en miras el objetivo de establecer un mecanismo eficaz contra la delincuencia, tratando de reducir los sensibles índices que experimentan numerosas sociedades en la actualidad. A partir de allí cobra sentido la expresión risk society5 enunciada por Ulrich Beck. Entre los numerosos esfuerzos dirigidos a generar procesos tendientes a disminuir los niveles de delincuencia se destaca la teoría de la Prevención Situacional, cuya factura reconoce un origen reciente.
Se suele señalar a la década del setenta como el periodo de elucubración y divulgación de la teoría de la prevención situacional. Se menciona con mayor precisión al año 1976 como aquel a partir del cual empezó a forjarse y difundirse esta teoría. En este fecha se realizaron una serie de investigaciones sobre suicidios en el seno del Home Office Británico. En ellas se comprobó que el índice de suicidios en Gran Bretaña descendió como consecuencia de un cambio producido en el gas para uso doméstico. Ante esto el director de la unidad del Home Office Británico, Ronald Clarke, sostendría que si esto podía ser cierto respecto a una decisión tan seria como lo era el suicidio, podía serlo también para el caso del delito6.
La Teoría de la Prevención Situacional se enriquece, en su conformación con los aportes procedentes de los avances, que Ray Jeffery7 efectuara en los Estados Unidos, mediante de la noción de la “prevención criminal a través de la modificación del ambiente físico” (Crime Prevention Through Enviromental Design – CPTED-).
Esta teoría parte de un postulado básico. El mismo indica que teniendo en cuenta que la propia convivencia comunitaria suministra cotidianamente oportunidades que facilitan las conductas delictivas, o al menos sus resultados, es necesario reducir al mínimo aquellas condiciones óptimas para delinquir. Por lo tanto una eficaz estrategia de prevención requiere “incrementar el esfuerzo necesario para cometer un delito, minimizar las recompensas del delito y aumentar las probabilidades de ser detectado”8.
La orientación de las técnicas empleadas por una u otra estrategia permite distinguirlas. La prevención situacional comprende técnicas tendientes a reducir la vulnerabilidad de un blanco precisado, mientras que la CPTED implica el empleo de técnicas dirigidas a la modificación del entorno.
En la prevención a través de la modificación del ambiente, se sostiene la observancia de cuatro principios, al modo de actividades dirigidas a efectivizar este tipo de prevención: a)Vigilancia Natural: alude a proporcionar una vigilancia adecuada a los espacios considerados como susceptibles de generar episodios delictivos. Se comprenden que sean ejemplos de ello el proporcionar una mayor luminosidad a un espacio público, desmontar u organizar una plaza o un parque lo necesario para favorecer una adecuada visibilidad de los mismos; b)Refuerzo de Lazos Afectivos: implica fortalecer la sociabilidad entre los miembros de una comunidad determinada y que dicho fortalecimiento se refleje en los espacios públicos o de disfrute generalizado y abierto, a través del fomento de una conciencia colectiva respecto al disfrute y cuidado de tales espacios. Propende a evitar el “abandono” o desidia de un lugar público; c) Control Natural de Accesos: se trata de generar control social a partir de la restricción del acceso de extraños a ciertos lugares residenciales, mediante el establecimiento de infraestructura destinada a tales propósitos(luminosidad que estimule una espontánea vigilancia por los concurrentes, o la instalación de mecanismos de esparcimiento o deportivos; d) Mantenimiento del Espacio Público: se trata de evitar, de nuevo, el llamado “abandono” de un espacio determinado gracias al despliegue de infraestructura y recursos dirigidos a ello, como ser servicios de limpieza, etc.
La prevención situacional propiamente dicha, es decir el conjunto de técnicas tendientes a reducir la fragilidad o exposición de un blanco se incluyen como actividades encauzadas a esos fines, entre otras: a) Eliminar o arruinar el blanco: importa eliminar o suprimir el atractivo de un blanco, un ejemplo usual lo constituyen los cobradores automáticos en los autobuses; b) Modificar el blanco: no significa ya suprimir el atractivo, sino tan sólo reducir su virtualidad seductora, se ejemplifica, a menudo, con la extracción de los motores de electrodomésticos de exhibición en los comercios; c) Endurecer el blanco: supone dificultar la concreción de un blanco, añadirle elementos que generen un mayor esfuerzo a la consumación del delito, agregar elementos tecnológicos audiovisuales a la vigilancia proporciona un ejemplo de esto; d) Marcar el blanco: apunta a dificultar el disfrute del bien objeto del delito, verbigracia la identificación registral de determinados bienes que obstaculiza su posterior comercialización; e) Proveer opciones: comprende aquellas actividades desarrolladas sobre el mismo blanco y que tornan innecesario la ocurrencia de delitos sobre el mismo, debido a que media una anticipación, socialmente aceptada, a los fines que impulsarían el accionar delictivo o criminal, por ejemplo el acondicionamiento de una pared para ser utilizada como mural evita su profanación por medios de graffiti.
V.- La Segregación Socioeconómica y la Prevención Situacional
El espectro de interrogantes, desafíos y debates en torno a los efectos que generaría la segregación social urbana varía según sea el núcleo poblacional segregado. Ejemplo de ello se presenta cuando los segregados son los sectores socioeconómicos más deprimidos en la estructura societaria de una ciudad determinada. Esto se observa, en mayor magnitud, en la sociedad de las ciudades de los Estados Unidos, de acuerdo a los resultados arribados por estudios efectuados con tal orientación. En tales supuestos, se utilizan diversas denominaciones para designar el fenómeno, muchas de las cuales provienen o se han extendido en su uso al sentido común propio del lenguaje popular. El ejemplo típico de esto es el empleo de la expresión “ghettización”9, usado indistintamente, con prescindencia del ingrediente racial, que comporte el grupo humano segregado.
Resulta necesario destacar que el alcance de la segregación social todavía es objeto de análisis en Latinoamérica pues como se ha sostenido “la hipótesis dominante es que la SRS (segregación residencial socioeconómica) entraña consecuencias adversas, aunque la evidencia y los estudios empíricos sobre las mismas son más bien escasos en América Latina, aunque no inexistentes”10.
De esta manera cuando la segregación de un determinado grupo poblacional, generaría efectos diversos a otros grupos sociales. Tales efectos diversos se observan, de conformidad con estudios realizados, en lo referente a la vinculación existente entre la segregación de los estratos socioeconómicos desfavorecidos y el incremento de los índices de delincuencia.
Así investigaciones llevadas a cabo en barrios de Estados Unidos, teniendo como objetivo la vinculación entre segregación y exposición al delito, demuestran que la concentración espacial de negros pobres “favorece la criminalidad, y afecta especialmente a los grupos segregados. Según esta fuente, entre 1980 y 1992 la proporción de hogares estadounidenses que sufrió alguna forma de criminalidad se redujo más de un tercio, pero al mismo tiempo la probabilidad de los negros se ubicó nueve veces más alta que el promedio de los blancos, situación que se explica porque la segregación constituye el factor estadísticamente más explicativo de la tasa de homicidios”11.
Esto alimenta otro razonamiento, que muchas veces encuentra terreno fértil para su concreción en la propuesta de algunos proyectos de políticas criminales. Se trata de remitir o concentrar en zonas precisadas, dentro de la extensión de la urbe, a los núcleos humanos pertenecientes a los sectores inferiores de la estructura socieconómica de una sociedad dada. Con ello la teoría de la prevención situacional de la delincuencia es utilizada como herramienta inversa, dirigida a consecuencias que en muchos supuestos contradice los efectos originariamente perseguidos con esta “estrategia preventiva”.
Debido a que con dicha aplicación, reclutando o almacenando a los componentes de cierta marginalidad, de acuerdo a los resultados de estudios empíricos desplegados, los niveles de conductas criminales y delictivas, se incrementaría en los supuestos de segregación. Se reflotan así teorías sustentadas en el prejuicio, y en la discriminación, al nutrir con estas conclusiones, aquellos argumentos que identifican a la delincuencia sólo con aquellas actitudes delictivas llevadas a cabo por actores pertenecientes a los estratos marginales de la sociedad. Asimismo se coartan posibilidades de generar líneas de vinculación transversales, fomentando la sociabilidad y el intercambio entre integrantes de distintos niveles socioeconómicos. Se fortalece una sociabilidad homogénea, reduciendo toda posibilidad de fomentar capital social útil y funcional; limitando, de esta manera, las aspiraciones de movilidad social ascendente.
VI.- La Nueva Conceptualización del Espacio Público
Vincular los factores impulsores de la suburbanización privada con la teoría de la prevención situacional del delito supone la necesaria complementación del accionar estatal con la actividad proveniente de los particulares.
El surgimiento y desarrollo de los barrios privados o comunidades cerradas (gated communities) como medio para prevenir o evitar la ocurrencia de actos de delincuencia, que tengan como víctimas a los habitantes de los complejos habitacionales así levantados, importa la necesaria coordinación del sector privado y el aparato estatal. Se trata de emprendimientos que, dado el status socioeconómico de sus habitantes, las condiciones edilicias e infraestructura de que se hallan dotados, a la vez que las aspiraciones que representan, implican una alternativa preventiva contra la delincuencia solo accesible para aquellos que revisten las características propias del nivel socioeconómico que lo identifica.
Sin embargo supone un accionar estatal traducido en un complejo esfuerzo administrativo, a través de autorizaciones y habilitaciones, que traducen una variante en la disponibilidad de los espacios públicos. Se genera con ello la privatización de los espacios públicos, al mismo tiempo que se opera una alteración de la naturaleza de dichos espacios, que dejan de ser abiertos al público para transformarse en espacios solo aprovechables por un grueso de los habitantes de la comunidad, aquellos que habitan el barrio privado. Se encierran calles, sólo transitables por los propietarios de las unidades particulares ubicadas dentro del barrio privado o country. Las plazas, parques y espacios de dispersión resultan utilizables y son disfrutados, únicamente, por los pobladores del barrio privado. La explicación de que la existencia de la comunidad cerrada sea posible, supone la complementación entre el sector privado y el público, para que la operatividad de la prevención situacional del delito sea eficaz. Empero su eficacia, desde lo teórico, solo se limita a quienes participan del proyecto que implica el barrio privado.
Por otra parte entre los beneficios12 que el levantamiento de este tipo de edificaciones acarrearía para el contexto en que se halla situado, se computa una probable, en teoría y sujeto a constatación, disminución, no sólo para los habitantes del barrio sino también para los pobladores vecinos de la comunidad cerrada, y localizados en asentamientos de extrema marginalidad en el caso argentino. La implantación de servicios públicos, antes inexistentes o ineficaces, en la zona; o el traslado de medios y redes de comunicación, podrían conducir a una reducción de la violencia y delincuencia urbana para toda la zona de influencia de la comunidad cerrada. Una mejor y más duradera iluminación, un mayor y más rápido acceso a las vías de comunicación, redundando en un mayor número de habitantes pertenecientes a estratos distintos al componente originario de los asentamientos periféricos podría reflejarse en una disminución de los niveles de delincuencia de la zona en su conjunto. Si así ocurriere se estaría en presencia de un supuesto de aplicación eficaz de la teoría de la “prevención criminal a través de la modificación del ambiente físico”.
Se aprecia, de este modo, que la Prevención Situacional mediante el enclaustramiento o cerramiento de los barrios o comunidades caracterizadas por el elevado nivel socioeconómico de sus habitantes, proporcionaría condiciones preventivas de los delitos respecto a dichos vecinos. Excepcionalmente se suministraría al resto de la zona en la cual se halla asentado el barrio privado, elementos para desarrollar factores y conductas de precaución.
Explica esta diversidad de beneficios que, en materia de seguridad, la emergencia del barrio privado ocasiona, debido a que solo pueden acceder a dichas ventajas quienes residen en el barrio privado, al integrar el patrón socioeconómico propio de aquel. Revela un ejercicio de prevención situacional desplegado casi al margen del accionar estatal. Este último contribuye con una conducta permisiva, desde el plano del derecho administrativo, al otorgar las habilitaciones y autorizaciones para edificar los complejos privados y vigilados.
Pero lo expresado despierta el interrogante por determinar cual es o debería ser el rol del Estado frente a estos emprendimientos. Es decir si se justifica o no la restricción de los espacios públicos para favorecer a un sector precisado del grueso social. Si se permite la disposición y el diseño del espacio público de acuerdo a los objetivos del barrio privado, se estaría restringiendo el ingreso, solamente respecto a quienes no revisten la condición de miembros del barrio privado. Esto último, vinculado al argumento de que el barrio privado importa un supuesto de aplicación de la prevención situacional, acentúa el estigma de la identificación entre la pobreza o la exclusión con la conducta delincuente. Con el propósito de “prevenir” la comisión de delitos se profundizan los prejuicios y los preconceptos.
VII.- Conclusiones
Si bien muchas veces no se identifica, de modo expreso, a la suburbanización privada como un ejemplo de aplicación de la teoría de la prevención situacional, los elementos que en tales edificaciones suministran condiciones de seguridad la vez que los argumentos que nutren el discurso justificativo de las mismas incluye, indiscutiblemente elementos propios de la mencionada teoría.
Frecuentemente se invoca el temor derivado de la inseguridad urbana reinante, pero esto plantea el interrogante por determinar la verdadera naturaleza y entidad de la respuesta que ante tal flagelo social el barrio cerrado proporciona. Pues la reclusión en los barrios cerrados, si bien reduce en cierta proporción, para quienes los habitan, el peligro de experimentar situaciones de violencia y crimen, en virtud de los beneficios que los sistema de seguridad privada aportan, no importa la plena erradicación de la delincuencia y la marginalidad, ni exime enteramente a sus pobladores de sufrirlas. Más aún, la usual ubicación de los barrios privados en Argentina, dentro del espacio periférico de las ciudades, linderos con los asentamientos correspondientes a los sectores de extrema marginalidad, en particular su proximidad con las “villas miserias”13 constituye un incremento del peligro, pues el simple tránsito de ingreso y salida del barrio cerrado significa asumir un riesgo. De este modo la protección se limita a los momentos del día de efectiva residencia dentro de las amuralladas residencias.
La sensación de fragilidad y temor surge ante una imagen singular del peligro. Es el miedo generado por la inseguridad proveniente de la delincuencia propia de las ciudades, en niveles desconocidos anteriormente. Sentimiento favorecido en su generación por la falta de respuesta estatal a esta problemática; suscitando a su vez, dentro de ciertos segmentos sociales, la iniciativa privada al respecto, ante el razonamiento de la ineficiencia de la acción oficial en tal sentido. Se interpreta así a la delincuencia como la emergente de sectores sociales ajenos a las condiciones o características que revisten los componentes del mismo barrio cerrado.
Otro interrogante introduce la posibilidad de ocurrencia de delitos por parte de los mismos integrantes del barrio privado y hacia el interior del mismo. En este supuesto víctima y victimario, sujeto pasivo y activo revisten similares condiciones socioeconómicas. Para esta hipótesis la vigilancia privada, preocupada más por el control del acceso al complejo cerrado, no ofrecerá una alternativa que supere a la propiciada por el control social oficial. Los conflictos, circunstancias de tensión y situaciones delictivas, surgidas en lo interno y desde lo interno del barrio privado, y con un formato acorde a lo pautado por el estrato social de sus integrantes, no encuentran total contención en una estructura de seguridad no concebida preferentemente para episodios delictivos, engendrados en el propio parámetro socioeconómico; y de cuya eventualidad advirtieron a su tiempo, entre otras las investigaciones de Sutherland en su “White Collar Crime”. Ello también a pesar del avance de regulación doméstica ad-hoc, tipificada sobre la base de la homogeneidad social del country. A partir de la necesidad de prevenir la comisión de delitos, se corre el riesgo social de caer en la estigmatización y el prejuicio.
Suele mencionarse que la prevención situacional, a menudo ocasiona el “desplazamiento benigno” de los delitos. Con ello se trata de advertir que la imposibilidad de consumar un delito conduce a un cambio en sus modalidades o en los medios utilizados para concretarlo, transición que desemboca hacia medios o mecanismos menos riesgosos14 para la comunidad. Sin embargo la certeza de este argumento debe corroborarse, en el caso aquí analizado, teniendo en cuenta que la prevención que proporciona el barrio privado sólo aprovecha a quienes lo integran.
Las conclusiones y aportes vertidos en este punto responden a un razonamiento más amplio. Pues todos los supuestos beneficios que suministra la prevención situacional en el supuesto de las comunidades cerradas, sólo participa y alcanza a quienes las conforman. La eficacia de una estrategia preventiva podría ser mayor si proviene de un accionar estatal oficial, al cual podría adicionársele de modo válido y útil el esfuerzo del sector privado. Pero dejar librado exclusivamente las estrategias preventivas a las voluntades e iniciativas particulares, implica introducir un elemento más de distinción y antagonismo en el núcleo social. Tal circunstancia conduciría a justipreciar a la seguridad como un objeto de consumo, al cual tendrían acceso quienes gozan de mejores condiciones de vida desde o socioeconómico.
Informações Sobre o Autor
Miguel Agustín Torres
Abogado. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) –
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Argentina
Magistrando en Relaciones Internacionales (IDELA/ UNT)
Integrante del proyecto de Investigación “Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad pública en conglomerados urbanos”. Becario Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.
