El legislador creativo

A
nuestro legislador le gusta baremar, baremizar
e incluso, rizando el rizo, fijar la baremización,
sea esto lo que sea.

Podría
haberse limitado a clasificar, valorar o establecer una serie de baremos, que hubiera sido lo adecuado, pero el legislador
demuestra de vez en cuando una inusitada faceta creativa y se inventa palabras
que, aunque lo parezcan, no existen en castellano.

Luego
veremos más ejemplos de esta “creación lingüística” pero primero conviene que
diferenciemos ésta de otras posibles situaciones.

Al
tener que dictar normas para regular cualquier aspecto de nuestra vida es
bastante comprensible que se escriba clinete
donde quería decirse cliente o amdinistración
en lugar de administración. Estos errores ortográficos han provocado
algunas frases tan curiosas como el Reglamento General de Recasudación, el recocimiento
de Derechos o el Tribunal de Cunetas de la Comunidad de Madrid.

Se
trata de meros gazapos y suelen aclararse con correcciones de errores (si falló
el legislador) o de erratas (si el error provino del Boletín que publicó la
norma).

El
problema surge cuando estas correcciones no se producen, o peor aún, cuando se
dilatan en el tiempo… y el tiempo…, como una Orden de 29 de noviembre de
1995 que se corrigió el 7 de mayo de 1999, apenas tres años y seis meses
después; o cuando resulta peor el remedio que la enfermedad y el legislador se
vuelve tan farragoso como el 30 de noviembre de 1998 que publicó “la
corrección de erratas del Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que
se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, etc.”. Nada como hablar claro.

Dejando aparte estos
deslices, en muchas ocasiones el legislador no
tiene más remedio que emplear un lenguaje
técnico si lo que pretende es
regular la calorización,
el calibre de las satsumas, el arte voracero o los agentes
adrenérgicos, por poner cuatro
ejemplos. Son normas
específicas que requieren, lógicamente,
un vocabulario también muy técnico.

En estos casos,
el legislador suele aprovechar estas disposiciones
para desmelenarse regulando las
pruebas de socialización,
la renovación padronal, las forensías, las facilidades
satelitales e, incluso, el
acxeleórmetro, un
instrumento que, tengo que reconocerlo,
no sé qué medirá, pero me tiene entusiasmado y lo utilizo en cuanto tengo
ocasión: ¿Tendré leche en el
acxeleórmetro?

Los eufemismos son
otro caso aparte.

Desde que España
es el Estado español y los porteros se convirtieron en empleados de finca
urbana, lo que puede decirse con una palabra es señal
inequívoca de que eso está mal expresado.
Hay que sustituirlo por
algo más serio, más denso y más rimbombante.
Por eso el legislador ideó un término para sustituir el difícil concepto de multipropiedad
por el recordable aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles.

Fácil, ¿verdad?

¿Se imaginan el escaparate de las inmobiliarias con un cartel que diga: Se
vende casa en régimen de aprovechamiento por turno de bienes
inmuebles? O lo escriben muy pequeño
o el letrero saldrá en la
próxima foto del meteosat cuando den el
mapa del tiempo por la tele.

Por cierto, ¿he dicho cartel? Lo siento, en
realidad quería decir poster o… mejor aún:
affiche, que debe
ser un cartel todavía más
fino.

Seamos serios.

A todos los
legisladores les encanta marearnos
la perdiz y si pueden decir República Helénica buena gana de escribir Grecia. De esta forma, el
legislador no inicia las cosas, las inicializa e incluso establece un tiempo
de reinicialización. Y el
que actúa es actuador; el que obtiene, obtentor; y la acción de regular se dice regularización e
incluso regularidación.

¿Dónde vamos a llegar hablando
de basicidad total, receptibilidad
de los recursos, recogicidad
mecanizada, adecuamiento de los procesos, causatividad, centrigar
o computacional por citar algunos casos?

Y si titulación
era una palabra demasiado sencilla,
el legislador creó titulización, que debe ser más adecuada si tenemos en cuenta
que hasta existe una Ley de 1992 que la regula.

Como estos ejemplos podríamos citar muchísimos otros como obligatoriedad en lugar de
obligación; valorización
por valoración; voluntariedad
por voluntad; adicionabilidad
por adición, etc.

Hasta en el convenio de pesca con Estados
Unidos hablamos de abordamiento
de buques olvidando que en castellano esa acción se denomina abordaje.
¡Al abordamiento, mis valientes!
¡Si hasta escribe Wáshington
con acento!

En otro momento
hablaremos de la jurisprudencia donde reina desde hace
siglos el periodo subjuntivo, la forma pasiva y términos como la accionabilidad o la
administrativización; por ahora,
lo último en creación legislativa es el concepto de I+E.

Si ya conocíamos el significado del I+D, investigación
y desarrollo, una Orden del pasado mes
de julio regula el I+E como
los proyectos empresariales promocionados y apoyados por una corporación
local o Comunidad Autónoma con el fin
de crear actividad económica y generar puestos de trabajo en su ámbito
territorial. Es decir, resumiendo,
algo así como incentivos para el
empleo.

Aparte de todos estos
nuevos artificios, el legislador se obceca con algunas construcciones semánticas poco recomendadas. La más habitual de todas se produce
cuando emplea el adjetivo de identidad mismo como pronombre deíctico. Por ejemplo: los agricultores podrán
utilizar el material vegetal producido
en sus propias
fincas para su uso en
las mismas, sin necesidad de autorización del
obtentor de la variedad utilizada o de realizar contribución
económica al mismo.

Debería decirse para
su uso en ellas y realizar su
contribución económica,
respectivamente.

Con la nueva legislatura, esperemos que los
legisladores adquieran la cartilla de Rubio o que, por lo menos, cuiden un poco más nuestro
idioma. Si no es así, como dirían ellos a su estilo, prometualizo escriturizarlo en otro artículo.